El Gobierno brindó nuevas precisiones sobre dos expedientes sensibles para su política de defensa y su relación con Estados Unidos: el radar de LeoLabs en Tolhuin y la Base Naval Integrada de Ushuaia. Se trata, en el primer caso, de una antena instalada en Tierra del Fuego por una empresa estadounidense que la firma presenta como parte de una red global de monitoreo del espacio para seguir satélites y desechos orbitales. Y el segundo caso es un proyecto estratégico de la Armada para reforzar la logística antártica y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

En el informe de gestión ante Diputados que brindó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Ministerio de Defensa sostuvo que el radar sigue sin estar operativo y aseguró que cualquier cooperación futura con otros países sobre la base fueguina se limitará “a los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes”. Esa aclaración buscó responder a las sospechas políticas que desde hace dos años rodean a ambos expedientes por su cercanía con Malvinas y por el creciente alineamiento con Washington.

El Ejecutivo brindó detalles sobre las capacidades operativas del radar, dejó asentado que la evaluación sigue abierta y que Defensa formulará una recomendación a la Jefatura de Gabinete con criterios “estrictamente técnicos, jurídicos y de resguardo de la defensa y el interés nacional”. No convalidó todavía su rehabilitación, pero tampoco cerró el caso con un rechazo definitivo. Nación dejó planteado que todavía no tomó una decisión final sobre si habilita o no su uso.

En ese mismo tramo, la cartera endureció además su postura sobre el informe que habían elaborado en 2023 Jorge Taiana y Juan Martín Paleo. La actual gestión afirma que ese trabajo tuvo “graves deficiencias técnicas y metodológicas”, un alto grado de discrecionalidad y una fundamentación insuficiente. Al mismo tiempo, se apoya en informes de ENACOM y CONAE de octubre de 2024 para sostener que el radar no puede hacer vigilancia horizontal sobre blancos terrestres, aéreos o marítimos de baja altura y que su función está limitada al seguimiento de satélites y desechos orbitales.

Según la versión oficial actual, no se trata de un radar apto para monitorear movimientos sobre el territorio o el mar, sino de un sistema orientado al espacio. La respuesta oficial también busca desactivar el costado más sensible de la polémica: la eventual injerencia británica.

El informe sostiene que LeoLabs es de capitales estadounidenses, que la participación británica es mínima y pasiva y que no hay ciudadanos británicos en la conducción ni acceso del Reino Unido a los datos.

El informe agrega que el acuerdo previo entre LeoLabs Inc. y Londres expiró en marzo de 2025 y que no existe vinculación con Five Eyes, la alianza de inteligencia que integran Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es una forma de bajar, desde la documentación oficial, el argumento de que el radar podía operar como una plataforma de inteligencia asociada a intereses británicos cerca de Malvinas.

Sobre Ushuaia, el Gobierno ratifica que la Base Naval Integrada sigue siendo un eje prioritario de la política de defensa nacional y la vincula con la presencia soberana en el Atlántico Sur y la logística antártica. El informe enumera avances concretos en la obra: planimetría inicial, estudios, movimientos y nivelación de suelo, basamento, platea y traza parcial de la red sanitaria. Pero al mismo tiempo admite que la fase inicial, pautada para dos años, avanza de acuerdo con la disponibilidad financiera y que la ejecución está hoy supeditada a la programación y a la caja del Estado.

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El Ejecutivo reconoce que el financiamiento principal de la base sigue proviniendo del FONDEF, aunque Defensa admite en otra respuesta que el fondo continúa operando sin asignación automática. También informa que la inversión en material y equipamiento estratégico representa alrededor del 11% del presupuesto total de Defensa. En otras palabras, la base mantiene prioridad estratégica, pero todavía no tiene resuelto un esquema financiero sólido ni un canal específico ya formalizado para acelerar la obra.

La trastienda, sin embargo, muestra una tensión con esa respuesta formal. Según pudo saber TN, en la Casa Rosada sigue en pie la idea de avanzar con Ushuaia a través de algún tipo de acuerdo técnico con los Estados Unidos, bajo una lógica similar a la que se aplicó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano en la Hidrovía. Esa hoja de ruta viene desde el inicio de la gestión y convive con la negativa oficial a reconocer instrumentos ya firmados. El informe, en los hechos, niega el acuerdo cerrado, no la intención política de seguir explorándolo.

Ese movimiento se inserta en una profundización más amplia del vínculo militar y de seguridad con Washington. El ministro Carlos Presti desarrolló actividades en Estados Unidos en marzo y el Ministerio de Seguridad ya puso en marcha el CRIACO con respaldo financiero estadounidense como parte de esa cooperación.

Gobierno, radares, Base militar

El Gobierno no avanzará finalmente contra la base china de Neuquén, pese a los planteos que viene haciendo Estados Unidos sobre la infraestructura espacial de Beijing en la región. En el Ejecutivo reconocen que estudiaron los informes y advertencias que llegaron desde Washington, pero aseguran que por ahora no tienen margen para abrir una disputa directa con China. “No estamos en condiciones políticas ni comerciales de hacerlo”, expresan cerca del Ejecutivo.

La decisión implica un cambio respecto de la etapa en la que la Casa Rosada evaluaba medidas para desarticular o restringir la operatoria de la estación. En Balcarce 50 sostienen que el costo diplomático y económico de avanzar supera cualquier beneficio inmediato. Admiten además que, aun cuando persisten sospechas internas sobre un posible uso dual de la información relevada en Neuquén, no cuentan con una vía política clara para ir más allá de la revisión técnica y del seguimiento del caso.

La trastienda de esa definición combina geopolítica y administración. Nación considera que escalar ahora un conflicto con Beijing implicaría desgastar capital político y abrir una negociación compleja porque la baja del acuerdo debería pasar por el Congreso. No quieren gastar acuerdos ni votos en una discusión de alta sensibilidad internacional mientras buscan concentrarse en su paquete de reformas y en sostener el vínculo comercial con China.

El acuerdo de cooperación de la estación fue aprobado por el Congreso a través de la Ley 27.123 y fijó una vigencia de 50 años. El texto también prevé que cualquiera de las partes puede terminarlo con “justa causa, debidamente acreditada” y con una notificación por escrito de al menos cinco años de anticipación. A eso se sumó en 2016 un protocolo adicional que estableció que el convenio debía implementarse exclusivamente con fines civiles y que la información obtenida no podía usarse con propósitos militares.

La presión de Washington tuvo incluso un planteo público de Scott Bessent. En la conferencia de prensa que compartieron el año pasado Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro aclaró que la asistencia de los Estados Unidos no estaba condicionada al cierre del swap con China, pero sí remarcó su preocupación por “puertos, bases militares y centros de observación” creados en la Argentina.

En una entrevista con Bloomberg durante su paso por Davos, el presidente defendió la continuidad del vínculo comercial con Beijing y buscó separar comercio de alineamiento estratégico. “El planteo que hizo Bessent está en perfecta línea con lo que es el pensamiento de los Estados Unidos”, dijo. Y cuando fue consultado de manera puntual por la estación china en Neuquén, respondió: “Eso no está probado”.

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La presión de los Estados Unidos, de todos modos, no se desactivó. El informe oficial del comité especial sobre China de la Cámara de Representantes -difundido el 26 de febrero de 2026- sostuvo que China desarrolló al menos once instalaciones espaciales vinculadas al país asiático en América Latina, incluidas tres en la Argentina, y recomendó como objetivo explícito frenar la expansión de esa infraestructura y buscar su retroceso en el hemisferio occidental.

Donde sí hubo una decisión concreta fue en San Juan. El Gobierno logró frenar la construcción de una antena china al impedir el ingreso de materiales por la Aduana y al no avanzar con definiciones administrativas pendientes para su continuidad. En Nación presentan ese movimiento como una señal de límite a nuevos desarrollos, más que como una ofensiva sobre estructuras ya instaladas y operativas.

Gobierno, China, Estados Unidos

EL RUMOR QUE SACUDE OLIVOS. Según fuentes privadas, la Senadora habría confesado su hartazgo: «Me usaron y me relegaron». El plan para vaciarle el poder a los libertarios ya corre por los pasillos del poder.

El idilio parece haber llegado a su fin y los pasillos del Congreso arden. Lo que nació como una alianza de hierro para «salvar a la Argentina» hoy se encuentra bajo la sombra de la traición. El murmullo es ensordecedor: Patricia Bullrich ya tendría decidida su fecha de salida.

Aunque oficialmente se mantiene el silencio, el «run run» del círculo rojo asegura que la ex titular de Seguridad se siente desplazada por el «triángulo de hierro» de Javier Milei. La versión que circula con más fuerza en las oficinas de Vicente López y el Senado indica que Bullrich ya prepara su venganza política junto a Mauricio Macri.

«Me dejaron fuera de todo»: Las supuestas palabras de Bullrich

Fuentes privadas con acceso directo al entorno de la Senadora revelaron a este diario frases incendiarias que Patricia habría soltado en una cena íntima el pasado fin de semana.

«Patricia habría dicho: ‘Me usaron de escudo para el ajuste y ahora me mandaron al rincón’. Siente que las decisiones estratégicas de 2026 pasan por un filtro donde su nombre ya no figura».

Este ninguneo sistemático sería el detonante para que Bullrich no espere a ser desplazada, sino que ejecute un portazo estratégico que deje al Gobierno en una posición de extrema debilidad legislativa.

El pacto de las sombras: ¿Vuelve el eje Macri-Bullrich?

Mientras el Presidente se enfoca en la agenda global, el rumor de un nuevo pacto en Olivos dinamita la base electoral oficialista. Macri y Bullrich habrían sellado un acuerdo para recuperar el control de la centroderecha en 2027:

• Diferenciación crítica: Bullrich comenzaría a marcar distancia pública de las medidas más polémicas del Ejecutivo.
• Armado propio: Reactivar la estructura del PRO para no depender de la estructura libertaria.
• La jugada final: Presentarse en 2027 como la «garantía de orden con experiencia» que el país necesita.

¿El fin de la hegemonía libertaria?

De confirmarse este alejamiento, Milei perdería a su aliada más fiel en la batalla contra la «casta». El año 2027 asoma como una guerra de tres bandas, y según el murmullo político, Patricia ya eligió su bando: el de su propia candidatura presidencial.

«La frase que habría marcado el quiebre es: ‘La casta terminó siendo el círculo que rodea a Javier y que me sacó del medio’».