El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, se presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados para rendir su informe de gestión y dedicó un tramo de su exposición a responder las denuncias que pesan sobre él, antes de que comenzara el turno de preguntas de la oposición. Con Javier Milei presente en uno de los palcos del recinto, Adorni afirmó que no cometió ningún delito y que lo probará ante la Justicia.

El funcionario abordó primero el episodio del viaje oficial del 6 de marzo de 2026 a Miami y Nueva York, en el que viajó su esposa como parte de la comitiva presidencial. Según expuso, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya se expidieron sobre ese punto y concluyeron que no existió delito ni irregularidad. La fiscal interviniente requirió el archivo de la causa y el juez federal hizo lugar a ese pedido. «La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito“, afirmó Adorni ante los legisladores.

El jefe de Gabinete precisó que su esposa viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida del país y regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026. Aclaró que la comitiva oficial fue aprobada conforme al Decreto 713/16 y que, por tratarse de un vuelo presidencial, no quedaba alcanzada por la Decisión Administrativa 9/2026. Formó parte de esa comitiva junto al presidente Milei, al canciller y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El propósito del viaje fue la participación del mandatario en la cumbre “Escudos de las Américas” y el discurso inaugural de la Argentina Week 2026.

Adorni señaló que el Estado Nacional no registra ningún pago por sus viajes personales y que todos esos desplazamientos correspondieron a vacaciones privadas, costeadas por él mismo. «Las manifestaciones relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y falsas“, sostuvo, y agregó que pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta. Indicó que cumplió con las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública, que acompañó todas las declaraciones juradas requeridas por la normativa y que el plazo para presentar la última declaración aún no venció.

Sobre el componente reservado de esas declaraciones, el funcionario explicó que los bienes de su grupo familiar constan en el Anexo Reservado del Formulario 1246 ante la Oficina Anticorrupción y que esa información fue puesta a disposición de la Justicia ante el primer requerimiento judicial. Instó a los legisladores a no exigir que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite: “Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas”.

En cuanto a los señalamientos por presuntos conflictos de interés, Adorni negó haber coordinado la aprobación de contrataciones en favor de terceros con vínculos previos. Afirmó que no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío y que no participó en ningún expediente administrativo que lo involucre a él ni a Imhouse SA. Agregó que no existen ni existieron contratos entre el Estado Nacional y su cónyuge, ni directa ni indirectamente, y que la Oficina Anticorrupción registra su declaración jurada de actividades anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública sin que conste ninguno de los vínculos que se le atribuyen.

Al cierre de ese bloque, Adorni reconoció haber pedido disculpas a los argentinos por considerar que su conducta debe ser siempre transparente, pero señaló que esas disculpas fueron utilizadas por algunos legisladores como herramienta política. Contrastó la situación con la de gobiernos anteriores y sostuvo que el actual es el primero en colaborar de forma inmediata ante denuncias contra sus propios funcionarios.

Antes de concluir su exposición, Adorni agradeció la presencia de Milei en el recinto y le expresó su reconocimiento por haberle dado “el honor de ser su Jefe de Gabinete de Ministros”. También agradeció a Karina Milei, a los ministros y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo», dijo ante los legisladores que, según él, preguntaron en las últimas semanas por su paradero.

El funcionario también habló de las denuncias en su contra durante un informe escrito presentado este mañana, en donde adelantó respuestas a algunas de las preguntas realizadas por legisladores.

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En su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que el presidente Javier Milei haya suscripto acuerdos con el criptoempresario Hayden Mark Davis en el marco del proyecto de la criptomoneda Libra y cuestionó la validez de versiones difundidas a partir de filtraciones del expediente judicial.

La respuesta oficial, incluida en el “Informe 145” enviado al Congreso minutos antes de su exposición, forma parte de una de las más de 2100 preguntas que los bloques parlamentarios elevaron al Ejecutivo.

Allí, la Jefatura de Gabinete sostuvo que “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento” entre autoridades nacionales y Davis, el empresario Mauricio Novelli u otras firmas asociadas al proyecto.

El documento también descarta la existencia de borradores, cartas de intención o memorandos vinculados a eventuales acuerdos en materia de activos digitales. “Igual respuesta cabe respecto de la existencia de memorandos, borradores o mensajes que aludan a pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos”, señala el texto.

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En ese marco, el Gobierno apuntó contra el origen de parte de las consultas parlamentarias. Según la respuesta oficial, varias preguntas “se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Y agrega: “No es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.

Adorni sostuvo además que una porción relevante de la información solicitada se encuentra bajo reserva judicial. La causa vinculada al criptoactivo $LIBRA —identificada como N° 574/2025— tramita en el fuero criminal y correccional federal, por lo que su divulgación podría “comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

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En relación con posibles pagos o beneficios a funcionarios, el informe es terminante. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”, afirma. La misma respuesta se aplica a versiones sobre transferencias, honorarios o contraprestaciones ligadas a reuniones o gestiones vinculadas al proyecto.

Tampoco hay datos oficiales, según el Ejecutivo, sobre eventuales comunicaciones entre funcionarios y empresarios en fechas clave del lanzamiento del token. “En los organismos de la Administración Pública Nacional no se dispone de información institucional al respecto”, indica el texto, que remite cualquier precisión al ámbito judicial.

El informe sí enumera las medidas adoptadas tras el episodio. Entre ellas, la creación de una Unidad de Tareas de Investigación mediante el Decreto 114/25 y la intervención de la Oficina Anticorrupción, que inició actuaciones de oficio el 18 de febrero de 2025 y luego remitió documentación a la Fiscalía Federal N° 3. También se menciona una investigación de la Comisión Nacional de Valores, que fue archivada el 16 de abril de ese año tras “agotarse” las tareas de análisis.

En cuanto a las reuniones mantenidas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas luego vinculadas al caso, el Gobierno señaló que fueron registradas conforme a la normativa de acceso a la información pública y que ya fueron difundidas.

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El texto oficial insiste en delimitar el alcance de las respuestas. Frente a preguntas sobre conductas personales de funcionarios —incluida la actuación previa de Adorni como vocero presidencial—, la Jefatura de Gabinete sostiene que se trata de aspectos ajenos a las funciones previstas en la Constitución para su cargo actual.

Sobre la naturaleza del proyecto, el Ejecutivo remarca que Libra fue presentado como una iniciativa privada. En ese sentido, afirma que el Estado no avaló ni garantizó su funcionamiento ni sus promesas, y que no dispone de información institucional sobre el supuesto mecanismo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas que habría promocionado el criptoactivo.

En sus consideraciones finales, el informe sostiene que el Gobierno actuó “con celeridad y responsabilidad institucional” y que colaboró con la Justicia desde el inicio. “Será la justicia quien evalúe la prueba producida y adopte las conclusiones que correspondan”, concluye el documento, al tiempo que reitera su disposición a brindar información al Congreso dentro de los límites que impone la investigación en curso.

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