La entrada en vigencia de la Ley 10,889 obliga desde este miércoles a bancos y entidades financieras de Costa Rica a asumir la responsabilidad directa por el dinero sustraído de cuentas de sus clientes a través de fraudes electrónicos, incluso cuando no exista culpa o negligencia de la institución. Esta reforma introduce una inversión en la carga de la prueba: ahora serán los bancos quienes deberán demostrar que actuaron conforme a estándares de seguridad y que no hubo fallas internas, transformando de raíz el equilibrio entre consumidores y entidades del sector financiero del país centroamericano.

En 2025, el Organismo de Investigación Judicial registró 10,027 denuncias por estafas electrónicas en Costa Rica, lo que representa un aumento del 41 % en comparación con el año anterior. El promedio diario de casos ascendió de 19 a 27 en ese período, consolidando a este delito como una de las amenazas principales para la seguridad financiera. La aprobación parlamentaria de la Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, el pasado 4 de marzo, respondió precisamente a este contexto de escalada del fraude y contó con el apoyo de diversas fracciones legislativas.

Con la publicación de la Ley 10,889 en el diario oficial La Gaceta, bancos públicos y privados están obligados a indemnizar a los usuarios cuando se compruebe la existencia de fraude electrónico, estafas o transferencias no autorizadas a terceros, independientemente de la existencia de culpa de la entidad. Esta obligación solo deja exento al banco si logra evidenciar que el caso corresponde a autofraude, dolo del cliente o transferencias entre cuentas del mismo titular, siempre que pueda acreditarse con pruebas técnicas y un informe que deberá remitirse tanto al Organismo de Investigación Judicial como a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

El procedimiento de reclamo requiere que el usuario afectado presente la gestión ante el banco en los 30 días naturales siguientes al incidente, acompañada de una denuncia previa ante el OIJ. A partir de ahí, el banco dispone de 30 días naturales para investigar y resolver, con posibilidad de una prórroga única de hasta diez días hábiles si informa oportunamente al usuario. Durante la investigación, el banco debe probar el cumplimiento de estándares de seguridad, analizar patrones de comportamiento, dispositivos, métodos de autenticación y cualquier actividad atípica.

El plazo para devolver fondos en caso de resolver a favor del usuario es de diez días naturales. En esos casos, el banco debe eliminar todo cargo o interés asociado al fraude y reintegrar los importes descontados, junto con intereses. Además, está obligado a bloquear de inmediato productos financieros implicados y emitir comprobantes de la gestión con fecha y hora.

Si la entidad no resuelve el reclamo en los plazos fijados, pierde el derecho a rechazarlo y debe restituir obligatoriamente los fondos. La normativa fija sanciones económicas para el banco que incumpla los plazos: deberá pagar una compensación equivalente a un salario base al afectado.

La legislación también define el delito de autofraude, que sanciona la simulación de una estafa para lograr un beneficio económico, con penas que van de dos meses hasta diez años de prisión, según el monto involucrado.

En materia de supervisión, la SUGEF asume la tarea de validar los rechazos de reclamos emitidos por los bancos, dentro de diez días hábiles desde su recibo. Si la Superintendencia no ratifica el rechazo, la entidad debe restituir los fondos o reabrir la cuenta en diez días hábiles; solo si lo ratifica, el usuario puede acudir a la vía judicial.

La ley exige canales de atención permanente (24/7), protocolos ágiles de respuesta ante fraudes y el fortalecimiento de equipos de ciberseguridad.

Las nuevas obligaciones afectan tanto a bancos tradicionales como a fintech y startups financieras, que deberán cumplir requisitos elevados en monitoreo, seguridad y gestión de reclamos. El resultado inmediato podría ser un aumento en las barreras de entrada para emprendimientos emergentes, favoreciendo a actores ya consolidados en el sector.

La Superintendencia General de Entidades Financieras deberá emitir y actualizar, al menos una vez al año, regulaciones de seguridad para prevenir estafas, ajustando su marco a estándares internacionales. El Banco Central de Costa Rica debe fortalecer los mecanismos de seguridad en sus plataformas y colaborar en prevención e investigación de delitos.

La reforma legal convierte a Costa Rica en un referente en derecho digital y protección al consumidor financiero, dado que pocos países en América Latina han adoptado estamentos similares. Sin embargo, la rapidez de transformación de los esquemas de fraude, junto con la digitalización y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial generativa para ataques personalizados, plantean el reto de que la regulación pueda mantenerse actualizada y eficaz.

La normativa contempla plazos transitorios de hasta seis meses para que entidades y supervisores adapten sus procedimientos y protocolos de atención a víctimas de fraude. Su aplicación concreta dependerá de la emisión de reglamentos técnicos, desarrollo institucional y la capacidad de ajustarse a un entorno donde la sofisticación del fraude digital avanza más rápido que la elaboración de nuevas leyes.

La posibilidad de que Estados Unidos revise su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas tras declaraciones de Donald Trump generó una fuerte reacción en la prensa británica. Medios como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian destacaron el impacto de esta advertencia, surgida a partir de un correo interno filtrado del Pentágono en el que se menciona la opción de castigar al Reino Unido por su postura sobre el conflicto con Irán.

El periódico The Sun informó que Trump podría examinar la postura estadounidense respecto a la soberanía británica sobre las “Falkland Islands” (nombre que dan los británicos a las Malvinas) como represalia por la negativa del Reino Unido a permitir el uso de sus bases en el contexto del reciente conflicto con Irán. La publicación resaltó que la información proviene de documentos internos del Pentágono, donde se exponen posibles medidas contra aliados que, a juicio del expresidente estadounidense, no respaldaron a Estados Unidos en acciones militares.

De acuerdo con The Telegraph, la filtración reveló que Washington considera “penalizar” a socios de la OTAN reticentes a apoyar la ofensiva en Oriente Medio. Entre las sanciones evaluadas figura “la revisión del respaldo a la reclamación británica” sobre las Malvinas, lo que supone un giro en la tradicional alianza entre ambos países y reaviva el debate sobre la soberanía del archipiélago en el Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina.

Daily Mail amplió que el Pentágono valora alternativas para sancionar a los miembros de la OTAN que no colaboraron con Estados Unidos en la guerra contra Irán, citando como ejemplo la posible suspensión de España de la Alianza Atlántica y la reconsideración del apoyo diplomático a las “posesiones imperiales europeas”, entre ellas las Malvinas. El medio remarcó que la postura estadounidense se encuentra detallada en mensajes internos donde se expresa frustración por la negativa de algunos aliados a conceder permisos de sobrevuelo y uso de bases militares.

El análisis de The Independent subrayó la tensión entre la administración de Trump y el gobierno británico encabezado por Keir Starmer, a quien el expresidente norteamericano calificó de “cobarde” por no sumarse al operativo militar en Irán. El periódico recordó que la opción de revisar la posición estadounidense sobre las Malvinas fue propuesta como una forma de represalia por la falta de apoyo británico, según la información filtrada.

The Guardian abordó el tema al contextualizar la situación de España en la OTAN y recogió que el correo interno del Pentágono plantea la posibilidad de que Estados Unidos deje de respaldar la soberanía británica sobre las islas, como parte de un paquete de medidas de presión. El diario también mencionó la persistente disputa entre el Reino Unido y Argentina por el control del archipiélago, escenario de un conflicto armado en 1982 que causó la muerte de aproximadamente 650 soldados argentinos y 255 británicos.

En este contexto, The Sun citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Donald Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”. La controversia se produce en un momento donde la relación diplomática entre Londres y Washington atraviesa una etapa marcada por la desconfianza y la incertidumbre sobre el futuro de los compromisos bilaterales.

Según los reportes, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene en su web que las islas se encuentran bajo administración del Reino Unido, pero son reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, mantiene una relación cercana con Trump. Este dato añade un matiz al escenario internacional, donde las declaraciones del exmandatario estadounidense se interpretan como un intento de presionar a sus aliados europeos.

Las publicaciones británicas coinciden en señalar la gravedad del mensaje emitido por el entorno de Trump, que pone en tela de juicio el tradicional respaldo estadounidense a la reivindicación británica sobre las Malvinas/Falkland Islands. La filtración de estos documentos internos del Pentágono, revelada inicialmente por Reuters y reproducida por la prensa británica, expone la fragilidad de ciertas alianzas históricas ante el nuevo escenario geopolítico.

U.S. economic pressure on Iran has reached one of its most powerful points in decades, but inconsistent enforcement has prevented sanctions from achieving their full impact, according to a former Treasury sanctions expert.

Miad Maleki, who played a central role in Treasury Department sanctions campaigns against Iran and its network of proxy groups, said in an on-camera interview the current moment reflects a rare convergence of economic, political and diplomatic leverage against Tehran.

«We’ve never had the level of leverage that we have today with Iran in the history of our conflict … since 1979,» Maleki said. 

His assessment comes as President Donald Trump signaled escalating pressure Thursday, writing on Truth Social that the United States has «total control over the Strait of Hormuz» and that it is effectively «sealed up tight» until Iran agrees to a deal.

IRAN PRESIDENT VOWS DEFIANCE AS PROTESTS BUILD AGAINST REGIME AMID US MILITARY BUILD UP

Maleki argues the current moment marks a turning point because multiple pressure tools — sanctions, a U.S. naval blockade, and tighter enforcement — are being applied simultaneously for the first time in years. Unlike previous cycles, he said, the strategy is now directly targeting Iran’s oil exports and the networks that help move them, raising the risk of a rapid economic squeeze.

He said Iran may run out of oil storage in as little as two to three weeks, forcing production cuts, while gasoline shortages could hit on a similar timeline due to heavy reliance on imports. Combined with an estimated $435 million in daily economic losses, the pressure could spill into the financial system, leaving the regime struggling to pay salaries and raising the risk of renewed unrest.

Maleki said the real leverage lies in sustained economic pressure and enforcement.

At the core of that pressure is an Iranian economy he describes as «on the verge of collapse,» driven by years of sanctions and compounded by recent disruptions.

He pointed to triple-digit food inflation, a sharply devalued currency and a roughly 90% collapse in purchasing power, along with potential long-term oil revenue losses of up to $14 billion annually.

Maleki, who is currently a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies, estimated that current conditions are costing Iran «about $435 million a day in combined economic damage … with the blockade and closure of the Strait of Hormuz.»

A key driver of that pressure is the Strait of Hormuz, long viewed as one of Iran’s primary tools of leverage in global energy markets. Maleki said the dynamic has shifted.

IRAN IS ‘TRYING TO GIVE THE GLOBAL ECONOMY A HEART ATTACK’ BY CLOSING STRAIT OF HORMUZ, UAE MINISTER SAYS

Former President Donald Trump weighs a potential attack on Iran’s oil hub at Kharg Island amid expert predictions of market chaos. (Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

«Iran’s economy relies on the Strait of Hormuz more than any other economy,» he said, calling its closure a form of «economic self-sabotage.»

While countries in Asia — including Japan, South Korea, India and China — are most exposed to disruptions, many have built up reserves. «Japan’s oil reserve is pretty significant. Same with China,» Maleki said.

Still, the region remains heavily dependent on the waterway, with roughly 75% of liquefied natural gas supplies for countries including India, China and South Korea flowing through the strait.

Inside Iran, however, vulnerabilities are more immediate. Despite vast oil reserves, the country imports between 30 million to 60 million liters of gasoline per day to cover a domestic shortfall of up to 35 million liters.

«If they run out of gasoline… they’re going to have a major crisis domestically,» Maleki said, noting that past shortages and price hikes have triggered widespread protests.

NUCLEAR EXPERTS WARN IRAN’S URANIUM ‘RIGHT’ IS A MYTH, SAY TRUMP IS RIGHT TO HOLD FIRM

The economic pressure is being reinforced by a U.S. naval blockade targeting Iran’s oil exports, the regime’s primary source of revenue.

A billboard showing a portrait of the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in U.S.-Israeli strikes, looms over an empty square in Tehran, Iran, Thursday, March 5, 2026. (Vahid Salemi/AP Photo)

A senior administration official said the Treasury Department is intensifying enforcement under what it describes as an «Economic Fury» campaign, using financial and maritime tools in tandem to squeeze Iran’s revenue streams.

The official said the strategy focuses on «systematically degrading Iran’s ability to generate, move, and repatriate funds,» including by constraining maritime trade through the naval blockade, which targets Iran’s primary source of revenue from oil exports.

Financial pressure is also expanding globally. The official said Treasury has warned banks in China, Hong Kong, the United Arab Emirates and Oman that facilitating Iranian trade could expose them to secondary sanctions, signaling a more aggressive approach to enforcement beyond Iran’s borders.

Treasury has issued sanctions on more than 1,000 targets since 2025 under the current maximum pressure campaign, the official said, aimed at disrupting Iran’s oil trade and financial networks.

The official added that Iran is facing immediate logistical constraints, warning that storage capacity at Kharg Island — the country’s main oil export terminal — could be filled within days if exports remain blocked, potentially forcing production shut-ins.

«Treasury will continue to freeze the funds stolen by the corrupt leadership on behalf of the people of Iran,» the official warned.

A new analysis from United Against Nuclear Iran said the blockade is already deterring high-value shipments, even as some Iran-linked vessels continue to transit the region.

TRUMP CLAIMS IRAN ‘STARVING FOR CASH,’ ‘COLLAPSING FINANCIALLY’ AFTER EXTENDING CEASEFIRE

Iran seized two oil tankers Thursday while former Iranian minister Ezzatollah Zarghami threatened to make the Strait of Hormuz a «massacre and hell» for U.S. forces. (Giuseppe Cacace/AFP)

«Effectiveness should not be measured by the total number of Iran-linked vessels at sea,» the group said in an April 22 statement. «But by whether the U.S. is disrupting high-value Iranian oil exports… and deterring large-scale illicit shipments.»

At least 29 vessels have been turned around or forced back to port, including several very large crude carriers, according to the report.

The blockade, announced April 12 and enforced by U.S. Central Command, is designed to cut off Iranian crude exports, particularly shipments to China, while prioritizing high-impact targets.

While sanctions are clearly biting, Maleki said their impact has been limited by inconsistent enforcement across successive U.S. administrations.

U.S. sanctions on Iran have been in place in various forms for years, targeting the country’s oil exports, banking sector and access to global financial systems.

Under the Obama administration, sanctions pressure was partially lifted under the nuclear deal. The first Trump administration reimposed «maximum pressure,» but enforcement ramped up gradually and lasted only a limited period. The Biden administration later eased enforcement in pursuit of diplomacy.

He argued that cycles of tightening and relief — including sanctions rollback under the Iran nuclear deal and pauses in enforcement — have allowed Tehran to adapt.

«What’s different now,» Maleki said, is the combination of sustained sanctions with real-time enforcement measures that directly restrict Iran’s ability to export oil — a step that was largely absent in earlier phases.

To maximize pressure, Maleki said Washington must sustain enforcement, particularly through secondary sanctions targeting foreign banks and companies facilitating Iranian trade.

Crucially, he downplayed the likelihood that outside powers could offset the pressure.

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Anti-regime protests engulf the streets of Tehran, Iran, on Jan. 6, 2025. (Reuters)

«I can’t really point to any other nation… that is going to jump in and give the Iranian regime a lifeline,» he said.

«At some point in the next few weeks to a few months, they’re going to face not just gasoline shortages and oil production disruptions, but also a major banking problem to pay salaries of government employees and IRGC personnel,» he said. «Iranians run out of patience again, as they did before, and they’re back on the street. I’m not quite sure if you’re going to have unpaid IRGC forces willing to go back on the street and kill their fellow Iranians who have the same grievances that they have now, which is a collapsed economy.»