POLITICA
Senado: el oficialismo buscará aprobar el acuerdo para pagarles a los holdouts del 2001

El Senado sesionará este jueves desde las 15 para tratar un extenso temario que incluye un acuerdo del Gobierno con dos holdouts por US$171 millones, la extensión por cinco años del mandato del juez Carlos Mahiques y un proyecto para regularizar la tenencia de armas, entre otros puntos.
La jornada parlamentaria servirá para reactivar el Congreso en medio de la parálisis que provocó la investigación patrimonial alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Uno de los proyectos que más le interesa al oficialismo es el que avala el acuerdo de conciliación impulsado por el Gobierno con dos bonistas que demandaron al país por el default de 2001.
De aprobarse el proyecto, el país abonará a Bainbridge Fund un pago único en efectivo por el monto total de US$67 millones, mientras que los US$104 millones restantes serán para el grupo Attestor.
La medida busca poner fin a los litigios por la declaración del default y despejar las amenazas de ejecución judicial contra activos argentinos, como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
Según pudo saber TN, en esa iniciativa La Libertad Avanza tendrá el acompañamiento de la oposición dialoguista conformada por el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales, mientras permanecen inciertos los posicionamientos de la bancada justicialista de José Mayans y la de Convicción Federal de Carolina Moisés.
Pliegos judiciales y la prórroga para el padre del ministro de Justicia
El temario definido por los jefes de bloques en Labor Parlamentaria también incluye el ingreso formal a una treintena de pliegos para la Justicia Federal que reclamaban las provincias para sus distritos.
Además, entre los temas de mayor peso político, el Senado también votará para extender por 5 años el mandato de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
El magistrado cumplirá en noviembre los 75 años, la edad límite para ser juez que establece la Constitución Nacional. Sin embargo, Mahiques solicitó un nuevo nombramiento y la propuesta fue habilitada por el Poder Ejecutivo.
El expediente fue enviado un mes antes de que su hijo, Juan Bautista Mahiques, asumiera al frente de la cartera de Justicia.
Armas y tratados internacionales: los otros temas de la sesión
El Senado también debatirá el proyecto para regularizar la tenencia de armas y prorrogar el programa de entrega voluntaria.
La primera iniciativa plantea un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el país para quienes posean armas de fuego de uso civil que no se encuentren registradas de conformidad con la normativa vigente.
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La medida, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado, dispone un plazo de 360 días y establece que quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Por otra parte, también se propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. En ese sentido, el texto establece que la entrega será voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.
Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022 y contaba con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.
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A su vez, la sesión tratará tres convenios internacionales: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y los tratados de Seguridad Social con Suiza y San Marino.
Con ese temario, el oficialismo busca recuperar la actividad en el Congreso con temas que permitan correr el foco de la investigación judicial alrededor del jefe de Gabinete.
En ese sentido, la mesa política se reunió este martes en la Casa Rosada y definió acelerar los proyectos que tramitan en ambas cámaras, además de preparar el envío de 10 nuevas iniciativas que se anunciarán en los próximos días.
Senado, Congreso, Gobierno
POLITICA
Tras el femicidio de Agostina Vega, revisarán antecedentes penales de los empleados municipales de Córdoba

Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.
El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.
La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.

El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.

El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.
De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.
En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.
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POLITICA
Guerra de facciones sin respiro

La guerra de facciones que agita al gobierno de Javier Milei es tan vertiginosa que no da respiro para festejar triunfos propios o derrotas ajenas. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, podría solazarse en estas horas con la crisis política que desató su rival, Karina Milei, al pretender retirar del Senado el pliego de la candidata a camarista María Verónica Michelli, con el perverso argumento de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
“El Mago” no había llegado a descorchar una botella cuando estalló un incendio en su sala de máquinas. Ese incendio se llama Facundo Leal. Es el extitular de la agencia de control de los aeropuertos, ORSNA. También el empleado de planta de la empresa de telecomunicaciones Arsat, en cuyo directorio se sienta en calidad de representante del sindicato telefónico. Leal fue, en la gestión de Alberto Fernández, presidente de Arsat.
Los padecimientos libertarios comenzaron cuando el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, de San Isidro, pusieron bajo la lupa a Gerardo Boschin por el robo de material tecnológico en un depósito contratado por Arsat en San Fernando. Mientras ocurrían los hechos, Boschin era subgerente de contrataciones y compras de la compañía. Después fue presidente de la empresa Trenes Argentinos. Pero siguió figurando como subgerente de Arsat hasta el lunes pasado. Parecería ser un funcionario apreciado por sus superiores.
En esa línea de investigación se allanaron dos propiedades de Leal. Un departamento en el barrio porteño de Palermo y una casa en Mendoza. En esos domicilios se encontró dinero en efectivo por alrededor de 2,4 millones de dólares; varios tipos de droga: cocaína, ketamina y éxtasis; una balanza que se usaría para pesar drogas; y 19 aparatos electrónicos de los que se utilizan en las prácticas de espionaje.
La continuidad de Leal entre los gobiernos de Fernández, cuando presidió Arsat, y de Milei, cuando presidió el ORSNA, genera preocupaciones transversales. Esa permanencia deriva de un método: Santiago Caputo resolvió adquirir llave en mano planteles enteros de la gestión anterior, casi siempre ligados a Sergio Massa. A pesar de sus vicios. O a raíz de sus vicios.
Bajo Fernández, Leal reportaba a Massa. Mas aún, cuando terminó la gestión peronista y los empresarios del sector le preguntaban por su eventual continuidad, él contestaba: “Voy a estar donde me diga Sergio”. Esa lealtad de Leal se debe a su antiguo vínculo con los mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila, del entorno más cercano a Massa. Estas complicidades se desplegaban casi siempre en las noches de “Roldán”. Massa, que ya tenía bastantes disgustos con las fechorías de sus amigos Pablo Toviggino y Javier Faroni, en la AFA, ahora tiene que soportar los sobresaltos que llegan desde las telecomunicaciones.
En los últimos tiempos, Leal se había convertido en la sombra de otro mendocino allegado a Vila: el ex secretario de Transportes Luis Pierrini. En esta nueva especialidad habría adquirido otra dependencia: la de Leonardo Scatturice. Muy relacionado con el entorno de Donald Trump, este empresario es el dueño de la accidentada Flybondi y también contratista de Trenes Argentinos para el tendido de fibra óptica en las estaciones ferroviarias.
Scatturice tiene una relación estrechísima con el “Mago” Caputo, gracias a quien una de sus compañías, Tactic Global, consiguió un contrato con la SIDE para realizar actividades de lobbying. Es la consultora en la que presta servicios el supuesto amigo de Trump, Barry Bennett, quien dejó de visitar Buenos Aires con la frecuencia de otros tiempos. Ahora prefiere Asunción del Paraguay, donde Scatturice está más enfocado. La contratación de Tactic Global fue motivo de una denuncia de la dirigente liberal María Eugenia Talerico, que investiga la jueza Eugenia Capuchetti. El principal señalado es el extitular de la SIDE Sergio Neiffert, por violación de la ley de Inteligencia.
Estas relaciones acentúan los interrogantes sobre la conducta de Leal. Su departamento de Palermo tenía todo el aspecto de haber funcionado como una “cueva” de Inteligencia. Sobre todo por los dispositivos electrónicos y el dinero en efectivo. Estos datos justifican algunas preguntas que se hacen quienes conocen de cerca este entramado. ¿Es verdad que Leal tenía una subordinación informal con el área de Contrainteligencia de la SIDE, donde opera “la voz sentimental de Buenos Aires”? ¿Los aparatos en su poder formaban parte del misterioso equipaje de Laura Belén Arrieta? Es la empleada de varias empresas de Scatturice que llegó como única pasajera de un vuelo que no fue inspeccionado por la Aduana. Es por esa irregularidad que se multiplican las especulaciones.
El vuelo se realizó en un avión del poderoso empresario radicado en Miami y la inspección pudo evitarse gracias a una orden informal que recibió una agente aduanera a través del teléfono de Arrieta. A pesar del paso de los meses, el juez Pablo Yadarola sigue con dificultades para identificar cuál fue el celular con el que se conectaron Arrieta y la funcionaria. Ahora se abriría otra posibilidad para desentrañar el acertijo. Si es verdad que intervino Leal, su teléfono tal vez registra la llamada recibida. Aunque aquí se presenta otro inconveniente: Leal no entregó la clave para que revisen su celular. Un alivio para una gran legión de poderosos que en estas horas se muestran aterrados. Porque, aunque se logre mantener bloqueado el teléfono, no es tan fácil bloquear la lengua del funcionario, que a la ansiedad por el trance que atraviesa agrega la de la abstinencia en el consumo de esas sustancias que atesoraba. “Pusimos la vara muy alta”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El calvario de Leal tiene desvelados a autoridades y empresarios de telecomunicaciones, pero también al sector de la construcción aeroportuaria. Habría testimonios de que su paso por el ORSNA coincidió con pedidos se sobornos a compañías que realizaban obras en estaciones aéreas. Todas las versiones señalan a un ingeniero civil, Juan Alberto Sosa, quien prestaría servicios como asesor del ORSNA con rango equivalente al de gerente. Sosa realizaría sus riesgosas manualidades a la vista de innumerables pasajeros de aeroparque en la confitería “Tostado”. Imprudencias del exhibicionismo.
Es una ironía que Las Fuerzas del Cielo, que lidera el “Mago” Caputo, encuentren su tormento en el sector de la aeronavegación. La carga del desasosiego se deposita en las espaldas de la sucesora de Leal en el ORSNA, la intrépida Noelia Ruiz, autodenominada “la killer de Santi”. Por Caputo. Antigua colaboradora del opulento Federico Salvai y de Cristian Ritondo durante la gestión de María Eugenia Vidal, Ruiz fue designada en Arsat pero se dedicó durante meses a borrar cualquier rastro de las investigaciones que se habían ordenado, desde el Ministerio de Economía, sobre el fideicomiso del régimen de protección de Tierra del Fuego en el que operaban Rubén Cherñajovsky, socio hoy de Salvai, y Nicolás Caputo, tío del “Mago”.
Desde allí pasó al ORSNA, cargo que, en medio del escándalo Leal, le roba horas de sueño. Sin ir más lejos, el día en que se allanó la casa del funcionario en Mendoza “la killer” habría viajado por tierra a esa provincia. Seguro que fue una simple coincidencia. Pero la Ley de Murphy es implacable.
Era imprescindible, en especial para el “Mago” Caputo, que la gran extensión que cubren Arsat, Trenes y Privatizaciones no estuviera sometida a un terremoto como el de estos días. En especial porque se estaba planificando la privatización de Arsat, que ya casi tenía dueño. Ahora la curiosidad es retroactiva. Por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones circula la información sobre los giros multimillonarios que se habrían realizado desde el Enacom, el ente que controla las comunicaciones, hacia Arsat, con la excusa de financiar tendidos de fibra óptica con el Fondo del Servicio Universal. Es la caja destinada a subsidiar esas instalaciones en zonas que no atraen al mercado. ¿Es verdad que durante la gestión del massista Claudio Ambrosini en el Enacom y de Leal en la Arsat se crearon innumerables empresas para apropiarse de esos recursos? ¿Es cierto que muchas fueron puestas en manos de punteros bonaerenses para financiar estructuras dentro del PJ? Hay quien jura tener la lista y los montos. Habladurías.
La situación penal de Leal fue confiada a Marcelo Rochetti. Este penalista tiene derecho a repetir la humorada de uno de sus más lúcidos colegas cuando dice: “Mi estudio se precia de jamás haber defendido a un inocente”. Rochetti patrocinó, entre otros, al célebre barrabrava “Rafa” Di Zeo. Fue por eso que debió renunciar a la jefatura de Gabinete de Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense de la gestión Vidal, después de una denuncia de Elisa Carrió. La razón por la que el logorreico Leal quedó a cargo de Rochetti es sencilla: Rochetti es el alter ego de Ritondo, Ritondo es un satélite de Manzano, y Manzano es el padrino empresarial de Leal.
Para que el blindaje tenga un seguro adicional, Ritondo es un aliado sistemático del “Mago” Caputo. Bennett fue testigo de esa amistad en las oficinas de Scatturice. La alianza Caputo/Ritondo desata paranoias en el entorno de la señorita Milei. Porque Rochetti defiende también a Toviggino. Es decir, defiende al presunto dueño de la plataforma desde la que se divulgaron los tórridos audios de Diego Spagnuolo, que hablan de que la hermana del Presidente y los Menem cobraban coimas del 3% para asignar negocios en el área de Discapacidad. 3%: una limosna al lado de lo que movía Leal. Habrá que ver si el funcionario detenido, además de contar con la pericia de Rochetti, se beneficia también con una supuesta propensión a la clemencia del juez Mirabelli. Se ganó esa fama cuando examinó con infinita misericordia aquel brindis “de mi querida Fabiola que nunca debió realizarse”.
Las sospechas que despierta la camaradería del “Mago” con Ritondo van más allá de esas expansiones de Spagnuolo. La jueza Capuchetti está a cargo de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade contra Adorni por los servicios domésticos que su custodia policial habría prestado a su esposa Bettina Angeletti, otra célebre aeronavegante. Ritondo tiene una antigua relación con Capuchetti, heredada de una amistad con el padre de la magistrada. La señorita Milei teme que los Adorni caigan en el abismo de esa afinidad. Es decir, que Ritondo trabaje para el “Mago” castigando a Bettina y a Manuel. Pero Ritondo esta vez no la tiene tan fácil. Desde el lado de Karina Milei presiona la controvertida Silvia Majdalani, unida a Pilar Ramírez y Darío Wasserman a través de un amigo común: el ecuménico Daniel Angelici. Ritondo vs Majdalani. “Pochoclo”, diría “Pepe” Albistur, otro viejo conocido de Leal. Conclusión: Capuchetti está tupacamarizada en estas horas por la feroz guerra libertaria.
El mundo del fútbol atraviesa todo el mapa del poder. El simpatiquísimo “Turco” Alejandro Calián, compañero de correrías de De Paul, acompañó al mediocampista del Inter Miami en infinitas travesías, casi siempre en el avión que se imputa a Toviggino y que pilotea ese gran administrador de silencios que es Gustavo Carmona. “El Turco” sería quien se encargó de trasladar hasta Buenos Aires una millonada de dólares obtenida por los capitostes de la AFA de la reventa de entradas del mundial de Qatar.
Además, Calián se precia entre sus amigos de haber acumulado 25 millones de dólares en muy pocos meses uniendo puntas entre el universo del lavado de dinero y las financieras de personajes como Elías Piccirillo o Ariel Vallejo. Por esas travesuras María Servini y Ariel Lijo allanaron sus oficinas y su departamento. “Es raro, porque él no tiene ni el DNI a su nombre”, comentó su biógrafo. “El Turco” estuvo seis meses a la sombra por un negocio de importación fraudulenta de motos Harley Davidson. Sus compinches dicen que sueña con volver a los sótanos de la Aduana y que creyó encontrar la puerta en Scatturice, que también es sponsor de Gimnasia y Esgrima La Plata. Seguro compró la fantasía de que el empresario, que recomendó como jefe de ARCA a Andrés Vázquez, podría ser cómplice de esas picardías.
Las relaciones con el subsuelo del fútbol contaminan todos los rincones de la vida pública y comprometen también al sector judicial. En la actualidad hay un ejemplo sobresaliente y es el que ofrecen los Mahiques. Juan Bautista, el ministro de Justicia, tuvo responsabilidades en la FIFA por delegación de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, a quien llama, con cariño, “Tovi”. Su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, fue señalado por muchos testigos por haber festejado su cumpleaños en la ostentosa mansión que se atribuye a Toviggino en la localidad de Villa Rosa.
Ayer el camarista volvió a abrazar su hobby de legendario “Boxindanga”, se calzó los guantes, y redactó una insólita carta a Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara que integra. Allí Mahiques solicita que el máximo tribunal penal del país reflexione sobre las relaciones entre el periodismo y la Justicia para garantizar que la libertad de expresión quede limitada a las coberturas que son “rectas y objetivas”. No indica quién determinaría que se cumplen esas condiciones tan vidriosas. Mahiques se queja de que el periodismo informe sobre la vida de los jueces, que los retrate con sentido crítico o con ironía, y pide que se establezcan sanciones para evitar que se dañe la imagen del Poder Judicial.
La presentación de Mahiques ofrece innumerables curiosidades. Para empezar por las más superficiales, llama la atención que utilice las comillas para enfatizar algunos conceptos. Con sólo apelar al chat GPT se podría evitar ese desagradable error estilístico. Minucias. Hay peculiaridades más sustantivas en el texto. Por ejemplo, no se entiende por qué esa garantía de censura que pretende para los funcionarios judiciales no la extiende a otros servidores del Estado que trabajan en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Tampoco queda claro por qué agrede a los ministros de la Corte reclamando la creación de una oficina de prensa que comunique con profesionalismo las noticias judiciales. Esa dependencia ya existe y es la Dirección de Comunicación de la Corte, a cargo de Ariel Neuman, que ha mejorado muchísimo la relación entre los tribunales y la prensa.
En su nota, Mahiques también propone que se elabore un código para reglamentar la ética de los jueces. En este caso, tampoco se entiende por qué el juez es tan peyorativo con el Consejo de la Magistratura, que integra Barroetaveña en representación de sus pares, y que es el encargado de esa regulación con procedimientos específicos.
El legendario “Boxindanga” pretende, además, que haya algún tipo de amonestación para los funcionarios judiciales que suministran informaciones a los periodistas. Por ahí comienza a mostrar la hilacha de su drama. El enemigo no sería la prensa, sino los jueces que Mahiques tiene del otro lado del pasillo. Con ese reclamo desnuda la encarnizada pelea que divide a la corporación de Comodoro Py, de la que él forma parte, con enfrentamientos históricos que involucran a la misma Cámara de Casación.
Más allá de sus inconsistencias conceptuales y operativas, la solicitud de Mahiques sorprende por su falta de ductilidad política. Ese déficit llama en serio la atención porque de este camarista pueden discutirse su solidez teórica o su moralidad profesional, pero es indudable su pericia para navegar en el poder. A tal punto que ocupa su cargo como producto de un traslado y ha logrado que no se cuestione esa situación, que es más visible que la de Leopoldo Bruglia o la de Pablo Bertuzzi, ya que él ni siquiera procede del fuero federal.
Es notable que Mahíques decida abrir un cuestionamiento por momentos insultante al trabajo de la prensa cuando su hijo Juan Bautista es ministro de un gobierno que se propone odiar al periodismo más de lo que ya lo odia. Más torpe todavía resulta que lo haga en el exacto momento en que ese hijo debe guardar un silencio vergonzoso, después de haber recomendado al Presidente enviar al Senado el pliego de una profesional, María Verónica Michelli, que ve cómo ahora la discriminan por ser pariente de un periodista que ejerce su oficio con ejemplar independencia. Ser cuñada de un periodista es una incompatibilidad para ejercer la magistratura. ¿Y ser padre de un ministro? No hacía falta que los Mahiques siguieran ilustrando con actitudes novedosas el poco aprecio que tienen por la libertad de expresión. Condolencias para Juan Bautista, que retrocede 20 casilleros en su carrera hacia la Procuración General de la Nación.
Pero lo más increíble de la falta de astucia de Mahiques es que pretenda abrir un debate sobre las relaciones entre los jueces y el periodismo desde una butaca del avión que lo llevó a Lago Escondido. Como se demostró en la audiencia del Senado en la que le prorrogaron su cargo en la Justicia, si hay una materia sobre la que sería mejor que este magistrado guarde silencio es aquella sobre la que quiere discutir. Como dirían los grandes penalistas, con su carta “Mahiques volvió al lugar del crimen”. Eterno Freud.
Carlos Pagni,Justicia Federal,SIDE,Mendoza,Conforme a,Justicia Federal,,Revés para el Gobierno. Un juez frenó el cierre de una unidad del INTA y suspendió la venta de inmuebles,,Involucrado en el AFAgate. Quién es Carlos Mahiques, el juez que denunció “persecución mediática”,,$LIBRA. La oposición le pide al jefe de los fiscales que gire los fondos para reanudar la investigación
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Conflicto en Medio Oriente: el Gobierno condenó los ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin

El Gobierno condenó “en los términos más enérgicos” este miércoles los recientes ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin en medio de la nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que la ofensiva infringió los principios del derecho internacional.
“La República Argentina condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por el régimen de la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Estado de Kuwait e infraestructuras en el Reino de Bahréin, que resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales”, enfatizó la Cancillería a través de un comunicado.
En ese contexto, la cartera que conduce Pablo Quirno consideró que los ataques iraníes fueron “actos injustificados” contra infraestructuras vitales y objetivos civiles, hechos que infringen “los principios fundamentales del derecho internacional”.
“La Argentina expresa su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional”, concluyó el posicionamiento oficial.
En paralelo, Quirno ratificó en sus redes la importancia de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y pidió estabilizar la seguridad regional.
Un muerto y 63 heridos: el saldo del ataque iraní al Aeropuerto Internacional de Kuwait
El nuevo posicionamiento del Gobierno en el conflicto de Medio Oriente se produjo luego de que drones iraníes atacaran el Aeropuerto Internacional de Kuwait, con un saldo de un muerto, 63 heridos y la suspensión de los vuelos comerciales.
A su vez, la Guardia Revolucionaria iraní realizó ataques en la madrugada del miércoles contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin junto con otras bases aéreas de Oriente Próximo a modo de “respuesta” por agresiones previas del Ejército estadounidense.
Los ataques ocurrieron luego de que agencias de noticias iraníes semioficiales informaran que Teherán había suspendido las negociaciones para extender la tregua con Estados Unidos e Israel hasta que se cumpliera el cese al fuego en Líbano.
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Sin embargo, Donald Trump anunció nuevos compromisos en el frente del país árabe y este miércoles las delegaciones de Israel y Líbano acordaron “la implementación de un alto el fuego” condicionado a “un cese completo” del fuego de Hezbollah.
Por su parte, Javier Milei había vuelto a interceder en el conflicto este lunes cuando llamó a defender a Israel, al que definió como un “bastión de Occidente”.
Medio Oriente, Irán, kuwait
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