POLITICA
Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico a las Islas Malvinas y dijo que fue por “causas humanitarias”
Tras los reclamos de autoridades de Tierra del Fuego, el gobierno de Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico que partió de su territorio a las Islas Malvinas y explicó que obedeció a “causas humanitarias” por casos de salud de alto riesgo.
La provincia austral había denunciado que la aeronave militar voló sin autorización sobre espacio aéreo argentino y alertó por la “gravedad institucional” del episodio.
Fuentes de la cancillería uruguaya explicaron que el vuelo que partió a las Islas Malvinas “se realizó dentro de los entendimientos bilaterales con Argentina por causas humanitarias, por algunos casos de salud de alto riesgo que se registraron en los últimos días” y que, “como es de estilo en estos casos”, Uruguay autorizó el despegue de la aeronave.
El gobierno de Tierra del Fuego había denunciado, el miércoles, que un avión militar británico voló desde el aeropuerto de Carrasco a las Islas Malvinas sin autorización sobre espacio aéreo argentino. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del gobierno de Gustavo Melella, especificó que la aeronave había apagado su transponder, el dispositivo que permite emitir señales de respuesta de parte de las aeronaves y darles seguimiento.
“Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino”, escribió el miércoles en su cuenta de la red social X.
En esa misma publicación, el funcionario provincial explicó que “ante la gravedad institucional de los hechos”, envió una nota formal al embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, en el que solicitaba precisiones respecto del itinerario del vuelo y su situación actual. También pidió la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que informase sobre “registros, trazas de redes o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido”.
“La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina”, concluyó Dachary en redes sociales.
En el gobierno de Melella confirmaron a que ni la embajada uruguaya ni la ANAC respondieron aún a los requerimientos elevados por la administración provincial.
En noviembre de 2024, la llegada del ministro de las Fuerzas Armadas británicas, Luke Pollard, a Puerto Argentino había alertado a las autoridades provinciales. El funcionario inglés había visitado las islas para un homenaje a los combatientes ingleses que cayeron en la guerra, en 1982.
Antes de su llegada, Pollard había ratificado la posición del Reino Unido respecto de las islas. “Queremos una relación productiva con la Argentina, pero el mensaje inequívoco es que las islas son británicas”, dijo a medios internacionales.
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POLITICA
Avanza la causa contra Adorni por el vuelo a Punta del Este: los detalles de los contratos de la productora de Grandio con la TV Pública
La TV Pública firmó al menos seis contratos de coproducción con la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandío —señalado como amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni—, según información oficial difundida por Radio y Televisión Argentina (RTA).
Los acuerdos abarcan programas de entrevistas, contenidos de streaming y un ciclo radial, con distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.
De acuerdo con RTA, “Grandío no se halla contratado como personal bajo relación de dependencia en la empresa en modalidad alguna”. Sin embargo, la productora que encabeza tuvo participación directa en varios contenidos emitidos por la TV Pública y Radio Nacional.
El detalle de los contratos muestra una estructura común: Imhouse asume los costos de producción —incluido personal, equipamiento técnico y derechos de autor ante entidades como Argentores, SADAIC y SADEM— y también se hace cargo de eventuales reclamos judiciales. A cambio, percibe ingresos publicitarios hasta cubrir los costos, y luego comparte ganancias con el Estado.
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El primero de los acuerdos relevados fue firmado el 17 de abril de 2024 entre el entonces interventor Diego Martín Chaher y Horacio Silva, presidente de Imhouse. Se trata del programa radial “La caja de Pandora”, emitido por AM 870. En este caso, la productora abonó a RTA $1.000.000 por todo el contrato y retuvo el 100% de los ingresos publicitarios.
Meses después, el 27 de agosto de 2024, el exinterventor Eduardo González firmó un contrato para producir “Giros en Línea Recta”, un ciclo de entrevistas conducido por Grandío. El acuerdo contemplaba 10 episodios desde septiembre de ese año, con un costo total de $5.883.995 más IVA. Según las condiciones, Imhouse explotaba la publicidad hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, los ingresos se repartían en partes iguales con RTA. Si la facturación no alcanzaba, la productora asumía la pérdida.
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Ese mismo formato se repitió en contratos posteriores. El 27 de marzo de 2025, también con González, se firmó una nueva tanda de 10 capítulos del mismo ciclo, con un costo de $900.000 más IVA por episodio. Luego, ya bajo la intervención de Carlos María Curci González, se avanzó con otros 16 capítulos desde septiembre de 2025, con un costo de $1.097.500 más IVA por programa.
En paralelo, Imhouse amplió su presencia en contenidos digitales. El 29 de agosto de 2025 se firmó un contrato para “Enredados”, un programa de streaming de 20 capítulos emitido en plataformas como Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. El costo por episodio fue fijado en $900.000 más IVA, bajo el mismo esquema de recuperación vía publicidad.
Poco después, el 13 de octubre de 2025, se sumó “La Sala”, otro ciclo de streaming, esta vez por 50 capítulos, con un costo de $950.000 más IVA por programa. En todos los casos, la lógica se mantuvo: la productora asume el riesgo económico inicial y accede a los ingresos comerciales.
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Además de estos seis contratos —cinco vinculados a la TV Pública y uno a Radio Nacional—, RTA aportó infraestructura clave para la producción: aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, personal técnico, seguridad y equipos de producción.
El esquema contractual quedó bajo la lupa en medio de una de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni. Días atrás, el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas de prueba en una causa por presunta malversación de fondos, en la que también aparece Grandío. Entre otras diligencias, solicitó los registros migratorios de ambos desde 2023 y el análisis de posibles vínculos en viajes al exterior.
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La causa se originó por el uso de vuelos privados para un viaje a Punta del Este y se amplió con nuevos elementos. Según una testigo, el periodista habría abonado el traslado y pedido que no se emitiera factura, lo que derivó en una investigación paralela por posibles coacciones.
En paralelo, otro expediente analiza transferencias de dinero de Imhouse a Adorni por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Esos movimientos fueron detectados tras el levantamiento del secreto bancario dispuesto por la Justicia.
Manuel Adorni, TV Pública
POLITICA
Milei autorizó por un DNU el ingreso de tropas de Estados Unidos al país para ejercicios militares
Por segunda vez en sus 28 meses de gestión, el presidente Javier Milei recurrió a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para autorizar el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para que puedan participar de ejercicios militares combinados que se harán la Argentina.
Se trata de los ejercicios Daga Atlántica,que se llevará adelante entre el martes próximo y el 12 de junio con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en la localidad de Moreno, y la operación Passex, que se hará entre el 26 y el 30 de este mes en la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, por donde pasarán el portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada norteamericana.
Milei autorizó el ingreso del personal y medios militares de Estados Unidos mediante el decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial. Se trata de una atribución que la Constitución nacional le confiere al Congreso, pero el Poder Ejecutivo argumentó que envió oportunamente a la Cámara de Diputados el proyecto para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de efectivos argentinos al exterior entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, iniciativa que aún no ha recibido tratamiento legislativo, por lo que se recurrió a la vía excepcional del DNU.
Como antecedente, se siguió el mismo camino en septiembre del año pasado, cuando a través del decreto 697/2025 se autorizó la llegada de tropas de Estados Unidos para otros ejercicios combinados.
La realización de ejercicios militares con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos refuerza la alianza que el gobierno de Milei sostiene con el presidente de ese país, Donald Trump, en momentos de fuertes tensiones en el mapa internacional, a raíz de la guerra de Medio Oriente.
Entre los fundamentos del decreto, firmado también por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, se señala que “la experiencia acumulada por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en operaciones combinadas en contextos de combate constituye un recurso invaluable para potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas de la República Argentina”.
El Gobierno explicó que la participación en el ejercicio DAGA Atlántica “mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico”. También se apunta a “estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas en futuras operaciones multinacionales”.
También advirtió el Gobierno en los fundamentos del decreto que “la no participación en dicho ejercicio afectaría significativamente al adiestramiento militar conjunto combinado en operaciones especiales, al privar a nuestras fuerzas de la oportunidad de interoperar con fuerzas de operaciones especiales de mayor experiencia y trayectoria a nivel mundial”. En ese caso –se añade en los fundamentos- se limitaría “la transferencia de conocimientos, la actualización de doctrina, la validación de procedimientos y el fortalecimiento de estándares comunes con socios estratégicos”.
Se intenta fortalecer la cooperación militar y la confianza entre las unidades de fuerzas de operaciones especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y el Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos.
En el ejercicio Daga Atlántica participarán unos 150 efectivos argentinos, pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército, la Agrupación Buzos Tácticos, la Agrupación de Comandos Anfibios, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la Compañía de Comunicaciones Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, además de elementos de apoyo del de la Guarnición Militar Córdoba del Ejército.
Por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervendrán unos 50 militares, una aeronave de transporte tipo C-17 Globemaster III, dos aeronaves de transporte tipo C-30 Hércules” y C-146 Wolfhound, un Equipo de Dirección del Ejercicio, una sección de Operaciones Especiales, un Equipo Táctico de Operaciones Especiales, con armamento, equipos de comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados, dispositivos de visión nocturna, equipamiento de combate (chalecos y placas balísticas, cascos y unidades de protección personal).
La operación combinada tendrá un costo de $ 428,7 millones, solventado con el presupuesto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El ejercicio Passex, que se desarrollará en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, presenta como antecedente la participación del portaviones USS George Washington, de la Armada de los Estados Unidos, en la edición de 2024.
En esta ocasión, por las Fuerzas Armadas argentinas participaránunos 350 efectivos del destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales.Las Fuerzas Armadas norteamericanas desplegarán el destructor ARA Gridley y el portaaviones USS Nimitz. El costo de los ejercicios se estima en $ 466,7 millones.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Javier Milei,Estados Unidos,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Sin cambios. Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en abril,,“Amo a este buque”. No conocía el mar cuando eligió ser marino y ya dio nueve vueltas al mundo en la Fragata Libertad,,Peculado. Un capitán de la Armada fue condenado por quedarse con plata del cánon de un predio que usaba Mundo Marino
POLITICA
El Gobierno llevó a la Corte Suprema la Ley de Financiamiento Universitario y busca suspenderla
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en una jugada clave para evitar un fuerte impacto en las cuentas públicas.
La presentación fue realizada durante la madrugada por la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, y apunta específicamente a frenar los artículos 5 y 6 de la normativa, que obligan al Estado a actualizar salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley, pese a haber sido ratificada por el Congreso incluso tras el rechazo al veto presidencial, es “de imposible aplicación” porque no contempla una fuente de financiamiento clara. En ese sentido, advierten que su implementación implicaría una erogación cercana a los $2,5 billones.
“Una ley no puede ser una expresión de deseo. Tiene que haber una formulación responsable sobre de dónde salen los recursos”, argumentan en el oficialismo, donde insisten en que el proyecto fue aprobado sin respaldo presupuestario.
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El trasfondo del conflicto remite a 2025, cuando una mayoría opositora logró sancionar la ley y luego rechazar el veto del presidente Javier Milei. La norma establece la recomposición salarial retroactiva para el sistema universitario y la actualización de partidas clave para su funcionamiento.
Sin embargo, el escenario judicial es incierto. Fuentes del ámbito jurídico señalan que existen pocos antecedentes en los que la Corte Suprema haya concedido un efecto suspensivo en casos de este tipo. De hecho, dentro del propio Gobierno reconocen que es “altamente improbable” que el máximo tribunal acceda a frenar la aplicación de la ley.
Si eso no ocurre, el Ejecutivo quedaría obligado a cumplir con los pagos de manera inmediata, lo que tensionaría el programa económico. En la administración libertaria admiten que no cuentan con los fondos necesarios y que la medida podría forzar el regreso del déficit fiscal.
El dilema, entonces, es doble: por un lado, la estrategia judicial para ganar tiempo; por otro, la necesidad de encontrar recursos en caso de que la Corte no haga lugar al pedido. En ese contexto, el rol del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será clave para redefinir partidas y buscar alternativas de financiamiento.
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Mientras tanto, desde el sistema universitario presionan para que se convoque a paritarias y se actualicen los salarios en línea con la inflación. También reclaman priorizar el pago de becas, uno de los puntos más sensibles de la norma.
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a universidades sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios perdieron más de un 30% de su poder adquisitivo en el mismo período.
En este escenario, la disputa por el financiamiento universitario se encamina a una definición judicial que podría tener un fuerte impacto político y económico para el Gobierno.
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