Luego de la tensa audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en donde el gobierno de Javier Milei, solicitó el cese de toda actividad petrolera en las Islas Malvinas, por parte del Reino Unido.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, advirtió que el país utilizará todos los recursos legales disponibles para frenar a las empresas petroleras que operan en el archipiélago.

El Tribunal del Mar fijó la fecha para definir el fallo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas

“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, señaló el canciller.

De este modo, el funcionario libertario adelantó que podrían iniciarse acciones penales contra los directivos de las firmas británicas e israelíes, que operan en la zona en disputa.

Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal del Mar pidiendo que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, remarcó Quirno en declaraciones a Radio Rivadavia.

En tanto, el titular del área diplomática, defendió la presentación realizada por el Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.

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El debate por las modificaciones al sistema electoral argentino se retomará la semana que viene en medio de una interna en el bloque de LLA en el Senado que cada vez se profundiza más.

Luego de dos meses de silencio, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, citó para el próximo martes 17 de noviembre desde las 15:00 en el Salón Arturo Illia, para debatir el proyecto que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero que incluye otros aspectos como por ejemplo la apertura a capitales privados para el financiamiento electoral y la eliminación de los debates presidenciales.

El llamado a la comisión tomó por sorpresa a un sector del bloque, incluida a su presidenta Patricia Bullrich, que no tenían en agenda este paso. “No están los votos. Y si están, que se encargue Santilli de traerlos”, aseguró una fuente parlamentaria en referencia al rol del Jefe de Gabinete.

Pero, además, el oficialismo no solo va a tener que contar con las firmas necesarias para dictaminar sino que va a tener que tomar una decisión respecto de otro tema crucial: ficha limpia.

Los dialoguistas —PRO y UCR— acompañarían siempre y cuando se apruebe ficha limpia, algo que el oficialismo ya demostró en varias oportunidades no compartir. Es por eso que el martes cuando se abra la comisión, los bloques van a llevar su propio dictamen al respecto. “Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás”, aseguran.

El debate por la eliminación de las PASO lleva tiempo. En los últimos diez meses, la comisión que debe tratar el tema se reunió sólo dos veces. En ambos casos, el resultado fue el fracaso y un llamado a cuarto intermedio. Esto fue como consecuencia de la falta de flexibilidad de parte del bloque libertario que en una primera instancia había aceptado la posibilidad de una suspensión y después volvió con la eliminación de las PASO.

El proyecto, además, eleva los requisitos para los partidos políticos: exige reconocimiento en al menos diez distritos para obtener personería jurídica y fija nuevos pisos de afiliación y de votos para conservarla. Los partidos pueden perderla si no participan en dos elecciones nacionales consecutivas o no alcanzan el porcentaje mínimo establecido. También se restringen las condiciones para fusionar agrupaciones y conformar alianzas electorales, y se prohíbe contratar servicios de personas extranjeras para las campañas.

En materia de financiamiento, elimina los aportes estatales específicos para campañas y amplía el financiamiento privado, con aportes sin límite de personas y empresas, de forma regulada y trazable, con el objetivo declarado de reducir la influencia del narcotráfico. Se mantiene el Fondo Partidario Permanente, aunque con nuevos criterios de distribución, y se refuerzan las obligaciones de información sobre origen y destino de los fondos. La iniciativa también modifica la Boleta Única de Papel para permitir marcar una opción que vote por la lista completa de una agrupación e incorporar las categorías nacionales, provinciales y municipales en un mismo instrumento. Además, elimina el régimen de espacios cedidos de publicidad gratuita en medios audiovisuales, suspende la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur en favor de una designación indirecta por la Cámara de Diputados, e incorpora herramientas digitales para la afiliación partidaria junto con nuevas exigencias de avales ciudadanos para presentar candidaturas.

Internas y negociación

El debate no está ajeno a las internas que se viven en el bloque de LLA en el Senado y que su presidenta, Bullrich, mantiene con la Casa Rosada. En varias oportunidades la ex ministra de Seguridad señaló que no estaban los votos para poder avanzar. El Jefe de Gabinete Santilli aseguraba lo contrario. En ese contexto, Bullrich bajó un mensaje simple: “que Santilli consiga a los gobernadores y yo el resto”.

Pero, además, en los pasillos del Senado se especula que este repentino llamado y la falta de comunicación es la “reprimenda” de los hermanos Milei al continuo desmarcaje de la senadora con la Casa Rosada que hasta llegó a hacer correr la idea del Plan B.

Además, mientras los bloques se iban enterando del llamado —en muchos casos a través de los periodistas acreditados— muchos se preguntaban si Coto lo hizo a expensas de Bullrich o de Nadia Marquez, la “pastora” que responde a Karina Milei y que cada vez juega más cerca de los Menem.

Otro punto a tener en cuenta y que siguen de cerca los opositores no aliados es el Presupuesto. Hoy hay un encuentro en Diputados para establecer la forma de avanzar pero hasta ahora no hay acuerdo con el proyecto. La pregunta que se hace es si el PRO y la UCR, más los provinciales, van a firmar un dictamen sin saber si hay fondos para sus provincias. “No saben qué va a pasar con el Presupuesto. Tampoco saben si Karina les va a meter candidatos en las provincias o les va a dejar lugares en las listas. El ministerio de Justicia manda pliegos de jueces como caramelos pero no los que pidieron los aliados. ¿Le van a firmar esto? ¿A cambio de qué? No tenés cerrado el Presupuesto, no sabés si Karina te va a cagar con las listas, no envían pliegos judiciales que pidieron aliados y van a firmar sólo la suspensión de las PASO”.

El martes a la tarde el Senado retomará el tema. Los plazos se acortan. Neuquén anunció que va a elecciones el próximo 14 de febrero y se lanza el cronograma electoral. Antes de que finalice diciembre el Congreso tiene que tener la ley aprobada para cumplir con lo que los organismos internacionales establecen como plazo mínimo.

El Gobierno acelera las negociaciones para suspender las PASO de 2027 y ya consiguió que el Senado convoque a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 17 de noviembre. La reunión fue formalizada hoy y se realizará a las 15 en el Salón Illia, con el proyecto de Reforma Electoral Integral del Poder Ejecutivo como único punto del temario. En la Casa Rosada aseguran que Diego Santilli avanzó con los gobernadores y abrió contactos con senadores radicales para reunir los votos. En paralelo, el oficialismo prepara una sesión para el jueves 19 con los proyectos de Discapacidad, Propiedad Privada y Patentes.

En el Ejecutivo sostienen que la suspensión de las primarias constituye el punto inicial de un entendimiento más amplio con los mandatarios provinciales. La estrategia consiste en conseguir primero los votos para modificar el calendario electoral y aprobar el Presupuesto 2027, y después anunciar los formatos de los acuerdos políticos para las elecciones del próximo año. En Nación describen esas votaciones como gestos de buena fe que permitirían avanzar hacia una negociación más extensa, sin comprometer todavía candidaturas ni distribución de lugares en las listas.

La nueva secuencia representa un cambio respecto de la postura que la conducción libertaria sostenía hasta fines de octubre. Entonces, el entorno de Karina Milei rechazaba adelantar acuerdos electorales como condición para conseguir respaldos legislativos y aseguraba que mantendría candidatos propios en la mayoría de las provincias. Ahora, fuentes que participan de las conversaciones afirman que los entendimientos están avanzados y que la prioridad es demostrar que existe una base parlamentaria para las iniciativas del Gobierno antes de presentar los acuerdos ante la dirigencia y los electores.

La Casa Rosada insiste en que busca acuerdos nacionales con los gobernadores, no necesariamente alianzas para competir juntos en las elecciones provinciales. Esa distinción aparece como una de las claves para destrabar las conversaciones: los mandatarios necesitan asegurar espacios para sus candidatos a diputados y senadores nacionales, mientras La Libertad Avanza pretende conservar margen para disputar gobernaciones y legislaturas locales. El esquema permitiría negociar la integración de las boletas nacionales sin resolver de inmediato todas las competencias territoriales de 2027.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de habilitar mecanismos para integrar candidatos provinciales a la oferta electoral nacional de Milei. El Gobierno había explorado distintas fórmulas de colectoras y acuerdos de boleta para que los gobernadores sin candidato presidencial propio pudieran presentar postulantes legislativos vinculados con la candidatura libertaria. Sin embargo, ese diseño todavía requiere definiciones jurídicas y políticas, porque no todas las modalidades son compatibles con la legislación electoral vigente y las modificaciones deben atravesar el Congreso.

En el oficialismo aseguran que Santilli avanzó en la negociación con los mandatarios y comenzó a sumar contactos con legisladores radicales. La tarea consiste en convertir los compromisos políticos en respaldos individuales dentro del Senado, donde la reforma electoral exige una mayoría especial. El artículo 77 de la Constitución establece que las modificaciones al régimen electoral y de partidos políticos requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del total de integrantes de cada cámara: 37 senadores y 129 diputados.

El principal condicionante es que los respaldos que el Gobierno asegura haber conseguido todavía deben traducirse en votos verificables. En sectores de la bancada libertaria de la Cámara alta reclaman conocer qué legisladores acompañarán la iniciativa antes de avanzar hacia una sesión. La conducción de Patricia Bullrich quedó involucrada en esa coordinación, después de que Santilli impulsara la reactivación de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La convocatoria representa un avance parlamentario concreto, pero no demuestra por sí misma que el oficialismo haya reunido la mayoría necesaria.