La inflación de abril se ubicó en 2,6%, lo que implicó una desaceleración frente al 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación quedó postergada y derivó en la salida de Marco Lavagna del Indec, habría mostrado una variación algo más elevada, aunque también en descenso respecto del mes anterior. En ambos casos, resulta la primera baja luego de 10 meses consecutivos al alza.

Según estimaciones de Equilibra, la inflación del mes pasado, con los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, fue del 3%, por debajo del 3,6% calculado en marzo. De esta manera, acumuló una suba del 13% en el primer cuatrimestre, en lugar del 12,3% informado oficialmente.

Sobre los motivos de esa brecha, la consultora señaló: “La principal explicación es que la nafta pesa casi 3 puntos porcentuales más en el IPC actualizado y en abril trepó 11,2% mensual”, explicó Equilibra. Esto ocurrió pese al congelamiento de precios en los surtidores por parte de YPF, que concentra casi el 60% del mercado.

Tomando el relevamiento del Indec, el IPC estuvo impulsado por aumentos de 2,5% en bienes y de 2,6% en servicios. La dinámica inflacionaria respondió principalmente a las subas en componentes regulados, que avanzaron 4,7% en el mes, mientras que los estacionales se mantuvieron sin variaciones.

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron Transporte (+4,4% mensual), Educación (+4,2%) y Comunicación (+4,1%). En contraste, Cultura y Recreación presentó un repunte más leve, de 1%, al tiempo que Alimentos y bebidas no alcohólicas desaceleró al 1,5%. En esta última división incidió la menor presión ejercida por la carne.

En este marco, el presidente Javier Milei sostuvo este jueves: “El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”. Y agregó en diálogo con Neura: “Cuando uno mira otras experiencias, la baja demandó entre 7 y 12 años”.

Según el jefe de Estado, la aceleración inflacionaria que comenzó en el segundo semestre de 2025 fue resultado de un “ataque especulativo sobre la moneda por intenciones de la política de romper el programa económico”.

Para mayo, Equilibra prevé un nuevo retroceso del IPC, pero aún se ubicaría por encima del 2%. Se debe a menores variaciones en naftas y el Hot Sale, que motorizó rebajas significativas en ropa y otros rubros.

El relevamiento de precios de C&T también marca una moderación, con un nivel general proyectado en 2,2%. El fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante, además de la relativa estabilidad en alimentos y bebidas. El Hot Sale y el ajuste acotado de los combustibles colabora en el igual sentido.

En la consultora Aldazabal subrayaron que mayo suele ser un mes de baja estacionalidad y remarcaron la decisión de YPF de aplicar un aumento de solo 1% en los combustibles, una vez finalizado el buffer de 45 días.

En términos generales, distintos analistas plantean que el proceso de desinflación será más lento de lo esperado, debido fundamentalmente a factores inerciales y mecanismos indexatorios en servicios como seguros, prepagas, colegios, internet y cable; que tienden a actualizar sus tarifas en función del avance de precios previo.

En ese sentido, la consultora LCG afirmó: “Más allá de la desaceleración de abril, las principales ‘anclas’ (actividad con crecimiento débil, mayor apertura comercial y un tipo de cambio a la baja) están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia inflacionaria”.

“Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones. Seguimos proyectando una inflación en el rango 31-33% para diciembre”, añadió.

Juan Luis Bour, economista de FIEL, dijo a Infobae en Vivo que “se ve bastante lejano que la inflación empiece con 0 en la segunda mitad del año”, como había asegurado el Ejecutivo.

La administración nacional concretó la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones viales, abriendo una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. El proceso, que genera expectativas en el sector de la obra pública y el transporte, forma parte de la denominada Etapa II-A y busca modificar el esquema de operación, eliminando subsidios y apostando a la inversión privada.

La resolución oficial, firmada el 15 de mayo, designó a las empresas ganadoras de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa. La noticia fue anunciada por Luis Caputo, ministro de Economía, a través de sus redes sociales, donde sostuvo: “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”.

La iniciativa abarca corredores estratégicos que conectan la provincia de Buenos Aires, La Pampa y parte del sur bonaerense. En el caso del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión recayó sobre el consorcio conformado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. La oferta presentada por estas firmas ascendió a 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje. El tramo incluye la autopista Ezeiza-Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226, todas arterias de alto tránsito que vinculan áreas metropolitanas, industriales y zonas agrícolas.

Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA, que propuso una tarifa de peaje 2.355,37 pesos, también sin IVA y para el mismo plazo de dos décadas. Este segmento de la red abarca la Ruta Nacional 5 desde su inicio hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando regiones con fuerte actividad cerealera y ganadera.

Ambos contratos establecen que las inversiones necesarias para la modernización, mantenimiento y mejora de los servicios correrán por cuenta exclusiva de las empresas adjudicatarias, sin aportes ni subsidios por parte del Estado. El objetivo declarado del gobierno es fomentar estándares más altos de calidad y eficiencia en la gestión de la infraestructura vial. Según la publicación oficial, el nuevo esquema busca “mejores estándares de servicio para los argentinos”, en palabras de Caputo.

El proceso de adjudicación contó con la participación de numerosos consorcios y empresas nacionales, que presentaron propuestas económicas en competencia directa. Para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, el segundo lugar en el orden de mérito correspondió al grupo integrado por PANEDILE ARGENTINA SAICF e I, SUPERCEMENTO SAIC y ELEPRINT SA, con una tarifa de 1.057,85 pesos. El tercer puesto lo obtuvo la unión de BENITO ROGGIO E HIJOS SA y JOSE J. CHEDIACK SAICA, que ofreció 1.230,5766 pesos. En las posiciones siguientes se ubicaron CREDITECH SA junto a CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA (1.248 pesos), CPC SA y CLEAR PETROLEUM SA (1.297,52 pesos), y VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (1.322,312 pesos).

Para el Tramo Pampa, la segunda mejor oferta fue la de CN SAPAG SA en sociedad con VíCTOR M. CONTRERAS Y CíA SA, que propuso 2.477,77 pesos. El tercer puesto lo ocupó el consorcio CPC SA con CLEAR PETROLEUM SA (2.659,92 pesos), seguido por MERCO VIAL SA, LEMIRO PABLO PIETROBONI SA y ASESORES FINANCIEROS ANDALUCíA OCCIDENTAL SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIOS SA (2.975 pesos). Más atrás quedaron VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (3.219 pesos), y el consorcio CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA (3.354 pesos).

Las cifras corresponden a tarifas ofertadas, expresadas en pesos y sin IVA, para cada tramo y por el lapso de 20 años. No se especificó en la resolución si estos valores aplican por kilómetro, por tramo completo o bajo otro criterio, ya que el texto oficial solamente menciona el monto global ofertado para cada adjudicación y su vigencia temporal. El detalle sobre la unidad de medida de la tarifa permanece reservado en los pliegos técnicos de la licitación.

La resolución adjudicataria constituye un paso fundamental en el plan oficial para transferir el mantenimiento y la operación de la red vial nacional al sector privado, en el contexto de una política de reducción de subsidios y gasto público. El gobierno, a través del Ministerio de Economía, promueve la llegada de capitales y la participación de empresas locales en la gestión de rutas, con la expectativa de que la inversión privada permita mejorar la infraestructura y los servicios para los usuarios.

Esta adjudicación se inscribe dentro de un proceso más amplio, que incluye la recepción de 17 ofertas para la concesión de otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales. El procedimiento, aún en curso, prevé la incorporación de nuevos tramos y empresas al esquema de gestión privada, bajo condiciones similares y con contratos de largo plazo.

En abril, la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones marcó un hito en la agenda del Ministerio de Economía. El acto reunió a representantes de compañías constructoras, funcionarios de la cartera y autoridades del sector vial, que verificaron la documentación y las propuestas económicas presentadas por cada grupo postulante. La instancia de evaluación permitió definir los consorcios con mejores condiciones técnicas y económicas, priorizando la viabilidad financiera y la capacidad operativa de los oferentes.

El nuevo sistema de concesiones busca transformar la matriz de financiamiento y gestión de las rutas nacionales, desplazando el rol estatal como garante de la inversión y el mantenimiento cotidiano. La transferencia de responsabilidades al sector privado implica que las empresas adjudicatarias deberán asumir el riesgo operativo, la ejecución de obras y el sostenimiento de los servicios en condiciones de seguridad y eficiencia.

En la comunicación oficial, el ministro Caputo subrayó la magnitud del proceso y su alcance territorial. “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones”, remarcó, destacando que la medida involucra tramos estratégicos para la conectividad productiva y social del país.

El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, con sus autopistas y rutas nacionales, constituye uno de los corredores más transitados del país, vital para el flujo de mercancías y pasajeros entre el área Metropolitana de Buenos Aires, la región pampeana y el litoral atlántico. La gestión privada de este segmento exigirá a las empresas adjudicatarias la modernización de peajes, obras de ampliación y tareas de mantenimiento integral.

El Tramo Pampa, en tanto, abarca rutas de alto impacto en el transporte de granos y los circuitos logísticos del sector agropecuario. La adjudicación a una empresa especializada en obras electromecánicas y viales anticipa la ejecución de proyectos de mejora en la señalización, el pavimento y la seguridad vial.

Ambas adjudicaciones establecen contratos de 20 años, un plazo que busca dar previsibilidad y horizonte de gestión a los consorcios ganadores. El diseño contractual implica que cualquier mejora, ampliación o modificación futura de las rutas deberá surgir de la iniciativa y el financiamiento de las propias empresas, sin intervención financiera directa del Estado.

La Red Federal de Concesiones, en su Etapa II-A, es el segundo paso visible de una estrategia de descentralización y apertura al capital privado en el sector de la infraestructura vial (la Ruta del Mercosur ya está operando, el llamado Tramo Oriental). La cantidad de ofertas recibidas y la variedad de consorcios participantes reflejan el interés del empresariado local por integrarse a un modelo de gestión autónomo y de largo plazo, bajo reglas de competencia y sin subsidios estatales.

El proceso de adjudicación y la publicación de la resolución oficial marcan el inicio de una nueva etapa en la administración de los corredores viales nacionales, con foco en la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad privada. El avance de la Red Federal de Concesiones será monitoreado por las autoridades nacionales, que prevén replicar el esquema en futuros tramos y corredores según la evolución del sistema y la respuesta de los usuarios.

Cada mes, la Secretaría de Finanzas informa operaciones de deuda pública superiores a 40.000 millones de dólares. En abril ascendió a USD 74.200 millones, incluyendo financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones, y un saldo neto que muestra reducción de compromisos con el sector privado no financiero, mientras que sigue creciendo con organismos internacionales, principalmente para financiar obras de infraestructura y cumplir el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde abril de 2025.

No obstante, analistas y consultoras privadas advierten sobre los vencimientos de 2027, estimados en USD 23.000 millones, que generan incertidumbre respecto a la capacidad de pago, pese a que mes a mes la Secretaría de Hacienda informa la sostenibilidad de superávit fiscal financiero que permite acumular depósitos oficiales en el Banco Central de la República Argentina, en pesos y dólares, y obtuvo en abril garantías de organismos internacionales para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

La cartera que dirige Federico Furiase informó que en abril de 2026 el stock de deuda bruta ascendió a USD 496.676 millones, de los cuales USD 494.141 millones se encuentran en situación de pago normal. Por tipo de legislación, en abril, la deuda en moneda local representó el 47% del total, mientras que el 53% restante correspondió a moneda extranjera.

Durante abril, la Administración Central concretó operaciones por USD 74.200 millones: USD 39.150 millones en financiamiento y capitalizaciones, y USD 35.050 millones en amortizaciones y pagos.

El incremento neto de USD 4.100 millones se atribuyó al atraso en el desembolso trimestral del FMI por unos USD 1.000 millones y al anticipo en la colocación de bonos para afrontar vencimientos en julio y enero próximos, por más de USD 4.000 millones, en cada caso.

Desde enero de 2026, la dinámica de la deuda pública es motivo de seguimiento para analistas y consultoras económicas debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central y la capacidad de compra del Tesoro Nacional.

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central aumentó en abril a 59,1%, un punto más que en marzo, según la estimación implícita del BCRA en los agregados monetarios.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en 38.967 millones de dólares.

El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 653 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 30 millones, ubicándose en 55.552 millones de dólares.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 7.435 millones -que aumentaron en USD 2.529 millones-, totalizó en abril de 2026 USD 489.241, con un incremento de USD 10.318 millones frente a marzo.

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 71.383 millones a marzo último. Sin embargo, al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 29 meses de la presidencia de Javier Milei presentó un crecimiento neto de USD 2.290 millones.

Este resultado se descompone en un alza de USD 21.635 millones con organismos internacionales y baja de USD 19.345 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada se mantuvo en 59,1% que había alcanzado en noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año -por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos-.

Según los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo clave para el desempeño económico de corto plazo. La estrategia oficial prioriza evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a precios o al dólar, mediante la colocación de deuda en moneda nacional para enfrentar vencimientos futuros y consolidar la disciplina fiscal, con el objetivo de reducir el peso de la deuda pública sobre el PBI.

A mediados de mayo, el Banco Central de la República Argentina puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, tras la aprobación del directorio sobre el estado contable del año.

Hacienda informó que los fondos se distribuirán en dos operaciones: $6 billones se destinarán a la constitución de depósitos del Tesoro en el BCRA y $18,4 billones a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del organismo, por un valor nominal estimado de USD 21.700 millones. Esta medida permitirá reducir la deuda pública consolidada con el ente monetario a USD 30.600 millones.