En los últimos días, el debate económico volvió a centrarse en un eje clásico: si la inflación es compatible con el crecimiento o si lo destruye. Mientras el presidente Javier Milei sostiene que la inflación es siempre perjudicial, algunos economistas advierten que reducirla rápidamente puede frenar la actividad. La discusión, lejos de ser meramente ideológica, cuenta con décadas de desarrollo teórico y evidencia empírica.

El núcleo de la discusión reside en si bajar la inflación garantiza mayor crecimiento económico o si, por el contrario, la desinflación rápida puede acentuar la recesión. La literatura económica internacional y los datos recientes en Argentina muestran que el vínculo entre inflación y crecimiento es complejo, no lineal y depende del contexto, los niveles alcanzados y las expectativas de los agentes económicos.

La literatura especializada destaca que no existe una relación simple ni universal entre inflación y crecimiento. Estudios empíricos coinciden en que el vínculo es no lineal y depende de las particularidades de cada país. Algunas investigaciones concluyen que, a partir de ciertos umbrales, la inflación comienza a afectar negativamente el crecimiento. En países en desarrollo, se identifican “niveles críticos” por encima de los cuales el impacto sobre la actividad es claramente adverso.

En el corto plazo, la evidencia resulta aún más ambigua. Trabajos clásicos, como los de Sebastián Edwards, encuentran que en América Latina la relación entre expansión monetaria (y por ende inflación) y crecimiento puede ser positiva en algunos casos, pero inexistente en otros. No hay, por tanto, una ley universal que vincule inflación y crecimiento en el corto plazo.

Existen, incluso, situaciones puntuales donde la inflación muestra efectos positivos sobre el crecimiento en determinados períodos, lo que refuerza la idea de una relación altamente dependiente del contexto. La perspectiva heterodoxa, predominante en estos estudios, pone el foco en la “inercia inflacionaria”, es decir, la persistencia de la suba de precios aun cuando cambian las condiciones iniciales.

No obstante, existe una explicación alternativa, sólida desde el punto de vista teórico, vinculada a los rezagos de la política monetaria. La persistencia de la inflación suele responder a la rigidez de contratos nominales (salarios, alquileres, tarifas, acuerdos comerciales) que se ajustan con demora, y a los retardos de la política monetaria, definidos por Milton Friedman como “prolongados e irregulares”.

Esto implica que los efectos de una política monetaria contractiva (o expansiva) no se reflejan de inmediato en los precios: las demoras son variables y difíciles de anticipar. Por eso, incluso cuando se corrigen las causas fiscales o monetarias, la dinámica inflacionaria puede persistir por los mecanismos de transmisión imperfectos.

Un elemento clave adicional es la demanda de dinero. En contextos de estabilización, si los agentes reducen abruptamente su disposición a mantener saldos monetarios—por ejemplo, ante cambios de expectativas o pérdida de confianza—se genera un exceso de oferta de dinero respecto a su demanda, que rápidamente se canaliza hacia bienes, servicios o activos, presionando sobre los precios.

En términos simples, aunque la autoridad monetaria deje de emitir, una caída brusca en la demanda de dinero puede acelerar transitoriamente la inflación o demorar su desaceleración, al aumentar la velocidad de circulación.

Este punto es especialmente relevante en una economía bimonetaria como la argentina, donde la demanda de pesos y de dólares compite en la cartera de los agentes. Cuando crece la preferencia por dólares, disminuye la demanda de pesos. Una compra masiva de dólares implica la liquidación de posiciones en moneda local, generando una caída de la demanda de pesos que actúa como un shock monetario contractivo “por el lado de la demanda”, elevando la velocidad de circulación y presionando sobre los precios en pesos, incluso sin expansión de la base monetaria.

Este mecanismo resulta útil para interpretar dinámicas recientes. La fuerte dolarización observada en septiembre y octubre de 2025, en un contexto de reacomodamiento de expectativas, probablemente redujo de manera significativa la demanda de pesos. Los rezagos de transmisión señalados por Friedman explican que parte de ese efecto se manifestara meses después, lo que contribuye a que la inflación se haya alcanzado 3,4% mensual en marzo de 2026.

A este fenómeno monetario se sumaron factores adicionales de carácter puntual pero relevantes: ajustes de tarifas públicas rezagadas; factores estacionales, como subas en alimentos -en particular, carne- y en educación; y un shock en los precios internacionales del petróleo.

En este punto, suele discutirse el origen exclusivamente monetario de la inflación. La heterodoxia, ante estos factores, sostiene la “multicausalidad”. Sin embargo, podría ser más preciso considerar que no se trata de causas independientes, sino de distorsiones que vuelven más prolongados e irregulares los rezagos de la política monetaria. No alteran necesariamente el origen último del fenómeno, pero sí su dinámica temporal y velocidad de convergencia.

El comportamiento reciente de la economía argentina confirma estos mecanismos. El “apretón monetario” implementado en 2025 para enfrentar la creciente demanda de dólares se tradujo en una fuerte contracción de la liquidez en pesos, estabilizando el frente cambiario pero generando enfriamiento de la actividad y caída del consumo, con pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones en un contexto de aceleración transitoria de la inflación.

Más recientemente, se observan señales de cambio. El relajamiento de la política monetaria y la compra sostenida de dólares por parte del BCRA indican una reversión del proceso previo de sustitución de monedas: aumenta la demanda de pesos en detrimento de la de dólares, reduciendo presiones inflacionarias asociadas a la caída en la demanda de dinero.

A esto se suma la rebaja de encajes bancarios y la instauración del “corredor de pases” del BCRA, instrumento para ordenar las tasas de interés de corto plazo y facilitar su descenso. Este esquema favorece la recomposición del crédito y la liquidez.

De sostenerse estas condiciones, es esperable que, en los próximos meses, se observe una reversión gradual de la dinámica contractiva previa: recuperación de la actividad, mejora del consumo y recomposición del poder adquisitivo, mientras la inflación se desacelera hacia niveles internacionales en un plazo más breve de lo previsto inicialmente.

En definitiva, el mismo mecanismo monetario que amplificó la desaceleración debería ahora operar en sentido inverso, acompañando una fase de recuperación.

En el largo plazo, la evidencia converge con mayor claridad. La mayoría de los estudios empíricos y la tradición monetarista -desde Milton Friedman hasta Thomas Sargent-sostienen que inflaciones altas y persistentes terminan deteriorando el crecimiento económico.

Las razones son conocidas: distorsión de precios relativos, menor inversión y horizonte de planificación, aumento de la incertidumbre y caída de la profundidad financiera. Adicionalmente, en contextos de alta inflación, la relación entre emisión y precios se torna más evidente.

Modelos clásicos como los de Thomas Sargent y Neil Wallace vinculan directamente la inflación con el déficit fiscal persistente. Estudios recientes sobre Argentina remarcan que la consolidación fiscal es condición necesaria para bajar la inflación, aunque puede generar fricciones en el proceso.

La evidencia no es concluyente respecto de cuál estrategia es superior. Los programas de “shock” pueden reducir la inflación rápidamente, pero suelen tener costos iniciales en la actividad. Los enfoques graduales tienden a suavizar esos costos, aunque prolongan el proceso.

En este contexto, la evidencia sugiere que reducir la inflación es condición necesaria para el crecimiento sostenido, pero el proceso de desinflación puede implicar costos de corto plazo y su velocidad dependerá, sobre todo, de la credibilidad del programa económico y de la elección entre un enfoque gradual o una “terapia de shock”.

Un ajuste gradual suele generar una recesión más extensa, con caída prolongada del salario real y menor inversión. Si el déficit no se corrige rápidamente, el financiamiento vía emisión se mantiene, alimentando la inflación y neutralizando el esfuerzo antiinflacionario.

Paradójicamente, intentar bajar la inflación lentamente puede resultar contraproducente: si los agentes perciben inconsistencia, pueden anticiparse y provocar una aceleración mediante una corrida cambiaria. El riesgo central del gradualismo es no lograr coordinar un cambio brusco de expectativas, imprescindible para romper una dinámica inflacionaria alta. Sin ese quiebre, la inflación tiende a persistir y el programa puede fracasar o resultar más costoso.

El autor es Economista

En los últimos meses, buena parte de la discusión sobre la deuda argentina, sobre si el país está o no en condiciones de volver a construir el acceso al mercado, se concentró en diferentes planos que van más allá del mero tamaño del pasivo.

Mientras la mirada general suele enfocarse en el volumen de la deuda, la composición del stock, tanto en dólares como en pesos, recibe mucha menos atención, aunque en ella pueden estar ocurriendo transformaciones estructurales de peso.

A primera vista, la dinámica de la deuda no explicaría por sí sola los niveles de índice de riesgo país elevado que hoy reflejan los precios. El stock bruto aumentó 7,7%, desde USD 453.000 millones en diciembre de 2025 hasta USD 488.000 millones en marzo de 2026, pero, medido como porcentaje del PBI, incluso mostró una leve mejora.

La deuda bruta se ubicaría en torno al 77,2% del PBI, por debajo del 78,1% de diciembre. Si se excluyen las tenencias intra sector público, como las que mantienen el Banco Central de la República Argentina y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la deuda neta en manos privadas se reduce a 42,3% del PBI.

En este contexto, surge una paradoja: si bien los indicadores de deuda argentinos no lucen desalineados frente a otros emisores que sí conservan acceso al financiamiento, Argentina continúa operando con un índice de riesgo país alto y sin una ventana plena para regresar a los mercados internacionales de deuda.

Una hipótesis es que esa prima de riesgo no responde solo a los fundamentals cuantitativos, sino también a una persistente brecha de credibilidad. Así, el mercado no valora únicamente cuánto debe Argentina, sino cuán sostenible considera ese esquema a futuro. Esa distinción explica por qué, aun con números que parecen mejorar, el acceso permanece restringido.

Una revisión integral de la sostenibilidad de la deuda implica analizar tanto la porción en moneda extranjera como el segmento en pesos. Es en esta última donde empiezan a observarse movimientos en la estructura de financiamiento que llaman la atención. Al enfocar en la deuda en moneda local, el debate deja de centrarse tanto en el volumen de vencimientos, que parecen gestionables, y pone énfasis en los cambios en la composición del financiamiento.

Se destaca una variable clave: la extensión de la vida promedio del stock de deuda en pesos. Esto supone desplazar vencimientos hacia adelante, disminuyendo la concentración de pagos en el corto plazo y bajando las vulnerabilidades de rollover. El resultado es una posición financiera más saludable, mientras que no hacerlo obliga a refinanciar montos crecientes en lapsos muy breves, debilitando el esquema.

Aunque la vida promedio del stock de deuda cayó con fuerza en 2025 y se acercó a 1,5 años, paralelamente se observa una mejora en la desindexación del stock. La proporción de deuda indexada, que llegó a representar cerca de 99% al inicio de la actual administración, habría descendido hacia 56% a fines de enero. Este movimiento reduce la sensibilidad a choques de inflación o variaciones abruptas en el tipo de cambio, aporta previsibilidad y fortalece la sostenibilidad del esquema.

Las últimas licitaciones indican un intento por combinar ambos objetivos: volver a extender duration sin resignar la mejora en la composición. Parte de la estrategia admite una recomposición parcial del componente indexado para estirar plazos, procurando un equilibrio entre rollover, duration e indexación. Así, en las dos últimas subastas del Ministerio de Economía, no se ofrecieron instrumentos de corto plazo, ni siquiera aquellos ajustados por inflación.

En cambio, sí se incluyeron bonos CER de mayor duration, con vencimientos en 2027 y 2028; en esos instrumentos se convalidó un premio frente a los precios del mercado secundario, y participaron de modo relevante en las colocaciones: representaron 23% de la primera licitación de abril y 54% de la última subasta de marzo.

En medio de una crisis energética global, Argentina empieza a ocupar un lugar destacado en el mapa internacional: durante el primer trimestre de 2026, el sector alcanzó un superávit comercial récord de USD 2.405 millones, según el Indec. El país avanza hacia un rol clave como exportador en un mercado cada vez más competitivo.

La demanda de energía en Europa enfrenta restricciones severas. La Unión Europea pide a sus ciudadanos que trabajen desde casa, al menos un día por semana; reduzcan la velocidad en las autopistas, compartan el auto y eviten los vuelos cortos, con el objetivo de disminuir el consumo energético ante la vulnerabilidad del abastecimiento.

La inquietud predominó en CERAWeek, el principal evento de la industria petrolera internacional realizado el mes pasado en Estados Unidos. Según Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, el foco ya no está en el precio del barril, sino en los “flujos físicos”, es decir, el movimiento real de combustibles y electricidad a través de las infraestructuras mundiales de transporte, almacenamiento y producción.

Sawan advirtió que el impacto de la crisis energética comenzó en Asia, con un “efecto dominó” que partió del sur y se expandió hacia el sudeste y el noreste, alcanzando a Europa en pocas semanas. Afirmó que los esfuerzos gubernamentales para compensar la caída de la oferta resultan insuficientes ante la magnitud del desafío.

El barril de Brent, que hace apenas unos meses cotizaba cerca de los USD 60, trepó hasta los USD 104,84. Analistas proyectan una estabilización en torno a los USD 100 mientras dure el conflicto en Oriente Medio.

En ese contexto, la diversificación de proveedores dejó de ser una aspiración estratégica para convertirse en una necesidad estructural. “La seguridad nacional ya no es posible sin seguridad energética”, sentenció el CEO de Shell.

En encuentros como CERAWeek y otras reuniones sectoriales, la presencia de Vaca Muerta resulta cada vez más relevante. La formación neuquina se destaca por su capacidad para sostener la producción nacional de petróleo y gas, cumpliendo dos condiciones clave: estar alejada de zonas geopolíticamente inestables y disponer de recursos suficientes para abastecer la demanda local por más de un siglo en petróleo y más de dos en gas natural.

La consultora Rystad Energy tiene un proyección optimista para el país. Bajo condiciones de precios sostenidos, Vaca Muerta podría alcanzar 1 millón de barriles diarios producidos antes de 2030, con un techo estimado de 1,8 millones de barriles de petróleo/día para 2035. El principal destino proyectado es China, que podría convertirse en comprador sostenido del crudo neuquino a partir de 2027.

Un dato central que ilustra el nuevo posicionamiento argentino: Alemania, uno de los países más afectados por la crisis de suministro en Europa, firmó un contrato por más de USD 7.000 millones para importar gas natural licuado (GNL) argentino.

La contraparte local es el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Por parte de Alemania, la empresa estatal Securing Energy for Europe (SEFE) fue creada específicamente para garantizar el abastecimiento energético del país ante la crisis desatada primero por la guerra en Ucrania y ahora profundizada por el conflicto en Medio Oriente.

El convenio establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, a partir de fines de 2027. Ese volumen cubrirá cerca del 80% de la capacidad operativa del primer buque licuador, el Hilli Episeyo, que operará frente al Golfo San Matías, en Río Negro. La iniciativa Argentina LNG contempla una segunda fase con un nuevo buque de licuefacción, el MKII, y un gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con la costa patagónica. Con ambas unidades operativas, la capacidad conjunta alcanzaría unas 6 millones de toneladas anuales.

Aunque las proyecciones colocan a Vaca Muerta como proveedor confiable en los próximos cuatro o cinco años, los resultados actuales ya son positivos. Según datos del Indec, en el primer trimestre de 2026 las exportaciones energéticas totalizaron USD 2.837 millones, mientras que las importaciones cayeron 35,7%, hasta USD 432 millones. Esa combinación determinó un superávit histórico.

En marzo, el saldo positivo del sector llegó a USD 1.090 millones: la mayor marca para un mes individual desde que se tiene registro. Las exportaciones energéticas de ese mes crecieron un 23,2% interanual, hasta USD 1.235 millones, impulsadas por un aumento en volúmenes exportados del 29,1%, aunque con una leve baja en precios internacionales del 4,5%.

El resultado energético fue parte de un contexto comercial general robusto: la balanza comercial total registró un superávit de USD 2.523 millones en marzo, consolidando 29 meses consecutivos de saldos positivos para la economía argentina.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) advirte que el país se encuentra ante una ventana de oportunidad definida por la evolución de la demanda global. Las proyecciones muestran que el consumo de petróleo continuará en alza hasta mediados de la próxima década, para luego iniciar un descenso gradual. En el caso del gas natural, los escenarios coinciden en que el consumo seguirá creciendo hasta 2050, impulsado por el reemplazo del carbón.

“Por primera vez en la historia disponemos de recursos para abastecer la demanda local y, a la vez, conformar una plataforma de exportación a gran escala destinada a abastecer la demanda mundial”, sostiene el informe de la CEPH.

En el escenario más expansivo, con pozos de shale oil creciendo al 11% anual y mayor capacidad de licuefacción, las exportaciones energéticas podrían alcanzar USD 27.945 millones para 2030 y USD 41.758 millones para 2035, con un saldo positivo de USD 37.678 millones en ese último año. Para llegar ahí, se requerirían inversiones de entre USD 12.000 millones y USD 21.000 millones anuales en la próxima década.

Sudamérica también ampliará la oferta: Brasil, con Petrobras, y Guyana, con proyectos liderados por ExxonMobil, también sumarán en conjunto 2,1 millones de barriles diarios adicionales al mercado global en los próximos años.

El principal cuello de botella, en un escenario de máxima producción, es la infraestructura. El proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que une Vaca Muerta con el mar rionegrino a lo largo de más de 400 kilómetros, se encuentra en etapa avanzada y permitirá evacuar toda la producción petrolera de la cuenca neuquina, incrementando en un 70% la posibilidad de transporte y duplicando la capacidad actual de la zona núcleo.

En el ámbito regulatorio, la CEPH propone extender los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) a toda la producción hidrocarburífera, eliminar retenciones a las exportaciones y reducir la carga fiscal en las cuencas productoras. Los primeros proyectos de licuefacción fueron posibles gracias a estos incentivos; su extensión podría potenciar el salto de escala.

El propio Mike Wirth, CEO de Chevron, sintetizó el escenario en CERAWeek: “el reto de Argentina ya no es geológico, sino institucional y de infraestructura. Los recursos existen; la incógnita es si el marco regulatorio, la logística y la política de inversiones acompañarán a tiempo una oportunidad que el mercado internacional, hoy más que nunca, está dispuesto a aprovechar”.