ECONOMIA
El Gobierno publicará mañana los pliegos para privatizar AySA: cuántos dólares espera conseguir por la venta
El Gobierno anunció la publicación de los pliegos de la licitación para la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente están bajo control estatal. La medida, comunicada por el ministro de Economía en su cuenta de X, Luis Caputo, habilita la incorporación de un operador privado que, según el funcionario, contará con la capacidad técnica, financiera y operativa para liderar la expansión y optimización de la red de servicios de agua potable y saneamiento en el país.
La decisión fue informada oficialmente por Caputo que detalló que los documentos licitatorios aparecerán en el Boletín Oficial del viernes. El proceso apunta a transferir la mayoría accionaria de la empresa a manos privadas, mientras el sindicato retendría un 10% de participación. La iniciativa se enmarca en la estrategia gubernamental de limitar la intervención estatal en empresas públicas que, de acuerdo con el Ejecutivo, funcionaban como instrumentos de financiación política.
AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.
“Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, necesariamente agua y saneamientos”, indicó una fuente al tanto de la operación. Se trata de un punto que delimitará quiénes podrían realizar ofertas para quedarse con la concesión de AySA.
Con el pase de AySA a manos privadas en el Ministerio de Economía proyectan conseguir USD 500 millones que ayudarán al pago de los vencimientos en moneda extranjera de los próximos meses. Sin embargo, según explicaron fuentes al tanto de la operación, no llegarían con los tiempos para el compromiso de julio por USD 4.200 millones.
“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, explicó una fuente a Infobae. El cronograma indica que la adjudicación podría conocerse recién en el segundo semestre, dado que, hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones definitivas, no se formalizarán ofertas.
Según el titular del Palacio de Hacienda, la llegada de un nuevo socio privado busca impulsar inversiones que permitan expandir la red de agua y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. El funcionario sostuvo que la presencia de un operador estratégico aportará recursos y experiencia para encarar proyectos de infraestructura que el Estado no priorizaba.
Al justificar la decisión, el ministro subrayó que el Estado dejará de utilizar empresas públicas como “cajas políticas” y pasará a concentrarse en la elaboración de reglas claras, la promoción de la competencia y la generación de condiciones favorables para la inversión. En el mismo sentido, en la publicación Caputo remarcó: “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.
Un factor clave es cómo se va a definir la tarifa una vez que la empresa se encuentre en manos privadas. Recientemente, se estableció que como máximo la factura puede aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto para ayudar a la desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo.
Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que, a posteriori, una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.
Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.
“Las tarifas siempre tienen que estar aprobadas por el ente regulador. En el primer ciclo, que comienza en 2027, se va a seguir con el mecanismo de actualización que está vigente con la fórmula polinómica. Pero cuando se cumplan los cinco años y se tenga que armar un nuevo plan de acción, donde se presentes las obras, inversiones y gastos, se hará una nueva propuesta tarifaria que la va a tener que aprobar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, comentó una fuente al corriente de la operación.
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Pasan los meses, pasan los años, y el escenario no se modifica demasiado: un 0Km sigue costando más en Argentina que en otros lados. Un 25% más caro que en Colombia. O un 44% por encima que en Santiago de Chile.
Con diferencias también apreciables, los precios en dólares acá se extienden a los rubros más variados. Desde una pequeña freidora de aire hasta un televisor Smart de 55 pulgadas. Ni hablar de un calzado de primera marca, que en Chile cuesta el doble que en Argentina. O un 45% más caro que en Brasil.
Pareciera que ya no hay excusas: ni la apertura comercial ni el golpe al consumo en el mercado interno terminan de cerrar la brecha entre los precios locales y los del exterior, medidos en dólares.
Argentina pierde por goleada en la comparación de precios
Una investigación del IERAL, de la Fundación Mediterránea, revela que las diferencias se mantienen al comparar los precios en Argentina versus países diversos: desde los vecinos hasta Estados Unidos, Australia, Francia y Corea del Sur.
Lo dicho más arriba: la apertura de las fronteras y la flexibilización del comercio exterior -ya sea eliminando procesos de anti dumping o reduciendo aranceles- todavía no lograron resolver uno de los problemas más visibles de la economía argentina: el país sigue teniendo algunos de los precios en dólares más altos del mundo para comprar bienes durables, electrodomésticos, ropa y calzado.
El relevamiento de la Fundación Mediterránea es revelador: en el rubro «Bienes durables, indumentaria y calzado», Argentina aparece como el mercado más caro en 8 de cada 10 productos analizados. Las diferencias son especialmente fuertes en electrónica, pequeños electrodomésticos, ropa y vehículos.
No se salva (casi) nadie: de freidoras a motos
Uno de los casos más llamativos es el de las freidoras de aire, un producto que explotó globalmente en los últimos años y se volvió masivo también en las cocinas argentinas.
Según el cuadro de IERAL, una freidora cuesta en Argentina alrededor de u$s312, mientras que en Chile ronda apenas los u$s97 y en Brasil se mueve cerca de los u$s80. Es decir: en Argentina vale casi cuatro veces más que en algunos mercados vecinos.
Comparativo del IERAL
La distorsión también aparece en los televisores. Un Smart TV de 55 pulgadas figura en Argentina con precios muy superiores a los de Chile, Estados Unidos o Brasil, aun cuando se trata de productos fabricados en serie para mercados globales. En algunos casos, la diferencia supera cómodamente el 50%.
En Argentina, ese artículo cuesta u$s900 ($1,3 M) en promedio.
El caso de las motos también resulta impactante. Una moto de baja cilindrada cuesta en Argentina alrededor de 20% más cara que en mercados diversos, como Brasil, Colombia o Estados Unidos.
La ropa tampoco escapa a esa lógica. El relevamiento muestra que un jean de marca internacional cuesta más en Argentina que en varios países desarrollados. Y las zapatillas deportivas aparecen entre los productos con mayores diferencias de precios respecto del exterior.
En el caso de un Levi’s, acá vale el doble que en la región e incluso que en Corea del Sur. El dato es todavía más llamativo porque se produce en medio de una economía que empezó a abrirse comercialmente.
En los últimos meses el Gobierno redujo trabas para importar, flexibilizó mecanismos aduaneros y eliminó algunas restricciones que durante años habían limitado el ingreso de productos extranjeros. Sin embargo, el efecto sobre los precios finales sigue siendo muy limitado.
Las bicicletas, la excepción a la regla
En el caso de los rodados, la diferencia juega a favor del consumidor argentino.
Una bicicleta urbana Trek, hoy cuesta más barato en Argentina que en la mayoría de los países relevados. Los u$s639 que vale en un comercio local resulta inferior que los u$s900 de Brasil; los u$s660 de Chile o los u$s969 de Colombia.
También es más bajo que los u$s699 de Estados Unidos o los u$s736 de Francia.
Los motivos: ¿realidad o simples excusas?
La explicación combina varios factores: el atraso relativo del dólar frente a la inflación, la presión impositiva, costos logísticos elevados y estructuras comerciales acostumbradas a operar con poca competencia durante años de economía cerrada.
El primero es el atraso relativo del dólar frente a la inflación. Aunque el ritmo inflacionario bajó respecto de años anteriores, muchos precios siguieron aumentando por encima de la evolución del tipo de cambio oficial. Eso hizo que Argentina se encareciera rápidamente en dólares.
El segundo problema es la presión impositiva. Los técnicos de la Fundación Mediterránea señalan los siguientes gravámenes que impactan:
- IVA, que representa una carga significativa sobre el precio final
- Ingresos Brutos, que varía según la jurisdicción
- Tasas municipales que se suman a la cadena de costos
- Otros gravámenes que terminan agregando presión sobre los precios finales
En algunos productos, la suma de impuestos representa una parte decisiva del valor que paga el consumidor.
A eso se agregan costos logísticos elevados, dificultades de financiamiento y estructuras comerciales acostumbradas a operar con poca competencia durante años de economía cerrada.
El resultado es una combinación explosiva: salarios bajos en términos internacionales, pero precios comparables con los de países desarrollados. El informe de IERAL muestra justamente esa paradoja.
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El Gobierno confirmó la aprobación del ingreso de dos nuevos proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con compromisos de inversión por USD 2.130 millones y la generación de aproximadamente 8.000 puestos de trabajo, el yacimiento de cobre a cargo de Minera San Jorge y la ampliación del complejo de litio Caucharí Olaroz recibieron el visto bueno del ministro de economía, Luis Caputo.
De esta manera, en total, ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del régimen que suman casi USD 30.000 millones. Según adelantó Caputo en su cuenta de X, “hay otros 20 en evaluación».
Uno de los dos proyectos aprobados corresponde a la expansión del yacimiento Caucharí Olaroz, operado por la minera EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina. Con esta iniciativa, la empresa sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), duplicando así su capacidad instalada.
Así, la minera conformada por Lithium Argentina, Ganfeng Lithium y la empresa estatal jujeña Jemse, tendrá una producción de alrededor de 85.000 toneladas anuales. Desde su entrada en producción en 2023, EXAR evidenció un rápido crecimiento, pasando de 6.000 toneladas en su primer año, a las 25.000 toneladas producidas para 2024. De acuerdo con datos de la empresa, en 2025 tenía previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, en línea con la demanda global e incrementando la participación argentina en el mercado de recursos estratégicos.
En tanto, el ingreso de la Minera San Jorge al RIGI con el proyecto PSJ en Mendoza marca un hito institucional para la provincia, que fue la primera en recibir el visto bueno nacional en el marco de estos incentivos fiscales. La inversión, que alcanza los USD 891 millones tras haberse elevado desde el presupuesto original de USD 559 millones, cuenta con exenciones impositivas por 30 años y anticipa la creación de 3.900 empleos durante la construcción y 2.400 en operación, entre directos e indirectos.
El emprendimiento prevé, en una fase posterior, la construcción de un parque solar de hasta 300 megavatios para robustecer la infraestructura energética destinada a la producción de cobre.
El tiempo de construcción estimado para PSJ Cobre Mendocino oscila entre 18 y 24 meses. El titular de la compañía, Fabián Gregorio, había ratificado en la edición 2026 de la feria minera PDAC Canadá la formalización del pedido para ingresar al RIGI, sólo dos meses y medio antes de la aprobación. Este yacimiento permitirá una de las primeras exportaciones de cobre desde Mendoza.
“Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi USD 30.000 millones”, confirmó Caputo. Dentro de esos 16 proyectos, nueve corresponden al sector minero.
Esta semana, de hecho, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación del gasoducto Perito Moreno, una obra de USD 550 millones encabezada por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que añadirá 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo de Buenos Aires a partir de 2027 y prevé la generación de 7.535 empleos durante su construcción.
A comienzo de la semana, también se oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, de la canadiense AbraSilver, con una inversión inicial de USD 481 millones —que podría escalar hasta los USD 764 millones— para construir una mina de oro y plata en la frontera de Salta y Catamarca. Este emprendimiento prevé 2.013 puestos de trabajo y un potencial exportador de USD 417 millones, de acuerdo a los datos publicados por el ministerio.
Con una gran cantidad de proyectos ya avanzados, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que en 2026 las exportaciones del sector alcancen USD 9.000 millones, lo que supondría un crecimiento cercano al 49% respecto al año pasado, empujado por mejores precios internacionales del oro y el litio.
Según el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, la actividad cerró 2025 con exportaciones de USD 6.056 millones, con un aumento del 30% en relación a 2024, y anticipó que “si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.
La minería representa cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario argentino, según la CAEM, y tiene fuerte incidencia en provincias como Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta. Las proyecciones dan cuenta de una participación creciente de estas jurisdicciones, con porcentajes que van del 44 al 93% del producto sectorial provincial. Actualmente, aún quedan proyectos pendientes de aprobación por USD 67.000 millones bajo el régimen de incentivos, lo que ilustra la magnitud del ciclo de inversiones que se abre para el sector extractivo argentino.
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Mucho se habla hoy en día de la brecha entre los sectores que «arrancaron» y demandan talento y aquellos que, siendo de hecho los más intensivos en personal (como industria manufacturera, retail y comercio) están planchados y con poca actividad. Esa disparidad no es la única en la Argentina donde el empleo se está concentrando cada vez más en regiones puntuales con alta actividad de sectores como minería y energía.
El potencial de la Argentina en esos últimos sectores es innegable. Es lo que actualmente, incluso con la economía real frenada, siguen siendo el motor del trabajo. Pero eso está llevando a una profunda concentración. Como pone en evidencia el último dato difundido por la consultora Delfos sobre «El mapa de la desocupación en Argentina», el desempleo «exhibe una distribución territorial marcadamente desigual y encuentra su principal foco en el Gran Buenos Aires, donde el 26% de los consultados afirma estar sin trabajo.»
En un segundo nivel aparecen Provincia de Buenos Aires (16%), CABA (15%), el NEA y Córdoba (14%), regiones con gran parte de los principales conglomerados urbanos. En esas áreas está localizada «más del 70% de la población argentina y una relevancia histórica en términos productivos-exportadores marcadamente superior al resto. Fuera de estas zonas, la desocupación no supera el 5%.»
Consultado por iProfesional al respecto, José Gangi, analista de Consultora Delfos, mencionó que no se trata de que en estas últimas regiones el desempleo sea menor porque tienen actividades con mayor demanda de talento: «Uno podría suponer por la coincidencia geográfica de las regiones menos afectadas por el desempleo con los principales proyectos mineros e hidrocarburíferos de la actualidad, pero nuestras encuestas nos indican que las personas que viven en esas zonas se dedican principalmente a oficios independientes (1 de cada 4) o son empleados públicos (12%).»
Desplazamiento de centros urbanos a la Cordillera de los Andes
El dato de Delfos revela que el desempleo no se expande de manera homogénea, sino que golpea con mayor intensidad allí donde históricamente se concentró el empleo formal, la actividad manufacturera y los servicios vinculados al consumo, apuntan desde Delfos: «No se trata de una casualidad: los mayores niveles de desocupación coinciden con los centros productivos más expuestos al enfriamiento de la economía, la caída del consumo y el retroceso industrial.»
En PwC Argentina ven un panorama similar: «… las ciudades vinculadas a matrices productivas de energía y minería registran tasas de desempleo sensiblemente inferiores y una tendencia de sentido inverso a las del promedio nacional, en tanto que los aglomerados donde se concentra la actividad industrial y de la construcción —en particular el AMBA y su cordón urbano— muestran un deterioro relativo. El mapa del empleo se está redibujando a lo largo de la cordillera, lejos de los centros urbanos tradicionales,» dice un editorial de mayo firmado por José María Segura, Economista Jefe de PwC Argentina.
Su visión coincide de alguna manera con la que presentó esta semana Gerardo Alonso Schwarz, Economista Jefe del IERAL NEA de la Fundación Mediterránea, sobre las regiones que están recibiendo inversiones y que en función de ello tienen «agendadas» la creación de miles de puestos de trabajo. Él considera que la región de la Patagonia lidera el ranking absoluto de inversiones en el país con un total que alcanza los 12.284 millones de dólares y una proyección de alrededor de 35.564 puestos de trabajo en función de ello. «En esta región, claramente se destacan las provincias de Neuquén y Río Negro a través de distintos proyectos de gran escala de shale oil y gas y de infraestructura asociados a los yacimientos de Vaca Muerta, consolidando a la región como destino de inversiones energéticas», dice el informe firmado por Schwarz.
Las inversiones de esta magnitud obligan a las empresas a requerir mano de obra de manera intensiva, lo que impacta de forma directa en el ecosistema laboral local y modifica rápidamente las condiciones de empleabilidad de los habitantes patagónicos. Y a ello se le suma la región de Cuyo, con anuncios de inversión por 10.146 millones de dólares y una previsión de 27.575 empleos. En este caso, San Juan es la gran protagonista, gracias a la reactivación y expansión de la minería de cobre y oro. Mendoza complementa este flujo con inversiones en energía y la modernización de refinerías.
Más que un dato coyuntural
Lejos de considerar esta Argentina de las dos velocidades (en la economía, en el consumo, en la demanda de talento) un dato meramente coyuntural, o una foto de la película más larga, ya algunas voces hablan de que se trata de la configuración de un nuevo paradigma para el país que traerá modificaciones más allá de un intercambio sectorial de la fuerza de trabajo.
«El panorama sectorial que arroja el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) evidencia algo más que un patrón de crecimiento heterogéneo. La minería, la energía —impulsada por el desarrollo de petróleo y gas no convencional—, el agro y los servicios financieros consolidan su rol como motores de actividad, mientras que rubros históricamente más asociados a la demanda interna —industria, construcción, comercio—muestran un rezago. No se trata de un dato coyuntural. Es la señal de un cambio en la estructura productiva que empieza a reflejarse en indicadores cada vez más concretos y que, necesariamente, confluirán en un cambio en el peso relativo de los mismos», arriesga la consultora PwC en su último Economic GPS para Argentina.
Para Segura, el mapa del empleo ya comienza a mostrar señales de que esta postura es más que una teoría, ya que hay indicios tempranos de que esta reconfiguración de geografías y sectores se está consolidando:
- en determinadas geografías y sectores específicos las empresas enfrentan dificultades para cubrir posiciones calificadas y evalúan recurrir a trabajadores del exterior para sostener sus proyectos.
- entre diciembrede 2011 y diciembre de 2025, Neuquén explicó el 58%del crecimiento neto del empleo privado registrado a nivel nacional.
Es decir, en línea con lo relevado por Delfos, el desempleo se vuelve mayor en los conglomerados tradicionales urbanos. Mientras tanto, en otras zonas geográficas se proponen proyectos que llevarían a crear puestos de trabajo formales. Sin embargo, Gangi por su parte no está tan seguro de que se trate de una simple reconfiguración del modelo productivo de la Argentina: «En primer lugar, diría que durante gran parte de la historia en Argentina existió un sustrato económico de dos velocidades: uno más asociado al mercado externo históricamente vinculado al campo y otro al mercado interno, asociado más a los servicios y manufacturas. Ese marco por momentos fue regulado y se intentó acompasar a un modelo de desarrollo más general, y por otros se dejó fluir. Actualmente, interpreto que existen incentivos y condiciones más estructurales que conviven con otros más coyunturales para lograr normalizar esa Argentina de dos velocidades.»
«La creciente demanda de minerales para la transición energética y la producción tecnológica, así como las nuevas oportunidades para la oferta de petróleo derivadas de los conflictos globales y los elevados precios de los hidrocarburos, son una realidad. No obstante, también lo son las políticas de desregulación, apertura e incentivo impulsadas desde el Gobierno para impulsar el desarrollo de estas áreas, tanto como para librar a su suerte otras«, apuntó el analista de Delfos Consultora.
«En consecuencia, hay una parte de esas condiciones que son políticas y dependen de la proyección en el tiempo de un proyecto político, con sus respectivos consensos y condiciones de legitimidad popular. Todos elementos muy volátiles en un contexto de problemas de representación, afectación a los intereses de los principales distritos electorales y grandes complejidades económicas en los hogares», sentenció.
En ese marco, vale la pena mencionar que los cambios que redundan en esta fuerte modificación del mapa del empleo en la Argentina, ocurren en el marco de la nueva legislación que promovió el oficialismo. La paradoja es que las regiones y sectores más golpeados por este nuevo modelo sean justamente los vinculados al empleo formalizado a mayor escala, aquellos que la reforma laboral vino a fortalecer.
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