INTERNACIONAL
El caso de Shanda Sharer: la nena de 12 años que fue torturada, quemada y asesinada por cuatro compañeras de colegio
El 11 de enero de 1992, en la localidad de Jeffersonville, Indiana, una adolescente de 12 años salió de su casa para encontrarse con una amiga, pero nunca volvió. Horas más tarde, comenzaría a reconstruirse uno de los crímenes más brutales y perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos, un caso que con el paso del tiempo no solo generó conmoción por su nivel de violencia, sino también por la edad de los involucrados.
La víctima era Shanda Sharer, una chica que había empezado una nueva etapa tras mudarse con su madre desde el estado de Kentucky. En ese contexto, había iniciado una relación con una adolescente mayor que ella, lo que desencadenó una serie de conflictos y tensiones que terminarían en un plan criminal macabro.
Dos años antes del hecho, Melinda Loveless, de 16 años, había comenzado una relación con Amanda Heavrin, otra joven de 13, de su misma escuela. Sin embargo, todo cambió cuando esa chica comenzó a vincularse con Shanda. Para Loveless, la presencia de la nena de 12 años fue interpretada como una amenaza. El cuerpo de la menor fue encontrado en una zona rural de Clark County. (Foto: People)
De acuerdo con la investigación, la adolescente empezó a obsesionarse con la idea de “darle un susto”. Con ese objetivo, reclutó a otras tres chicas: Laurie Tackett, Hope Rippey y Toni Lawrence. Todas eran menores de edad.
El plan inicial, según se estableció después, no era asesinarla, sino golpearla y “asustarla”. Sin embargo, lo que comenzó como una idea de intimidación terminó convirtiéndose en una escalda de violencia fatal.
El secuestro y un crimen brutal
Durante la madrugada del 11 de enero, las cuatro jóvenes fueron hasta la casa de Shanda y usaron una excusa para que saliera: le dijeron que Amanda quería verla. La adolescente, pensando que ellas solo querían charlar, confió y se subió al auto en el que la habían pasado a buscar.
A partir de ese momento, la situación cambió de forma drástica. Dentro del vehículo, comenzaron a golpearla y luego la trasladaron a distintos lugares. La llevaron a zonas aisladas, donde continuaron con las agresiones físicas, los insultos y la humillación.
Según se reconstruyó en el juicio, Shanda fue golpeada, amenazada y sometida a distintos tipos de tortura durante ocho horas. En uno de los episodios más impactantes, la rociaron con un líquido inflamable y la prendieron fuego. A pesar de la gravedad de las heridas, la adolescente seguía con vida.
Lejos de detenerse, el grupo continuó con el ataque. Durante gran parte de la noche y la madrugada, la llevaron de un lugar a otro, mientras alternaban momentos de agresión con pausas en las que incluso llegaron a detenerse a comprar comida. Melinda Loveless, Laurie Tackett, Hope Rippey y Toni Lawrence. (Foto: WDRB)
El nivel de violencia fue uno de los aspectos más determinantes del caso, ya que los investigadores concluyeron que no se trató de un hecho impulsivo, sino de una sucesión de decisiones que prolongaron el sufrimiento de la víctima.
Finalmente, tras varias horas de tortura, decidieron abandonar a Shanda en una zona rural. La adolescente murió poco después como consecuencia de las heridas. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un campo cercano a Clark County.
La desaparición de Shanda había sido denunciada rápidamente, lo que permitió que la policía comenzara a reconstruir sus últimos movimientos. Testimonios de personas cercanas y algunas inconsistencias en los relatos de las jóvenes apuntaron rápidamente hacia ellas.
En pocos días, las cuatro sospechosas fueron detenidas. Con el avance de la investigación, comenzaron a surgir detalles que confirmaron la magnitud del crimen.
Uno de los puntos clave fue la declaración de Toni Lawrence, quien decidió colaborar con la Justicia y dio información fundamental para reconstruir lo que había ocurrido. Su testimonio permitió establecer la secuencia de los hechos y el rol de cada una.
Además, las pericias forenses y los elementos recolectados reforzaron la hipótesis de la fiscalía: se trató de un ataque premeditado que derivó en un homicidio tras ocho horas de tortura.
El juicio
El caso avanzó rápidamente hacia el juicio, que comenzó a fines de 1992, y se convirtió en uno de los más seguidos por la opinión pública. La edad de las acusadas y la brutalidad del crimen generaron un fuerte debate en la sociedad estadounidense.
Melina Loveless, la principal acusada en el caso. (Foto: Whas 11 News)
Las cuatro jóvenes -Melinda Loveless, Laurie Tackett, Hope Rippey y Toni Lawrence- fueron juzgadas como adultas a pesar de que eran menores de edad al inicio del proceso judicial.
Loveless fue considerada la principal responsable, por lo que en 1993 se declaró culpable de asesinato para evitar una posible condena más severa y recibió una pena de 60 años de prisión.
Leé también: Un conflicto amoroso, una venganza y un ritual: el caso de la mujer que será ejecutada por un aberrante crimen
Por su parte, Tackett recibió la misma condena, mientras que Rippey tuvo una sentencia de 35 años. En el caso de Lawrence, obtuvo una pena reducida de 20 años debido a que había colaborado con la Justicia.
Estados Unidos, Asesinato, asesinada, nena, Adolescente asesinada, quemada
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Newsom blames Trump for DOJ probe, but reports say investigation predates his administration
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California Gov. Gavin Newsom’s claims that President Donald Trump’s Justice Department launched a politically motivated «fishing expedition» against him are facing new scrutiny after multiple reports indicated key federal investigations predate Trump’s second administration.
The timeline has emerged as a central point in the dispute. While Newsom argues the current Justice Department is weaponizing the investigations against a political rival, multiple news organizations, citing sources familiar with the matter, have reported that at least some of the investigative activity began before Trump returned to the White House.
According to CalMatters, at least two criminal investigations involving Newsom’s orbit have been underway for about a year in the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of California. The outlet, citing a Justice Department source familiar with the matter, reported the investigations originated from whistleblowers and local complaints in Sacramento, while one inquiry involving former Newsom chief of staff Dana Williamson was opened during the Biden administration. CBS News, Axios, the Financial Times and The Guardian have also reported similar timelines, citing sources familiar with the investigations.
Newsom has maintained that the current Justice Department has expanded or politicized the investigations, even as the reported chronology has fueled questions over whether the inquiries themselves originated under Trump’s administration.
WHAT TO KNOW ABOUT THE NEWSOM-LINKED CHARITIES REPORTEDLY CAUGHT IN DOJ’S SIGHTS
President Donald Trump and Gov. Gavin Newsom, D-Calif., have feuded throughout Trump’s second term so far. (AP Newsroom)
The outlet also reported that one investigation involving former Newsom chief of staff Dana Williamson was opened during the Biden administration. Williamson pleaded guilty earlier this year to corruption charges in a case that did not implicate Newsom. CBS News, Axios, the Financial Times and The Guardian have also reported, citing sources familiar with the investigations, that at least one federal inquiry began roughly a year ago and originated in California rather than at Justice Department headquarters in Washington.
Despite that reported timeline, Newsom has maintained that the current Justice Department is weaponizing the investigations in retaliation for his criticism of Trump and his national political profile, describing the inquiry as a politically motivated «fishing expedition.» His administration has also sought records through the Freedom of Information Act in an effort to determine who ordered or directed the current investigation.
ACTING AG TODD BLANCHE SAYS NEWSOM’S DOJ CLAIMS ARE NOT ‘GROUNDED IN FACT’
Acting Attorney General Todd Blanche has pushed back on Newsom’s claims that the DOJ’s investigations are politically motivated. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc)
Acting Attorney General Todd Blanche pushed back on that characterization this week. While declining to comment on any ongoing investigations, Blanche told reporters he was «not sure [Newsom’s] words are in any way grounded in fact,» adding that the California governor «would have to address that.» Blanche did not confirm or deny whether any investigation exists.
Newsom’s office responded by mocking Blanche on social media, posting a meme captioned, «Why you always lyin,» while the governor’s press office said, «Trump goons know that it’s not a crime to lie to a reporter.»
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According to CalMatters, Newsom’s office contends federal prosecutors expanded their inquiries after failing to build a case from the Williamson investigation, broadening their scrutiny to include Jennifer Siebel Newsom, the couple’s finances and their associates.
The outlet reported investigators have examined the first partner’s tax filings, nonprofit organizations and certain behested payments, though it did not allege those payments were unlawful.
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First partner Jennifer Siebel Newsom is among those whose finances and nonprofit organizations have reportedly been scrutinized in a federal investigation, according to CalMatters. (Getty Images)
Fox News Digital previously reported, citing federal sources, that investigators have opened inquiries involving Jennifer Siebel Newsom, but that Fox News had not learned of any federal investigation directly targeting Gov. Newsom himself.
The Department of Justice, the White House and Newsom’s office did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.
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El director de la organización, Wilmer Vásquez, advirtió que este fenómeno continúa siendo una de las principales expresiones de la crisis social que enfrenta Honduras, debido a la persistente falta de oportunidades, la desigualdad estructural y la vulneración de derechos fundamentales que afectan a la niñez y adolescencia en distintas regiones del territorio nacional.
Coiproden señaló que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y al incremento de controles fronterizos en los últimos años, el flujo migratorio de familias hondureñas no ha disminuido de forma significativa.
De acuerdo con la organización, muchas familias continúan tomando la decisión de migrar debido a condiciones económicas adversas, la falta de empleo digno y la limitada cobertura de servicios básicos en comunidades rurales y urbanas del país.
En este contexto, la niñez se ha convertido en uno de los grupos más vulnerables dentro de los flujos migratorios, ya sea viajando sola o acompañada de sus familiares en busca de mejores condiciones de vida fuera de Honduras.
El representante de Coiproden calificó como alarmantes las cifras acumuladas desde 2014, al señalar que el impacto de la migración infantil no solo se mide en los menores deportados, sino también en aquellos que logran salir del país o que permanecen en tránsito migratorio.
Según explicó, si estos datos se registraran en países con mayores niveles de desarrollo institucional, serían considerados una emergencia nacional debido a las implicaciones sociales, económicas y humanitarias que representan.
“Si vemos estas estadísticas en un país desarrollado, estaríamos en una completa emergencia nacional”, expresó Wilmer Vásquez, al referirse a la magnitud del fenómeno migratorio infantil en Honduras.
Coiproden subrayó que la migración de niñas, niños y adolescentes no es un hecho aislado, sino el resultado de múltiples factores estructurales que afectan a la sociedad hondureña.
Entre ellos destacan la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a oportunidades educativas y la ausencia de empleos dignos para los adultos responsables de los hogares, lo que obliga a muchas familias a buscar alternativas fuera del país.
La organización insistió en que estos factores se han mantenido a lo largo de los años, sin una respuesta integral suficientemente efectiva por parte del Estado para revertir la tendencia migratoria.
Vásquez reiteró la necesidad de fortalecer el sistema de protección de la niñez mediante una mayor asignación de recursos públicos y el desarrollo de políticas sociales más robustas y sostenidas en el tiempo.
En ese sentido, Coiproden planteó la importancia de reforzar programas de prevención, atención y acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir los factores que impulsan la migración irregular.
Asimismo, la organización enfatizó que es fundamental garantizar acceso a educación, salud y condiciones de vida dignas en las comunidades, para evitar que la migración sea vista como la única alternativa de desarrollo.
El director de Coiproden afirmó que la solución a esta problemática requiere una estrategia integral que involucre al Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población.
Advirtió que mientras persistan la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades laborales, las niñas, niños y adolescentes continuarán siendo parte de los flujos migratorios que buscan llegar a otros países en busca de un futuro mejor.
Finalmente, la organización reiteró su llamado a priorizar la inversión social y a fortalecer las instituciones encargadas de la protección de la niñez, como una medida urgente para enfrentar una problemática que, según sus datos, se ha mantenido durante más de una década en Honduras.
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