El Gobierno enfrenta la chance de moldear la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.

La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora está ante la posibilidad de que se generen tres vacantes para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.

Según deslizaron fuentes judiciales, los jueces en situación de fragilidad son Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integran el tribunal junto a Mariano Llorens, Roberto Boico y Eduardo Farah.

Esta posibilidad se da porque un camarista histórico de la Cámara Federal, Martín Irurzun, cumplirá 75 años el 18 de julio. A esa edad los jueces deben dejar su cargo, según la Constitución Nacional, excepto que consigan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más.

Irurzun pidió hace un año y medio al Ministerio de Justicia que envíe su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo por cinco años. Pero desde entonces el expediente no se movió. Está congelado.

En el medio cambiaron las autoridades del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona por Juan Bautista Mahiques, y el viceministro Sebastián Amerio por Santiago Viola.

Con ello cambió el eje de poder sobre la Justicia, que pasó del asesor Santiago Caputo, que incidía en esa área, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, quien está actualmente tomando las decisiones de la gestión judicial mediante Mahiques y Viola.

La renovación del acuerdo del Senado a Irurzun quedó atrapada en la interna Caputo-Karina, pues en este sector interpretan que el camarista está ligado al juez Ariel Lijo, que compite con el ministro Mahiques por el cargo de la Procuración General de la Nación.

La lógica por la que el pliego quedó congelado, dicen en los tribunales federales, se relaciona con que el karinismo asocia a Irurzun con Lijo y Santiago Caputo, y por eso obtura su continuidad.

En el Gobierno −no obstante− dijeron a que no hay una decisión tomada sobre Irurzun y que elevar su pliego al Senado “está a estudio” y que “todavía hay tiempo”.

Irurzun lleva 32 años como juez de la Cámara Federal; ingresó en tribunales en 1972 y fue el autor de numerosos fallos que sentaron las bases de cambios sustanciales en la forma de interpretar las leyes.

Por ejemplo, firmó sentencias en defensa del derecho a la verdad de las víctimas para avanzar con las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando los indultos impedían seguir adelante.

También fue uno de los impulsores de la doctrina que negaba las excarcelaciones de los exfuncionarios acusados de corrupción, al sostener que ostentaban un poder residual que les permitía hacer desaparecer evidencias o intimidar testigos.

Irurzun fue presidente de la Cámara Federal durante años y dejó su impronta en la gestión del tribunal y se referenció con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.

A coro, altos referentes de los tribunales se reunieron con funcionarios de la Casa Rosada para pedir por Irurzun. Desde altos magistrados hasta camaristas y jueces de primera instancia recorrieron los pasillos del poder.

Muchos de los que lo trataron desde los años 90 en Comodoro Py 2002 llevaron su reclamo a oídos del Gobierno. Por ahora, sin éxito. Pero a ninguno le dijeron que el pliego no iba a prosperar, según cuentan los más optimistas.

El caso de Irurzun es bien diferente al del camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia y cercano al ala karinista del Gobierno.

El pliego del juez Mahiques salió desde el Ministerio de Justicia al Senado, que le dio entrada y la semana pasada ya tuvo su audiencia en Comisión. Allí se aprobó el dictamen para darle nuevo acuerdo y solo resta que ahora se vote en los próximos días para que el camarista siga en el cargo cinco años más.

Nada de este proceso comenzó para Irurzun. El recorrido demanda que el Poder Ejecutivo decida publicar sus antecedentes, que se abra un período de adhesiones e impugnaciones y finalmente que se decida enviar el pliego al Senado. Debería convocarse el cuerpo para darle ingreso, luego de una semana tratarlo en Comisión y, si obtiene dictamen, pasarlo al recinto para su votación.

Si el proceso no se inicia en los próximos 15 días, no hay tiempo material para que se dé la renovación de su acuerdo, calculan en los tribunales.

Pero no está dicha la última palabra. Irurzun, en la Sala II junto con Roberto Boico, tiene causas sensibles, como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde está procesado el exfuncionario Diego Spagnuolo, luego de que se revelaran audios en los que el exabogado de Milei mencionaba supuestos retornos dirigidos a Karina Milei.

Si llega el 18 de julio e Irurzun no obtuvo acuerdo, debería dejar su cargo para acogerse a la jubilación y quedaría su cargo vacante en la Sala II de la Cámara Federal.

En la Cámara Federal hay otros dos cargos que están en una situación frágil. Son los que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales a sus cargos en la Cámara Federal. La Corte dijo en un fallo que se debían hacer concursos para elegir jueces definitivos que ocupen los cargos de todos los jueces trasladados.

Pero los concursos no se hicieron, excepto el de Bruglia y Bertuzzi. Ambos fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su reclamo, denunciando que el Estado argentino solo busca removerlos y que está en riesgo su estabilidad como magistrados y su independencia.

El Gobierno (en la gestión de Cúneo Libarona) se avino a intentar una solución amistosa y cerrar el asunto, sin mayores consecuencias para el Estado argentino. Pero ese intento de solución amistosa se abortó. Ahora, con la dupla Mahiques-Viola en el Ministerio de Justicia, se multiplicaron los rumores acerca de que se busca acelerar el concurso para reemplazar a estos jueces.

En el Gobierno afirmaron que el concurso está avanzado. “El concurso está en el Consejo de la Magistratura, en etapa de definición. Se habían elevado en los últimos dos años tres o cuatros propuestas de orden de mérito definitivo pero no se consiguieron los votos”, dijo una fuente oficial a .

En los tribunales creen que la historia previa que hay entre Bruglia, Bertuzzi y el ahora viceministro Viola ayuda a acelerar los tiempos para forzar la salida de los camaristas.

Es que Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento del entonces abogado Viola, acusado de armar testigos falsos para perjudicar al juez Sebastián Casanello e inventar que el magistrado visitaba a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos.

Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en un juicio abreviado donde admitieron que mintieron para perjudicar a Casanello. Corizzo admitió ante el fiscal Carlos Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola.

Viola fue luego sobreseído por esas acusaciones por la Cámara Federal de Casación, por un fallo de los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

Toda esta historia no ayuda a las aspiraciones de Bruglia y Bertuzzi de permanecer en sus cargos. De avanzar este concurso y en caso de que no se le dé un nuevo acuerdo a Irurzun, es probable que el Gobierno tenga entonces tres vacantes en la estratégica Cámara Federal para ocupar con candidatos afines o los que negocie con la oposición.

Mario Ishii, vicepresidente primero del Senado bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, presentó este lunes un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por un plazo de 18 meses.

La iniciativa, de acuerdo con el documento al que accedió , establece en su artículo 1°: “Declárase la Emergencia Alimentaria y nutricional en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires por el plazo de dieciocho (18) meses”. Según el texto, el objetivo es “garantizar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para personas en situaciones de vulnerabilidad social”.

El proyecto propone que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo y dispone un incremento “en forma inmediata y progresiva” de las partidas destinadas a comedores escolares, Servicios Alimentarios Escolares (SAE), comedores comunitarios y merenderos, y programas de asistencia alimentaria directa.

Además, contempla la actualización automática bimestral de los montos asignados a estos programas “l índice de precios al consumidor (IPC)” y la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria y nutricional, integrado por partidas presupuestarias, aportes extraordinarios del Tesoro provincial, recursos de organismos nacionales e internacionales y donaciones.

El texto también prevé la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control, con representación de ambas cámaras legislativas, y establece que el Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria, el alcance de los programas y la cantidad de beneficiarios.

En los fundamentos, Ishii sostuvo que la iniciativa apunta a dar respuesta a “la profunda crisis social imperante en la Provincia de Buenos Aires”, en un claro mensaje a Kicillof.

Planteó que “resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social”, en lo que introduce un cuestionamiento sobre la asignación actual del gasto.

El dirigente advirtió sobre el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Señaló que “la caída del poder adquisitivo resulta evidente” y que distintos relevamientos muestran una “contracción del salario real”, lo que afecta la capacidad de los hogares para acceder a alimentos. También mencionó un “escenario de extrema gravedad social” y un aumento sostenido de la vulnerabilidad.

En ese marco, indicó que el acceso a una alimentación adecuada “ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural”, con impacto especialmente en niños, adolescentes, adultos mayores y trabajadores informales.

El documento también alerta sobre el endeudamiento de los hogares: un informe citado señala que “el 91,7% de las familias argentinas se encuentra endeudada”, en muchos casos para la compra de alimentos. A la vez, menciona la caída del consumo y el cierre de más de 33.500 pymes y comercios durante 2024, con efectos en el empleo y la actividad económica.

En el plano jurídico, el proyecto invoca normas constitucionales y tratados internacionales que reconocen el derecho a la alimentación. En ese sentido, sostiene que “la declaración de la emergencia alimentaria constituye una respuesta institucional urgente frente a un contexto de agravamiento del hambre y la desigualdad”.

“El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas”, concluye el texto, que solicita el acompañamiento legislativo para su aprobación.