POLITICA
En medio de la interna peronista en PBA, Máximo Kirchner tendrá actividad política en Santa Fe
El diputado nacional Máximo Kirchner realizará una gira por el sur de la provincia de Santa Fe durante este fin de semana en medio de la interna peronista. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, iniciará la presidencia del PJ bonaerense.
El dirigente kirchnerista viajará durante este viernes y sábado. Primero recorrerá una fábrica de adoquines en la localidad de María Teresa junto al presidente comunal Gonzalo Goyechea.
Después viajará a Puerto General San Martín, donde realizará una recorrida junto al intendente Carlos De Grandis. Allí se espera que tenga una reunión con dirigentes y vecinos, donde hablarán de la situación socioeconómica.
Según pudo saber Infobae, se trata de compromisos que tenían acordados del año pasado y que el diputado no viajó. Sin embargo, aclararon que no se trata de una recorrida de cara a las elecciones del próximo año, aunque sí se da en el marco de la fuerte interna que se vive en la provincia de Buenos Aires con Kicillof.
En ese marco, tras varias idas y vueltas, este viernes el mandatario provincial comenzará su camino en la presidencia del Partido Justicialista bonaerense con una reunión del Consejo del partido para el viernes 24 de abril a las 14 horas en La Plata. Será el primer encuentro de la gestión Kicillof.
De acuerdo con la comunicación dirigida a los integrantes del Consejo, la cita está programada para las 14:00 en la sede partidaria ubicada en calle 54 número 618 de la capital bonaerense. El orden del día contempla la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria, la ratificación de las resoluciones N° 1 y 2 de Presidencia, la consideración del acta de la reunión anterior y el tratamiento de nuevas afiliaciones.
En el documento de la convocatoria, firmada por la apoderada María Sol Berriel, se remarca que uno de los puntos centrales será la distribución de cargos dentro del Consejo Provincial, lo cual será definitorio de la correlación de fuerzas internas del peronismo bonaerense. También se incluye, como cierre del temario, el análisis de la coyuntura política. Allí, Kicillof desplegará argumentos conocidos: el desfinanciamiento por parte del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y el rol que debe tener el PJ bonaerense al respecto. El encuentro del PJ provincial se dará luego de la asunción de los distintos presidentes —en su mayoría intendentes— de los PJ locales.
El acuerdo sellado para que Kicillof sea el nuevo presidente partidario y que el saliente Máximo Kirchner pase a estar al frente del Congreso partidario no calmó las diferencias internas dentro del peronismo. Kicillof llegará a la reunión del PJ con distintas demandas internas, que pueden volver a materializarse este viernes.
Los antecedentes de las últimas horas evidencian que las diferencias persisten y que desde el cristinismo -que tiene presencia en el consejo del partido, pese a que Máximo Kirchner no es más el presidente- volverán a pedir que el partido se pronuncie en pos de la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. El mensaje que la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, envió al grupo de intendentes del PJ es una clara señal.
Como se filtró, la dirigente que responde a CFK le envió una pronta recuperación al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, operado en Barcelona por una apendicitis. Según pudo reconstruir este medio, fue Kicillof quien inició la conversación, a lo que los distintos intendentes le deseaban una mejoría al funcionario.
Allí, Mendoza intervino: “Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador». Mayra Mendoza ocupa una consejería dentro del PJ de Kicillof por la Tercera sección electoral.
Al momento del recambio de autoridades en el mes de marzo, el PJ bonaerense también definió las nuevas consejerías. Son 47 consejerías titulares, repartidas por sección electoral -8 secciones-; además de cuatro lugares, cinco lugares por cada rama (de la Mujer, Gremial y Juventud). Allí la composición es heterogénea, pero hay cierta preponderancia de los nombres referenciados en Kicillof. Sin embargo, la presencia del kirchnerismo está garantizada con apellidos como el de la senadora provincial, Fernanda Raverta; la diputada nacional Constanza Alonso; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout; la diputada provincial Soledad Alonso y sus pares Ariel Archanco, Santiago Révora, Avelino Zurro, entre otros.
Asimismo, pese a la instalación de agenda que intentan los distintos referentes cristinistas y las diferencias persistentes con el esquema de Kicillof, puede haber algún tipo de entendimiento político -no personal- al momento de las definiciones electorales que, admiten desde ambos campamentos, será recién en 2027. Hoy el diálogo está roto.
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: las restricciones a periodistas en Casa Rosada y la caída de bonos argentinos
El presidente Javier Milei confirmó este jueves que acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición del próximo miércoles en el Congreso. “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, confirmó. También dijo que irá por la reelección y brindó detalles de su encuentro con el empresario estadounidense Peter Thiel.
Adorni dará su informe de gestión el próximo 29 de abril, que se estaba preparando en Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela.
La decisión de Milei de acompañarlo es una clara muestra de respaldo en un momento donde el funcionario se encuentra bajo la lupa por la investigación penal por enriquecimiento ilícito que pesa sobre él tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes.
La Cámara del Trabajo otorgó este jueves efecto suspensivo a la apelación que había hecho el Estado nacional contra la medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral, por lo que la normativa vuelve a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Así lo dispusieron los camaristas de la Sala VIII María Dora González y Víctor Pesino, quienes dejaron en suspenso el fallo en primera instancia del juez Horacio Ojeda que había hecho lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la reforma.
UNO POR UNO TODOS LOS PUNTOS ACÁ.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió a través de su cuenta en la red social X sobre la presencia de Peter Thiel, el magnate tecnológico estadounidense con quien Javier Milei se reunió en la Casa Rosada, y lo calificó como parte del “eje del mal”.
“Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor», escribió Carrió en X y siguió: “Hay que buscar qué es Palantir [una de las empresas del magnate]. Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal”.
Por fuera (o a causa) de los tropiezos políticos, sociales y económicos del Gobierno han empezado a pasar cosas que, de a poco, alteran la dinámica política nacional, hasta ahora hegemonizada por los éxitos y desaciertos del oficialismo libertario. Nada que amenace la estabilidad ni la gobernabilidad, pero algo que sí modifica el escenario y el horizonte.
Después de ser el partido del poder, de dos décadas de hegemonía kirchnerista, de perder cinco de las últimas seis elecciones nacionales y con el más bajo nivel de representación legislativa y el menor control territorial desde la recuperación a la democracia, el peronismo se mueve, se agita y se retuerce en busca de no terminar como una confederación declinante de fuerzas provinciales y de volver a ser una alternativa de Gobierno.
Goldmund entró en concurso preventivo. La empresa fabricante de los electrodomésticos de marca Peabody busca reestructurar un pasivo que incluye a 497 acreedores y garantizar su continuidad operativa.
La medida fue dictada por el Juzgado Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, un mes después de que la compañía presentara su solicitud. Se da en un contexto en el que desde Goldmund identificaron una pérdida de competitividad local, una “retracción de la actividad económica” y una elevada “tensión financiera”.
El riesgo argentino sufrió hoy un marcado y generalizado castigo en un mercado global sensibilizado por la frágil tregua en Medio Oriente y ante datos que confirmaron que la economía local no despega.
Los bonos de la deuda más referenciales cerraron en rojo y los papeles de empresas locales que cotizan en Wall Street se desvalorizaron de forma mayoritaria, con caídas que llegaron, en el caso de Globant, al 9%.
Esto último condicionó al S&P Merval, que cayó un 2,31% (-2,57% medido en dólares al tipo de cambio implícito), negociando $281.000 millones en renta variable, con retrocesos que se ubicaron entre el 4% y casi el 7% entre los bancos: -4% Banco Macro; -4,4% Grupo Financiero Galicia; -5,1% Grupo Supervielle y -6,2% BBVA Argentina, por ejemplo.
POLITICA
La Corte Suprema resolverá sobre la crisis desatada entre el Poder Judicial de Santa Cruz y el gobernador
La Corte Suprema de la Nación resolvió intervenir en el conflicto institucional que atraviesa Santa Cruz y analizará la constitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia provincial, en medio de una fuerte disputa entre el Poder Judicial y el gobernador Claudio Vidal.
La decisión fue tomada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la recusación presentada en su contra y ordenaron que se remitan de manera urgente todas las causas vinculadas al conflicto.
“Requerir al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que, con carácter urgente, remita las actuaciones principales y todos los incidentes vinculados con la causa 917/2025 en la que se dictó sentencia definitiva el 17 de diciembre de 2025”, señalaron los magistrados.
De esta manera, el máximo tribunal nacional se abocará a revisar el escenario judicial en torno a la ley que amplió de cinco a nueve miembros el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, así como las decisiones posteriores adoptadas por la justicia provincial.
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El origen del conflicto se remonta a agosto del año pasado, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley 3949 impulsada por el oficialismo con el argumento de “modernizar y agilizar el funcionamiento del máximo tribunal local”. A partir de esa norma, el gobernador envió ternas para cubrir los nuevos cargos, aunque solo dos postulantes lograron ser designados: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó Vidal durante el acto de jura.
Sin embargo, poco después, cuatro de los integrantes del tribunal declararon nula esa designación al considerar que el procedimiento no cumplía con los requisitos constitucionales. “La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostuvieron en una resolución que profundizó la crisis.
El Gobierno provincial cuestionó con dureza esa decisión y acusó a los magistrados de responder al kirchnerismo. En ese marco, Vidal denunció la existencia de un “golpe judicial” y apuntó contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
El conflicto escaló aún más cuando el propio tribunal santacruceño declaró la inconstitucionalidad de la ley que había ampliado su integración, lo que derivó en una fuerte tensión entre los distintos poderes del Estado provincial.
Ante ese escenario, el gobernador acudió a la Corte Suprema para pedir su intervención al sostener que la justicia local “actúa de forma destituyente”. También presentaron recursos los jueces involucrados, en un contexto en el que se acumulan distintas causas vinculadas al mismo tema.
Con esta decisión, la Corte nacional centralizará el análisis del conflicto y podría dictar un fallo clave sobre los límites entre los poderes provinciales y la validez de la reforma judicial en Santa Cruz.
Una disputa de larga data
“Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición”, aseguró el gobernador y apuntó contra la conformación actual del Tribunal Superior de Justicia: “Son antidemocráticos y anticonstitucionales”.
En el Gobierno están convencidos de que hay una decisión política de la Justicia de “no dejarlos gobernar”. Ahí apuntan directamente contra el entorno de la exgobernadora Alicia Kirchner. “Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al gobierno de la provincia”, afirmó el mandatario, quien consideró que existe una estrategia coordinada para frenar la gestión.
“El tema es que esa mayoría automática jugó corporativamente”, indicó a TN un dirigente cercano a Vidal. Y agregó: “Ademas tiene el apoyo del gremio de judiciales de Santa Cruz. Ellos presentaron la medida cautelar”.
En cuanto al Tribunal Superior provincial, hay algunas particularidades. Uno de los vocales que no dejan asumir es Sergio Acevedo, un hombre con una larguísima trayectoria política en Santa Cruz. Fue intendente, vicegobernador, gobernador, legislador provincial, diputado nacional y ahora vocal del TSJ. Acevedo estuvo además a cargo de la SIDE apenas asumió Néstor Kirchner como presidente.
Acevedo terminó peleado con el kirchnerismo y alejado de la política partidaria, por eso luego se acercó a las filas del Gobernador Claudio Vidal.
Santa Cruz, Justicia, Kirchnerismo
POLITICA
La denuncia del Gobierno contra periodistas contradice la propia normativa interna que impuso Milei
El sorpresivo cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada significó una adaptación de las reglas que el propio gobierno de Javier Milei impuso hace un año para el trabajo de los periodistas acreditados en el palacio presidencial.
Las autoridades justificaron la medida en la necesidad de “garantizar la seguridad nacional”, en sintonía con una denuncia penal por espionaje ilegal que presentó la Casa Militar contra periodistas del canal TN que tomaron imágenes sin solicitar autorización en áreas comunes del edificio.
El escrito judicial argumentó que aquella acción «se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada».
La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”. Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.
Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.
El Gobierno aludió a otro párrafo de la misma normativa que habla de conductas “indecorosas o temerarias” que alteren “el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones”. En esos casos la Secretaría de Medios “podrá suspender o revocar la acreditación otorgada y el acceso” del responsable.
“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, escribió el secretario de Medios, Javier Lanari, para explicar el castigo generalizado. Milei avaló el mensaje con un posteo en el que añadió: “NOLSALP”, las iniciales de la expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
La denuncia que firmó Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, considera que la grabación que hizo el periodista Ignacio Salerno, de TN, «representa una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación». Es decir, reclama enmarcarlo en un caso de espionaje ilegal, con penas de prisión.
Salerno presentó el domingo pasado un informe en el programa “¿Y mañana qué?“, conducido por Luciana Geuna, en el que mostró imágenes del patio de las palmeras, escaleras internas y despachos que tenían la puerta abierta. Son todos espacios comunes, de paso cotidiano para los periodistas destinados a la Casa Rosada. La filmación la hizo con unos anteojos inteligentes y así aparecía declarado en el video difundido.
La nota -de poco más de un minuto- se titulaba “Guerra de despachos en la Rosada” y es una crónica en la que no se ven espacios reservados. Se hablaba de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y la única persona que aparece en cámara fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Salón de los Bustos, mientras salía del edificio. En la edición se añadieron imágenes indisimuladamente generadas con inteligencia artificial de Santiago Caputo y Lule Menem, además de una infografía 3-D del exterior de la Casa Rosada.
“El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro alguno la actividad de la sede principal del Gobierno Nacional a través de una grabación subrepticia. En el graph colocado en la parte superior izquierda de la pantalla, la producción del programa explicitó que la inspección ocular y la filmación clandestina se habrían concretado mediante la utilización de lentes inteligentes”, sostiene la presentación judicial de Ibáñez.
Destaca, además, que el periodista reconoció al aire que no habían pedido autorización para filmar y que hablaba en voz baja, señal de que era una “actividad furtiva”.
Ibáñez considera que puede aplicarse el artículo 222 del Código Penal, que reprime con pena de reclusión o prisión de uno a seis años, al que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”. O, en su defecto, podría caber el artículo 223, que prevé una pena de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo para el que “por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.
El texto describe las directivas establecidas en el reglamento interno. Menciona la prohibición de filmar en zonas no habilitadas, pero sin aclarar que la revocación de una acreditación podrá considerarse en caso de reincidencia (y solo limitada al periodista acusado). Especifica que a Salerno se lo suspendió de manera preventiva por la cláusula sobre “conductas indecorosas o temerarias” que “alteran el normal funcionamiento de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno”.
Al avanzar en el terreno penal considera que debe investigarse “las verdaderas razones que motivaron este proceder”. Y pide que se determine si hay más grabaciones aún no publicadas. “Debe tenerse presente que una de las denunciadas manifestó su voluntad de ‘hacer cien mil capítulos’; es decir, de continuar con la inspección ilegal en la Casa Rosada, o de difundir otras imágenes ya obtenidas de esa manera”, escribió el funcionario.
Hace alusión a un comentario de Geuna, que en referencia a la interna del oficialismo señaló: “Dice capítulo uno, porque imaginate que podemos hacer cien mil capítulos”.
El canal TN expresó, ante la denuncia del Gobierno, que la producción del programa “está poniendo a disposición del juzgado, a través de sus abogados, el material en crudo de todas las grabaciones, que demuestra que se hicieron en lugares comunes y espacios públicos, de acuerdo a la normativa vigente”. También aportará “material fotográfico y de vídeo de muchas otras coberturas previas que pone en evidencia que esos lugares han sido registrados y reproducidos con anterioridad por numerosos medios de comunicación sin ningún tipo de consecuencia”.
Ibáñez, en cambio, denuncia que “las imágenes difundidas exhiben la disposición física de los espacios internos de la Casa de Gobierno: básicamente, revelan la ubicación de accesos restringidos, puertas de seguridad, pasillos de circulación y rutas de evacuación. Con esta información, un actor hostil a la República Argentina podría identificar puntos ciegos y elementos vulnerables para acceder de forma no autorizada, o para planificar un ataque».
También dice que “la divulgación del material obtenido puede exponer el rostro, la vestimenta y la ubicación habitual de agentes encargados de la custodia, incluyendo el personal que actúa de forma reservada”. En lo difundido solo se ve a Adorni, a la distancia y de espaldas.
La prohibición de acceso a todos los acreditados fue avalada por Milei en las redes sociales con una serie de mensajes publicados a lo largo del día. También avaló la denuncia penal y no se privó de insultar a Geuna y a Salerno.
sorpresivo cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada,Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios,escribió el secretario de Medios, Javier Lanari,https://t.co/iSHpW7Gt0l,April 23, 2026,https://t.co/huXibNRSgD,April 23, 2026,Periodismo,Javier Milei,Conforme a,Periodismo,,Críticas. Fuerte condena de entidades periodísticas contra la prohibición de ingreso de la prensa a la Casa Rosada,,Ante el agravio gratuito y enajenante,,»Fue la sorpresa final que tenía guardada». Cómo Francisco digitó la elección de su sucesor, el papa León XIV
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