POLITICA
En medio de la crisis y la elevada deuda renunció el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas
Con apenas dos meses de gestión, deudas millonarias en el organismo y cortes de prestaciones en todo el país, presentó su renuncia el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), general de brigada Sergio Maldonado. Aunque el militar adujo motivos personales habría influido en la decisión la conflictiva situación de la entidad, que en los últimos dos años acumuló una deuda cercana a los $212.000 millones y prestaciones interrumpidas.
Se trata de la primera baja relevante del equipo de funcionarios del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien el 4 de marzo pasado nombró a Maldonado al frente del directorio de la obra social, compuesto por representantes de las fuerzas.
Hace dos semanas se informó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea habían comenzado a regularizar el pago de contribuciones patronales que se derivan a la obra social, una suma cercana a los $80.000 millones (equivalente al 40% de la deuda), lo que ayudaría a regularizar las deudas de la entidad.
Según pudo saber , en las Fuerzas Armadas no ocultan su malestar por la decisión de que la millonaria deuda se comenzara a cubrir con recursos del presupuesto de las propias fuerzas. Las voces críticas atribuyen la crisis de la obra social a la mala gestión de las autoridades de la entidad designadas por el poder político en los últimos dos años.
“Se buscan excusas para sacar fondos del presupuesto militar más magro de la democracia”, lamentaron voces castrenses.
Ante la renuncia de Maldonado, el ministro Petri impulsa la designación de un oficial superior en actividad para la conducción de OSFA, anticiparon fuentes de la obra social a . “La decisión responde a la necesidad de consolidar una obra social saneada, moderna y con una conducción alineada a la realidad y dinámica del personal en actividad, en esta nueva etapa del sistema de salud de la familia militar”, explicaron a fuentes de la entidad.
Se mantienen como miembros del directorio el general de brigada Omar Horacio Domínguez, el capitán de navío retirado Gustavo Rubén RIVAS y el comodoro Juan Carlos Ruiz Pringles, todos retirados.
La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) fue creada en febrero pasado por el decreto 88/2026 del presidente Javier Milei, que dispuso el desdoblamiento del anterior Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que reunía también a los efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura.
Con la separación, la Obra Social de las Fuerzas Armadas tiene un plantel de 343.000 afiliados, correspondientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffseg) contará con 187.000 afiliados, surgidos de la Gendarmería y la Prefectura.
Según se explicó, la deuda de la obra social se acumuló porque las Fuerzas Armadas realizaban los aportes y contribuciones sobre el salario en blanco, sin tener en cuenta otras sumas remunerativas que formaban parte de las remuneraciones, lo que generó el monto que –se anunció- iba a ser derivado a la obra social. “Con ese error que ahora se corrige se cubren las pésimas gestiones de Oscar Sagás y Roberto Fiochi en Iosfa, en los dos años de gestión del entonces ministro Luis Petri”, advirtió una fuente de la entidad.
Como publicó este diario, en varias zonas del país se mantiene la crisis y se registran pocos cambios. “El panorama sigue siendo complejoy seguimos sin prestaciones básicas. En el hospital local están dando turnos a 40 días –antes no se conseguían- y hay atención en consultorios, previo cobro de un copago de $18.000. Las atenciones de urgencia cuestan $38.0000 la consulta, lo mismo que para las personas sin cobertura social”, explico hace un par de semanas un oficial retirado en Mar del Plata, donde se asientan principalmente unidades de la Armada, pero también del Ejército y la Fuerza Aérea.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Referencia salarial. Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo,,Un 10% para el Ministerio de Defensa. El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones al reequipamiento militar,,Lesa humanidad. Condenan a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos contra 111 víctimas
POLITICA
Revisarán el celular del contratista para buscar mensajes borrados: Manuel Adorni le dijo que podía contar con él
El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar el celular del contratista Matías Tabar, que remodeló la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz, para rescatar mensajes borrados automáticamente de sus conversaciones con el jefe de Gabinete.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió realizar esta medida luego de que ayer Tabar le dejó el celular al declarar como testigo.
Allí, Tabar contó que las obras de remodelación tuvieron un costo total de 245.000 US$, incluida la mano de obra, los materiales y todos los muebles y artefactos adquiridos para la casa.
Asimismo, Tabar relató que en los días previos a su declaración Adorni le mandó un mensaje de WhatsApp. Fue cuando la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito ya estaba en la agenda pública de los medios y faltaban pocos días para que Tabar se presentara a declarar.
Adorni le mandó un chat para consultarle si lo podía llamar y Tabar lo telefoneó.
Allí, en esa conversación telefónica, que duró diez minutos, hablaron sobre la situación.
“Le dijo que era una mierda para él pasar por la instancia de tener que ir a declarar, de lo incómodo que era para su socia y para su familia”, cuentan amigos de Tabar.
Allí, Adorni le dijo que si necesitaba “ayuda, que contara con él y su equipo”, según dijeron allegados a Tabar, que indicaron que el jefe de Gabinete nunca mencionó el ofrecimiento de un abogado.
Tabar rechazó la ayuda.
Ese mensaje se eliminó porque el servicio de mensajería tiene activado un sistema de borrado automático.
Por eso, los investigadores ahora buscan rescatar este mensaje y los que intercambió con Adorni referidos al avance de las obras.
El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.
Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.
Adorni pagó supuestamente 120.000 US$ por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.
Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.
El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$ 245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales.
Con ese dinero se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.
El testigo fue a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios nuevos. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.
Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.
“Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas sobre la declaración del contratista.
Hernán Cappiello,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,LN+. Las tres hipótesis de Malamud sobre la continuidad de Adorni en el Gobierno,,»Quehaceres privados». El Gobierno denunció a Rodolfo Tailhade por espionaje a Adorni, su esposa y sus hijos,,»Una dependencia profunda». Las tres hipótesis de Malamud sobre la continuidad de Adorni en el Gobierno
POLITICA
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo de 2026 una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.
La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.
El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
La resolución, dictada el 5 de mayo de 2026, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.
Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.
El rechazo de la Cámara
La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril de 2026, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.
La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.
El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.
La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.
Nuevos imputados en la causa
En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).
Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio de 2026 a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.
Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.
Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.
La maniobra que investiga el juez Armella
La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.
El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.
El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.
El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.
Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.
La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.
El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.
La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.
POLITICA
Luis Caputo le respondió a Domingo Cavallo: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada”
El ministro de Economía, Luis Caputo, le contestó a Domingo Cavallo, luego de que el exfuncionario del menemismo insistiera con su pedido de liberar el mercado cambiario. “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.
“Caputo es un trader, no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro”, consideró Cavallo este martes a la tarde durante una entrevista con el canal de streaming Ahora Play, tras ser consultado por la resistencia del Gobierno a liberar el mercado cambiario en 2027 ante el temor de una corrida que afecte el año electoral.
En ese marco, Caputo respondió: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note». Y añadió: “Porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos».
Noticia en desarrollo.
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