POLITICA
El Gobierno carga la agenda del Congreso con reformas sensibles mientras enfrenta el caso Adorni

Con un frente político y económico adverso, el Poder Ejecutivo busca reordenar la agenda pública desde el Congreso. En las últimas semanas envió al Senado un paquete de reformas sensibles -electoral, salud mental, discapacidad, propiedad privada, nombramientos judiciales y un acuerdo con bonistas-, todas con niveles de apoyo aún inciertos.
El movimiento se da en paralelo a un contexto incómodo para el oficialismo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue bajo la lupa judicial y política por la compra de dos propiedades desde que asumió y por gastos personales -como viajes al exterior y vuelos privados- realizados junto a su pareja. Sus cuentas son investigadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y, además, deberá este miércoles responder preguntas en el Congreso durante una sesión informativa en Diputados.
No será su primera exposición reciente. Semanas atrás, Adorni ya había enfrentado preguntas en una conferencia con periodistas acreditados en la Casa Rosada, donde intentó dar explicaciones sobre su situación patrimonial. Lejos de cerrar el tema, la intervención dejó nuevos cuestionamientos y anticipa un clima tenso para su paso por el recinto.
El frente económico tampoco ofrece alivio. La inflación de marzo fue del 3,4% -un dato que el propio Javier Milei calificó como “malo”- y se sumó otra señal negativa: la actividad económica se contrajo en febrero. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), un indicador que elabora el Indec para medir la evolución de la economía mes a mes, la actividad cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La baja estuvo impulsada principalmente por la industria y el comercio.
En ese contexto, el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa política con una ofensiva legislativa de alto impacto. En el oficialismo hablan de “dosificar” los proyectos para sostener la atención pública y evitar que se diluyan rápidamente. La estrategia incluye concentrar el envío de iniciativas en el Senado, donde los libertarios consideran que tienen un terreno algo más favorable que en Diputados.
Sin embargo, las resistencias aparecen incluso dentro del propio esquema aliado. El paquete sobre propiedad privada -que incluye cambios en los desalojos, en la ley de expropiaciones para que el mercado fije las indemnizaciones, una flexibilización de la ley de tierras que habilita mayor participación extranjera y modificaciones en la ley de manejo del fuego- genera reparos. También el proyecto que busca desarmar la emergencia en discapacidad, una política que esos mismos aliados habían respaldado el año pasado para sostener los aranceles de los prestadores como transportistas, terapistas y hogares protegidos.
La reforma política y electoral es otro foco de conflicto. Pro, la UCR y bloques provinciales rechazan la eliminación de las PASO, que utilizan para ordenar sus internas. A eso se suma, entre otros puntos, el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos: el proyecto eleva del 2% al 3% del padrón el piso mínimo en elecciones consecutivas, un cambio que podría dejar fuera de competencia a varias fuerzas.
Ante ese escenario, el oficialismo evalúa avanzar primero con iniciativas menos conflictivas. Entre ellas, la ratificación de acuerdos con dos fondos de inversión que litigaron contra la Argentina, Bainbridge y Attestor. Se trata de convenios de pago que implican una quita superior al 30% de la deuda reclamada y que permitirían cerrar juicios abiertos en el exterior. A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.
El punto clave es el plazo: si el Congreso no aprueba estos acuerdos antes del 30 de abril, se caen las condiciones negociadas y el conflicto judicial podría reactivarse en condiciones menos favorables para el Estado.
En paralelo, el Senado podría avanzar en comisiones con la reforma de la ley de salud mental, que busca agilizar los procesos de internación en situaciones de riesgo. Y, en el recinto, con una serie de pliegos judiciales y diplomáticos. Entre ellos figura la prórroga por cinco años del juez Carlos “Coco” Mahiques, que alcanzará en noviembre los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para ejercer el cargo.
Mientras Diputados se prepara para una sesión atravesada por las explicaciones de Adorni, el oficialismo en el Senado evalúa abrir un frente paralelo con avances legislativos en un intento por repartir el foco de atención.
April 21, 2026,se contrajo,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Reforma política: no más ficha sucia,,»Hoy más que nunca». El mensaje de Villarruel sobre la soberanía de las Islas Malvinas,,El Gobierno promulgó la ley de glaciares a dos semanas de su sanción en Diputados
POLITICA
Fracasó un paro contra la reforma previsional en Entre Ríos: más del 70% de los docentes asistió a clases

Un paro propuesto por distintos gremios en Entre Ríos, en protesta contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, movilizó a apenas 2.000 personas en Paraná este jueves. Como muestra del fracaso que representó la medida para los sindicatos, el 70% de los docentes de la provincia asistió a clases.
La protesta fue liderada por AGMER, que contó con el apoyo de otros gremios estatales, como ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y SADOP, además de partidos políticos de izquierda.
Según un cálculo del gobierno provincial, los sindicatos montaron un operativo que incluyó la contratación de al menos 15 colectivos, además de autos particulares y remises para forzar la presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Estiman que el costo de los vehículos pagados por los gremios fue de más de 30 millones de pesos.
De todos modos, y a pesar de los esfuerzos materiales para poner gente en las calles, el paro contó con una adhesión más que limitada. De acuerdo a datos del Consejo General de Educación (CGE), más del 70% de los docentes asistió a las aulas durante la jornada, lo que permitió el desarrollo normal de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.
En qué se centra la reforma previsional de Frigerio

Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.
Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.
En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.
Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.
Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.
En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.
Si bien el propio Frigerio encabezó las reuniones con sindicatos y partidos opositores desde un comienzo, las negociaciones no parecen estar llegando a buen puerto.
Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso el mes pasado, al conocer los detalles de la propuesta: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.
Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”.
A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.
Este jueves, los sindicalistas intentaron paralizar la provincia, pero la medida de fuerza no tuvo el éxito que esperaban.
POLITICA
Principio de acuerdo entre LLA y el PRO para armar una alianza en provincia de Buenos Aires: las dudas con la UCR

El PRO y La Libertad Avanza se pusieron de acuerdo en dos decisiones clave para ganar la provincia de Buenos Aires en 2027: armar una alianza juntos, lo más amplia posible, y que Diego Santilli sea el candidato a suceder a Axel Kicillof. Pero también hay actores que dificultan la tarea. Por un lado, los movimientos de Mauricio Macri, que suponen cierta aspiración por volver a la Casa Rosada, y la falta de definiciones por parte de la UCR bonaerense, envuelta en una interna interminable.
“En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”, dijo Ritondo durante una entrevista con Infobae al Amanecer, en referencia al PRO y la UCR, referenciada en Maximiliano Abad. También ratificó que el mejor posicionado para ser el candidato que encabece la lista de esa alianza es Santilli. Según pudo saber este medio, en el entorno de Sebastián Pareja —armador bonaerense designado por Karina Milei— coinciden con el diagnóstico. Advierten que la posibilidad de que la elección se desdoble, más el panorama económico complejo, los obliga a redoblar los esfuerzos para acordar una estrategia.
¿Santilli debería pintarse de violeta como hizo Patricia Bullrich para ser el candidato? Hay voces en La Libertad Avanza que lo sugieren. No solo porque Karina Milei prefiere postulantes puros, sino también porque la posibilidad de que Macri sea candidato a presidente complicaría el panorama. El expresidente encabezó un acto en Chaco en clave electoral y dejó trascender una reunión con el CEO de Techint, Paolo Rocca, en la que conversaron sobre las próximas elecciones y la necesidad de que exista una alternativa a Javier Milei.

“Mauricio entiende que el cambio es más importante que cualquier ambición personal”, respondieron en el PRO bonaerense. Pero los gestos de Macri encienden alarmas en varios territorios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Karina Milei ya definió que no habrá alianza con Jorge Macri y que apostarán a la marca pura. En paralelo, los integrantes de Provincias Unidas (Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba) reconocen que el exmandatario sería un buen presidenciable para la avenida del medio. La posibilidad de revivir Juntos por el Cambio no desapareció.
En el Ministerio del Interior aseguran que Santilli conserva la intención de ser gobernador, pero evitan cualquier definición electoral. Dicen que está “abocado 100%” a la función que le encomendó el Presidente. El Colo compitió en las últimas tres elecciones en la provincia y ganó dos veces frente al peronismo: en 2021 dentro de Juntos por el Cambio y en 2025 con La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por el escándalo con Federico Machado, hombre vinculado al narcotráfico. “Es natural que le interese”, dicen.
Las internas

El acto que realizó ayer La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Suipacha sirvió como una bendición para Santilli, pero, además, una muestra más de apoyo de Karina Milei a Pareja, quien protagoniza una fuerte interna con los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, espacio cercano a Santiago Caputo, a raíz de la denuncia por hostigamiento y amenazas en redes sociales.
En su entorno, Pareja asegura que la derrota del 7 de septiembre tuvo que ver con la obligación de ordenar la interna libertaria bonaerense. Dicen que priorizó poner en las listas a dirigentes orgánicos que respondan a las necesidades del espacio. “Es inconcebible que vuelva a pasar lo mismo”, suele deslizar. Es por eso que, asegura, está dispuesto a apoyar la candidatura de Santilli y trabajar por la unidad opositora, aunque con algunas advertencias hacia el PRO.
Además de la interna con Las Fuerzas del Cielo, Pareja arrastra cierto malestar con el partido amarillo. En la elección del 7 de septiembre, varios intendentes rompieron y se fueron al armado de centro de Somos Buenos Aires, como el caso de Pablo Petrecca, de Junín, y los hermanos Passaglia, en San Nicolás. Pero lo que más enfurece al aliado de Karina Milei es que Petrecca volvió al espacio y hoy preside el bloque del PRO en el Senado bonaerense. “Tienen que ordenar el lío”, se queja.
“El PRO de la Provincia está más ordenado de lo que muchos creen”, responden en el partido amarillo y, como ejemplo, mencionan la lista de unidad que lograron para la renovación de autoridades. No reniegan de la estrategia de los intendentes para retener su territorio y retrucan a La Libertad Avanza: “Que se preocupen por ordenar la tropa propia, que viene generando mucho ruido este tiempo”.

Un capítulo aparte es la UCR bonaerense. En 2025 sufrieron una fuerte derrota en la elección provincial y, en la nacional, ni siquiera participó el sello. En junio esperan resolver la renovación de autoridades y planean presentar sus propios candidatos, lo que podría complicar los planes de La Libertad Avanza con el PRO.
Ritondo convocó a negociar con Abad, el dirigente con más peso de la UCR, mientras que entre los libertarios aseguran que muchos intendentes del partido centenario están desesperados por sumarse al espacio para no perder sus distritos. “Igual vamos a respetar las negociaciones con las autoridades”, advierten.
Consultados por la posibilidad de que Santilli protagonice la oferta opositora, respondieron con contundencia: la UCR va a proponer un candidato a gobernador y 135 a intendente. Como adelantó Infobae, el propio Abad analiza lanzarse en Mar del Plata. “Después del fracaso de 2025 tenemos que enfocarnos en reconstruir el partido”, dicen.
Quienes conocen los tiempos de Abad saben que esperará hasta último momento para llegar a una definición que satisfaga las necesidades y pretensiones de la UCR. Sobre todo en un contexto en el que hay una incertidumbre fuerte por la crisis económica y social que atraviesa el país. Un allegado al senador nacional le deslizó una chicana: “¿Te ves con Dante Gebel?”. El pastor evangélico podría reemplazar a su exaliado y outsider Facundo Manes. La respuesta fue rápida: “No hay que descartar nada”.
POLITICA
El Gobierno de Córdoba promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches, limpiavidrios y las picadas

El Gobierno de la provincia de Córdoba promulgó el viernes pasado la ley que reforma al Código de Convivencia. Y que introduce penas de arresto de hasta seis días y nuevas figuras contravencionales para prohibir la actividad de cuidacoches ilegales -llamados en dicha provincia como “naranjitas”-, limpiavidrios no autorizados y picadas vehiculares, en un intento de regular el espacio público y abordar problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana.
La Ley 11.117 fue publicada en el Boletín Oficial cordobés y, según el Artículo 13, “comenzará a regir a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba”.
Además, obliga a los municipios a actualizar sus ordenanzas, redefine las funciones policiales e incorpora programas sociales y de capacitación.
La norma sancionada a comienzos de este mes fue aprobada con 51 votos a favor y 19 en contra, con un respaldo mayoritario del oficialismo y objeciones de sectores como el juecismo, el liberalismo y la izquierda.
Qué dice la ley
El articulado dispone el arresto de seis días para quienes, sin autorización municipal, exijan dinero por estacionamiento y tres días para quienes superen la tarifa oficial o trabajen en áreas no habilitadas, aun si tienen permiso. Esta sanción también se aplicará a los limpiavidrios que ofrezcan su servicio en la vía pública.
La reincidencia, la actuación en grupo, el uso de menores, la explotación de personas vulnerables y la operación en zonas sensibles serán consideradas agravantes y darán lugar a penas más graves.
El Código de Convivencia renovado incluye la problemática de las “reuniones vehiculares no autorizadas” —también conocidas como picadas— y prevé castigos de hasta 10 días de trabajo comunitario, multas o arresto, con posibilidad de duplicar la sanción en casos de eventos masivos o vehículos modificados. En estas situaciones, se habilita el secuestro inmediato de los rodados e incluso su decomiso ante faltas graves o reincidencias.

Entre los puntos principales figura el nuevo régimen de investigación contravencional. La reforma establece que la responsabilidad recaerá en el Ministerio Público Fiscal, mientras que la Policía solo podrá constatar hechos y aplicar medidas preventivas urgentes. Los sumarios tendrán plazos reducidos: deberán finalizarse en cinco días —dos días si hay personas detenidas— y se incorpora la potestad de secuestrar objetos, dinero y vehículos vinculados a infracciones.
En relación al consumo de alcohol y sustancias en la vía pública, la ley sancionará tanto la ingesta en lugares prohibidos como los estados de ebriedad o intoxicación que generen disturbios, otorgando a la Policía la facultad de intervenir preventivamente cuando exista riesgo de violencia.
Regulación social y acciones futuras
La ley contempla, en respuesta a un reclamo de la Iglesia Católica, la implementación de programas de capacitación, reinserción e inclusión social dirigidos a naranjitas y limpiavidrios no registrados, aunque los artículos no detallan su alcance.
Según el Artículo 12 del texto legal, “el Poder Ejecutivo Provincial acompañará a los municipios en el marco de sus propios programas de capacitación, reinserción e inclusión, contemplando un abordaje integral en materia de salud mental y consumos problemáticos, mediante el desarrollo de cursos y capacitaciones en oficios brindados por la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos pertinentes”.
En el plazo de un mes, los municipios deberán ajustar sus ordenanzas sobre estacionamiento y la habilitación de cuidadores. La ley invita igualmente a las comunas, en su Artículo 11, a crear registros de trabajadores autorizados y habilita múltiples dispositivos públicos para canalizar la inserción social de quienes hasta ahora ejercen la actividad fuera de marcos legales.
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