La labor de vigilancia en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, permitió que la Policía de Fronteras elevara a 11 la cifra de presuntos traficantes de personas aprehendidos en lo que va del 2026, como resultado de los controles reforzados en uno de los principales puntos de ingreso y salida del país.

Las autoridades atribuyen estos resultados al fortalecimiento de las acciones operativas y al uso de escáneres móviles, una herramienta tecnológica que ha permitido detectar personas ocultas dentro de vehículos de carga y frustrar intentos de tráfico ilícito de migrantes.

Los dos casos más recientes ocurrieron durante junio y tuvieron como protagonistas a conductores de camiones de carga que, presuntamente, intentaban trasladar personas en condición migratoria irregular escondidas en los camarotes de sus vehículos.

El primero de los hechos tuvo lugar en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, cuando oficiales de la Policía de Fronteras inspeccionaron un cabezal conducido por un ciudadano nicaragüense de apellido Calero que se disponía a salir de Costa Rica con destino a Nicaragua.

Durante la revisión, los oficiales utilizaron un escáner móvil que permitió detectar la presencia de dos personas ocultas en el compartimento del camarote. Tras abrir el vehículo, las autoridades localizaron a dos mujeres de nacionalidad nicaragüense que se encontraban en condición migratoria irregular.

Las dos mujeres fueron puestas a disposición de la Policía Profesional de Migración para determinar su situación migratoria, mientras que el conductor fue detenido como sospechoso del presunto delito de tráfico ilícito de personas.

Días antes, el pasado 10 de junio, la Policía de Fronteras había intervenido otro caso de características similares en el mismo puesto fronterizo.

En esa ocasión, un camionero costarricense de apellido Pérez ingresaba al territorio nacional cuando los oficiales realizaron una inspección mediante escáner móvil. La revisión permitió descubrir que el conductor transportaba oculta en el camarote del cabezal a una niña de nacionalidad salvadoreña que no cumplía con los requisitos migratorios para ingresar al país.

Tras el hallazgo, la Policía de Fronteras coordinó de inmediato con la Fiscalía de Liberia y con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que la persona localizada era una menor de edad.

Las autoridades informaron que la niña fue entregada posteriormente a su madre, también salvadoreña, quien sí viajaba legalmente hacia Costa Rica, aunque lo hacía en otro medio de transporte y separada de la menor.

Al igual que en el caso del conductor nicaragüense, el camionero costarricense fue detenido bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Liberia y quedó a las órdenes de las autoridades judiciales como sospechoso del delito de tráfico ilícito de personas.

Según la Policía de Fronteras, ambos casos evidencian cómo el uso de tecnología especializada se ha convertido en una herramienta determinante para combatir las redes dedicadas al tráfico de migrantes, un delito que suele aprovechar vehículos de carga internacional para ocultar personas y evadir los controles migratorios.

Peñas Blancas constituye uno de los pasos fronterizos con mayor tránsito de mercancías y personas entre Costa Rica y Nicaragua, por lo que las autoridades mantienen operativos permanentes en la zona con apoyo de equipos tecnológicos y personal especializado.

El delito de tráfico ilícito de personas consiste en facilitar el ingreso, salida o tránsito irregular de personas a cambio de un beneficio económico u otro tipo de provecho, una práctica distinta al delito de trata de personas, el cual implica explotación de las víctimas.

Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando los controles fronterizos para detectar este tipo de organizaciones y evitar que menores de edad y otros migrantes sean expuestos a condiciones de riesgo durante traslados clandestinos.

FIRST ON FOX: Attorneys representing a French national who recently admitted to illegally casting a ballot in the 2022 federal midterm elections told Fox News Digital that he thought he was allowed to vote because he was automatically registered when he received his New Jersey driver’s license.

Eliezer Kadoch, 39, of Toms River, pleaded guilty to voting by an alien in a federal election before U.S. Magistrate Judge J. Brandon Day in Trenton federal court, according to a statement from the U.S. Attorney’s Office for the District of New Jersey.

Though Kadoch is a citizen of France and has never held U.S. citizenship, he illegally voted on Nov. 8, 2022, during an election that was held in part to elect members of the U.S. House of Representatives, according to court documents.

FOUR NONCITIZENS CHARGED WITH ILLEGALLY VOTING IN 2020, 2022 AND 2024 FEDERAL ELECTIONS IN NEW JERSEY

Attorney Yosef Jacobovitch, who is representing Kadoch, told Fox News Digital that when his client cast the ballot, he «mistakenly believed» he was legally permitted to vote because he had been automatically registered when he obtained his New Jersey driver’s license.

«Mr. Kadoch accepted responsibility for his actions,» Jacobovitch said. «… There was never any intent to violate the law or cast an unlawful ballot. Unfortunately, the offense to which he pleaded guilty does not require proof of criminal intent, and he now fully understands that.»

Kadoch now faces up to six months in federal prison and a $100,000 fine, according to officials. His sentencing is scheduled for Oct. 26.

SUPREME COURT HANDS TRUMP TWO MAJOR IMMIGRATION VICTORIES

FILE – A woman wearing gloves drops off a mail-in ballot at a drop box in Hackensack, N.J. (AP Photo/Seth Wenig, File)

The America First Policy Institute (AFPI) reported that issuing driver’s licenses to noncitizens, combined with automatic voter registration, can result in them being added to voter rolls.

In recent years, the nonprofit said numerous states — including Alabama, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Louisiana, Michigan, Montana, Ohio, Tennessee, Texas, Utah and Virginia — investigated the issue and identified noncitizens on their voter rolls.

Model legislation drafted by AFPI suggested solutions including requiring proof of citizenship to vote, and implementing audit requirements to ensure that noncitizens are not on the voter rolls.

A woman walks to cast her ballot after filling it in a privacy booth while voting in the gubernatorial election in Newark, N.J., on Nov. 2, 2021. (Eduardo Munoz/Reuters)

U.S. Attorney Robert Frazer noted the case was brought by the United States Attorney’s Office’s Election Integrity Task Force, a coalition of federal law enforcement partners dedicated to preserving and protecting the integrity of elections in New Jersey.

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The investigation was a joint effort involving special agents from the FBI, Homeland Security Investigations and U.S. Citizenship and Immigration Services.

Kadoch’s immigration status was not publicly released.

The New Jersey Department of State, New Jersey Motor Vehicle Commission, Ocean County Clerk’s Office and AFPI did not immediately respond to Fox News Digital’s requests for comment.

“Lo que nos faltaba”, es lo que expresa la mayoría de los venezolanos que ha sido afectada por los dos grandes terremotos seguidos, de 7.2 y 7.5 grados de magnitud, registrados este miércoles a las 18.04 hora local, que han dejado por ahora más de 188 fallecidos y 1.520 heridos según cifras oficiales.

Un día después, los rostros somnolientos y asustados de los caraqueños por haber vivido el horror de una noche que nunca olvidarán, amanecieron haciendo colas en las estaciones de gasolina y supermercados para abastecerse por temor a que les falte el combustible y la comida para sobrevivir la tragedia que los dejó literalmente en la calle.

El epicentro del terremoto fue en Morón en los Estados Carabobo y Yaracuy, centro del país, pero se extendió con igual intensidad a las zonas residenciales de clase media en Caracas. Ha sido el sismo más potente y severo después de 126 años cuando en 1900 tuvo una magnitud de 7.7 grados.

“Hemos tenido que dormir en el Parque del Este con mi familia en el auto porque mi apartamento está tan dañado que no sabemos si se puede desplomar con otro sismo”, cuenta a Clarín un vecino de Los Palos Grandes que acampó con su familia en el estacionamiento del parque público.

A tres cuadras de la Cuarta Avenida de Los Palos Grandes, el edificio Petunia de unos 20 pisos, se desplomó por completo y los rescatistas intentan de buscar sobrevivientes. “Voy a pasar mi segunda noche durmiendo en el Parque del Este porque no es seguro mi apartamento hasta que hagan la inspección de habitabilidad”, comenta una vecina damnificada de la Cuarta Avenida.

En principio son cientos de miles de caraqueños que han perdido sus viviendas o no han podido regresar a las suyas porque la estructura ha sido afectada por el sismo. Por precaución los bomberos y los rescatistas voluntarios han recomendado a la población desalojar sus viviendas por temor a sufrir nuevas réplicas que podrían suceder en las próximos horas y días.

Por ahora se contabilizan más de 10 grandes edificios que se han desplomado por completo en la capital venezolana sin incluir los que han sido dañados con fisuras, grietas en las paredes y balcones quebrados, que no pueden ser habitados sin ser reparados en su estructura.

Las edificaciones que han sufrido más daño son las construcciones más antiguas de 50 y 60 años, que no han sido ajustadas a las normas antisísmicas. Pero incluso hay edificios más recientes construidos en los últimos 26 años, que se han desplomado, porque no han cumplido con las normas antisísmicas.

Las zonas más afectadas de Caracas son Los Palos Grandes, Altamira, Chacao, Santa Eduvigis, San Bernardino y en el litoral central La Guaira, Macuto, Caraballeda, Catia La Mar y Maiquetía. El aeropuerto internacional y nacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió grandes daños por lo que el régimen tuvo que cerrarlo temporalmente. Las calles están cortadas por los escombros de los edificios caídos mientras los rescatistas y voluntarios buscan a las víctimas entre los amasijos de hierro y restos de cemento y ladrillos.

La tragedia puso en evidencia la precariedad de los servicios de atención a los ciudadanos. Caracas no cuenta con suficiente alojamiento para los damnificados ni cuerpo de bomberos para atender emergencias de gran escala como la actual. Esto ha obligado a los vecinos de zonas como Los Palos Grandes y Altamira a pasar la noche removiendo concreto a mano, iluminados apenas con teléfonos móviles y plantas eléctricas privadas ante la falta de maquinaria pesada oficial.

Pero el impacto en el servicio sanitario es más grave. Los hospitales públicos de Caracas presentan desabastecimiento de materiales, medicina y equipos médicos, por lo que la atención de los heridos es poca o nula.

El terremoto también ha empeorado la incomunicación y el bloqueo informativo que sufren los venezolanos bajo el régimen chavista que ha bloqueado y cerrados unos 600 medios de comunicación, entre diarios, radios, televisoras, portales digitales y redes sociales en estos 26 años de autoritarismo. Ante la tragedia los usuarios de las redes sociales piden al régimen que desbloque los canales de internet como X para poder informarse sobre la situación por la cual atraviesan sus familiares y buscar a los desaparecidos.

Al mismo tiempo, el anuncio de un fondo de 200 millones de dólares usando recursos del FMI, el Fondo Monetario Internacional, llega tarde para una infraestructura nacional sin mantenimiento, donde el colapso de al menos 10 grandes edificios capitalinos confirma que las normas sismorresistentes se engavetaron hace años, comenta el portal digital La Patilla.

En las redes sociales se mostró que la cárcel militar de Ramo Verde sufrió fracturas en su estructura. Foro Penal confirma que no se reportaron presos políticos lesionados durante el terremoto.

El Comando Sur de los EEUU anuncia que va a enviar equipos de rescate y búsqueda a Venezuela. La diáspora venezolana en Miami también se moviliza para ayudar a damnificados de los terremotos junto a las organizaciones humanitarias.

El Papa León XIV envía una primera ayuda de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica para contribuir con las necesidades de los venezolanos.