Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de “Reparación Histórica Malvinas”, que propone otorgar un beneficio económico excepcional a exsoldados conscriptos que participaron en combate durante la guerra de 1982, así como a civiles que cumplieron funciones de apoyo en el Teatro de Operaciones.

“Malvinas es memoria y también una deuda que la democracia tiene que saldar. Por eso, junto a @AldoAdolfoLeiva presentamos este proyecto de Reparación Histórica que reconoce a quienes, siendo muy jóvenes, fueron enviados a la guerra y cargaron durante décadas con el abandono, el dolor y el silencio”, enfatizó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien presentó el proyecto junto a su colega Aldo Leiva, veterano de Malvinas.

El proyecto fue acompañado por una veintena de diputados de Unión por la Patria.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, indicaron.

Según propone el proyecto, el monto debe equivaler a 104 haberes mínimos jubilatorios, a pagarse en 24 cuotas actualizadas por movilidad, exento del Impuesto a las Ganancias. En caso de fallecimiento, el beneficio podrá ser percibido por familiares directos bajo un esquema de prioridades y distribución.

La iniciativa establece además que quienes accedan al beneficio deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos vinculados a pensiones previas y dispone que la implementación estará a cargo de Anses, con certificación del Ministerio de Defensa. El objetivo es ampliar el universo de reconocimiento, incluyendo también a las familias de los excombatientes, muchas de las cuales cargaron con las consecuencias del conflicto.

En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de una deuda pendiente de la democracia con quienes combatieron siendo muy jóvenes y luego enfrentaron años de abandono estatal, secuelas físicas y psicológicas, y dificultades de reinserción social. También destaca que, si bien hubo avances desde 2004 en materia de reconocimiento, aún persiste la necesidad de una reparación integral que salde el desamparo de las primeras décadas y honre el sacrificio de los veteranos y sus familias.

El Gobierno mantuvo este viernes, por segundo día consecutivo, la decisión de prohibir el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, un hecho con escasos precedentes.

El cierre sorpresivo de la sala de periodistas aún no tiene fecha definida para que se revierta, pese a que fuentes oficiales insisten en que el bloqueo es “momentáneo”.

La decisión se tomó en medio de una fuerte escalada de ataques de Milei contra la prensa. La prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50 y motivó un fuerte rechazo de entidades periodísticas y dirigentes opositores.

El Gobierno argumentó que les quitó el permiso para acceder a los representantes de todos los medios a raíz de la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, por una grabación en pasillos de la Casa Rosada. La propia normativa interna del Ejecutivo considera una falta filmar en zonas no autorizadas y solo en caso de reincidencia lo penaliza con el retiro de una acreditación.

Pese a eso, en las últimas horas Milei intensificó sus ataques contra los periodistas en las redes sociales.

En medio de esos movimientos, que se conocieron este jueves, en las últimas horas se reprogramó la reunión de la mesa política que estaba prevista para esta mañana.

Según pudo saber , las autoridades optaron por postergar el encuentro, que iba a ser encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por razones de agenda, ya que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, debía viajar a Paraguay.

La reunión se postergó hasta al lunes, cuando se encontrarán alrededor de la mesa del despacho de Adorni, en la planta baja de Casa Rosada, además del ministro coordinador y Bullrich: la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía); el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

La presencia de Bullrich, espada libertaria en la Cámara Alta, es central para los fines de la reunión que apuntan a definir la estrategia para el tratamiento del proyecto de ley de reforma electoral, que el Gobierno envió este miércoles al Congreso. Allí, la primera parada será el Senado, para luego pasar a Diputados.

Se trata de una de las principales aspiraciones del Gobierno para este año, de cara a los comicios del 2027. Su tratamiento es considerado una “prioridad” en la cúpula del Ejecutivo, pero hasta ahora el oficialismo no tendría garantizado los apoyos necesarios para aprobar la reforma.

La idea de la reunión es avanzar con el delineado de la estrategia, en especial luego de conocer las primeras reacciones adversas de la oposición afín tras el envío de la letra completa del proyecto.

En el oficialismo son conscientes, entre otros puntos, que habrá dificultades para conseguir votos de la oposición de temas como la eventual derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero confían en que podrán negociarlo o, “al menos” lograr su suspensión para 2027.

La eliminación de las PASO, en el que ni la UCR, ni Pro, acompañarían con los votos que necesita el oficialismo, es junto a los cambios en el financiamiento de los partidos políticos, los dos puntos centrales del proyecto para el oficialismo.

Para lograr la mayor cantidad de apoyos posibles, Bullrich ya inició los primeros contactos con pares de otras bancadas. Y en base a eso también se espera que entre en escena la labor de Santilli, en diálogo permanente con los gobernadores, cuyos votos serán centrales. Con varios de ellos se iría reuniendo en los próximos días y semanas, tanto en Balcarce 50 como en distintas visitas a provincias.

En la mañana de este viernes, de hecho, se reunió con Leandro Zdero, de Chaco, junto a Karina Milei y Lule Menem, repitiendo una imagen que también se dio con Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

El panorama legislativo, saben, podría complejizarse aún más en el paso por Diputados, pero esa estrategia recién se encaminará una vez visto lo sucedido en Senado.

Una Casa Rosada sin periodistas

La decisión de cerrar la sala de prensa en la Casa Rosada fue consensuada en la cúpula del Gobierno, según intentaron explicar a este diario fuentes al tanto de lo conversado.

El disparador de la medida, aseguraban, fue el material difundido por la señal TN, que el domingo mostró imágenes de los pasillos de la sede de Gobierno, grabadas, a priori sin autorización, a través del uso de anteojos con inteligencia artificial.

El propio mandatario había encadenado insultos contra los periodistas que lo tomaron y difundieron. Lo hizo a través de su cuenta de X en una acción que prosiguió incluso durante toda la jornada de ayer. Esos insultos se encadenaron a otros que ya venía profiriendo el mandatario.

Ese mismo material fue, a su vez, objeto de una denuncia penal por presunto espionaje. El jefe de la Casa Militar, el general de montaña Sebastián Ibáñez, presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La forma en que se obtuvo ese material y lo que mostró sobre el interior de Balcarce 50 forman parte de la presentación de nueve páginas que Ibáñez materializó ante la Justicia. Y hacia allí apuntaron en el transcurso de este jueves las justificaciones respecto de por qué se prohibía el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas.

Sin embargo, tal como publicó ayer el escrito judicial argumentó que aquella acción “se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada».

La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”.

Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.

Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.

Fuentes de Balcarce 50 argumentaron que la Casa Militar llevaba adelante “medidas” tendientes a determinar aspectos relativos a la grabación y al posible material que tendrían los periodistas en base a una frase del programa “Y mañana qué”, en la que se deslizó que habrían otras tomas. Por eso, aseguraron, se habían suspendido “provisoriamente” los ingresos.

“La Casa Militar tiene que hacer medidas de prueba, hay detalles técnicos”, dijo una de las voces consultadas, que además explicó que “se tomarán algunos días” y que necesitan “la Casa vacía para hacer trabajos de investigación”. No dieron mayores detalles de los mismos o su extensión en el tiempo.