POLITICA
Defensores del pueblo provinciales y municipales pidieron que se cubra la vacante de ese cargo a nivel nacional

La necesidad de designar un Defensor del Pueblo de la Nación fue el centro de un reclamo conjunto realizado por defensores del pueblo provinciales y municipales en ejercicio, durante un encuentro organizado por la Fundación Éforo en el Centro Creativo El Obrador, en la Ciudad de Buenos Aires. El cargo nacional, vacante desde hace 17 años por falta de acuerdo político en el Congreso, fue señalado como un déficit institucional que afecta la protección de derechos y la calidad del sistema democrático argentino.
La jornada, titulada “Defensores: la democracia completa”, reunió a figuras como María Rosa Muiños (Ciudad de Buenos Aires), Dalmacio Mera (Catamarca), Arístides Lasarte (Santa Fe), Walter Martello (adjunto provincia de Buenos Aires) y Facundo Mancebo (Lanús), quienes expusieron sobre el trabajo de las defensorías y el rol de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). El evento tuvo como objetivo destacar el valor del sistema de protección administrativa de derechos y visibilizar la necesidad de fortalecerlo a nivel nacional. Entre los asistentes se encontraron también diputados nacionales, trabajadores de organismos de control y representantes de organizaciones sociales.
Durante el encuentro, los expositores subrayaron el problema crónico de la falta de acuerdos en el Congreso, que impide alcanzar la mayoría de dos tercios de ambas Cámaras necesaria para la designación del Ombudsman nacional. La vicepresidenta de la Fundación Éforo, Carla Pitiot, enfatizó: “En un momento en el que la ciudadanía reclama mayor transparencia y rendición de cuentas, la figura del defensor del pueblo se vuelve cada vez más relevante. Por eso queremos poner en agenda la necesidad de nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación y, al mismo tiempo, destacar el trabajo articulado y comprometido de las defensorías provinciales y municipales”.

El Defensor del Pueblo es un órgano independiente, instituido por el Congreso de la Nación, cuya misión es defender, proteger y promover los derechos humanos individuales y colectivos frente a los poderes del Estado o las empresas de servicios públicos. La prolongada vacancia del cargo a nivel nacional fue señalada como una anomalía institucional que impacta en la tutela de derechos fundamentales y en la capacidad de respuesta ante reclamos ciudadanos.
Los defensores presentes coincidieron en que la ausencia de una figura nacional limita la articulación federal y debilita la representación colectiva frente a situaciones de vulneración de derechos, especialmente en un contexto de demandas crecientes por parte de la sociedad en temas como acceso a servicios públicos, políticas sociales, transparencia y control del Estado. Se planteó la necesidad de un acuerdo político amplio que permita superar la parálisis y avanzar en la designación del Ombudsman nacional.
POLITICA
Caso AFA: una ex mano derecha de Toviggino habría tenido contacto con la Justicia de Estados Unidos

La investigación sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con derivaciones internacionales: según pudo saber TN, fiscales de Washington buscaron entablar contacto con la abogada de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.
Según pudo saber TN de al menos dos fuentes, se habrían realizado al menos cuatro reuniones entre los fiscales y la abogada de Beacon. El interés norteamericano por la causa se explica en las transferencias desde Tourprodenter a firmas supuestamente fantasmas radicadas en Estados Unidos.
El dato surge en paralelo a la causa que se tramita en la Argentina, en donde se intenta determinar si hubo un desvío de dinero desde la compañía de Faroni a un grupo de firmas fantasma. TN se contactó con el entorno de Beacon, pero no obtuvo confirmación aunque tampoco desmintieron la información sobre los supuestos contactos con autoridades estadounidenses.
Fuentes consultadas por ese medio señalaron que Beacon buscaría algún tipo de resguardo judicial en el exterior. Según esas versiones, el abogado no confiaría en el funcionamiento de la Justicia local. En esa línea, se mencionó un episodio reciente: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) confirmó que ni siquiera abrió el “pendrive” aportado a la fiscal Incardona y el juez Armella, que hasta hace semanas tenían a su cargo el capítulo Tourprodenter.
Si bien el pendrive aportado no podía considerarse como una prueba, en el entorno de Beacon esperaban que se tomaran medidas de prueba sobre los personajes, cooperativas y empresas mencionadas allí, lo que no ocurrió.
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El nombre del abogado cobró notoriedad tras la difusión de un supuesto audio atribuido a él, donde describe con detalle una supuesta maniobra para desviar dinero de la AFA. “Acá lo que hay específicamente es una ruta muy concreta de dinero que implica defraudaciones, lavado de activos y violación a la ley cambiaria en la época de la brecha”, se lo escucha decir en ese mensaje de voz que ya está en manos de la Justicia.
En ese registro, Beacon explica que los fondos “salían de la Asociación del Fútbol Argentino con apariencia de legalidad”, mediante contratos con objetos “inverosímiles” o prestaciones de servicios “absolutamente abstractas”. También menciona contratos “truchos” o acuerdos que no habrían pasado por el comité ejecutivo.
Siempre según ese supuesto audio, el dinero seguía un circuito internacional. Parte de los fondos habría sido enviada a España a través de empresas vinculadas contractualmente con la AFA. Allí, sostiene, se realizaban maniobras como rescisiones o adendas que permitían “generar más movimiento de plata” y dificultar su trazabilidad.
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Luego, describe el presunto reingreso de esos fondos al país: “Una vez que estaba acreditado, la cueva me daba el okay y bajaba la plata en efectivo”. Según su relato, el dinero se manejaba fuera del sistema formal y “desaparecía en la cuenta”. Además, aseguró contar con pruebas: “Tengo nombre, apellido, documentación y pruebas de todo lo que estoy diciendo”.
Otros supuestos chats (que no están en el pendrive no peritado) a los que accedió TN exponen conversaciones atribuidas a Beacon y el financista Diego Pasztor. Allí se detallan entregas de dinero en efectivo con referencias a vehículos, fechas y montos. De acuerdo a la documentación, entre mayo de 2021 y marzo de 2022 se habrían concretado 42 pagos por más de 13 millones de dólares.
Las entregas, siempre según esos registros, se realizaban en autos de alta gama y tenían como destino oficinas en Lavalle 1718, en la Ciudad de Buenos Aires, conocidas como “la Rosadita de la AFA”. Ese lugar es señalado como un punto clave en el circuito de dinero en efectivo.
El video revelado por La Nación confirmaría esa hipótesis.
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En ese esquema aparece también la empresa TourProdEnter, presidida por Javier Faroni, como posible vehículo de transferencias bajo sospecha. La investigación analiza si fondos administrados en el exterior eran enviados a compañías radicadas en Estados Unidos para luego regresar al país a través de financieras informales.
En ese contexto, la eventual colaboración de Beacon con la Justicia estadounidense podría aportar información relevante. Entre los elementos que se mencionan figuran datos sobre transferencias desde TourProdEnter a presuntas empresas fantasma, registros de cobros en efectivo en la Argentina, y material como audios, fotos y videos vinculados a las operaciones en la llamada “Rosadita”.
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También podría incluir información sobre el gerenciamiento de Arsenal de Sarandí y sobre la estructura de empresas vinculadas a Toviggino. Además, se menciona la posible implicación de distintos actores, entre ellos dirigentes de la AFA, empresarios y figuras del ámbito político.
La causa, que busca reconstruir el recorrido de unos 260 millones de dólares ingresados al exterior por la AFA —provenientes de sponsors, amistosos y la plataforma AFA Play—, sigue en desarrollo tanto en la Argentina como, ahora, con posibles derivaciones en Estados Unidos.
Pablo Toviggino, AFA, Chiqui Tapia
POLITICA
Revés para Tapia: la Cámara le puso un frenó al traslado de una causa contra la AFA y ahora decide la Corte

La Cámara del Crimen frenó el traslado de uno de los expedientes que investiga a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a la Justicia de Campana, adonde Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad, buscan concentrar todos los expedientes en su contra.
Se trata de la causa que nació con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que había celebrado contratos con la AFA y considera que no fueron cumplidos. Es la única con los registros bancarios que reveló en diciembre, con documentos que darían cuenta de un desvío de al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami.
La hipótesis es que esos fondos, generados por contratos de la Selección y negocios internacionales, no habrían ingresado al patrimonio de la AFA, sino que habrían sido canalizados a través de Tour ProdEnter LLC, la firma constituida en Estados Unidos vinculada a Érica Gillette y Javier Faroni.
Al igual que otros expedientes, quedó atravesado por un tironeo de competencias entre juzgados. Replicando una estrategia anterior, el juez federal de Campana Adrián González Charvay -que tiene bajo su órbita la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar- solicitó que la denuncia de Tofoni, que tramita en la Justicia porteña, pasara a su juzgado. Entre otros puntos, sostuvo que había una cuestión federal tributaria en la causa.
Así, en línea con los deseos de Tapia y Toviggino, que entienden que todo debe tramitar en Campana porque la dirección de la AFA es en Pilar y porque el presunto desvío de dinero de la entidad y el delito de lavado son inseparables, el juez planteó una inhibitoria al juzgado porteño, que fue aceptada por la jueza de primera instancia del fuero nacional porteño, Paula Petazzi.
Pero Tofoni apeló la decisión y ahora la Cámara, en línea con el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz, le dio parcialmente la razón: frenó el traslado y envió el conflicto a la Corte Suprema para que defina qué tribunal debe quedarse con el expediente.
En un duro fallo, el juez Ignacio Rodríguez Varela, de la Sala V, remarcó que, aunque pueda haber conexión fáctica entre el presunto desvío y el lavado, el lavado es un delito autónomo y no arrastra automáticamente al fuero federal todos los delitos previos.
Sostuvo que el planteo ya había sido resuelto en un fallo anterior y que era “llamativa” la pretensión de llevar al conurbano todas las investigaciones de la AFA que, en rigor, es gestionada en la Ciudad de Buenos Aires y no en Pilar, según sostuvo.
Rechazó también un planteo de la defensa de Tapia que pedía declarar “desierto” el recurso de Tofoni, es decir, anularlo, por haber llegado tarde a la audiencia. El juez dijo que Tofoni llegó dentro de un margen “tolerable” y marcó incluso que su abogado había llegado antes que la defensa de Tapia. “Basta para rechazarla con señalar que Guillermo Luis Tofoni en definitiva compareció en los estrados del tribunal y permaneció en la sala hasta la finalización del debate”, escribió.
Como no hay un tribunal superior común entre ese tribunal y el juzgado de Campana, el juez resolvió que sea la Corte quien defina la contienda, sin que eso frene la investigación.
“Se espera que, en lo sucesivo, no se reediten asuntos que, aunque provisorios, no han observado modificaciones sustanciales, y se estabilice de manera perceptible y duradera la competencia para investigar y resolver las hipótesis delictivas introducidas en este legajo”, sostuvo el juez.
única con los registros bancarios,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Un municipio bonaerense eliminará tasas por dos años para impulsar inversiones

El municipio de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, implementará la eliminación de la plusvalía y otras tasas municipales durante dos años en la zona de la costanera con el objetivo de atraer inversiones y dinamizar la economía local. La disposición fue anunciada por el intendente Marcelo Matzkin durante el Salón Inmobiliario del Corredor Norte (SINOR), donde resaltó el potencial de la región para transformarse en un polo de desarrollo.
La decisión de Zárate responde a una estrategia de gestión centrada en la promoción de proyectos privados mediante incentivos fiscales. Según el jefe comunal, la medida busca que los desarrolladores encuentren condiciones competitivas en el municipio y consideren la inversión como una oportunidad inmediata. “La oferta es ahora: vengan a invertir en la zona de costanera, que por dos años va a tener plusvalía cero”, sostuvo Matzkin ante el auditorio.
La eliminación de la plusvalía representa el núcleo de la política anunciada por Zárate. Este tributo, que habitualmente grava la valorización de terrenos tras acciones urbanísticas, incrementaba los costos de los proyectos en la ribera local. Según las estimaciones compartidas por el intendente, el tributo podía duplicar el valor del metro cuadrado, afectando la viabilidad de nuevas inversiones. “Esa plusvalía hacía que el que iba a invertir tenga que vender un metro cuadrado no en 1700 dólares sino en 3000. Es un freno a la inversión”, explicó Matzkin al presentar la medida.
Además de la suspensión de la plusvalía, el municipio ya había iniciado una reducción de la carga tributaria en ejercicios previos. De acuerdo con datos oficiales, Zárate eliminó más de 50 tributos municipales y, pese a la baja de la presión fiscal, experimentó un incremento del 30% en la recaudación. Este resultado, atribuido por la gestión local a la simplificación administrativa y el estímulo a la formalización, refuerza la confianza en la nueva política.
La costanera, prioridad estratégica
El foco de la medida recae en la zona de la costanera, considerada por la administración como un enclave estratégico para el desarrollo urbano y turístico. La ribera de Zárate es, según el intendente, “el último lugar de la provincia de Buenos Aires hasta Rosario que te permite construir mirando el río, a 30 o 50 metros de la orilla, un lugar único”. Esta característica geográfica, sumada a la infraestructura actual y la cercanía con corredores industriales, posiciona al municipio como un destino atractivo para desarrollos inmobiliarios, hoteleros y de servicios.

La promoción incluye, además, la posibilidad de acceder a créditos fiscales para quienes realicen mejoras en el espacio público dentro del área priorizada. Quienes inviertan en obras de urbanización, infraestructura o servicios comunitarios podrán descontar esos aportes de futuras obligaciones tributarias, siempre dentro del perímetro de la costanera.
El anuncio de Zárate se produce en un contexto donde los municipios bonaerenses buscan alternativas para impulsar sus economías frente a la desaceleración de la inversión privada y la necesidad de diversificar sus fuentes de ingreso. El propio jefe comunal reconoció que la competencia entre distritos por captar capital se intensificó en los últimos años. “Ya no alcanza con la ubicación, no alcanza con lo que la naturaleza te dio, hay que salir a atraer”, sostuvo Matzkin durante su exposición en el SINOR.
La decisión de suspender la plusvalía se presenta como una renuncia a ingresos fiscales de corto plazo, pero la administración local anticipa que el estímulo a la inversión generará mayor dinamismo económico y, a futuro, un incremento en la base imponible. “Vas a dejar de cobrar de algo que no tenés. No podemos vivir de la creencia de que vamos a cobrar algo que nadie está dispuesto a pagar”, declaró el intendente.
La vigencia de los incentivos fiscales estará limitada a dos años. El objetivo es consolidar la zona de la costanera como un área pujante y, una vez alcanzado ese desarrollo, restablecer la tributación sobre la valorización inmobiliaria. El propio Matzkin anticipó que, tras este período, el municipio podrá “elegir” qué proyectos admitir y bajo qué condiciones. Mientras tanto, la invitación está abierta para quienes deseen participar del proceso de transformación urbana.
La medida representa un ejemplo de políticas activas desde el sector público local para estimular el desarrollo privado, en línea con experiencias de otros municipios que optaron por la reducción de tasas y la simplificación de trámites como herramientas para captar inversiones.
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