POLITICA
La investigación sobre el vuelo de Scatturice se encalla entre lagunas técnicas, sospechas de connivencia y el silencio de EE. UU.

A un año del inicio de la investigación judicial por el ingreso al país de quince bultos sin controles aduaneros en un avión del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, la pesquisa está empantanada. Espera una respuesta que no llega de Estados Unidos y una “limitación probatoria estructural” para verificar si una llamada desde o hacia el poder abrió las compuertas de Aeroparque, según reconstruyó .
La investigación comenzó el 17 de marzo de 2025 por presunto contrabando. Pero nació con una debilidad de origen: el Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, había aterrizado el 26 de febrero proveniente de Miami y partido el 5 de marzo hacia París con sus pilotos y su pasajera central, Laura Belén Arrieta, mano derecha de Scatturice. Los investigadores jamás pudieron revisar la aeronave, ni los bultos, y la demora de diecinueve días hasta la denuncia resultó determinante para la pérdida de evidencia crítica.
El factor tiempo sentenció la suerte de varias pruebas: se perdieron los registros de los escáneres aduaneros, cuya conservación es temporalmente acotada.
En el Gobierno, negaron primero toda irregularidad. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo el vocero Manuel Adorni, quien afirmó entonces que todo el equipaje fue revisado. Pero cuando la Fiscalía aportó un dictamen que demostró que las valijas no habían sido controladas, la posición oficial descargó la responsabilidad en el personal aduanero. “Ellos deciden quién pasa y quién no” por los controles, dijo el presidente Javier Milei. “Es algo absolutamente convencional”.
Arrieta y Scatturice, cabe remarcar, participaron en la organización de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, en la que participó Milei. Y fue a través de la CPAC que Milei accedió en Estados Unidos al presidente Donald Trump, en tanto que Scatturice es ahora uno de los accionistas de Flybondi, una de las aerolíneas low-cost habilitadas en la Argentina, mientras asesora a Santiago Caputo en temas de seguridad e inteligencia.
Transcurrido un año, sin embargo, la pesquisa judicial que está en manos del juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, y el fiscal Claudio Navas Rial —con la participación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez—, quedó en una zona de grises.
* Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Alfredo Flores Herbas, declaró que había observado un comportamiento inusual durante el procedimiento de control realizado tras el aterrizaje. Declaró que, al descender del avión, Arrieta le entregó su teléfono a una aduanera, quien respondió con un gesto afirmativo antes de que Arrieta pasara a la zona de arribos internacionales. El Juzgado logró verificar que esa aduanera fue Cintia Vanesa Cali, aunque la baja calidad de las cámaras de la PSA y de Aeropuertos Argentina 2000 en Aeroparque no permitieron confirmar el relato de Herbas.
* Se verificó que vehículos de Royal Class -la empresa que desde 2007 quedó en medio del escándalo por el caso Antonini Wilson– y otros no identificados operaron alrededor de la aeronave. Un informe de la Policía Federal identificó al menos siete vehículos distintos —combis y camionetas de Royal Class en su mayoría— que operaron junto al Bombardier entre las 8.13 y las 9.39 de ese día, con maniobras en reversa detrás de la aeronave cuyo propósito no pudo determinarse.
Además, entre las 8.17 y las 9.29 el operador de una de las cámaras movió el encuadre de manera deliberada, perdiendo de vista la aeronave durante ese lapso crítico, antes de que la toma volviera a enfocarla con otro vehículo ya estacionado junto al avión. Hubo también otros cambios de encuadre y movimientos de cámara que impidieron observar lo ocurrido.
* Se constató también que la aduanera Cali se comunicó por teléfono con otro aduanero, Ronaldo Humberto Basiluk durante la franja horaria en que la aeronave estuvo en pista, incluida una llamada de 52 segundos a las 8:42, pero tampoco se pudo vincular de manera directa esa comunicación con una maniobra concreta de facilitación o encubrimiento de un eventual ilícito aduanero.
* Se verificó que el equipaje del avión no pasó por los escáneres. El dictamen fiscal estableció que el desvío no obedeció a congestión operativa ni a un procedimiento aleatorio del semáforo de selectividad: fue “una decisión expresa y directa del personal aduanero”, adoptada a pesar de la disponibilidad de los medios tecnológicos para realizar la inspección. En el mismo lapso —entre las 8:56 y las 9:20—, todos los demás pasajeros que ingresaron al sector fueron sometidos sin excepción al control por escáner. Los aduaneros pueden invocar el sistema de “selectividad” que los habilita, bajo ciertos parámetros operativos, a dejarlo pasar por el “canal verde”, de acuerdo a la Resolución General RG3991-E/2017.
* Se verificó que la responsable interina de la División Aeroparque de la Aduana, Silvana Abalsamo, estuvo en el salón cuando Arrieta y los pilotos salieron con el equipaje, interactuó con ellos, les dio indicaciones y sería quien autorizó su salida como “canal verde”, aunque su rol específico durante esa mañana sigue bajo investigación judicial, indicaron fuentes tribunalicias a .
* Se probó que parte del equipaje ingresó al país, aunque dos bultos declarados como “en tránsito” permanecieron a bordo de la aeronave, como lo habilita el Código Aduanero y lo habían declarado los pilotos, sin que se haya probado una violación a ese régimen dentro del hangar de Royal Class. El dictamen fiscal identificó, además, que sólo cinco bultos habían sido declarados.
A la labor del Juzgado se sumó la de los fiscales, que identificaron seis “inconsistencias significativas”: omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación sobre la inmovilización y resguardo del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado.
La última novedad en el expediente judicial, en tanto, se registró el último sábado de marzo, cuando Telecom Personal envió un informe al Juzgado. Reportó que no es técnicamente posible determinar si Arrieta llamó o recibió una llamada por WhatsApp u otro servicio de mensaje digital durante los minutos decisivos o si navegó por Internet, envió o recibió correos electrónicos o si se conectó a redes sociales, entre otras opciones. Pero sí se constató que las líneas involucradas registraron tráfico de datos durante ese lapso crítico.
Tras recibir otros informes de la Policía Federal y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que tampoco destrabaron la pesquisa, el Juzgado espera una respuesta de las autoridades aduaneras de Estados Unidos al pedido de colaboración enviado. Quiere saber si revisaron el contenido de los bultos bajo sospecha antes del despegue del Bombardier rumbo a la Argentina. La respuesta sigue sin llegar.
“Hasta hoy no se puede probar que estemos ante una maniobra de contrabando, pero tampoco podemos descartarlo de manera definitiva”, indicó una fuente de los tribunales. “La clave sigue dependiendo de lo que puedan informar, si responden, de Estados Unidos”.
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POLITICA
Bolivia expulsó a un grupo de legisladores y dirigentes argentinos observadores de la situación humanitaria

El Gobierno de Bolivia impidió el ingreso a ese país de una misión argentina que supuestamente buscaba certificar violaciones de derechos humanos en ese país. Entre las personas retenidas que están regresando a la Argentina se cuenta el diputado Juan Marino, originalmente del Partido Piquetero y ahora integrante de la bancada kirchnerista.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz impidió el ingreso de la delegación que pretendía relevar denuncias de represión durante las protestas de las últimas semanas.
Entre los integrantes de la comitiva argentina estaba el diputado nacional Marino, retenido pese a haber completado los trámites migratorios en Santa Cruz de la Sierra.
La Cancillería argentina confirmó el episodio en un comunicado en el que avaló la decisión boliviana de expulsar a los viajeros.
El grupo se autodenominó “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El episodio generó un confuso cruce de versiones entre la Cancillería argentina, el Gobierno boliviano y los propios integrantes de la delegación.
A través de un comunicado, la Cancillería informó que la delegación arribó a Bolivia con el “autodeclarado propósito” de “realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.
Según el texto oficial, las autoridades bolivianas comunicaron que durante los controles migratorios “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, además de “cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”.
En base a esos elementos, y “en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, el gobierno de Rodrigo Paz decidió no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, que se encuentran retornando a la Argentina, dijo el Gobierno de Javier Milei.
El comunicado de la Cancillería no menciona la situación particular del diputado Marino, ni hace referencia a una posible retención de documentos.
Sin embargo, el diputado nacional Germán Martínez publicó en la red social X que su par Marino “viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional” y que se encontraba “retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz”.
Martínez exigió a las autoridades bolivianas que Marino pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a las autoridades consulares argentinas a “garantizar su libertad e integridad física”.
Por otro lado, un comunicado de la agrupación Barrios de Pie dijo que la “Misión Internacional de Veedores de Derechos Humanos” fue retenida por personal de migraciones al arribar al aeropuerto internacional de La Paz, donde habían llegado con el objetivo de relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas “en la represión y las detenciones durante las protestas de las últimas semanas” en Bolivia.
De acuerdo con esa versión, las autoridades migratorias retuvieron los documentos personales de toda la delegación y obligaron a sus integrantes a abordar un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, lo que, según los denunciantes, les impidió el desarrollo de las actividades de observación previstas en La Paz.
Entre los integrantes de la misión se encontraba Martín Illanez, referente de Barrios de Pie y de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos.
Illanez dijo: “Durante varias horas permanecimos retenidos sin información sobre nuestra situación jurídica. Fueron retenidos nuestros documentos y se produjeron situaciones de tensión con autoridades migratorias. Finalmente fuimos obligados a subir a un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, impidiéndose de hecho el desarrollo de las actividades de observación previstas en la ciudad de La Paz”.
Barrios de Pie dijo que la negativa a permitirles el ingreso a Bolivia es una confirmación indirecta de las denuncias que motivaron el viaje.
June 15, 2026,Conforme a
POLITICA
El gobernador de Chaco anunció un aumento salarial para la Policía

El gobernador LeandroZdero anunció este 15 de junio, durante el 73° aniversario de la Policía del Chaco, una serie de cambios para 2026 que incluyen un aumento salarial y medidas sobre ingresos y control interno que, según el Gobierno provincial, apuntan a fortalecer el trabajo policial.
Entre las decisiones con fecha definida, Zdero confirmó que desde el 1 de enero del próximo año regirá un nuevo esquema laboral de ocho horas de servicio por 24 de franco, presentado por el mandatario como una demanda histórica del personal policial, según la información oficial de la Provincia del Chaco.
El paquete también incluye la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias policiales, el inicio en agosto de un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía y un aumento del 30% en el servicio de adicionales para el personal policial, que comenzará a regir en julio, de acuerdo con el texto oficial.
Zdero además dispuso la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos cobren los salarios correspondientes a su nueva jerarquía y confirmó el pago retroactivo de los ascensos, que se abonará en tres cuotas, según informó el Gobierno del Chaco.
Durante el acto por el 73° aniversario, el gobernador sostuvo que su gestión busca respaldar a la institución con medidas concretas. “Venimos a reconocer los logros de una institución que cumple una tarea fundamental para la sociedad y que merece ser acompañada con hechos concretos”, afirmó Zdero, según la comunicación oficial.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Javier Romero, la presidenta de la Legislatura Carmen Delgado y autoridades de los distintos poderes del Estado, de acuerdo con la misma fuente.
La modificación del régimen laboral fue uno de los anuncios centrales del acto. Según Zdero, desde el 1 de enero próximo se implementará el sistema de ocho horas de servicio por 24 de franco para el personal de la Policía del Chaco.
“Es una medida que reconoce el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres policías y que pocas provincias del país han logrado implementar”, dijo el gobernador.
En la misma ceremonia, Zdero anunció la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales. Según la información oficial, la medida busca dar previsibilidad institucional a un espacio de encuentro y contención para la familia policial.
El gobernador también ratificó el respaldo político de su administración a la fuerza provincial. “Quiero que sepan que van a tener un Gobierno y un gobernador que los va a acompañar, que los va a respaldar y que va a defender a quienes trabajan con honestidad y profesionalismo en el marco de la ley”, expresó, según la fuente oficial.
En otro tramo de su discurso, Zdero hizo un llamado a los legisladores provinciales para que acompañen iniciativas vinculadas a seguridad. “Quiero hacer un llamado especial a los legisladores de nuestra provincia a que realmente se pongan del lado de los ciudadanos. Tenemos que darles las herramientas al Poder Judicial porque hace mucho tiempo estamos intentando tratar la Ley de Reiterancia”, afirmó, según la Provincia del Chaco.
El ministro Matkovich destacó durante el acto el rol de las fuerzas de seguridad y el trabajo coordinado del área desde el inicio de la gestión provincial. “En la vida hay que ser agradecido y reconocer la tarea de quienes nos cuidan”, dijo el funcionario, según la Provincia del Chaco.
Matkovich agregó: “Ser policía es una lección, es un compromiso y fundamentalmente requiere vocación de servicio”. También afirmó: “Desde que asumimos el 10 de diciembre del año 2023 venimos trabajando de manera armónica y coordinada con las fuerzas federales, la Justicia federal y provincial, y la sociedad en su conjunto. De esa manera hemos marcado un antes y un después. Nosotros no vinimos a pactar con nadie y vamos a ir progresivamente apartando a aquellos que están al margen de la ley”, según la misma fuente.
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POLITICA
La pata peronista que se abre de La Cámpora y de Kicillof exhibió su apertura al campo

Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.
En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.
Los restantes puntos de la propuesta para el campo del peronismo federal son “Nueva Ley de Semillas para fortalecer la innovación y garantizar el acceso de los productores”; “Ley de Riego”; “Eficiencia logística” (para “modernizar rutas, caminos rurales, ferrocarriles, puertos, energía y conectividad”); “Potenciar las economías regionales”; “Fortalecer organismos técnicos” (INTI, Senasa e Inase), “Incentivos para la renovación y competitividad de la maquinaria agrícola”, y Trabajo rural, capacitación y formalización laboral».
En el documento final del encuentro de Concepción del Uruguay, se subrayó el mensaje de respaldo al sector agropecuario. “Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional. La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”.
“No se trata de elegir entre campo e industria, o exportaciones y mercado interno; sino de construir una estrategia nacional que integre producción, innovación, valor agregado, trabajo y desarrollo federal”, se indicó en el documento. “Cuando el agro crece junto a la industria, la ciencia, la tecnología y el trabajo, crece la Argentina”, concluyeron los dirigentes reunidos en Entre Ríos.
En el arranque de la jornada, realizada en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, con unos 1600 asistentes, los dirigentes presentes recibieron a referentes sindicales del gremio de la alimentación para tratar la crisis de la empresa avícola Granja Tres Arroyos, que a fines de mayo cerró su planta “La China”, ubicada en la misma ciudad.
El desarrollo del encuentro peronista incluyó debates en comisiones temáticas, un acto principal y la difusión de un documento con propuestas para el campo, titulado “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”. En una de esas comisiones se hizo presente el exministro de Ambiente Juan Cabandié, dirigente que estuvo enrolado en La Cámpora, pero se alejó de esa estructura.
El diputado Michel, una de los protagonistas de este incipiente armado, representa a la provincia de Entre Ríos en el Congreso. “[Javier] Milei no está aplicando un programa económico, quiere imponer un modelo social peruanizando la economía argentina. Un país sin clase media, sin industria sin educación ni salud pública de calidad”, señaló. En un sentido similar, Olmos dijo que el Gobierno “defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete [Manuel Adorni]”. Añadió que el PJ y debe defender “a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei”.
Durante el encuentro, Tolosa Paz destacó la importancia de que “las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal”.
Este sector peronista que busca transitar por fuera de la interna justicialista hizo su presentación en sociedad el 1º de Mayo, en el predio porteño de Parque Norte. En Concepción del Uruguay, se volvieron a hacer presentes dirigentes que estuvieron en ese encuentro fundacional, como el intendente de Pilar, Federico de Achával, la diputada Raquel “Kelly” Olmos y uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo. El exgobernador entrerriano Gustavo Bordet también se acercó a los debates.
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