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POLITICA

Advierten sobre conflictos territoriales mapuches sin resolver en la Patagonia y el surgimiento de nuevas disputas

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La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.

La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.

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El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.

“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos” advirtió Trebino.

En ese sentido, en Villa la Angostura, la construcción de una ruta nacional se vio afectada por la instalación de una conflictiva comunidad mapuche, que incluso –años atrás– se adjudicó la vandalización de las máquinas viales que utilizaban para su ejecución. Vecinos de la localidad turística aseguran que “la comunidad Paicil Antriao se instaló en la traza de la ruta, cuando se enteró por dónde iba a pasar el recorrido. A partir de ahí dice que estuvo toda la vida y reclama resarcimientos económicos, lotes y otros beneficios inmobiliarios y económicos”.

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Campo privado en Río Negro usurpado por la comunidad mapuche Cayunao

En la misma provincia existen nuevos conflictos territoriales con mapuches, a partir de la expansión de Vaca Muerta. En ese caso, el director ejecutivo planteó que “hay oportunismo, extorsión, especulación inmobiliaria y económica. Lo que no hay es preexistencia ancestral”.

Los cruces entre empresas que brindan servicios petroleros son constantes y regularmente comunidades evitan el paso de camiones, afectando así la producción hidrocarburífera.

La situación es similar entre Río Negro, Chubut y Neuquén, aunque es en esta última provincia donde los conflictos reciben el peor tratamiento. El gobierno provincial desafía a la Justicia e incluso, poco antes de concretar un allanamiento, convoca a quienes deberían ser expulsados de territorios usurpados para garantizar su permanencia en predios ajenos.

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Miembros de la comunidad Mapuche Lof Melo, incluyendo hombres, mujeres y niños, se manifiestan en Neuquén con pancartas para expresar su rechazo al desalojo de sus tierras ancestrales.

Trebino aseguró que desde la asunción del gobierno de Javier Milei “hubo un cambio actitudinal positivo, aunque los conflictos no cesaron, sino que recrudecieron y surgieron nuevas situaciones”.

En Río Negro no se registraron nuevos casos, en territorio provincial, mientras que dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi aún existen secuelas de la usurpación masiva de Villa Mascardi.

Los predios públicos y privados usurpados en el paraje, que está a 35 kilómetros de Bariloche, fueron desalojados en octubre de 2022 aunque aún Parques Nacionales no puede recuperar el control de las tierras.

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Incluso, denunció Trebino, aún se erige la estructura de madera que instaló la comunidad Lafkwn Winkul Mapu durante la usurpación de tierras fiscales, la cual se conserva por decisión de la Justicia Federal.

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Piden detener e indagar a Tapia y a Toviggino por presunto lavado de dinero

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Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un expediente por presunto lavado de dinero que se inició en la provincia en diciembre pasado, informaron fuentes vinculadas al caso.

El fiscal que pidió estas detenciones, Pedro Simón, solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.

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Como parte de la investigación, también fue alcanzada TourProdEnter, la empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, que de acuerdo a la investigación de desvío al menos US$42 millones a cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registra actividad comercial.

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Un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención de Chiqui Tapia y de Toviggino en una causa por presunta corrupción en la AFA

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Un verdadero terremoto sacudió este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, le pidió al juez de turno la detención e indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, junto a todo el entorno familiar y empresario de este último, por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

La solicitud incluyó también allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos. El expediente, que inicialmente quedó en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, pasó al juez de turno de Tucumán por las vacaciones del primero, según confirmaron fuentes oficiales.

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Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, según informó Clarín.

El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.

La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.

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Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.

Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.

también Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

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Tapia junto a su mano derecha Pablo Toviggino (Foto: IG@chiquitapia).

Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.

El fiscal mencionó también a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Leé también: Causa por la presunta evasión de $19.000 millones: pidieron agravar las acusaciones contra Tapia y Toviggino

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En Santiago del Estero, la investigación se centró en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia como presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.

Esta genera un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.

AFA, Chiqui Tapia

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A pesar de un pedido de diputados y senadores peronistas, la Justicia rechazó beneficiar a De Vido con prisión domiciliaria

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El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Julio De Vido, pero pidió al Servicio Penitenciario Federal que mantenga y asegure los controles médicos necesarios para la atención integral de su salud en el penal de Ezeiza, donde el exministro kirchnerista cumple su condena por la tragedia de Once.

El rechazo fue acompañado por extensos informes médicos sobre la salud de De Vido y los argumentos de la fiscalía, que también se oponían a beneficiarlo con el arresto domiciliario.

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En esencia, el juez de ejecución Ricardo Basílico consideró que los problemas de salud de Julio De Vido pueden ser tratados en el penal.

De todas formas, Basílico ordenó garantizar el control clínico y cardiológico permanente del exministro de Planificación, la realización de análisis de laboratorio y estudios complementarios, así como las consultas de especialidades que indiquen los médicos tratantes.

Frente al argumento de la edad, el juez también puntualizó que en el Servicio Penitenciario hay actualmente unos 144 reclusos mayores de 70 años y subrayó que la edad “por sí sola” no es un motivo suficiente para otorgar en forma automática el beneficio.

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La defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi, acompañó su pedido con una carta firmada por senadores y diputados peronistas, quienes expresaron su “profunda preocupación por la salud” de De Vido y las “tortuosas condiciones de detención que viene sufriendo”.

“De Vido tiene 76 años, es diabético, insulino dependiente y tiene lesiones coronarias severas, por lo que su delicada salud se ve agravada por las condiciones de detención en una Unidad Penitenciaria”, agregaron las cartas, que firman entre otros, los diputados Luana Volnovich, Jorge Taiana, Máximo Kirchner, Miguel Angel Pichetto, y los senadores Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.

Desde diciembre pasado, el exministro y exdiputado del kirchnerismo cumple su pena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en la cárcel.

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De Vido, de 75 años, está preso en la colonia penal 19 de Ezeiza, junto a la cárcel de máxima seguridad.

El juez dijo que si bien tiene más de 70 años, edad a la que puede pedir el arresto domiciliario, ese beneficio no es automático.

Ricardo Basílico, en el centro de la imagenministerio publico

“El solo cumplimiento de la edad cronológica prevista en la norma por parte de Julio Miguel De Vido no resulta, por sí mismo ni de manera automática, suficiente para habilitar la concesión” del arresto domiciliario, dijo el juez.

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De Vido, que estaba en su chacra de Zárate, ubicada dentro del country Puerto Panal, fue preso luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia de Once.

La Casa del ministro de Planificacion, Julio De Vido, en el Complejo El Panal, en Záratediario Perfil

Fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por ser hallado culpable como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

En este causa se consideró probado que De Vido, como ministro de Planificación, conocía y toleró el uso indebido de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, lo que perjudicó al Estado.

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La tragedia de OnceLeonardo Zavattaro – Télam

La empresa era la concesionaria del tren que descarriló al ingresar en la estación Once el miércoles 22 de febrero de 2012, causando la muerte de 52 personas.

El juez Basilico consideró que “el derecho a la salud del condenado se encuentra adecuadamente garantizado” porque tiene “asistencia médica en el ámbito penitenciario, sin que se haya demostrado que la privación de la libertad conlleve un menoscabo ilegítimo o desproporcionado de su integridad física”.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012Ignacio Coló – Archivo

El magistrado destacó la cantidad de causas que tiene De Vido, entre ellas el juicio por los Cuadernos de las Coimas. “No encuentro justificación alguna que permita otorgar la prisión domiciliaria aquí solicitada”, dijo el juez.

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Y mencionó que, ante “la contundencia de los informes periciales producidos”, no se advertía “situación alguna de razón humanitaria que justifique que el causante cumpla la detención producto de la sentencia condenatoria firme en la modalidad domiciliaria”.


Conforme a,,Presuntos testaferros. La jubilada y el monotributista ligados a la AFA adquirieron la mansión con helipuerto en un precio irrisorio,,Tensión entre Pro y LLA. Jorge Macri no descartó recurrir a la Corte si fracasa la negociación con Caputo por los fondos,,Sur Finanzas. Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de la financiera vinculada a Chiqui Tapia

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