POLITICA
Tras el informe de Adorni, la oposición busca imponer una agenda social que incomoda al Gobierno
Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.
En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.
En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.
“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.
En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.
El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.
El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.
“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.
El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.
En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.
La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.
“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.
La vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, respondió este domingo a las críticas que despertaron sus polémicas declaraciones sobre la identidad de género y la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina. Luego de que varios funcionarios de la Legislatura porteña la instaran a retractarse, la funcionaria defendió sus dichos, negó haber cometido un error y volvió a cuestionar el enfoque sobre el tema.
“Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos”, comenzó en el posteo que publicó en su cuenta de X.
Y respecto de una de las frases que más repudio generó, Muzzio sostuvo: “No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología. Sin embargo, la magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado».
“En esa violencia me parece ver, además de la intención de atacarme, la búsqueda de una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para todos los demás. El propósito es blindar sus ideas y dejar en claro que no hay espacio para cuestionar a los ideólogos de género ni los principios que defienden”, escribió.
La semana pasada, durante la presentación del informe del jefe de Gabinete del distrito, Gabriel Sánchez Zinny, siete de 26 legisladores centraron sus intervenciones en los dichos de la funcionaria, o al menos los mencionaron. Se trata de diputados locales que integran cinco de los siete bloques que componen el cuerpo, lo que forzó a Gabriel Sánchez Zinny a brindar explicaciones sobre la implementación de la normativa.
Incluso el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) envió una carta documento a la vicejefa intimándola a que se retracte en 72 horas, plazo que se cumplió el sábado. En caso de que Muzzio no ratifique o rectifique sus dichos en este lapso y por cualquier medio, Paulón avanzaría la semana próxima con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación.
“A esta altura, sólo quiero aclarar que las ideas que sustentan las políticas identitarias constituyen un dogma más: un conjunto de principios que pretende imponerse como una verdad incuestionable, aunque, según sus propios términos, no sea más que una construcción social. Y si realmente es una construcción, entonces puede debatirse, cuestionarse, corregirse e incluso ser reemplazada por otra“, ratificó Muzzio, sin retractarse.
En la entrevista publicada el sábado, Muzzio sostuvo que la ESI es una “trampa mortal”. “Estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada”, comentó. Además, tildó de “idea monstruosa” e “ideología siniestra” el hecho de que una institución educativa le señale a un niño “que tal vez nació en un cuerpo equivocado”.
“Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso”, afirmó, y convocó a revisar la normativa, que considera que “destruyó la cabeza de los niños”.
En el posteo de este domingo, siguió: “Es en ese sentido que, en mis respuestas, también cuestiono los contenidos de la ESI que fueron permeados por doctrinas identitarias, cuyas categorías y presupuestos pasaron a formar parte de muchos de sus programas”.
“Una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica. Los datos muestran, además, que no logró mejorar los indicadores de prevención de las infecciones de transmisión sexual”, afirmó y ejemplificó: “La sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV aumentaron en lugar de reducirse, mientras se multiplican los discursos de jóvenes que jactan no usar preservativo”.
Muzzio redobló la apuesta y se refirió a quienes están a favor de la normativa: “Cuando hablo de esto, me recuerdan los efectos positivos que la ESI tuvo en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores. Considero esos datos muy importantes y de enorme valor. Creo que la prevención, la detección temprana y la denuncia de situaciones de abuso deben seguir siendo una prioridad, y que debemos profundizar los mecanismos que faciliten esa detección».
“También estoy convencida de que es posible diseñar programas específicos para que la escuela siga detectando situaciones de abuso, como hoy detecta casos de violencia familiar o de abandono sanitario, sin que para ello sea necesario incorporar los contenidos ideológicos de la ESI. Sin embargo, para sus defensores, eliminar el adoctrinamiento ideológico de la ESI resultaría inadmisible”, apuntó.
La vicejefa también enumeró las medidas que tomó el Gobierno en el último tiempo para “combatir” la normativa. “Algunas consecuencias de la doctrina identitaria se pudieron cambiar, como acabar por el decreto presidencial con los tratamientos de hormonización a menores y las operaciones quirúrgicas mutilantes en adolescentes, que se hacían por ley en hospitales públicos sin autorización obligatoria de los padres”, dijo y sumó: “También desde el Gobierno de la Ciudad se pudo terminar en el año 2025 con el cambio de sexo en los DNI de mayores de 16 años, una disposición de 2021 que permitía modificar al instante el sexo sin la autorización de la familia, pero que, ante un arrepentimiento del adolescente, lo obligaba a tramitar una causa judicial en un proceso moroso con consecuencias psicológicas y civiles irreparables».
Para cerrar, consideró que hablar de estos temas “no debería ser traumático”, ya que es algo “bueno para la sociedad”. Resaltó la importancia de “plantear dudas sobre los dogmas, observar en detalle los programas de la ESI, cuestionar el aborto y reclamar incansablemente su fin, sostener que los padres no deben ser reemplazados por el Estado en la crianza de sus hijos».
Y finalizó: “A veces, para insultarme, me dicen conservadora, como si yo prefiriera la inmovilidad del pasado. No. Creo que estamos en un tiempo vertiginoso de cambio ideas. Esa libertad nos permite decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos y defender la vida humana. En eso estoy”.
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Tras el paso al costado de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con varios proyectos pendientes a los que buscará darle prioridad. La Cámara alta -que fue la que le fijó un ultimátum a Javier Milei respecto del futuro del hoy ex funcionario- recuperará protagonismo.
El Gobierno busca convertir en ley la reforma a la Ley de zonas frías, la inviolabilidad de la propiedad privada (que modifica la Ley de Tierras) y asimismo aspira a una reforma política que elimine las PASO.
Hasta ahora, el Senado tuvo ocho sesiones en la primera mitad del año y hubo 80 votaciones en total. Se aprobaron siete proyectos de ley, entre los cuales están el de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares, y la Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
También, el Acuerdo de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; los Tratados Internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino referidos a ese Acuerdo; y el acuerdo con dos fondos buitres que reclamaban por bonos argentinos en default desde 2001.
Además, en esta mitad de año se aprobaron varias decenas de pliegos judiciales, así como de ascenso de militares, designación de embajadores, y de los miembros de la Auditoría General de la Nación en representación del Senado.
Pero el denominador común de todos ellos es que todos fueron promovidos por el Ejecutivo. Ninguno, hasta ahora, de los votados afirmativamente fue un proyecto de autoría de uno de los integrantes del cuerpo.
Infobae relevó, al igual que hizo hace dos semanas con los diputados, la cantidad de proyectos presentados por los senadores los primeros seis meses del 2026, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.
Del procesamiento de la información públicada por la web del Senado surge que 69 legisladores presentaron en el Senado 523 proyectos de ley originados en esa cámara. Solo tres de los 72 senadores que integran el cuerpo no impulsaron ninguno. Infobae también analizó la distribución por bloques y por senador, distinguiendo los de ley, de los de declaración o comunicación o resolución.
Por bloque político
El bloque con mayor producción legislativa fue el Justicialista, de 21 miembros, con 251 proyectos de ley, casi la mitad del total (48%). Los legisladores de la oposición, históricamente, son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.
Le sigue la UCR – que tiene 10 senadores – con 74 iniciativas de ese tipo (el 14%), ya sea como autores o coautores.
Luego aparece el bloque Independencia, de la tucumana Beatriz Avila, con 44 proyectos de ley firmados (8%); Moveré Santa Cruz – que integran José María Carambia y Natalia Gadano – quienes presentaron o rubricaron 26 propuestas de ley (5%); el de Convicción Federal – que conforman Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada – con 24 iniciativas de su autoría (el 5%); y el PRO, cuyos tres integrantes (Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina) estamparon sus firmas en 21 proyectos (4%).
Los 21 senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) fueron autores o coautores de 19 proyectos de ley (el 4% del total), el mismo número que el monobloque de Despierta Chubut, que conforma Edith Terenzi. Primero los Salteños, cuya única integrante es Flavia Royón, impulsó 16 iniciativas de este tipo (3%)
Con menos de 10 proyectos de ley en el primer semestre figuran los bloques Frente Cívico Por Santiago (8 iniciativas), Encuentro Misionero (8), Provincias Unidas (7) y Justicia Social Federal (5), todos de dos senadores cada uno; y el monobloque de La Neuquinidad, que integra Julieta Corroza, con un solo proyecto de ley presentado.
Los senadores más prolíficos
De los 10 senadores que presentaron 20 o más proyectos de ley en estos seis meses, considerando aquellos en los que fueron autores o coautores (no co-firmantes), 9 son del bloque Justicialista, en línea con la mayor cantidad de iniciativas presentadas por esta bancada opositora.
El ranking lo encabeza – por lejos -el peronista Jorge Capitanich, de Chaco, con 104 iniciativas de este tipo en los primeros seis meses de 2026. Le siguen el entrerriano Adán Bahl, de Entre Ríos, que presentó 55 proyectos de ley; la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, que rubricó 44 como autora o coautora; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que presentó 40.
Luego aparece Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz, con 28 iniciativas de este tipo presentadas; Sergio Uñac, ex mandatario de San Juan, con 25; el rionegrino Martín Soria, ex ministro de Justicia, con 23.
El top ten lo cierran Carlos Linares, de Chubut, con 22; el pampeano Daniel Bensusán, de La Pampa, con 21; y Ana Inés Marks, de Río Negro, con 20 iniciativas de ley que llevan su firma como autora.
Los legisladores con menos proyectos
En el otro extremo del ranking, hay tres senadores que no aparecen como autores o coautores de ningún proyecto de ley en el primer semestre del año. Los tres son de LLA: Nadia Márquez, de Neuquén; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; y Vilma Bedia, de Jujuy.
A su vez, hay otros 8, de los cuales 7 son también del oficialismo, que sólo impulsaron uno: el senador porteño y economista Agustín Monteverde; el riojano Juan Carlos Pagotto; la salteña Emilia Orozco, que busca establecer nuevas incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública para jueces, fiscales y defensores; Francisco Paoltroni, que promueve la intervención federal de Formosa; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y la fueguina Belén Montes de Oca.
La otra senadora que presentó un solo proyecto de ley es Julieta Corroza, del bloque La Neuquinidad, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.
En cuanto a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, aparece como autora del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional. Y como coautora en un proyecto presentado por el senador libertario Enzo Fullone, de Río Negro, destinado a establecer un régimen excepcional para la regulacion de la obra publica nacional.
Entre los más relevantes impulsados por el bloque oficialista, también aparece el que presentó el cordobés Luis Juez para la Protección Digital de Niños; el de coterránea Carmen Álvarez Rivero para el Reempadronamiento partidario y la afiliación digital libre; y el de Bartolomé Abdala que busca agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados a los incendios.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
Infografías: Felipe González
proyectos senadores
POLITICA
El Gobierno negocia la redacción final de la reforma del Código Penal y demora el envío del proyecto de juicio por jurados
El Gobierno negocia la última versión de la reforma del Código Penal y frenó el envío del proyecto de juicio por jurados al Congreso. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le envió hace dos semanas una nueva contrapropuesta a Santiago Caputo y las partes negocian un texto intermedio entre la reforma original de más de 900 páginas y una versión más reducida.
La nueva propuesta fue enviada desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Legal y Técnica, que coordina María Ibarzabal y tiene a cargo la revisión jurídica de los proyectos antes de su eventual remisión al Congreso. En Balcarce 50 sostienen que la discusión sigue abierta, pero remarcan que las partes acercaron posiciones después de meses de desencuentros internos.
La reforma penal quedó atravesada por la pelea por el control del área de Justicia. La tensión se profundizó tras el desplazamiento de Sebastián Amerio y la pérdida de influencia de Caputo en el ministerio, que ahora está a cargo de Mahiques, un funcionario alineado con Karina Milei.
Legal y Técnica, en cambio, sigue bajo la órbita de Ibarzabal, una de las funcionarias de mayor confianza del asesor presidencial.
La discusión central pasa por el alcance del texto. El borrador original que se trabajó durante la gestión anterior superaba las 900 páginas e incluía una modificación muy amplia del Código Penal vigente y de leyes penales especiales. Mahiques impulsa ahora una versión más acotada, con el argumento de que una reforma demasiado extensa puede trabarse en el Congreso por su complejidad técnica y por el volumen de temas sensibles.
En el entorno de Caputo sostienen que el último borrador que recibieron reduce de forma significativa la reforma inicial. Cerca de Mahiques rechazan esa lectura y remarcan que el texto enviado desde Justicia abarca más del 35% del Código Penal, por lo que niegan que se trate de una versión mínima. En ambas partes, sin embargo, admiten que buscan “ponerse de acuerdo”.
Una de las alternativas que circula en la Casa Rosada es cerrar un punto intermedio: una reforma cercana a la mitad del texto original o de alrededor de dos tercios de la propuesta que se venía trabajando. La intención es evitar tanto un paquete demasiado chico, que pueda ser leído como una señal de retroceso, como una reforma integral que obligue al Gobierno a abrir discusiones difíciles de sostener en el Congreso.
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El Gobierno quiere preservar los capítulos con mayor consenso político. Entre ellos aparecen el endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas, entre otros. En la Casa Rosada ya habían descartado incluir cambios sobre aborto y tampoco querían abrir una discusión de fondo sobre la figura de femicidio, pese a que sectores del oficialismo habían deslizado en distintos momentos la intención de revisar ese agravante.
En paralelo, el Ejecutivo puso en pausa el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba listo para ser enviado desde Legal y Técnica. “Se decidió frenarlo hasta que haya un nuevo código procesal”, expresan en Nación. La decisión responde a una lectura técnica y política: el Gobierno considera que no conviene avanzar con el sistema de jurados sin antes ordenar el marco procesal que definiría cómo se aplicará en la práctica.
La decisión modifica la agenda judicial que el oficialismo venía preparando para el Congreso. El proyecto de juicio por jurados había sido presentado internamente como una de las reformas posibles para el segundo semestre, pero ahora quedó postergado mientras se ordena la discusión penal y procesal.
La próxima reunión de la mesa política será clave para definir la secuencia de envíos al Congreso. El encuentro se realizará la semana que viene y estará encabezado por Karina Milei, con la participación de Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.
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En la Casa Rosada quieren usar esa instancia para ordenar prioridades legislativas después de la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. La reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, propiedad privada y el paquete judicial forman parte del tablero que deberá administrar el nuevo esquema político.
“Al Código Penal lo vamos a terminar mandando este año, pero lo complejo va a ser conseguir los votos”, agregan en el Ejecutivo. La intención del Gobierno es que el proyecto ingrese por Diputados, donde Martín Menem encabezará las negociaciones.
Gobierno, codigo penal, Juicio por jurados
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