ECONOMIA
Impuesto al viento: el plan del gobierno para blindar a las energías renovables

El sector de las energías renovables en la Argentina atraviesa un momento de incertidumbre normativa tras el vencimiento de la Ley 27.191 en diciembre pasado. Esta legislación, que funcionó como el gran motor para el despliegue de las distintas tecnologías de la industria de las energías limpias garantizaba un marco de previsibilidad que hoy se encuentra formalmente ausente.
Sin un nuevo paraguas legal, la industria advierte sobre el riesgo de un vacío que frene las inversiones previstas para los próximos años y expuestas a lo que en algún momento se denominó el «impuesto al viento», un concepto que surgió como una respuesta de la industria ante los intentos de municipios y provincias -principalmente en la región patagónica- de aplicar tasas por el uso del espacio aéreo o por la inspección de torres eólicas.
Estas administraciones locales argumentaban que las ráfagas eran un recurso natural del dominio público que debía tributar, de forma similar a las regalías que paga el petróleo, y si bien la exposición pública permitiría adelantar que no se darán situaciones similares en el futuro, no se descartan otros típos de cánones o tributos.
Desde mediados del año pasado, diversos sectores impulsaron un proyecto para prorrogar los beneficios, pero la iniciativa perdió estado parlamentario ante la falta de oportunidad de su tratamiento en el recinto. Posteriormente, se intentó incluir un artículo específico en la Ley de Presupuesto para subsanar la situación, pero tambien se dio de baja el capítulo como parte de la negociación política con la oposición.
La industria y el futuro de las renovables
Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, explicó a iProfesional que «lo que caducó fueron los beneficios fiscales que la ley tenía hasta diciembre. Hay solamente dos aspectos que al sector le importan y que para la industria son trascendentes en términos de financiamiento y en términos de decisión de inversión que básicamente son la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal«.
Respecto al complejo escenario parlamentario y la pérdida de estado del proyecto anterior, el directivo explicó la hoja de ruta para este año: «Volvemos a la carga para tratar de que este año esta norma pueda verse plasmada en términos de prórroga su vigencia como una norma autónoma fundamentalmente… lo que se necesita básicamente es eso: la aprobación de esta norma que dé seguridad jurídica y estabilidad fiscal».
Al analizar el éxito del marco legal previo, Ruiz Moreno aportó cifras contundentes sobre el desarrollo alcanzado en la Argentina: «La inversión global del sector en términos de eólica y solar es cercano a los 10.000 millones de dólares, una cifra realmente importante e impactante para un sector que tiene bastante pocos años… representan unos 7.000 MW instalados y funcionando».
Finalmente, sobre el ritmo actual de la industria frente a la incertidumbre, aclaró que el interés sigue vigente pero condicionado: «De ninguna manera se ha detenido, los proyectos continúan tanto los que estaban en construcción como los que están en cartera; pero claramente con un escenario de seguridad jurídica, estabilidad fiscal y una macroeconomía creciendo, el proceso tendría claramente una dinámica mayor».
La seguridad juridica y fiscal
En este contexto, el Poder Ejecutivo decidió retomar la iniciativa mediante un nuevo proyecto de ley que busca dar una solución de largo plazo. El eje central de la propuesta oficial, plasmado en una norma que incluye varios otros temas del sector energético, apunta a prolongar por 20 años -hasta el 31 de diciembre de 2045- los beneficios de estabilidad que originalmente planteaba la normativa previa.
De esta manera, se intenta restablecer un horizonte de largo plazo para una actividad que requiere de una fuerte inversión de capital inicial y que busca la protección contra la presión impositiva de las jurisdicciones locales.
El proyecto establece de forma taxativa que el acceso y uso de fuentes renovables no podrán ser gravados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías. Esta restricción alcanza a los tres niveles del Estado: Nación, provincias y municipios, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, blindando la rentabilidad de los proyectos frente a cambios en las políticas locales.
Desde el punto de vista técnico, la prórroga del Artículo 17 de la Ley 27.191 es vista como la clave para mantener la competitividad de los proyectos en el país. La posibilidad de que un parque solar o eólico sea alcanzado por tasas sorpresivas encarece el costo de capital y, por ende, el precio final de la energía. Al garantizar que no habrá nuevos costos tributarios por dos décadas, el Gobierno busca equiparar las condiciones locales con las de otros mercados regionales.
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ECONOMIA
Récord en 8 años: el riesgo país roza los 400 puntos básicos, ¿cuánto tiene que bajar más?

El mercado financiero consolida una de las tendencias más esperadas por el sector corporativo y el propio Gobierno: el riesgo país de la Argentina aceleró su racha bajista y perforó la barrera de los 420 puntos básicos, ubicándose en 415 unidades. Se trata del nivel más bajo en los últimos ocho años (la era de Javier Milei y los registros del gobierno de Mauricio Macri desde abril de 2018).
Este desplome del indicador —que a comienzos de año promediaba niveles muy superiores— funciona como un termómetro de la pax cambiaria y de la paulatina compresión de tasas que beneficia a los activos locales.
Por qué el riesgo país se desplomó en las últimas semanas
Este descenso vertical del índice EMBI no responde al azar, sino a un cambio radical en las expectativas del mercado global respecto a la solvencia de la Argentina. La caída hacia la zona de los 400 puntos se sostiene sobre tres pilares macroeconómicos concretos que el Palacio de Hacienda logró alinear en el inicio de este año:
- Ancla fiscal inquebrantable: El mercado ya no ve el superávit financiero como un hecho estacional. La continuidad del equilibrio en las cuentas públicas opera como la mayor garantía de que el Estado no emitirá pesos espurios ni necesitará recurrir a un endeudamiento asfixiante en el mercado interno para cubrir baches de caja.
- Saneamiento del balance del BCRA: La eliminación gradual de los pasivos remunerados y la consistente absorción de pesos permitieron desinflar las expectativas de devaluación brusca. La reducción de la brecha cambiaria a mínimos históricos pavimentó el camino para esta compresión de tasas.
- Garantía de pagos futuros: El diseño de mecanismos específicos y el uso de depósitos en el exterior para asegurar el pago de los cupones de capital e intereses de los bonos soberanos para los próximos vencimientos eliminaron el fantasma del default de corto plazo, que era el principal componente del «riesgo argentino» hace apenas unos meses.
Según Fernando Camusso, de Rafaela Capital: «El mercado observa que el Gobierno empezó a demostrar que puede cumplir con las promesas que hizo para mejorar la economía, incluso si hay algunas cuestiones que no están claras para el segundo semestre. El entorno macroeconómico pesa fuerte».
Por su parte, para Fernando Marull: «La baja del riesgo país responde estrictamente a factores que combinan el contexto global y el local. Tras los últimos datos de empleo en Estados Unidos, más inversores se inclinaron a los mercados emergentes y compraron activos de estos países, entre ellos, la Argentina».
Cómo se mide el riesgo país
El indicador es elaborado diariamente por el banco de inversión norteamericano J.P. Morgan bajo el nombre técnico de EMBI (Emergencia Markets Bond Index). Su lógica es matemática y mide la brecha de rendimiento:
- Se calcula la diferencia (spread) entre la tasa de interés que pagan los bonos en dólares emitidos por un país emergente (en este caso, los Globales y Bonares de Argentina) y la tasa que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo a nivel global.
- La equivalencia: Se expresa en puntos básicos. Cada 100 puntos básicos equivalen a 1% anual de tasa de interés extra por encima de los rendimientos norteamericanos. Con el indicador actual en 415 puntos, significa que el mercado le exige a un bono soberano argentino un rendimiento aproximado de 4,15% por encima de la tasa estadounidense para captar inversores.
Dónde se para Argentina en la comparación regional
A pesar de la fuerte compresión de tasas de las últimas semanas, la Argentina sigue mostrando una dualidad estructural en la región: protagoniza la reducción más veloz del indicador, pero todavía carga con el costo de financiamiento más alto del vecindario, exceptuando casos como Bolivia.
Riesgo país promedio por país (Puntos Básicos):
- Uruguay: 90
- Chile: 100
- Perú: 108
- Paraguay: 99
- Brasil: 200
- Colombia: 300
- Argentina: 415
La historia reciente de este indicador expone las crisis de deuda crónicas del país y la volatilidad institucional:
El mínimo histórico absoluto: Se tocó en enero de 2007, cuando el indicador rozó los 180 puntos básicos, traccionado por el millonario canje de deuda de 2005 y el viento de cola de los commodities. Durante la gestión previa al inicio de la corrida cambiaria de Cambiemos (marzo de 2018), el piso rondaba las 400 unidades.
El máximo histórico absoluto: Ocurrió durante el estallido de la crisis de 2001. El 24 de diciembre de ese año, tras el default declarado por Rodríguez Saá, el indicador rozó los 7.222 puntos. Más cerca en el tiempo, luego de las PASO de agosto de 2019, el indicador volvió a encender alarmas saltando por encima de los 2.500 puntos, y superó los 2.900 previo a la reestructuración de 2020.
A cuánto debe bajar el riesgo país para que Argentina vuelva a emitir deuda
Para que la Argentina pueda emitir nueva deuda en el exterior sin que el costo sea prohibitivo, el mercado baraja un «número de corte» técnico, aunque los analistas advierten que la tasa final dependerá de la tasa de los bonos norteamericanos a 10 años (que hoy ronda el 4%).
«Para volver al mercado de manera genuina y sostenible, el riesgo país debería estabilizarse por debajo de los 300 puntos básicos. Emitir hoy con 415 puntos implicaría convalidar una tasa cercana al 8% o 9% anual en dólares. Para refinanciar vencimientos de forma eficiente, la Argentina necesita colocar deuda a tasas del 6% o 7% como máximo, algo que solo se logra arrimando el indicador a la línea de los 250 puntos, donde hoy juegan Brasil o Colombia», explica Gustavo Ber, economista y director de Estudio Ber.
Por su parte, Nery Persichini, de GMA Capital, agrega: «El número mágico para que el soberano vuelva a emitir está en la zona de los 300 a 350 puntos. Menos de eso sería óptimo, pero ya en esos niveles el costo financiero es pagable. Sin embargo, no es un proceso automático: las corporativas locales ya se financian a tasas muy bajas, pero el Estado todavía tiene que rendir un examen de confianza más largo frente a los fondos internacionales».
La compresión del riesgo país es una condición necesaria, pero no suficiente. Los bancos de inversión internacionales y los analistas locales coinciden en que el Palacio de Hacienda debe destrabar tres frentes clave para que los inversores extranjeros vuelvan a firmar cheques para el Tesoro:
- Salida del cepo cambiario: Es el principal freno estructural. Ningún gran fondo internacional va a ingresar dólares frescos para comprar bonos si persisten restricciones para la libre remisión de utilidades o si perciben que el valor del tipo de cambio está administrado de forma artificial. La unificación cambiaria es la garantía de salida que exige el mercado.
- Acumulación neta de reservas internacionales: Si bien el Banco Central logró sanear su balance y salir de los niveles críticos de reservas netas negativas, el mercado internacional exige ver un flujo constante y genuino de acumulación de divisas que garantice el pago de los abultados vencimientos de deuda de los próximos años, sin depender exclusivamente de refinanciaciones (rollover).
- Sostenibilidad política y reformas de fondo: El superávit fiscal financiero es el pilar de la baja actual, pero Wall Street mira el mediano plazo. Se necesita demostrar que el orden fiscal actual es sostenible en el tiempo y cuenta con respaldo institucional y legislativo, de modo que un eventual cambio de signo político en el futuro no ponga en riesgo los compromisos asumidos.
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ECONOMIA
Caputo presentó el plan financiero hasta 2027: “Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un programa financiero para afrontar abultados pagos de 2027 sin definir una fecha para emitir deuda en los mercados internacionales. “Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”, aseguró.
El titular del Palacio de Hacienda aseguró que es un programa conservador con “opcionalidades” con algunos instrumentos que se están trabajando desde hace más de un año. “Hay otras como salir a los mercados internacionales que cuando vean que está en cero, tanto este año como el que viene, aunque podría ser una opción. Es una opción más, no un objetivo”, sostuvo.
La clave esta en que a diferencia del pasado para Caputo, ahora a medida que el tiempo pasa juega a favor de la Argentina, ya que como los fundamentos del programa económico son sólidos, el tiempo lleva a que las variables mejoren entre ellas el riesgo país, que la semana pasada cerró en 415 puntos básicos (p.b). Marcando un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018.
“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia; no es lo mismo al 6% a 10 años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en esa época”, sostuvo Caputo en referencia a quienes aseguran que el Gobierno debería aprovechar las ventanas que se abrieron en el pasado con la baja del riesgo país y salir a colocar al mercado internacional.
Según detallo el secretario de Finanzas, Federico Furiase, las necesidades para lo que resta de 2026 son por USD 19.200 millones mientras que las fuentes de financiamiento suman USD 22.900 millones. Lo que genera un colchón por USD 3.700 millones. Entre las cuales se destaca la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 6.700 millones, roll over intra sector público (capital e intereses) por USD 800 millones, prestamos con garantías de organismos internacionales por USD 4.000 millones.
“Tenemos prestamos con garantías con organismos internacionales por USD 4.000 millones. Dentro de poco vamos a tener los anuncios, esto implica la garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones con una tasa de 6,3%. Después hay otro prestamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa de 7,75%. Y estamos negociando otro préstamo por USD 1.000 millones”, sostuvo Furiase.
Ademas, el programa financiero para los meses que faltan de este año contempla, desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones, con organismo internacionales (excluyendo al FMI) por USD 2.800 millones, emisiones locales por USD 6.000 millones (de los cuales USD 4.000 millones ya se emitieron con el Bonar 2027 y Bonar 2028). Este será un Bonar 2029 (AO29), el cual según explicó Furiase, la única diferencia será que en las primera licitación no se va a poner un monto máximo, pero si un cupo límite de USD 2.000 millones. Y por privatizaciones se esperan, para lo que resta del 2026, USD 800 millones.
El programa también contempla emisiones en el mercado internacional pero sin una cifra definida. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de como evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, destacó Furiase en línea con las declaraciones del ministro de Economía Caputo.
Para el 2027, las necesidades son USD 24.900 millones mientras que las fuentes ascienden a esa misma cifra. En donde se parte del saldo del programa financiero 2026 por USD 3.700 millones. Ademas se contempla la compra de dólares al BCRA por USD 4.900 millones, roll over intra sector público (capital e interés) por USD 1.800 millones, desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.700 millones.
Ademas de desembolsos de organismo internacionales (excluyendo al FMI) por USD 4.200 millones, emisiones locales por USD 5.000 millones, otras fuentes de financiamiento por USD 2.000 millones -que sería un préstamo bilateral- y privatizaciones por USD 1.500 millones.
El plan que presentó Caputo se apoya en garantías internacionales aseguradas con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de la reestructuración de operaciones de pase pasivo con bancos internacionales. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, había anticipado que se trataba de un “programa financiero conservador” que buscará cubrir los vencimientos en dólares y fortalecer los colchones de reservas, con apoyo de Estados Unidos y mecanismos para adaptarse a distintos escenarios.
Noticia en desarrollo
ECONOMIA
Vaca Muerta: Por qué Neuquén aplica un nuevo canon al uso del agua

La Provincia dispuso este martes un incremento progresivo del canon que deberán abonar las empresas por el uso de agua en las perforaciones no convencionales, conocidas como la técnica de fractura o fracking, de exploración y explotación hidrocarburífera. Se busca así incentivar la reutilización y recirculación en la actividad de Vaca Muerta, en un contexto de emergencia hídrica presente en todo el territorio provincial.
La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 260/26 de la subsecretaría de Recursos Hídricos, publicada en el Boletín Oficial, y fue ratificada por el Decreto Provincial 792. La norma definió que el agua constituye un recurso natural estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia.
La normativa, con incidencia directa en la actividad de Vaca Muerta, establece que, desde el 1 de julio de 2026, el canon por cada metro cúbico de agua utilizada en perforaciones no convencionales será equivalente al valor de 2,5 litros de combustible Oil Grado 3 de YPF, mientras que a partir del 1 de enero de 2027 ascenderá al equivalente de 3 litros por metro cúbico.
La disponibilidad del agua se encuentra sometida a una creciente presión debido a la sequía y al aumento de la demanda, por lo que se consideró que los valores vigentes del canon ya no resultaban suficientes para generar incentivos económicos que promuevan un uso más eficiente y sustentable del recurso.
A pesar de que el agua es un recurso clave para la industria petrolera, los avances tecnológicos incorporados a esta actividad permiten actualmente implementar mecanismos de recuperación, tratamiento, recirculación y reutilización de fluidos, posibilitando reducir la necesidad de nuevas captaciones de agua provenientes de fuentes públicas.
Un canon para la industria de Vaca Muerta
La normativa apunta específicamente a las actividades de perforación de exploración no convencional y perforación de explotación no convencional, que concentran el consumo industrial del agua, un tema largamente debatido por la industria, los gobiernos y la sociedad civil.
Además, la nueva regulación establece que el canon se aplicará según el destino final del agua, incluso cuando el abastecimiento sea realizado por terceros o prestadores de servicios, para lo cual las empresas deberán acreditar mediante documentación y declaraciones juradas el uso efectivo del recurso.
También instruyó a los organismos provinciales a desarrollar mecanismos de incentivo para aquellos proyectos que incorporen esquemas de aprovechamiento complementario del agua captada, destinándola además a iniciativas productivas, agropecuarias, forestales, industriales o ambientales.
La medida busca hacer frente a la emergencia hídrica declarada en Neuquén desde octubre de 2025 y responde a la estrategia de preservar las reservas de agua frente al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.
La importancia del agua en el fracking
La estimulación hidráulica o fracking utiliza el agua como el componente principal de un fluido que se completa con arena y aditivos químicos. Este compuesto se inyecta a altas presiones en las secciones horizontales de los pozos para generar microfisuras en la roca, permitiendo la liberación y el flujo de los hidrocarburos atrapados.
En cuanto a las métricas de consumo actuales en la cuenca Neuquina, la intensidad de la actividad transformó las necesidades del recurso. Por etapa de fractura se estima en la industria que dependiendo del diseño y la longitud de la rama lateral, se demandan en promedio entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos de agua por cada etapa.
Para el caso de pozo completo, con ramas horizontales que ya promedian los 3.000 a 3.500 metros de extensión y configuraciones de entre 30 y 50 etapas de fractura, un pozo no convencional típico en Vaca Muerta requiere un volumen total que oscila entre los 30.000 y 45.000 metros cúbicos de agua dulce, el equivalente a entre 30 y 45 millones de litros por perforación.
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