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POLITICA

Piden al Gobierno la intervención de la obra social de Camioneros por “irregularidades y graves deficiencias”

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Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Confianza y Desarrollo, solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) por supuestas irregularidades en la administración de fondos y por la prestación inadecuada de servicios de salud a sus afiliados.

De acuerdo con una nota dirigida al superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, la legisladora fundamentó el pedido en lo dispuesto por el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que otorga a la autoridad sanitaria nacional la facultad de intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.

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Ocaña sostiene en su presentación que la OSCHOCA arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias en la atención a sus 190 mil afiliados.

Graciela Ocaña pidió la intervención de la obra social de Camioneros

“El gremio de Camioneros maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social -dice nota dirigida a la SSS-. La realidad es que OSCHOCA debería ser un modelo de prestaciones para la Argentina, sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de “caja chica” que de chica no tienen nada para Hugo Moyano, que distribuye los bienes entre sociedades vinculadas a su esposa Liliana Zulet y que nada tienen que ver con las prestaciones que debería brindar un agente de servicios de salud».

En su presentación, la legisladora documenta denuncias formales previas, iniciadas en el año 2006, y repasa actuaciones judiciales como la causa 18304/2006, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. En ese expediente se investigó el presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas familiarmente al líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y su entorno, principalmente a través de la sociedad IARAI S.A., que gerenciaba la obra social bajo el nom“Conducir Salud”.

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Según Ocaña, el balance de IARAI del 31 de agosto de 2005 mostró una pérdida de $223.640,48, atribuible a baja facturación. Al año siguiente, tras comenzar a gestionar la obra social, la ganancia reportada ascendió a $2.000.660,31 con una facturación que pasó a $22.787.897,45. El informe describe una suba equivalente a 373 veces respecto del período previo.

La entrada del Sanatorio Antártida, en Caballito, que es propiedad del Sindicato de Camioneros

Ocaña añade que en 2013 la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y diversas firmas, incluyendo IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., controladas por allegados a Moyano. La UIF vinculó esas operaciones a la supuesta sustracción de más de $570 millones.

En una ampliación de denuncia presentada en 2018, la diputada porteña menciona la utilización repetida del mecanismo por el cual OSCHOCA funcionaba, según los documentos citados, como prestamista y proveedora de créditos hacia firmas del mismo grupo familiar, mientras la situación económico-financiera de la obra social mostraba deterioro. Subraya un capital de trabajo negativo, baja liquidez e índices patrimoniales debajo de los valores aceptados para el sector.

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El texto señala que los subsidios del sistema de salud que recibía OSCHOCA aumentaron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016. Pese a la mayor asistencia estatal, la situación financiera no habría mejorado. En abril de 2026, remite a una crónica del diario La Nación sobre transferencias por $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, desde cuentas del sindicato y la obra social en el Banco Provincia. Ocaña cita también que la deuda de OSCHOCA en las seccionales del interior, a febrero de 2026, sería de $32.400 millones, y podría llegar a $60.000 millones computando la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de los afiliados.

Hugo Moyano y su esposa, Liliana Zulet

Entre los indicadores presentados con datos de balances entre 2017 y 2022, la obra social registra cifras negativas en capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo. Por ejemplo, el balance último menciona un patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y resultado operativo de -$8.778.715, además de endeudamiento y baja liquidez. Durante ese período, la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.

La legisladora contextualiza su reclamo invocando la normativa que obliga a las obras sociales a destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud y a gestionar los fondos bajo supervisión del Estado nacional y organismos de control financiero y contable. Según la presentación, el incumplimiento reiterado de estos preceptos justifica la intervención estatal.

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Ocaña concluye que existen tanto fundamentos fácticos como jurídicos que obligan a la Superintendencia de Servicios de Salud a actuar respecto de OSCHOCA ante “la falta de administración adecuada de recursos y la persistencia de deficiencias en la atención sanitaria”.

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La indefinición sobre Adorni agrava la parálisis de La Libertad Avanza y erosiona su agenda en el Congreso

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La paralización es total. La falta de definición sobre el futuro de Manuel Adorni y su continuidad o no como Jefe de Gabinete dejó a los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en un estado de parálisis total y sin una brújula que les permita entender el camino a seguir.

En el Senado de la Nación el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición y logró postergar una semana la sesión. A cambio, no va a discutir el tratamiento y habilitaría los dos tercios para tratar sobre tablas el llamado a interpelación al funcionario nacional investigado por enriquecimiento ilícito.

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La intención del bloque que conduce Patricia Bullrich —no sin cierta tensión con algunos de los propios, como Nadia Márquez— es avanzar con un temario propio que incluye pliegos de Cancillería y del Poder Judicial. Además, buscará darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca y varios convenios internacionales.

“Si no avanzamos hacia algún lado con Adorni no podemos avanzar con ningún otro tema. Está todo frenado”, reconoció un senador libertario. “Estamos esperando directrices de la Casa Rosada”, agregó.

Patricia Bullrich en el Senado (NA)

Este punto es fundamental para entender el estado de situación de los legisladores libertarios. A los bloques en varias oportunidades les explicaron que su rol es el de acompañar los proyectos del Ejecutivo -tanto en Diputados como en el Senado- y seguir a rajatabla la estrategia que surja del interior de Balcarce 50.

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“Vamos a ver en estos días, estamos viendo si vamos solo con holdouts o sumamos otros temas”, dijo una alta fuente libertaria de Diputados.

La espera tiene que ver con que la mesa política no se reúne hasta la semana siguiente y en el Congreso aguardan definiciones de ese encuentro. Con Martín Menem ya de regreso de su viaje por Israel desde este jueves, están todos los miembros de ese gabinete político que conforman junto a Lule Menem, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Karina Milei.

“Si abrís el recinto, te meten piñas por todos lados. En el Senado ya saben que Adorni va a una interpelación porque así lo acordaron. Acá —en Diputados— tenemos una luz porque hay un debate respecto a la forma en que se tiene que hacer el trámite parlamentario”, explicó un diputado libertario.

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“Pero de todas formas sabemos que el final es el mismo. Además, a esto se le suma que hay sectores del karinismo que no lo defienden. No es lo mismo el posicionamiento de Lemoine que el de Pilar Ramírez o el propio Menem, por ejemplo. Lilia lo defiende, Pilar lo destroza y Menem hace silencio”, agregó ese legislador, que suele participar de los encuentros libertarios.

La Cámara de Diputados

El debate al que hace referencia tiene que ver con cómo será el trámite parlamentario por el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. Mientras el mundo libertario entiende que debe ir a las comisiones, lograr dictamen y volver al recinto para aprobar el pedido, en la oposición señalan que el mismo día que se abra el recinto se vote la interpelación.

“La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, dijo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

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“Todo lo que no se logre antes de mitad de año se comenzará a complicar. Las provincias van a adelantar sus elecciones y sus legisladores van a empezar a jugar otro juego. Todo será más difícil”.

En ese contexto, el escenario parlamentario que los estrategas de La Libertad Avanza se habían imaginado meses atrás empieza a diluirse. En esos despachos la preocupación crece porque entienden que, tras el receso, las dificultades para avanzar con un temario legislativo se multiplicarán.

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Elecciones internas en el PJ Salta: se presentaron 24 listas y ninguna estaría vinculada al kirchnerismo

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Luego de que el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocara a elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Salta, este fin de semana se confirmó que se presentaron 24 listas para participar del proceso de normalización ordenado por la Justicia Federal.

Tal como habían anunciado a finales de mayo, los comicios están previstos para el 2 de agosto próximo. Aparentemente, el cronograma original se mantendría sin cambios y la votación se realizaría con boleta de papel, de acuerdo con las aclaraciones requeridas por las autoridades judiciales.

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Hasta el momento, la inscripción contemplaría la reserva de nombre, la designación de apoderados y la constitución de domicilio legal. Según trascendió, entre las listas presentadas, dos corresponderían a la Juventud Peronista, mientras que las restantes representarían a distintos sectores de la provincia, incluyendo la Capital, el interior, el norte, el sur y el departamento Anta.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, este abanico territorial como señal de una participación amplia en la convocatoria. Por el momento, la presentación de listas corresponde solo a la primera etapa del cronograma electoral y no implica aún la oficialización de candidaturas.

José Luis Napoleón Gambetta, el interventor del PJ de Salta designado por la CNE (Gentileza: Radio Ciudad Orán)

Tras anotarse las 24 listas, se abrirá una fase de negociaciones, acuerdos y eventuales unificaciones en el PJ salteño. Desde el sector afín al gobernador Gustavo Sáenz, no se descartaría la conformación de una lista de unidad. No obstante, indicaron que ninguno de los listados representaría al ala kirchernerista.

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Según está planteado en el cronograma electoral, el reconocimiento oficial de las listas podrá realizarse hasta el 23 de junio. Posteriormente, la presentación de listas de candidatos será del 24 al 27 de junio, etapa en la que deberán conocerse los nombres concretos que competirán por los cargos.

El proceso interno se produce tras una larga disputa por la conducción partidaria cuando, en febrero del 2025, el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito Salta, que hasta entonces estaba liderado por Esteban Amat Lacroix.

A partir de este movimiento, la intervención designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso, pero la decisión fue judicializada. En mayo de 2025, la jueza María Servini declaró inválida la intervención, al considerarla arbitraria, aunque la Cámara Nacional Electoral suspendió ese fallo y el PJ salteño continuó bajo intervención.

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El sector que responde al gobernador Sáenz buscaría conformar una lista de unidad

En febrero de este año, la conducción nacional desplazó a Berni y nombró a Pablo Kosiner al frente del partido. No obstante, las impugnaciones y pedidos de elecciones internas derivaron en una nueva intervención judicial. Fue así que el pasado 15 de mayo, la Justicia Electoral designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, con la misión de normalizar el partido y convocar a internas.

Según el fallo, la magistrada reclamó la falta de actos y/o convocatorias concretas que tuvieran como objetivo normalizar el espacio político. Por este motivo, consideró que la intervención había sido utilizada como una herramienta para provocar un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados.

En línea con esto, recordó que la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Por lo que, en este caso, consideró que funcionó como un “mecanismo abusivo” que no logró resolver los conflictos internos de la jurisdicción.

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A pesar de que dio cuenta de que las autoridades anteriores tenían previsto celebrar las internas el 25 de octubre de este año, la jueza Servini criticó el llamado al calificarlo como tardío en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

En este contexto, señaló que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por esto, dispuso que Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

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Magario frena el avance libertario en el Senado, pero asoma una puja en el PJ por el Consejo de la Magistratura

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La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, convocó a sesionar en la Cámara alta provincial en lo que será la primera sesión ordinaria del 2026. La dilación en las reuniones se da como producto de la compleja convivencia dentro del peronismo que aún persiste por las designaciones en las vicepresidencias del cuerpo, la integración de las comisiones y ahora los futuros representantes del Poder Legislativo dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Pese a ello, con la jornada del próximo miércoles, la presidencia de Cámara logró posponer el pedido de sesión especial que pergeña realizar La Libertad Avanza en acuerdo con otros bloques, tal como sucedió -y se llevó adelante- semanas atrás en la Cámara de Diputados bonaerense, cuando la oposición buscó sesionar para votar proyectos referidos al funcionamiento de IOMA.

El bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta provincial tiene quórum propio. Sin embargo, las diferencias entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, también se trasladan a la dinámica legislativa, al punto que el presidente de la bancada, Sergio Berni, exterioriza sus diferencias con Magario en cada oportunidad que considera pertinente. “Estamos ante una situación inédita, hace sesis meses que no sesionamos”, decía la semana pasada ante periodistas en un desayuno al que convocó por el Día del Periodista. La línea argumentativa fue ratificada esta semana por el senador libertario Diego Valenzuela. El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, asumió la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales el miércoles último. Su designación como presidente fue cuestionada por la senadora cristinista, María Inés Laurini, al considerar que Valenzuela había sido puesto al frente de esa comisión mientras estaba en licencia como senador -ya que el dirigente libertario también se había pedido reserva de cargo en la Cámara alta para asumir un rol dentro del gobierno nacional, en Migraciones, aunque finalmente nunca fue designado y entonces regresó al Senado-. También sugirió que la comisión debía ser presidida por alguien del peronismo, pues el PJ gobierna la mayor cantidad de distritos de la provincia de Buenos Aires. En la reunión de comisión, Valenzuela, planteó que debía ser hacer el reclamo ante las autoridades de la Cámara.

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El senador por LLA, Diego Valenzuela (Gustavo  Gavotti)

Luego del encuentro, enfatizó que “si bien hoy pusimos en marcha la comisión y hay algunas que ya arrancaron, estamos muy demorados. Estamos peor que en la pandemia. Así que estamos considerando desde el lugar nuestro, que somos 10 senadores de La Libertad Avanza, quizá en diálogo con otros bloques que tienen afinidades con lo que hay que hacer con la Provincia, poder avanzar con algún pedido de sesión especial o, bueno, mover la rueda”. Ese día, la vicepresidenta de la Cámara convocó a sesionar para el miércoles próximo. También regresará la apertura de los palcos de prensa en el recinto.

Sin embargo, hay un tema que ronda en el marco de acuerdos no resueltos en la Cámara alta. Son los representantes del Poder Legislativo para el Consejo de la Magistratura provincial. El Senado debe designar siete representantes, de los cuales cuatro serían para el bloque de Fuerza Patria. Hay un problema: en la bancada solo cuentan con tres abogados, condición excluyente para ser parte del órgano que define las ternas para cargos judiciales a cubrir en la Provincia. Los tres abogados son los senadores Sergio Berni —presidente del bloque y referente del cristinismo—, Fernando Coronel —del MDF— y Marcelo Feliú —que se mueve de manera autónoma—. A finales del año pasado, a sabiendas de esta situación, la Legislatura modificó la ley que ordena el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí dispuso que la representación fuera por órgano, más allá de si se tratase de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.

Entonces, lo que se pergeñó semanas atrás para cubrir la cuarta vacante del Senado es que la Cámara de Diputados vote la designación del diputado Mariano Cascallares (cercano a la estructura política de Kicillof). El tema se puso en consideración en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión en Diputados y estaba avanzado que así sería; sin embargo, en medio de la sesión se decidió posponer esa votación, producto de la presión que se ejerció desde el Senado para retener su representatividad. Desde Diputados, las miradas apuntaron al Poder Ejecutivo por haber frenado el preacuerdo alcanzado, en particular a la Secretaría General de Gobierno, Agustina Vila, quien se ocupa de las negociaciones con la Legislatura en nombre del Ejecutivo.

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Kicillof y Magario junto al diputado peronista, Mariano Cascallares

“No creo que los lugares para el Consejo de la Magistratura se vayan a resolver en la sesión de este miércoles. No queda claro cómo es el procedimiento en estos casos. El Senado debería designar a sus representantes y, si falta uno, comunicarlo a Diputados para que cubra la vacante”, planteó un senador de la oposición ante la consulta de este medio.

Diputados sesionó la semana pasada, pero la designación de Cascallares quedó frenada por el momento. Aparece otro tema: “La verdad es que no se sabe cuándo vamos a volver a sesionar en Diputados, cuando tengamos sesión insistiremos de nuevo para votar al representante de la Magistratura, salvo que el gobernador tenga otra idea”, remarcó un diputado del peronismo. El mismo legislador, cercano a Cristina Kirchner, consideró: “Es un problema del MDF, de hecho nosotros que somos La Cámpora íbamos a votar a un diputado del gobernador, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo”. Por lo pronto, el miércoles hay sesión en el Senado bonaerense. Fue convocada a las 13 horas y se pautó como hora de finalización las 23:59, con lo cual nadie descarta que -de mínima- se solicite una prórroga sin hora al momento de dar inicio al encuentro legislativo.

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