ECONOMIA
El Gobierno trabaja en un nuevo proyecto de ley energético: más recortes a los subsidios al gas y menos beneficios para las “zonas frías”

El Gobierno trabaja en un proyecto de ley en el ámbito energético que propone modificar el régimen de beneficios fiscales e impositivos relacionados con las energías renovables, junto con el esquema de la “Zona Fría”.
El objetivo sería disminuir la cantidad de hogares que reciben subsidios en la factura de gas, en un contexto de aumento de la tensión en Oriente Medio que afecta la estabilidad de los precios del petróleo y el gas y tiene impacto sobre las finanzas públicas. Aunque las modificaciones que propondría el oficialismo generan tensión con los gobernadores.
Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de las negociaciones, el oficialismo incluirá en ese proyecto algunos puntos en el capítulo XI del Presupuesto 2026, que el oficialismo no logró que se aprobara durante el tratamiento en el Congreso. En gran parte porque en el mismo se incluía la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad.
Fuentes cercanas a las negociaciones comentaron a este medio que el Gobierno trabaja en una iniciativa más amplia sobre energía, que incluiría una prórroga de los beneficios fiscales e impositivos para energías renovables y una revisión de la “Zona Fría”. Estos temas quedaron afuera del Presupuesto, lo que genera expectativas y eventuales tensiones con las provincias. Los sectores provinciales observan con atención el desarrollo del proyecto, debido a su impacto en los esquemas de subsidios, aunque la presentación en el Congreso no sería en el corto plazo.

Dentro del Capítulo XI, luego de negociaciones con una parte de la oposición, el Gobierno planteó la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672. En el texto que llegó al recinto, se fijó que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas tiene como objetivo financiar compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la región patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Lo que también contempla la venta de cilindros y garrafas en esas áreas, así como el gas propano comercializado a granel.
Con ese cambio en la letra chica, lo que buscaba el Gobierno, y va a reiterar con este nuevo proyecto, es reducir la cantidad de hogares que reciben un subsidio en la boleta de gas por pertenecer a “Zonas Frías”. Hoy, por ley, no solo reciben subsidios hogares de la Patagonia, el departamento de Malargüe y la región de la Puna, sino también de la provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, entre otras.
La Ley original de Zonas Frías, sancionada en 2002, limitaba el beneficio a las provincias patagónicas. Pero en 2021, el Congreso amplió el alcance de la norma y redefinió los criterios de zona fría a partir de parámetros bioambientales, extendiendo el beneficio a provincias como Río Negro, la costa atlántica, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y casi toda Mendoza. El universo de beneficiarios subió de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que representa cerca de la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El crecimiento de los beneficiarios incrementó la presión sobre el Fondo Fiduciario y profundizó la necesidad de ajustar los mecanismos de financiamiento. “Córdoba recibe subsidios por Zona Fría“, afirmaban en tono irónico en el Ministerio del Interior durante el tratamiento del presupuesto.
También en ese capítulo del presupuesto, se contemplaban cambios sobre el mecanismo de financiamiento del Fondo Fiduciario de Zonas Frías, recargo de hasta un 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte que se aplicaba a todos los metros cúbicos consumidos o comercializados en el país, excepto los destinados a exportación. Se proponía darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar ese recargo hasta en un 50%, según las necesidades de la política energética.
Sin embargo, vía decreto del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya pudo hacerse de estas facultades y ahora cuenta con la posibilidad de aumentar hasta 11,25%. Lo que es una prueba del interés del oficialismo de insistir con las propuestas del capítulo del presupuesto que se cayó en el Congreso.
La decisión sobre si se aumenta o no el recargo en mayo se va a dar a conocer cerca de fin de mes. Aunque en caso de tomarse la decisión de incrementar en un 50% el recargo, los especialistas destacan que el impacto sobre la tarifa no será importante.

En el Presupuesto se planteaba que el régimen aprobado mantendría su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, para otorgarle previsibilidad a los sectores beneficiarios. Además, autorizaba al Poder Ejecutivo la afectación de fondos recaudados al pago de subsidios correspondientes a consumos de usuarios del servicio general P de gas propano indiluido por redes en la región beneficiaria, hasta que se establezca un nuevo régimen de compensaciones basado en criterios de equidad y uso racional de la energía.
Otra disposición relevante autorizaba a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a determinar diferencias de ingresos percibidos por distribuidoras bajo jurisdicción federal, ocasionadas por leyes de emergencia en materia de tarifas eléctricas. El Poder Ejecutivo podría instruir a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) para que aplique créditos resultantes a la cancelación de obligaciones que las distribuidoras mantengan con esa entidad, siempre que las empresas renuncien a reclamos judiciales o administrativos vinculados a la emergencia. El texto preveía que, en conjunto con las jurisdicciones locales y sus entes reguladores, la Secretaría de Energía también pueda determinar diferencias de ingresos de distribuidoras provinciales y municipales, bajo las mismas condiciones respecto de la renuncia a litigios.
Respecto a los pagos en efectivo, el capítulo XI del presupuesto exceptuaba de la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal a los realizados por jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional mediante fondos rotatorios y cajas chicas, siempre que los importes no superen el equivalente a tres módulos, según el reglamento aprobado por decreto 1.344/07. Esta excepción modificaba los montos máximos permitidos para pagos en efectivo en la administración pública nacional.
El proyecto también establecía que los fondos recaudados por la tasa de comprobación de destino correspondiente a ciertas importaciones mineras ingresarán como recursos con afectación específica a la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía. Estos recursos cubrirán gastos de control, promoción y desarrollo de la actividad minera y del conocimiento geológico nacional.
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ECONOMIA
Paro en el Servicio Meteorológico: cómo afecta a los vuelos y qué aeropuertos tendrán demoras y cancelaciones

(Maximiliano Luna)
La protesta anunciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 30 de abril en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) impactará en la actividad aérea de todo el país. Según anticiparon las autoridades, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque podrían registrar demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos durante una jornada clave para el turismo, a raíz del aumento de la demanda por el fin de semana largo.
La reacción sindical llegó luego del cruce con el Gobierno nacional por la decisión de avanzar con el despido de 240 trabajadores, cifra que representa alrededor del 30% del personal civil del organismo, una parte significativa de los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad de la navegación aérea. De este total, 130 empleados se desempeñan en estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país y 110 trabajan en la sede central del SMN.
El impacto concreto sobre los pasajeros se relaciona con la importancia de los informes meteorológicos en la planificación de los despegues y aterrizajes. La ausencia o limitación de estos informes compromete la operación regular de los vuelos. En este contexto, se prevén demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones de vuelos en todo el país. El impacto podría sentirse con mayor fuerza debido al movimiento previo a un fin de semana largo, lo que incrementa la demanda de viajes.

Créditos: NA
Las aerolíneas recomiendan chequear el estado de los servicios con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de líneas aéreas y aeropuertos. Como respuesta preventiva, la autoridad aeronáutica declaró que el servicio meteorológico aplicado a la aviación es esencial, y estipuló que en escenarios de huelga no puede paralizarse más del 50% del servicio.
Previo a esta medida, ATE, en representación de los trabajadores del Servicio Meteorológico, había amenazado con realizar un reclamo el viernes de la semana pasada. Sin embargo, horas después de que el paro se levantara, el Gobierno, a través del Decreto 274/2026 transfirió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) la facultad de garantizar la prestación del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), ya sea de manera directa o a través de terceros proveedores nacionales o internacionales.
El objetivo era asegurar la prestación ininterrumpida, regular y confiable de este servicio estratégico para el país. El decreto define que la interrupción, prestación deficiente o afectación del servicio puede derivar inmediatamente en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo sobre usuarios, cargas, operadores y la actividad económica vinculada.
En cuanto al horizonte operativo inmediato, la Secretaría de Transporte confirmó a Infobae que el SMN continuará prestando servicios a EANA hasta por 180 días hábiles desde la puesta en vigor del decreto, plazo en el que podrían producirse cambios en el esquema de provisión de información meteorológica.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un descargo en su cuenta en X para justificar la reducción: expuso que el SMN opera con cerca de 1.000 trabajadores y unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país, aunque sólo 20 personas serían meteorólogos.
El funcionario lamentó el elevado número de personal de apoyo y criticó la falta de modernización tecnológica en el organismo: “La mayoría de las estaciones tienen más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”. Sturzenegger sostuvo que el servicio podría cumplir su función “gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente”, y estimó que se lograría “un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”.
Declaraciones como estas recibieron un rechazo inmediato por parte de profesionales y especialistas en meteorología, e incluso generaron debate público en la red social. La polémica se profundizó con la respuesta de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien desmintió los datos del ministro y denunció un “vaciamiento” del SMN.
Según declaraciones del propio Aguiar, la cifra de estaciones meteorológicas activas asciende en realidad a 120, contradiciendo la información oficial y sumando que en la actual gestión ya se cerraron cinco estaciones. “El desguace y la falta de financiamiento e inversión provocaron que más de la mitad ya no trabajen durante la noche, dejando una ventana de entre nueve y doce horas sin cobertura”, afirmó.
ECONOMIA
Synthomer reporta un impulso mejorado en el segundo trimestre en medio del impacto de la guerra de Irán Por Investing.com

Investing.com — informó el jueves de un impulso más fuerte en el segundo trimestre de 2026, beneficiándose la compañía de las condiciones comerciales modificadas como resultado de la guerra de Irán.
El fabricante de productos químicos especializados anunció ventas del año completo 2025 de 1.739 millones de libras y un EBITDA de 136,5 millones de libras, con márgenes que se expandieron 40 puntos básicos hasta el 7,8%. La deuda neta se situó en 575 millones de libras, equivalente a 4,7 veces el EBITDA.
Mientras que las operaciones del primer trimestre de 2026 estuvieron en línea con las expectativas, el segundo trimestre ha mostrado un rendimiento mejorado.
Las capacidades de abastecimiento y adquisiciones de la compañía, junto con su huella operativa, la han posicionado para beneficiarse del entorno comercial actual.
La capacidad de Synthomer en Oriente Medio, que representa aproximadamente el 5% de las ventas, continúa operando con normalidad. La compañía mantuvo su guía para el año completo 2026 de progreso interanual, impulsado por iniciativas internas.
La compañía también completó una refinanciación, aunque esto resultará en mayores cargos por intereses. Iain Torrens ha sido nombrado Director Financiero.
Por división, Recubrimientos, Construcción y Especialidades reportó ventas de 699 millones de libras y un EBITDA de 64,3 millones de libras. Soluciones Adhesivas registró ventas de 571 millones de libras y un EBITDA de 66,0 millones de libras, mientras que Materiales de Alto Rendimiento y Fabricación registró ventas de 469 millones de libras y un EBITDA de 24,2 millones de libras.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
ECONOMIA
Aumenta el gas: aprobaron los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de mayo

En el mes de mayo, los bolsillos de los usuarios sufrirán un nuevo golpe, con el aumento de las boletas de gas. Esta madrugada el Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de este viernes.
Los nuevos valores quedaron establecidos mediante la publicación de las resoluciones 463/2026 y 466/2026, publicadas hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, los usuarios residenciales y comerciales verán reflejados en sus facturas los valores establecidos.
El ajuste tarifario contempla la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), que será trasladado a los usuarios finales según lo dispuesto por la Secretaría de Energía. Este precio, calculado en dólares estadounidenses por millón de BTU y convertido al tipo de cambio promedio del Banco de la Nación Argentina, busca unificar el valor del gas en todo el sistema de transporte y distribución. Además, la resolución establece que la facturación deberá incluir, en los casos que corresponda, las bonificaciones previstas en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a proteger a los hogares vulnerables.
Las nuevas tarifas se enmarcan en la profunda reconfiguración del sistema de transporte de gas natural impulsada por la Secretaría de Energía. Esta normativa ordenó la reasignación de capacidades de transporte y la definición de rutas específicas para cada licenciataria, incluidas nuevas reglas para la asignación de capacidad disponible. El objetivo declarado es garantizar la seguridad de abastecimiento, la eficiencia operativa y la equidad en el acceso al servicio.

Las empresas obligadas a suscribir los contratos de transporte conforme los lineamientos oficiales en un plazo de diez días hábiles administrativos. El incumplimiento de esta obligación habilita a la autoridad regulatoria a iniciar un procedimiento sancionatorio, lo que podría acarrear consecuencias sobre la seguridad del suministro para los usuarios del área licenciada.
El nuevo esquema tarifario aprobado contempla diversos componentes: la actualización dispuesta por la revisión quinquenal de tarifas efectuada en 2025, la variación mensual de índices económicos, y el reconocimiento de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), un mecanismo que permite ajustar las tarifas en función de las diferencias entre precios estimados y reales del gas adquirido y vendido por la distribuidora.
El Precio Anual Uniforme (PAU), central en la estructura tarifaria, se aplica a todos los contratos y acuerdos de abastecimiento vigentes en el marco del Plan Gas.Ar. De igual forma, este precio no aplicará sobre los beneficiarios del SEF, régimen que mantiene los bloques de consumo base y otorga bonificaciones automáticas a los hogares vulnerables.

La aprobación de los cuadros tarifarios representa un paso clave en la modernización y ordenamiento del sector energético, en un contexto de emergencia y transición regulatoria. La medida busca equilibrar la sustentabilidad económica del sistema, la protección de los usuarios vulnerables y la transparencia en la gestión de los servicios públicos.
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir del 1° de mayo de 2026, los usuarios deberán pagar los nuevos valores establecidos en los cuadros tarifarios oficiales, que definen cargos fijos y variables según la categoría y la zona de prestación.
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los usuarios residenciales sin subsidios afrontarán cargos fijos mensuales que dependen del consumo anual. En los segmentos de mayor demanda (R4), el cargo por consumo asciende a $426,68 por metro cúbico en Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en provincia de Buenos Aires, mientras que para el resto de los usuarios residenciales la tarifa se establece en $281,33 por metro cúbico en ambas jurisdicciones.
Los valores del cargo fijo mensual también varían de acuerdo a la categoría: en la escala R1, los usuarios abonan $3.976,22 en la ciudad y $4.591,88 en la provincia, y en la categoría R4, el importe sube a $94.995,74 en la Capital Federal y a $51.624,44 en territorio bonaerense. Las categorías intermedias presentan incrementos progresivos entre ambos extremos.
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