Integrantes del gremio de taxistas en Bogotá anunciaron un paro para el próximo 14 de mayo, en señal de protesta contra lo que consideran una creciente ilegalidad en la prestación de servicios de transporte a través de plataformas digitales.

Este movimiento, motivado por la falta de regulación efectiva hacia vehículos particulares, motos y bicitaxis que operan bajo estas plataformas, busca llamar la atención sobre la necesidad de una mayor intervención gubernamental en el sector.

Este llamado a cesar actividades es una reacción a lo que el gremio percibe como una desatención por parte del Gobierno y las autoridades locales frente a la competencia desleal y la inseguridad que, según ellos, genera la operación de servicios de transporte no autorizados.

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Los taxistas sostienen que esta situación no solo les perjudica económicamente, sino que también compromete la seguridad de los usuarios. El anuncio del paro se produjo después de una reunión celebrada cerca del estadio El Campín y fue difundido mediante un video en redes sociales, en el cual se expresó un fuerte llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que aplique con mayor rigor las normas de tránsito y transporte contra los mencionados medios de transporte alternativos.

En los pasados 16 y 17 de abril, se reportaron enfrentamientos entre un grupo de taxistas y las autoridades en algunas áreas de la capital, particularmente cerca del aeropuerto El Dorado, según lo notificado por la Alcaldía de Bogotá.

En aquel momento, se estableció un pacto de no agresión entre taxistas, motociclistas y conductores de aplicaciones con el fin de priorizar el diálogo como forma de resolución de conflictos. Además, representantes de diversos sectores implicados se comprometieron a mantener la calma, evitar bloqueos y no promover acciones unilaterales que pudieran exacerbar la tensión entre las partes.

Blu Radio informó que parte del descontento se origina en la percepción de que existe una gran cantidad de vehículos ilegales, especialmente en zonas como Bosa, muchos de los cuales operan sin licencia de conducir. Además, fueron señaladas acusaciones de que algunos de estos servicios ilegales incluirían la oferta de actividades criminales, como servicios sexuales, algo que subraya la complejidad y gravedad del asunto en debate.

Por otro lado, hay una dimensión política en este conflicto, evidenciada en disputas con figuras como el concejal Julián Forero, apodado ‘Fuchi’, líder de un grupo de motociclistas que ha tenido previos altercados con taxistas. Estos eventos subrayan la creciente tensión entre diferentes actores del ecosistema de transporte de la ciudad y la urgencia de encontrar soluciones integrales que concilien los intereses de todos los involucrados.

Vocero de taxistas en Bogotá alinea postura con colectivo cancelando movilización prevista el año pasado

El comité organizador de un paro de taxistas en Bogotá, previsto originalmente para el 22 de noviembre de 2023, anunció la cancelación de las movilizaciones planeadas. Esta decisión fue tomada luego de que los líderes consideraran que no se daban las garantías constitucionales necesarias para ejercer el derecho a la protesta de manera segura, según se detalla en un comunicado emitido el 21 de noviembre.

La asamblea, donde 47 miembros del colectivo de transportadores se reunieron, resultó en un voto mayoritario por desistir de la protesta, citando la “satanización” de la movilización por parte de la alcaldesa Claudia López y la percepción de que algunos medios de comunicación habían influenciado negativamente la opinión pública contra sus demandas. El colectivo buscaba, entre otras cosas, discutir temas de seguridad y regulaciones con altos funcionarios de la ciudad, incluidas reuniones con la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, y el ministro de Transporte, William Camargo.

A pesar de la decisión de cancelar las protestas, Hugo Ospina, identificado como vocero de los taxistas, inicialmente declaró que el paro se mantendría, reflejando posibles divisiones dentro del gremio. Sus demandas incluían clarificaciones sobre nuevas disposiciones regulatorias en la prestación del servicio público de transporte, en específico, la obligatoriedad de portar la tarjeta de control del conductor de manera visible. Ospina también expresó su desacuerdo con como la administración de López había abordado sus peticiones, acusándola de ineptitud y de amenazar con judicializar su movilización.

Finalmente, una declaración nocturna el 21 de noviembre, acompañada de un video en redes sociales, mostró a Ospina alineándose con la decisión de no avanzar con el paro, cerrando la posibilidad de manifestaciones en las calles de la capital. Este cambio de posición sugiere un esfuerzo por mantener un frente unido ante la administración municipal y evitar posibles enfrentamientos legales.