La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó una nueva guía para el control de la inteligencia artificial (IA) en el sector público nacional, con el objetivo de establecer un marco de referencia que regule la incorporación de estas tecnologías en los organismos estatales. El documento, titulado “Guía de Controles Inteligencia Artificial – SIGEN”, fue oficializado mediante la Resolución SIGEN 197/2026 y propone un enfoque preventivo basado en riesgos, orientado a garantizar que las iniciativas de IA respondan a los objetivos institucionales y a los principios de integridad y transparencia.

Según informó la SIGEN, el desarrollo de esa herramienta partió de un relevamiento sobre el avance de la IA en distintas áreas de la administración estatal. Los resultados del análisis mostraron una diversidad de proyectos en marcha, pero también la necesidad de reforzar los mecanismos de control para reducir los riesgos asociados a la adopción de inteligencia artificial.

El documento destaca que la IA ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión, aunque advierte sobre los desafíos que implica su implementación.

La guía establece que los controles internos deben alinearse con el cumplimiento normativo vigente y con una gestión pública responsable. De acuerdo con la Sindicatura, el marco propuesto busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de IA, promoviendo la adopción de controles proporcionales a los riesgos detectados en cada etapa de la vida útil de esos sistemas.

En diálogo con Infobae, Alejandro Díaz, titular del organismo, explicó las dos modalidades principales de uso de la IA en el Estado: “El uso individual de herramientas generativas por parte de agentes públicos, donde la IA actúa como apoyo sin integrarse a sistemas institucionales”, y “el uso de sistemas de inteligencia artificial incorporados a procesos, aplicaciones o decisiones organizacionales, lo que requiere un entrenamiento previo de los algoritmos”.

En el primer caso, explicó el auditor general “la mitigación de riesgos pasa por la existencia de políticas institucionales y capacitación para el personal”. En el segundo: “Se suman controles específicos para el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, desde el análisis de factibilidad hasta las pruebas previas a la puesta en producción”, sostuvo Díaz.

Los riesgos que se busca mitigar

La Guía de Controles para Inteligencia Artificial de la SIGEN dedica un apartado específico a la política institucional de uso de herramientas de IA en los organismos públicos. El documento establece que cada entidad debe contar con una política clara que regule el empleo de estas tecnologías por parte de sus agentes, tanto en el uso individual como en la integración a sistemas institucionales.

Entre los riesgos principales que se busca limitar se destacan:

• Divulgación no autorizada de información confidencial o sensible mediante herramientas de IA, especialmente cuando se utilizan plataformas de acceso público o servicios en la nube.
• Exposición y tratamiento inadecuado de datos personales o de ciudadanos, lo que podría generar incumplimientos a la normativa vigente sobre protección de datos.
• Dependencia tecnológica de proveedores externos, con el consiguiente riesgo para la soberanía y continuidad operativa de los servicios públicos.
• Ausencia de criterios claros para validar la calidad y veracidad de los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial, lo que podría afectar la toma de decisiones institucionales.
• Desconocimiento de los riesgos asociados al uso cotidiano de IA, incluidas posibles vulnerabilidades, sesgos en los resultados y falta de trazabilidad de las acciones automatizadas.

La política propuesta por la SIGEN recomienda que las instituciones definan lineamientos sobre los tipos de herramientas de IA autorizadas, los ámbitos y condiciones de uso, los procedimientos de validación y monitoreo, y las responsabilidades de los agentes involucrados. Se sugiere, además, desarrollar programas de capacitación dirigidos a todo el personal para asegurar un uso responsable y alineado con los principios de integridad y transparencia en la gestión pública.

El enfoque preventivo busca que la implementación de inteligencia artificial en el sector público se realice bajo parámetros que resguarden los intereses institucionales, la seguridad de la información y los derechos de los ciudadanos, y que minimicen la exposición a riesgos operativos, legales y reputacionales.

Lineamientos principales de la guía

Según el documento oficial publicado por la SIGEN, los ejes principales de la guía incluyen:

• Establecimiento de un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la inteligencia artificial en el sector público.
• Controles específicos para la gobernanza de datos utilizados en el entrenamiento y operación de sistemas de IA, con garantía de calidad, integridad y seguridad de la información.
• Exigencia de controles en todas las etapas del desarrollo e implementación de sistemas de IA, desde la definición de objetivos y el análisis de factibilidad hasta la puesta en marcha y operación.
• Revisiones periódicas para monitorear que los sistemas de IA no degraden su funcionamiento ni generen resultados imprevistos.
• Asignación clara de responsabilidades, roles y límites de acceso dentro de los equipos que gestionan e implementan soluciones de inteligencia artificial.
• Documentación exhaustiva sobre el diseño, desarrollo y funcionamiento de cada sistema de IA para facilitar la auditoría y la rendición de cuentas.
• Promoción de la transparencia hacia la ciudadanía sobre el uso de IA en la gestión pública y orientación a la protección de derechos.

Al cierre de la entrevista, Alejandro Díaz recordó: “La SIGEN ya ha informado a los responsables y, con la aprobación de la Guía, se espera encaminar y fortalecer oportunamente, los puntos sobre los que se observaron riesgos”.

Asia / Pacific

Principios de julio de 1986. En el país no parece haber otro tema que Maradona y el nuevo título del mundo de Argentina. La hazaña del equipo de Bilardo en tierras mexicanas monopolizó las informaciones. Todo pareció quedar suspendido, opacado por la consagración. Sourrouille, el Plan Austral, los militares que aumentaban su presión al poder una vez más, Alfonsín, Ubaldini, cada cuestión o personaje quedó en segundo plano.

Hasta que de pronto llegó otra noticia que logró sacar a Diego de las tapas de revistas. Unos médicos argentinos habían descubierto la cura contra el cáncer. La Crotoxina y el Dr. Juan Carlos Vidal se convirtieron en los grandes protagonistas de los siguientes dos meses.

Fueron semanas de confusión, escándalos, esperanza, acusaciones cruzadas, protestas amargas, sensacionalismo y gran tensión. Después, el tema se fue apagando hasta que lo cubrió un manto de olvido, incomprensión y hasta de vergüenza.

Tres médicos llevaban adelante una investigación con pacientes oncológicos en el Instituto de Neurobiología bajo un convenio del CONICET. Eran Guillermo Hernández Plata, Luis Costa y Carlos Coni Molina. El líder del proyecto era el Dr. Juan Carlos Vidal, un investigador con cierto prestigio y experiencia, que para esa altura de 1986 vivía y trabajaba en Estados Unidos.

Decían haber descubierto una droga que parecía provocar una revolución en todo lo conocido respecto a los tratamientos oncológicos. Tanto que a veces sus efectos se parecían a un milagro: reducían masas tumorales que hasta ese momento parecían invencibles.

Se llamaba Crotoxina y provenía del veneno de la serpiente de cascabel. Los doctores decían que la habían probado en 83 pacientes y que los resultados habían sido contundentes.

La estrategia mediática detrás del fenómeno

El caso salió a la luz en julio del 86 debido a que el Instituto de Neurobiología y el CONICET prohibieron a los doctores seguir suministrando crotoxina a los pacientes porque la experimentación no cumplía con los requisitos científicos mínimos.

Para saltear esta prohibición y el infierno administrativo que significaría darla vuelta, los doctores eligieron la vía mediática. Hasta ese momento eran muy pocos los que sabían del tema.

Martha Gavensky, una mujer que había estado exiliada en Francia durante la Dictadura, es una pieza clave en esta historia. Escritora, artista plástica, periodista y personaje oscuro con varias conexiones tanto en Francia como en el país. Ella era una de las 83 personas que recibía el tratamiento experimental de Crotoxina.

Cuando el Instituto de Neurociencias Biológicas y el Conicet decidieron cortar el suministro del compuesto por deficiencias graves en la metodología, ella fue la que diseñó la estrategia mediática para revertir la decisión. Convenció a los tres médicos de armar una conferencia de prensa el 8 de julio de 1986.

El concepto general que debían transmitir era denunciar que ellos habían encontrado la cura contra el cáncer y que el gobierno, por presión de las grandes laboratorios, malignas multinacionales, impedía que se conociera el descubrimiento y que continuara el desarrollo.

Lo que eso provocaba, según esta narrativa, era evidente: se impedía salvar miles, acaso millones, de vidas.

Con el tiempo se supo que Gavensky se resistía a recibir tratamiento de quimioterapia por considerarlo muy agresivo y que centró sus expectativas en la crotoxina (un oncólogo que luego defendería el uso de la crotoxina sostuvo que por esa época la enfermedad de ella estaba en una fase inicial y que con los tratamientos convencionales de ese tiempo hubiera tenido muchas posibilidades de curarse).

Gavensky lograba filtrar sus columnas sobre el tema tanto en la revista Crisis -la renacida revista cultural de izquierdas- o en El Informador Público, medio de derecha y con información (y operaciones) atribuidas a los servicios.

La televisión que convirtió a la Crotoxina en un fenómeno nacional

En el inicio, el plan de difusión pareció fracasar. Gavensky se encargó de utilizar sus contactos en redacciones de diarios y noticieros televisivos para la conferencia de prensa. Pero no bastó: la convocatoria fue un fracaso rotundo. No fue casi nadie. Sólo un medio: el diario Tiempo Argentino, un matutino que había nacido con la fuerza del nuevo aire democrático y que por ese entonces ya se desinflaba irremediablemente.

El periodista que acudió cumplió con su promesa de difusión y al día siguiente, en la edición del 9 de julio, Tiempo publicó una nota en la que se transcribían las declaraciones de los tres médicos. El editor le puso un título esperanzador pero nada bombástico “Descubren en el país una nueva droga contra el cáncer”.

Esa mañana de feriado una reunión de producción en ATC cambiaría esta historia. Con los diarios sobre la mesa, Raúl Becerra era uno de los que armaba el programa del día de La Noticia Rebelde, programa cómico-periodístico, que provocó una revolución en la manera de comunicar por esos años. Raúl Becerra, Adolfo Castello, Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, junto a la irrupción de Nicolás Repetto, eran quienes estaban al frente del programa y habían logrado desacartonar la televisión local.

Hacían una entrevista por día, por lo general a una celebridad y comandada por Guinzburg y Abrevaya, en la que el primero abría con una pregunta incómoda e incorrecta para romper el hielo, decía.

Para esa jornada el entrevistado se había bajado (nadie quería ir el feriado porque había menos audiencia) y Becerra, al ver la noticia en Tiempo Argentino, le pidió a la productora que le consiguiera para la tarde a esos tres doctores que decían haber descubierto la cura del cáncer.

La entrevista fue correcta, no hubo ripios ni momentos incómodos. Ninguno de los que ese atardecer estaba en el estudio mientras se desarrollaba la entrevista pudo suponer lo que ocurriría minutos después.

Los teléfonos del canal se saturaron de llamados. Miles de personas querían más información. De pronto, la puerta de ATC por Figueroa Alcorta se fue poblando de gente que quería ver a los doctores o al menos obtener información sobre la dirección de sus consultorios.

Muchos miembros de la producción de La Noticia Rebelde debieron quedarse en el canal hasta bien entrada la madrugada respondiendo a los requerimientos del público. Había comenzado el fenómeno de la crotoxina.

La esperanza de miles de pacientes y la presión sobre el Gobierno

Los grandes medios nacionales se tomaron el día siguiente para averiguar sobre la cuestión. La noche del 10 de julio los noticieros televisivos tuvieron como tema central a la Crotoxina. Los diarios lo pusieron en tapa el 11 de julio. Y ya no saldría de allí durante al menos un par de meses.

El martes 15 de mayo por la tarde la Plaza Mayo se colmó con miles de personas. Pacientes oncológicos y sus familiares pedían que se liberara la entrega del compuesto que les salvaría la vida según lo que sostenían algunos de los investigadores y buena parte de los medios. “Crotoxina, la droga es argentina. Crotoxina, la droga es argentina”, cantaban hasta quedarse sin voz.

Leé también: Impulsan un programa de prevención y fortalecimiento en el cuidado integral de pacientes de la tercera edad

Una buena estrategia -posiblemente diseñada por Gavensky- fue la de jugar la carta del nacionalismo. Si un par de semanas antes la Plaza se vio desbordada por los que vivaban a Diego y a los campeones en México, ahora teníamos otro título del mundo en las manos: la cura del cáncer.

“Estos tres médicos son patriotas. Y lo que el resto quiere impedir es que patentan la droga en el país ¡Para que se lleve el descubrimiento una multinacional!”, decía ante un micrófono uno de los que protestaba. Con un plus adicional, la serpiente de cascabel era un animal sudamericano. Otro motivo de orgullo chauvinista.

Vidal, el científico en el centro de la tormenta

¿Qué pasaba mientras tanto con el Dr. Vidal? Cuando estalló el tema, él se encontraba en Estados Unidos. Las llamadas a su laboratorio eran respondidas con un lacónico: “No tengo tiempo de responder sus preguntas”. Pero la presión fue tan grande y su fama tan creciente (tapa de Gente y La Semana -las dos revistas de actualidad más vendidas- dos números consecutivos, por ejemplo) que viajó a Buenos Aires.

Algunos periodistas sostienen que ante el acoso de los cronistas, sus primeras declaraciones fueron: “Yo nunca dije que la crotoxina curara”. Luego él desmintió haber dicho eso. Hablaba con un lenguaje algo solemne y encriptado, con mucha terminología científica. Se presentó ante las autoridades del CONICET y del Ministerio de Salud. Daba entrevistas y recibía a los familiares de los pacientes.

Hasta que de pronto, antes de que la Comisión de expertos se expidiera y cuando la presión mediática era casi insoportable, el Dr. Juan Carlos Vidal regresó sin avisarle a casi nadie a Estados Unidos.

A principios de los ochenta, Vidal trabajaba en el CONICET, más específicamente en el Instituto de Neurobiología dirigido por Juan Tramezzani. Integraba un equipo que hacía investigaciones sobre venenos ofídicos y sus posibles usos terapéuticos.

El director del programa murió y en el 81, Juan Carlos Vidal quedó a cargo del equipo. Los experimentos avanzaron y se dice que el primer paciente en el que aplicó el veneno de la serpiente de cascabel fue en su padre que padecía un cáncer de pulmón avanzado. Es probable que se haya tratado de un acto desesperado, de amor. Luego siguió utilizándolo en otros pacientes y dándoles esperanzas.

Las regulaciones sobre testeos de nuevas drogas están reguladas con claridad desde la posguerra. Los Protocolos de Nuremberg y la Declaración de Helsinki establecían los pasos a seguir y los requisitos previos a las pruebas en humanos. Un dato no menor: en esos años se calculaba que desarrollar un medicamento requería como mínimo varios millones de dólares.

En el momento de mayor auge y presencia del tema en la conversación pública del tema había tres niveles de acción que ocurrían en simultáneo, a veces entrecruzándose pero no siempre. Por un lado, la presencia del tema en los medios y en la conversación pública. Por el otro, los mecanismos que se activaron de control de los procedimientos previos y de la fiabilidad de la droga: una cuestión de rigor científico.

En el medio de esas dos dimensiones, las implicancias políticas y sociales: la necesidad del gobierno de dar una respuesta a los pedidos desesperados de los enfermos y de poner claridad sobre qué era cierto y qué falso en la historia.

Leé también: Prohibieron el uso de vacunas contra una enfermedad erradicada desde 2011 para preservar los mercados de exportación de carne

En este caso no bastaba con determinar que no se habían cumplido algunos trámites previos o que había algún tipo de deficiencia formal en las presentaciones de los doctores que se atribuían la creación de esta droga revolucionaria: había que probar si servía o no para eliminar el cáncer.

Era la única manera de frenar los rumores, la tensión, la ola de demandas populares. Había una multitud que estaba convencida que la Crotoxina los iba a salvar. Una ola de sugestión pública casi sin antecedentes.

Ante la parálisis de las pruebas de Vidal y sus discípulos y las exigencias de otros pacientes oncológicos y la primera postura oficial que fue la de respetar los tiempos científicos antes de expedirse, lo que vino después fue previsible.

Llovieron en Tribunales los recursos de amparos para que los pacientes oncológicos recibieran las dosis de esa droga presuntamente milagrosa. Algo que hubiera hecho cualquiera en su lugar. El derecho vulnerado en el que fundaban la presentación era el derecho a la vida.

La comisión que puso fin al mito de la Crotoxina

La Justicia se enfrentaba a un problema de difícil solución no desde el punto de vista jurídico y científico, sino desde lo social y lo mediático. Resolvió de manera salomónica teniendo en cuenta las implicancias de la cuestión.

Decidió que los que se encontraban dentro del supuesto protocolo de Vidal y los tres médicos, los que ya recibían crotoxina siguieran con las dosis, mientras se continuaban los estudios y se expedían los especialistas.

Conrado Storani, el ministro de Salud de Alfonsín, se mostró de acuerdo con la medida y aclaró: “La decisión es política y humanitaria pero no científica”.

En medio de la polémica y el griterío mediático y popular, el gobierno radical sacó una carta que le había funcionado un par de años antes: la comisión de notables. Convocó a 12 de los oncólogos más prestigiosos del país para que estudiaran el tema y se expidieran en un plazo de 180 días.

Ese plazo era también el que originalmente se le había fijado a la CONADEP (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas), aunque debido al volumen y la complejidad de las tareas el grupo comandado por Sábato consiguió 90 días más de prórrogas.

Leé también: El Ministerio de Salud insistió en la importancia de las vacunas: “Son herramientas fundamentales”

A su vencimiento entregó el impecable informe conocido como el Nunca Más. Aunque no se llamó de esa manera, la gente entendió que se había conformado una CONADEP del cáncer.

Los defensores de la crotoxina y los que veían en ella su última posibilidad o la de un ser querido pusieron sobre la mesa argumentos sonoros, que generaban discusión, pero que encajaban más dentro de las teorías conspirativas que en la verdad de los hechos.

Se hablaba de que el CONICET quería que el 50% de los ingresos por el patentamiento de la nueva droga quedara en sus arcas -lo que correspondía por estatuto-, de una mafia de oncólogos preocupados porque se habían vaciado sus consultorios, de intrigas internacionales y demás teorías sin el menor sustento.

Las investigaciones de la comisión de notables, de miembros del CONICET y del Ministerio de Salud determinaron muy rápidamente que ni Vidal ni los tres médicos habían seguido los protocolos para la experimentación de nuevos fármacos. Presentaron una monografía firmada por Vidal y los otros tres doctores que luego se descubrió que buena parte había sido plagiado de otro trabajo.

Además se probó que las imágenes que se presentaron con las pruebas de las supuestas reducciones de los tumores en los pacientes que recibían crotoxina habían sido sacadas de un libro publicado años atrás en Estados Unidos.

Esas fueron algunas de las inconsistencias e irregularidades que, de todas maneras, no lograron convencer a un buen porcentaje de la población. De los tres médicos sólo Coni Molina era oncólogo (y era respetado por sus colegas pese a su juventud).

El final del sueño de la Crotoxina

Mucho antes del final del plazo, apenas transcurridos 68 días, la comisión de especialistas dio su veredicto. El comunicado lo emitió el Ministerio del Interior y llevó la firma de los 12 oncólogos, aunque luego uno de ellos, el doctor Tagle, dijo que él no estaba de acuerdo con lo afirmado en el documento final.

La conclusión fue contundente: no había evidencia científica alguna de que la crotoxina curara el cáncer o mejorara el estado de los pacientes.

No se había probado ninguno de sus supuestos efectos terapéuticos como tampoco se había eliminado fehacientemente la posibilidad de que el veneno tuviera toxicidad que se convirtiera en peligrosa para los pacientes.

La comisión de oncólogos designada por el gobierno de Alfonsín afirmó que no hubo ninguna respuesta antitumoral atribuible a la crotoxina.

También afirmaban lo que a esa altura todos los que habían prestado atención sabían: no se habían seguido los protocolos mínimos que requiere la investigación científica y mucho menos los de las pruebas de nuevas drogas terapéuticas en humanos.

La investigación no había sido realizada con rigor, que no había habido experimentación con animales y que los resultados presentados habían sido falseados.

Leé también: Un fallo judicial atribuyó la muerte de una joven a un posible efecto adverso de la vacuna Sputnik

Como consecuencia del informe, el gobierno prohibió la crotoxina. La reacción popular fue de furia e incomprensión. Las presentaciones ante la justicia se seguían acumulando.

Pasadas las semanas, y con la producción de nueva información, los jueces fueron rechazando los amparos y las distintas acciones.

El caso terminó llegando -meses después- a la Corte Suprema que fue contundente en su fallo: “La administración de esas sustancias al ser humano debe ser precedida por una metodología de evaluación rigurosa, objetiva y segura, que la farmacología clínica brinda al paso que garantiza, una vez cumplidas sus distintas fases de investigación, tales sustancias posean la actividad que se les atribuya, y seguridad a los sujetos en los que se ensayan. Y aquí eso no sucedió”.

La crotoxina fue desapareciendo de los medios y de la conversación pública, casi sin que nadie se diera cuenta. Un tema que había obsesionado a los argentinos de pronto se había difuminado.

Como si nadie quisiera recordar lo que había pasado, esa ola de locura que envolvió a la sociedad argentina durante un par de meses, cuarenta años atrás.

Durante el gobierno de Menem, el tema volvió a salir y el Dr. Raúl Mattera se comprometió a continuar las investigaciones pero quedó en la nada.

La ciencia siguió estudiando la crotoxina, al igual que otros venenos ofídicos, y demostró algunos beneficios terapéuticos pero no que lograran curar el cáncer.

Sumario, Conicet, Juan Carlos Vidal, Raúl Alfonsín

El activista Facundo Jones Huala demandó al Fisco de Chile por más de 100 millones de pesos chilenos por haberlo mantenido en prisión más tiempo del que establecía la condena de seis años y un día que le impuso la Justicia de ese país, al encontrarlo responsable del incendio de un fundo y la portación de un arma casera en el año 2013.

El líder de la RAM, con el patrocinio de los abogados Samuel Alarcón Velásquez y María Rivera Iribarren, le exige al fisco del país vecino una indemnización por “daño moral”, luego de que se le negara la libertad a pesar de haber vencido el plazo previsto en la condena que le impuso la Justicia de ese país.

Ahora el líder mapuche está detenido en Argentina desde junio de 2025, en el marco de una causa que investiga la fiscalía federal por conducir una agrupación, la RAM, que durante varios años intentó imponer ideas o combatir las ajenas a través del ejercicio de violencia.

El 21 de diciembre de 2018 la Primera Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó al “lonko” a seis años y un día de prisión por los delitos de incendio del fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno, y la portación ilegal de un arma casera.

Estuvo detenido hasta mediados de enero de 2022 cuando obtuvo el permiso de libertad vigilada, aunque esa autorización fue revocada unos días más tarde. Sin embargo, mientras estuvo libre, escapó de Chile y cruzó a la Argentina a través de un paso fronterizo no habilitado.

Fue recapturado el 3 de enero de 2023, casi un año más tarde, en El Bolsón, momento en el que comenzó el proceso judicial para extraditarlo nuevamente a Chile para que agote la pena que le había impuesto la Justicia trasandina.

El 27 de febrero de 2023, la Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación comunicó que el gobierno de Chile solicitó la extradición del mapuche, debido a que aún no había agotado la condena que le impusieron en Valdivia.

El fiscal adjunto de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, solicitó la extradición de Jones Huala para cumplir “un saldo de pena de 1 año, 4 meses y 17 días” en relación a los delitos por los cuales fue condenado.

El 4 de enero de 2024, el mapuche regresó a Chile, donde quedó detenido. De acuerdo al cómputo que realizó su defensa, Jones Huala debía quedar en libertad el 26 de junio de ese año, teniendo en cuenta el plazo que faltaba para agotar la condena.

Sin embargo, Gendarmería de Chile rechazó su libertad, esgrimiendo distintos argumentos, y lo mantuvo detenido hasta agosto.

La Corte ordenó la libertad del mapuche

La Corte Suprema de Chile revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco y ordenó la libertad inmediata de Jones Huala, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por su defensa. El máximo tribunal determinó que el líder mapuche había cumplido su condena el 14 de junio de 2024 y que permanecía privado de su libertad de manera ilegal desde esa fecha, producto de un error en el cómputo del saldo de condena que debía cumplir tras su extradición desde la Argentina.

Según constató la Corte, la información remitida en su momento por Gendarmería de Chile fue errónea: el saldo real de condena al momento de revocarse la libertad condicional no era de 503 días, sino de 887. Al descontar el tiempo que Jones Huala permaneció privado de libertad en la Argentina durante el trámite de extradición, la propia autoridad chilena recalculó un saldo final de 522 días.

En consecuencia, la Corte resolvió que Jones Huala se encontraba detenido de manera ilegal desde esa fecha y ordenó su libertad inmediata, invocando el artículo 21 de la Constitución chilena, que regula el recurso de amparo ante privaciones de libertad sin fundamento legal.

Ese cálculo erróneo fue considerado por los abogados que patrocinan ahora a Jones Huala en Chile, quienes demandaron al Fisco del país vecino por 100 millones de pesos chilenos, es decir algo más de USD 100 mil.

Cambio en su fisonomía

Desde hace pocos días Jones Huala permanece detenido en la unidad penitenciaria de Esquel, tras una disposición judicial que autorizó su derivación desde la cárcel federal de Rawson, donde estuvo detenido desde junio de 2025.

En las últimas audiencias de las que participó, sorprendió un cambio de imagen rotundo del líder mapuche, quien dejó de lado la vestimenta mapuche y luce el rostro rasurado.

Sin embargo, desde su entorno explicaron que “parte de esos cambios no fueron por decisión personal, sino por una exigencia de la unidad penitenciaria donde estuvo detenido hasta hace pocos días”.