La pregunta clave del día es esta: si el mismo nivel de desgobierno que el oficialismo mileísta exhibe en el caso Adorni se llevará puesto también el vínculo con la universidad pública argentina y el contrato ciudadano que la sostiene. No es una pregunta menor.

Del caso Adorni acaba de brotar el primer acto de rebeldía a la autoridad presidencial de un hiperpresidencialismo a la enésima potencia como el de Javier Milei: una grieta que sale de las mismas entrañas del Poder Ejecutivo y expone una debilidad hasta ahora inédita en la capacidad del dúo Milei-Karina Milei para disciplinar a sus jugadores más fuertes.

La movida ejecutada por Patricia Bullrich el miércoles pasado, cuando emplazó en televisión a Manuel Adorni a aclarar su situación patrimonial, cambió la dinámica de la gobernabilidad libertaria a expensas de la imagen de Milei, y por supuesto de Adorni.

En relación a la tensión creciente con la universidad pública, el Gobierno minimiza una realidad: del reclamo de la comunidad universitaria que vuelve a la calle hoy, surgió en 2024 y 2025 el sujeto social y político que logró amalgamar como ningún otro la protesta contra una política del Gobierno y movilizar transversalmente a la clase media, incluyendo a parte de la clase media que votó a Milei o que, al menos, acompaña el rumbo de la racionalidad macroeconómica y no votaría nunca kirchnerismo.

La coyuntura abre preguntas relevantes para el Gobierno y su lógica. ¿Este 2026 será una repetición de 2025 y de los problemas de digestión de las demandas sociales por parte de un oficialismo replegado sobre sí mismo? En 2025, la oposición dura encontró oxígeno para intentar recuperar el escenario político y su capacidad de representación en base a tres causas: universidad pública, discapacidad y Garrahan. Fueron los platos servidos que el Gobierno le dejó a la oposición en su pretensión de reinventarse.

El Gobierno tiene logros macroeconómicos para mostrar, aunque también resultados pendientes. Pero la exacerbación del desacople de los reclamos sociales de mayor sensibilidad, como la demanda de transparencia en el caso Adorni, opaca las metas alcanzadas. Bullrich misma lo dejó claro aquel día clave de su emplazamiento a Adorni: “En este momento la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay rapidez y contundencia, el proyecto sufre, el país sufre. El país está metido en una conversación que no es la más importante. La más importantes es cuántas inversiones vienen, cómo crecemos, cómo empezó a crecer la recaudación. Salgamos de esto lo antes posible. Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible”.

En 2025, esa dinámica que opta por darle la espalda a la demanda racional de la ciudadanía de a pie terminó en sucesivas derrotas oficialistas en el Congreso y en la derrota bonaerense de septiembre de 2025, con Kicillof ganador de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con el 47,28 por ciento de los votos: catorce puntos por arriba de la Libertad Avanza.

Para recuperarse en octubre, el Gobierno puso en juego recursos extremos: Milei se vio obligado a abrazar públicamente la moderación para desandar la ruptura de puentes con la sociedad que había practicado todo el año; puso en juego la tabla de salvación financiera sorprendente que le alcanzó el par Trump-Bessent y tuvo que tener de su lado al “riesgo kuka” como aliado ante un plan económico propio que no alcanzaba para asegurar el triunfo.

La rebeldía Bullrich y la resistencia universitaria tienen algo en común, y conectan con los reclamos sociales marginados por el oficialismo en 2025: encierran demandas sociales razonables, renovadas hoy, que el Gobierno, como mínimo, desoye. Y, como máximo, combate con argumentos discutibles y herramientas confrontativas que ni amplían su base de apoyo ni ganan la parada política ni transforman lo que necesariamente hay que mejorar, como es el caso del sistema universitario nacional, su eficiencia académica y la eficiencia de su gasto, sus niveles de transparencia y su futuro en medio de un futuro de incertidumbre global y tecnológica.

Ahí está Bullrich o la oposición dura para aprovechar la oportunidad de una búsqueda de representación que no encuentra representantes en el oficialismo libertario.

En política, todo vacío que se deja tiende a ocuparse; todo silencio que se cultiva, tiende a ser roto. En el caso Adorni, Milei viene dejando decididamente un vacío de representación: el reclamo de transparencia está huérfano desde que estalló el escándalo Adorni a principios de marzo, con los chorros constantes de información sobre su estilo de vida, que derivaron en una causa por enriquecimiento ilícito.

Bullrich se decidió a llenar el vacío y rompió el silencio en el programa de Eduardo Feinmann la semana pasada. De esa conversación salió el “de inmediato”, el plazo cero para que el jefe de Gabinete muestre su declaración jurada 2025. Bullrich terminó interpretando un sentido común que pide algo básico: transparencia en el manejo de los ingresos y gastos del jefe de Gabinete.

Esa movida bullrichista es un hito en la gobernabilidad interna del mileísmo: el control altísimo que tiene el par Milei-Karina Milei sobre la palabra de sus ministros y funcionarios es una característica de la gestión. El hiperpresidencialismo carismático de Milei no deja lugar para el juego propio de sus ministros: no hay espacio para matices.

Por eso, la movida de Bullrich marca un antes y un después. No sólo “spoileó” a Adorni con el reclamo de transparencia inmediata, como sostuvo el jefe de Gabinete en el streaming de Fantino. Bullrich también “spoileó” a Milei: le ganó de mano y recuperó la bandera de transparencia anticasta que le dio la identidad al mileísmo. Perdieron todos menos Bullrich.

Desde que estalló el affaire Adorni, la imagen de Bullrich se sostiene por encima de la de Milei. La gobernabilidad interna del proyecto libertario está bajo presión. El viernes, esa tensión no dio ni para tener una foto del gabinete unido, aunque fuera para disimular.

La película no termina: hay riesgos en la maratón de Bullrich. El mileísmo en el poder tiene dos maratonistas. Una era Victoria Villarruel, que con su causa de la “historia completa” y la dictadura, estuvo décadas esperando su momento. En parte, por eso fue vicepresidenta. Por ahora, quedó fuera de carrera. Bullrich es la otra maratonista de la política y del poder.

Tiene dos ventajas competitivas sobre Villarruel: en 2023 y 2025 mostró que tiene votos propios en el electorado y que logra votos en el Senado para los proyectos de Milei. El que vio esa capacidad de Bullrich para la carrera de largo aliento es Mauricio Macri, por eso su hombre de confianza, Fernando de Andreis, salió a limar esa veta y quitarle épica: le pidió a Bullrich que “deje de pasar de un partido a otro”.

En relación al reclamo universitario, la marcha de hoy, en su sentido más transversal, también busca que el Gobierno atienda a una demanda sensible y elemental: la necesidad de actualizar salarios universitarios y científicos castigados con una caída del 40 por ciento desde que Milei llegó al poder.

Es el sector con mayor baja salarial comparado con los empleados públicos en general, con una caída del salario en torno al 20 por ciento, y los privados, en torno al 5 por ciento. La ley de financiamiento universitario sancionada el año pasado con votos opositores apuntó a ese módico objetivo: recomponer salarios y partidas, golpeadas por la inflación y el ajuste fiscal.

Universidades y facultades de distintas partes del país, sobre todo aquellas formadas por profesionales cuyo perfil está centrado en la investigación y la docencia universitaria, no han comenzado sus cuatrimestres: hay paro de docentes universitarios, arrinconados por los salarios. En muchas facultades, los estudiantes corren el riesgo de perder el primer cuatrimestre.

Por supuesto que habrá sectores de la oposición más dura, desde el kirchnerismo y el kicillofismo a la izquierda, que usarán políticamente la movilización universitaria para llevar agua a su molino. La estrategia del Gobierno es polarizar con esa usurpación ideológica del reclamo universitario: la oposición dura le hace el juego al Gobierno cuando se apropia de una causa que es, en realidad, de una ciudadanía transversal en lo ideológico y en lo social.

Desde las autoridades universitarias tampoco se avanza con una estrategia racional de negociación y consensos posibles en base a datos precisos y transparentes. La lógica de la política universitaria, de la política nacional tallando con sus intereses en la vida universitaria de manera opaca y de la pervivencia de sistemas de poder también complica la resolución del conflicto.

La política universitaria llevada por Sandra Pettovello desde Capital Humano carece de la sensibilidad que la llevó a sostener la AUH y la actualización por encima de la inflación. La judicialización del Gobierno tiene suspendida la aplicación de la ley de financiamiento universitario y mientras tanto, ofrece casi nada.

Es cierto que el sistema universitario nacional arrastra deudas de eficiencia y transparencia desde hace décadas. Pero también es cierto que en dos años de gestión el Gobierno no dio señales de un diseño de política universitaria racional, basada en evidencia completa, en diálogo con las universidades, sus docentes y la sociedad y con un horizonte claro.

Por ahora, la discusión está estancada en un reclamo por salarios caídos y por la caída de fondos operativos y de investigación. El problema no es sólo la política universitaria del Gobierno sino también los ítems que la política económica de Luis Caputo decide recortar.