En los últimos meses, los ahorristas minoristas argentinos enfrentan un escenario en el que tanto el dólar como los depósitos a plazo fijo dejaron de ser instrumentos efectivos para preservar el poder adquisitivo. La conjunción de un tipo de cambio estable, tasas de interés a la baja y una inflación que sigue avanzando genera la necesidad de repensar estrategias de ahorro.

El análisis de datos de los últimos dos años revela que la tasa nominal anual de los plazos fijos para personas humanas tuvo una fuerte caída. Luego de alcanzar picos cercanos al 49% en septiembre de 2025, descendió hasta ubicarse en torno al 19% en mayo de 2026. Por su parte, la cotización del dólar mayorista pasó de $1.125 en mayo de 2025 a un máximo de $1.487 en octubre de ese año, pero después retrocedió y se estabilizó en valores cercanos a $1.390 en mayo de 2026. Este contexto derivó en rendimientos reales negativos para quienes optaron por estas alternativas, dado que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó más de 32% en el mismo período, con incrementos mensuales constantes de entre 2,5% y 3%.

Frente a este panorama, la consulta a especialistas ofrece distintas miradas y recomendaciones. Damián Palais, asesor financiero de Cocos, observa que “en la historia argentina, quien compró dólares no perdió”, y considera que, a pesar del peso apreciado y el dólar quieto, la compra de divisas sigue vigente como resguardo. Palais advierte que “el dólar nunca está realmente caro en el país”. Sugiere complementar la tenencia de dólares físicos con inversiones en fondos en dólares de bajo riesgo, como los denominados Dólares Plus o fondos de ahorro en dólares, que suelen rendir alrededor del 3% anual. Recomienda verificar que estos fondos tengan perfil conservador o moderado y que inviertan en colocaciones de corto plazo, para los más conservadores, o en bonos corporativos de empresas con buena calificación crediticia, para aquellos que aspiren a algo más de rendimiento.

El asesor financiero agrega la opción de bonos soberanos como el AO27, que paga renta mensual y puede ofrecer cerca de un 5% anual, aunque señala que “este tipo de instrumentos conlleva riesgo más elevado, sobre todo ligado a cambios políticos”. Para quienes prefieren quedarse en pesos, Palais sugiere fondos de money market o fondos comunes que, aunque rinden menos que los plazos fijos, ofrecen mayor liquidez y, en algunos casos, tasas nominales anuales superiores al 22%. Menciona también que algunos bancos ofrecen plazos fijos UVA con tasas UVA más 2% o 3%, aunque no profundiza en ese producto. “Diversificar y priorizar instrumentos conservadores, revisando siempre el perfil de riesgo del fondo antes de invertir”, concluye.

Por su parte, Giselle Colasurdo, asesora y youtuber financiera, plantea una estrategia diferente y sugiere priorizar los instrumentos atados a la inflación. “Dado el contexto actual de tasas y dólar bajo, cobraron atractivo los instrumentos atados a la inflación. El mejor vehículo en estos momentos, tanto para el que tiene conocimientos técnicos como el que no, son los fondos atados a la inflación, o inflation linked, que permiten acceder de forma sencilla a una variedad de instrumentos de inversión vinculados a la suba de precios, bajo administración de un profesional, y con acceso al dinero invertido en un plazo corto (24hs hábiles)”, señala Colasurdo.

La especialista amplía: “Si bien el IPC de abril mostró una desaceleración en la suba de precios, el índice CER refleja los movimientos de la inflación con cierto delay, lo que mantiene atractivos a estos instrumentos en las carteras al día de hoy”. Así, Colasurdo resume que los fondos inflation linked aparecen como la alternativa más eficaz para resguardar el valor de los ahorros frente a la inflación, gracias a la gestión profesional y la posibilidad de rescate rápido.

En paralelo a las recomendaciones de los expertos, los bancos públicos suman propuestas vinculadas al ajuste por inflación. Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, una caja de ahorros que permite realizar depósitos en pesos y que ajusta el saldo en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizadas por el CER. El dinero depositado se transforma en UVA, y puede retirarse —total o parcialmente— a partir de los 90 días, con una tasa adicional del 0,05% anual. Esta cuenta no tiene comisiones y se opera de forma digital o presencial, permitiendo transferencias y uso de tarjeta de débito. La entidad recomienda realizar depósitos parciales escalonados para optimizar la liquidez después de los 90 días.

La diferencia principal con un plazo fijo UVA radica en la liquidez: el plazo fijo inmoviliza los fondos durante el período pactado, mientras que la Cuenta UVA permite liberar el dinero en forma escalonada después de tres meses. El plazo fijo UVA ofrece una tasa ligeramente superior, de 1% anual, pero requiere constituir una nueva colocación tras cada vencimiento.

Banco Nación sumó una propuesta propia con su nuevo plazo fijo UVA, que ajusta el capital por inflación y paga intereses mensuales. El producto permite invertir en pesos desde $1.500, por plazos de 90 a 1.095 días, y ofrece una tasa anual del 4,5% sobre el capital actualizado. Cada 30 días, el ahorrista recibe los intereses generados, y al vencimiento accede al capital actualizado según la variación de la UVA. No tiene costos de apertura ni mantenimiento y se contrata de forma digital, eligiendo monto y plazo. La propuesta apunta a quienes buscan una renta periódica y mantener el valor real de sus ahorros en pesos, sin las restricciones de un plazo fijo tradicional.

La oferta de alternativas vinculadas a la inflación se expande, mientras las opciones tradicionales pierden vigencia. Expertos y bancos coinciden en que, en el contexto actual, la protección del poder adquisitivo requiere adaptarse y evaluar nuevos instrumentos.

El gobierno de Javier Milei impulsa una sesión en la Cámara de Diputados para recuperar la iniciativa política y volver a marcar agenda, con un temario que incluye la reforma del Régimen de Zonas Frías que reformula los subsidios al gas para regiones de bajas temperaturas y excluye del beneficio a más de 130 municipios y numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Mendoza, entre otras.

La sesión fue convocada por el oficialismo para el próximo miércoles a las 10:00, en el marco de una pulseada política con la oposición. No obstante, los libertarios armaron una larga lista de proyectos entre los que se destacan la llamada «Ley Hojarascas» para derogar más de 70 normas y decretos que consideran «obsoletos» y el cambio en el régimen de Zonas Frías.

El oficialismo confía en que tiene «alrededor de 131 o 132» votos para abrir la sesión y aprobar todo el temario, según precisaron fuentes parlamentarias a iProfesional. El proyecto sobre Zonas Frías es el de mayor impacto directo sobre los ciudadanos porque afecta a unos 3 millones de usuarios de gas, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Si Diputados lo aprueba, luego definirá el Senado.

El proyecto enviado por Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, busca revertir la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que dispuso la Ley 27.637, sancionada en 2021 a instancias del kirchnerismo, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

Zonas Frías: a qué regiones alcanza el subsidio y qué cambia con el proyecto del Gobierno

La normativa original (sancionada en 2002) establecía una bonificación universal del 50% sobre el precio del gas para los hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza, por su clima más hostil. En 2021 el régimen se extendió de forma masiva con la incorporación de más provincias y municipios de climas templados-fríos.

Con ese cambio, estableció un descuento del 30% (y 50% para sectores vulnerables) y los beneficiarios pasaron de 950.000 a más de 4 millones, al incluirse la Costa Atlántica, la zona sur de Santa Fe, parte de Córdoba, así como localidades de La Pampa o Catamarca.

El proyecto que el oficialismo quiere aprobar en Diputados vuelve al diseño geográfico original, con lo que quedarán afuera del subsidio por zona fría algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán.

Con la iniciativa del Gobierno, esas zonas perderán la bonificación universal del 50% sobre la tarifa de gas y solo mantendrán un subsidio adicional los hogares que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo aquellos cuyo ingreso es igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000.

Qué localidades quedarán afuera del descuento por zona fría si avanza la ley

El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.

También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.

En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.

Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.

En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.

Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.

Los argumentos del Gobierno y el desafío en Diputados

El oficialismo considera que la ampliación del Régimen de Zonas Frías generó una «distorsión» porque incluyó en el descuento a casi la mitad de los usuarios residenciales de la red de gas, sin distinguir tampoco a los hogares de más alto poder adquisitivo.

Sobre esa base, el gobierno de Milei argumenta que el beneficio debe enfocarse solo en las regiones tradicionalmente alcanzadas por el régimen y apuntar a que la asistencia llegue solo a los hogares más vulnerables.

Por ese motivo, además de los hogares inscriptos en el SEF (que incluye a quienes poseen el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP y beneficiarios de la pensión vitalicia a veteranos de la Guerra de Malvinas) el subsidio también se mantendría para familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El oficialismo logró darle dictamen de mayoría al proyecto la semana pasada en un plenario de comisiones donde la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, señaló que «los recursos económicos son escasos» y que la «forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita».

Tettamanti señaló que el régimen hoy «subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo» y que esa es «la primera injusticia» que justifica su reforma. «El Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces nosotros creemos que acá hay que hacer una modificación importante», remarcó.

Con el dictamen firmado, el gobierno de Javier Milei apunta a aprobar la reforma del Régimen de Zonas Frías en la sesión que se realizará el miércoles en la Cámara de Diputados y girar el proyecto al Senado para su sanción final, de ser posible antes del Mundial. Confía en tener los votos, pero está por verse qué tan sólido es el respaldo de los gobernadores de las zonas afectadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) transferirá $24,4 billones al Tesoro Nacional en concepto de utilidades. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida y aseguró que contribuirá a reducir la deuda bruta y, en simultáneo, a sanear el balance de la entidad. Pese a ello, analistas cuestionan ese impacto y advierten que el Tesoro solo podrá usar $6 billones para comprar dólares y afrontar vencimientos de deuda externa, ya que destinarlos a otros fines implicaría emisión monetaria, un escenario que no figura en los planes oficiales.

La autoridad monetaria informó que, de los fondos transferidos, $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y los $18,4 billones restantes se utilizarán para la recompra de Letras Intransferibles. Estas letras forman parte del activo del Banco Central y, según el Ministerio de Economía, representan un valor nominal original de 21.700 millones de dólares. El Gobierno afirmó que, con esta operatoria, la deuda bruta del Tesoro Nacional se reducirá en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

“No es monetariamente expansivo porque los pesos van a la cuenta del Tesoro en el BCRA (entonces no hay efecto monetario). Y esos pesos solo se van a usar exclusivamente para cancelar deuda en pesos o en dólares”, comentó una fuente del Ministerio de Economía a Infobae.

El economista Fausto Spotorno analizó las implicancias prácticas del movimiento de fondos y señaló que los $6 billones que ingresen al Tesoro permanecerán en la cuenta del Banco Central, disponibles para ser utilizados en alguna operación, ya que el Gobierno mantiene una política de emisión cero. Todo indica que esos fondos se destinarían a la compra de dólares y al pago de los próximos vencimientos.

Spotorno explicó que, si el Tesoro decide comprar reservas al BCRA para pagar deuda, no se genera emisión de moneda, ya que los recursos permanecen dentro del circuito del BCRA. De acuerdo con datos oficiales de Economía, los compromisos de capital en mayo sumaban USD 219 millones (USD 29 millones al BIRF, USD 166 millones al BID y USD 24 millones a otros organismos), mientras que en junio el monto asciende a USD 117 millones (USD 43 millones al BIRF, USD 20 millones al BID y USD 54 millones a otras entidades). El total de capital a saldar entre ambos meses alcanzaba los 336 millones de dólares.

En cuanto a intereses, los pagos en mayo trepaban a USD 971 millones (USD 30 millones al BIRF, USD 156 millones al BID, USD 751 millones al FMI y USD 33 millones a otros acreedores). Para junio, el desembolso previsto es de USD 144 millones (USD 85 millones al BIRF, USD 30 millones al BID y USD 29 millones a otros organismos), lo que daba un total de USD 1.115 millones en intereses para ese bimestre. Así, la necesidad de divisas para afrontar compromisos externos entre mayo y junio sumaba USD 1.451 millones, sin contemplar otros pagos menores.

Con ese telón de fondo, el Tesoro podría utilizar los pesos del superávit fiscal o la transferencia de los $6 billones del BCRA para comprar los dólares necesarios y cumplir con las obligaciones.

Por su parte, el economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, describió el giro de utilidades como un “mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional”. Casas señaló que, aunque el Gobierno criticó ese instrumento en el pasado, ahora lo utiliza y explicó que los $6 billones depositados en la cuenta del Tesoro constituían un pasivo para el BCRA, mientras que la recompra de Letras Intransferibles implicaba usar utilidades del propio BCRA para rescatar activos emitidos por el Tesoro.

Casas sostuvo que la operatoria producía un impacto patrimonial negativo en el BCRA por dos motivos: aumentaban los pasivos (por depósitos del Tesoro) y disminuían los activos (por la cancelación de Letras Intransferibles). En contrapartida, el Tesoro obtenía margen en pesos para cancelar deuda local y reducía su exposición con el BCRA.

Bajo su perspectiva, la emisión vinculada al giro de utilidades solo podría incidir en la inflación si los $6 billones depositados se usan para cancelar deuda y circulan como pesos en la economía. Por otro lado, la cancelación de Letras Intransferibles representa un ajuste contable que no tiene impacto sobre el nivel de precios y beneficia al Tesoro en detrimento del patrimonio del Banco Central.

En Economía aseguraron a Infobae que la operatoria no va a implicar una emisión monetaria, una palabra prohibida en esta gestión, dado que los fondos permanecerán depositados en el BCRA y solo se utilizarán para pagar deuda en pesos o en dólares. Por lo tanto, no tendría impacto en la inflación. En los próximos dos meses, el Gobierno tiene que enfrentan vencimientos por más de USD 1.400 millones, siendo el principal desafío antes de los USD 4.300 millones de julio para el que se aseguran ya se tienen las fuentes de financiamiento.