En el mundo de las finanzas, la temporada de presentación de resultados siempre suele ser el primer test del mercado. Es el momento en el que las expectativas chocan con la realidad de los números de las empresas. Esta semana arrancó una nueva temporada de balances para los activos locales. El foco estará en cómo las compañías lograron atravesar el segundo trimestre del año, el cual se caracterizó por un contexto internacional volátil.

La temporada inició el último jueves al cierre del mercado con los resultados de Vista, seguidos por su habitual call con inversores el viernes por la mañana. En líneas generales, esperamos un buen trimestre para las compañías de Oil & Gas. Este sector debería haberse beneficiado de un mayor precio promedio del crudo durante el trimestre, debido al conflicto geopolítico en Medio Oriente que bloqueó el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Si bien es cierto que sobre el final del trimestre la cotización internacional disminuyó fuertemente, el precio promedio fue de USD 97 por barril en el segundo trimestre en comparación con los USD 65 del primero.

En el caso específico de Vista, el balance no decepcionó:

1. Se dio la esperada y fuerte reversión en su estrategia de cobertura: la línea de contratos de riesgo de commodities aportó una ganancia de USD 5,6 millones frente a una pérdida de USD 150,7 millones en el trimestre anterior.
2. La producción mostró un sólido salto trimestral del 16% hasta los 156,1 kboe/d. Este incremento estuvo impulsado tanto por crecimiento orgánico como por la consolidación de la participación en Bandurria Sur y Bajo del Toro, activos que adquirió recientemente de Equinor.

Con estos motores y un lifting cost eficiente de USD 4,5/boe, Vista cerró el trimestre con un Ebitda ajustado de USD 805 millones (79% trimestral), un margen del 70% y una ganancia neta de USD 333 millones (en comparación con USD 107,7 millones en el primer trimestre).

Por el lado de YPF, el negocio estrella volverá a ser el upstream. Dado que la petrolera argentina no cubre su producción, el impacto de los mayores precios internacionales del crudo se capturará de lleno, lo que le permitiría replicar la dinámica del primer trimestre, cuando el Ebitda ajustado de este segmento alcanzó un récord histórico.

Todo esto se da en sintonía con una producción no convencional que sigue incrementándose, traccionada fuertemente por La Angostura Sur, que empuja el volumen de shale y le permite mantener costos de extracción muy competitivos en relación con la industria.

Sin embargo, el mercado pondrá la lupa sobre los resultados del downstream. Se espera que el congelamiento de precios en el surtidor haya presionado sobre los márgenes de refinación. En el primer trimestre, los precios locales llegaron a ubicarse un 11% por debajo de la paridad de importación, un hecho que posiblemente se haya profundizado en el segundo trimestre.

Cabe recordar que el sector energético viene de sufrir una fuerte corrección reciente en el mercado. En concreto, YPF llegó a hundirse 21,2% en dólares desde su máximo reciente y todavía se encuentra un 12,6% por debajo de este nivel.

Un balance sólido podría ser el catalizador necesario para revertir este castigo, y la empresa tiene argumentos de sobra para respaldarlo: fuerte generación de caja y desapalancamiento, resolución favorable en el juicio contra Burford y proyectos clave como Argentina LNG, VMOS y LLL Oil.

Pampa Energía presenta un panorama distinto. Como la empresa cubrió la producción de Rincón de Aranda por adelantado por un año, el impacto positivo de los mayores precios del crudo va a ser mucho más limitado, y solo se beneficiaría de la prima a la que está cotizando el Medanito por sobre el Brent. No obstante, Pampa es un papel que suele mostrar características más defensivas con respecto a otras petroleras, ya que su negocio es más diversificado.

En este sentido, esperamos ver un muy buen trimestre para el segmento de energía en comparación con 2025, gracias a la desregulación del mercado eléctrico mayorista implementada en octubre.

A partir de la Resolución 400/25, la descentralización en la compra de combustibles favorece enormemente la integración vertical de Pampa. Al poder abastecer sus centrales térmicas con gas de producción propia, la compañía no solo captura el margen completo de la cadena de valor, sino que obtiene una ventaja de costos para negociar nuevos contratos bilaterales en el mercado a término, lo que debería reflejarse en una fuerte expansión de su rentabilidad en este segmento.

Cambiando de sector, las miradas también estarán puestas en los bancos. Esperamos ver una mejora en los balances del sector financiero, algo que ya empezó a verse de manera incipiente en ciertos papeles como Banco Macro y BBVA durante el primer trimestre.

Hacia adelante, el indicador clave que mirará el mercado será cómo sigue evolucionando la mora, en un contexto en el que la calidad de la cartera y la cobrabilidad vuelven a ser las variables determinantes para el precio de estos activos.

Una empresa a seguir muy de cerca será Telecom. Más allá de los números operativos, la atención estará puesta en la situación regulatoria. Desde la última publicación de resultados, se conoció que la autoridad nacional de la competencia condicionó la adquisición de Telefónica, y le exigió a Telecom ceder más de 6 millones de clientes móviles, 211.000 abonados de internet fija y parte del espectro radioeléctrico.

Acá será fundamental ver qué dice el management al respecto durante el call y tratar de entender cuáles serán los próximos pasos estratégicos y legales que va a dar la compañía para asimilar este impacto.

En definitiva, el mercado ya ofrece opciones, pero exige selectividad. Desde PPI, para nuestras carteras recomendadas agresivas con foco local, mantenemos exposición a Banco Macro (BMA), BBVA (BBAR), YPF (YPFD) y Pampa Energía (PAMP).

Sobreponderamos el sector de energía con una ponderación de 60%, dada la magnitud de la corrección que sufrieron las empresas energéticas en el último tiempo. A su vez, mantenemos una exposición táctica al sector bancario con una ponderación de 40%, bajo la premisa de que la normalización macro va a seguir su curso, lo que mejorará la rentabilidad del negocio financiero.

La autora es Economista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

En 2026 el cobre dejó de ser un simple termómetro de la actividad industrial para convertirse en uno de los cuellos de botella estratégicos de la economía global. Detrás de cada plan de electrificación, cada centro de datos de inteligencia artificial y cada parque de energías renovables aparece la misma pregunta: ¿quién y dónde producirá el cobre que hace falta para que todo eso ocurra?

Las principales consultoras y bancos coinciden en que la demanda de cobre crecerá con fuerza hacia 2035–2040, mientras la oferta se mantiene rígida. S&P Global advierte sobre un “déficit significativo de oferta” a medida que se acelera la electrificación, la carrera por la IA y el gasto en defensa, con un aumento proyectado de demanda cercano al 50% hacia 2040.

Wood Mackenzie calcula que el mundo podría necesitar alrededor de 2 millones de toneladas adicionales por año solo para alimentar la transición energética en la próxima década. McKinsey habla del “triple desafío de los materiales”: descarbonizar, mantener costos razonables y asegurar suficiente oferta, en un contexto donde los plazos típicos de desarrollo de una mina de cobre ya exceden el horizonte 2035.

Los bancos ajustan sus modelos a ese diagnóstico. Deutsche Bank elevó su proyección de precio promedio del cobre para 2026 a unos USD 10.600 por tonelada; Bank of America estima alrededor de 11.300 dólares, con escenarios de picos por encima de 11.000–15.000 dólares si las disrupciones de oferta se profundizan.

Goldman Sachs y JPMorgan describen un mercado estrecho y volátil, con rangos 2026 entre 10.000 y 11.000 dólares y trayectorias de largo plazo que pueden acercarse a USD 15.000 hacia los años 2030.

En síntesis, el mensaje es que el mundo va a necesitar mucho más cobre y que las toneladas nuevas de baja huella de carbono serán activos cada vez más codiciados.

En este contexto, Argentina aparece en los radares internacionales como un caso peculiar: tiene geología y proyectos, pero todavía casi no produce cobre.

Informes oficiales recientes hablan de, al menos, nueve proyectos de cobre en etapas avanzadas, con necesidades de inversión superiores a USD 28.000 millones y un potencial de producción que podría superar 1,5 millones de toneladas anuales hacia 2035. Eso implicaría pasar de una producción casi inexistente a representar cerca de 6% del suministro mundial en un plazo relativamente corto.

Un estudio de CRU Group de 2025, titulado “Copper Mining: A ~USD 47 billion opportunity for the Argentinian economy”, estimó que cinco proyectos de gran escala -El Pachón, Los Azules, Josemaría, Taca Taca y MARA- podrían generar, en conjunto, un aporte promedio de unos USD 4.000 millones anuales a la economía entre 2031 y 2040, con un impacto acumulado cercano a USD 47.000 millones en ese período bajo su metodología de Host Country Cash Flow.

La comparación que hace CRU es provocadora: el potencial económico del cobre argentino, si se materializa, sería del mismo orden que el histórico préstamo del FMI.

Think tanks y medios internacionales ya hablan del “momento del cobre” para Argentina. Americas Quarterly y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) plantean que el país podría entrar en el grupo de los diez principales productores mundiales en menos de una década si resuelve sus cuellos de botella institucionales.

Informes europeos describen la cartera de siete a nueve proyectos cupríferos como “una de las historias de commodities a seguir en 2026”, con especial foco en la provincia de San Juan.

La dimensión binacional es clave. La cordillera que separa a Argentina y Chile es una misma unidad geológica: los sistemas de pórfidos cupríferos se extienden a ambos lados de la frontera. Del lado chileno hay puertos, proveedores especializados y redes de energía consolidadas; del lado argentino, grandes yacimientos con potencial de desarrollo. Esa combinación configura un corredor natural para el cobre de la transición energética.

Desde el 2000 está vigente el Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM), que habilita el desarrollo integrado de yacimientos en zona de frontera. Durante años estuvo subutilizado, pero en 2026 la agenda se reactivó: se retomaron conversaciones técnicas y el 7 de julio se reanudaron en Buenos Aires las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado, lo cual es una muy buena señal para trabajar en un “corredor binacional del cobre” con coordinación aduanera, tributaria y de infraestructura.

La Comisión es hoy la mesa donde se debería ordenar la letra fina que puede convertir ese corredor en proyectos concretos. Pensado estratégicamente, el eje Argentina–Chile es, ante todo, una apuesta binacional y proregional: integrada, la cordillera puede convertirse en uno de los grandes polos de oferta de cobre de la próxima década; desconectada, ambos países quedan por debajo de su potencial.

Integrar capacidades permite reducir costos, acortar plazos y, sobre todo, disminuir la huella de carbono de los proyectos gracias a mejores rutas logísticas y acceso a energías renovables.

Cooperación con Canadá: estándares y credibilidad

La cooperación con Canadá suma otra pieza al tablero. Canadá es el principal inversionista en minería de Argentina y uno de los países que mejor ha combinado desarrollo minero, regulación exigente y estándares ambientales y sociales reconocidos a nivel internacional. Además, se ha posicionado como actor central en la agenda de minerales críticos de Norteamérica.

Incorporar miradas, tecnologías y prácticas del ecosistema canadiense en el desarrollo del cobre argentino–chileno no implica importar recetas cerradas, sino acelerar el aprendizaje local y facilitar la integración de los proyectos en cadenas de suministro que ya están bajo escrutinio de gobiernos, empresas tecnológicas y grandes fondos.

En un escenario de competencia por capital y confianza, mostrar puentes de cooperación con Chile y Canadá es una forma concreta de blindar la credibilidad de la región y de sus proyectos de cobre.

El mensaje a los inversores es sencillo: Argentina quiere jugar en las ligas donde la minería se mide no solo por toneladas, sino también por gobernanza y desempeño ambiental.

Todo esto no significa que la “revolución del cobre” argentino esté garantizada. Las inquietudes sobre agua, glaciares, biodiversidad e impactos sociales son legítimas y van a crecer a medida que los proyectos avancen. Ningún inversor institucional financiará minas que no tengan licencia social y ambiental robusta, por más que los números geológicos sean atractivos.

La verdadera oportunidad radica en construir un modelo distinto: proyectos cupríferos de gran escala en la cordillera, desarrollados bajo estándares de transparencia, participación temprana e innovación ambiental, en cooperación con Chile y vinculados a buenas prácticas internacionales como las de Canadá. En un mundo donde los minerales críticos y la seguridad de suministro se han vuelto temas geopolíticos, ese tipo de corredor del cobre puede ser un activo estratégico para la región.

Visto desde Buenos Aires, el cuadro que dibujan CRU, S&P, Wood Mackenzie, McKinsey y los bancos es claro: el mundo está buscando el cobre que Argentina tiene, pero todavía no produce. La escala de la cartera existe, el déficit global es real y el precio promete acompañar si los proyectos se concretan.

Lo que falta es demostrar que el país -en alianza inteligente con Chile y en diálogo con socios como Canadá- puede ofrecer un terreno confiable, previsible y socialmente legítimo para construir, paso a paso, el próximo capítulo del cobre a escala mundial.

El autor es director de la Comisión Binacional de Minería y secretario general de la Cámara Chileno-Argentina de Comercio

La política argentina padece una patología crónica que va más allá del simple refundacionalismo: sufrimos un continuismo estructural disfrazado de cambio. Tras discursos ideológicos aparentemente opuestos, se esconde la práctica sistemática de realizar políticas similares, condimentadas con continuas roturas de los contratos vigentes y alteraciones en las reglas de juego dadas.

Este “modo de ser” fue descrito con precisión por Guillermo O’Donnell mediante su concepto de “democracia delegativa”: un modelo en el que quien gana las elecciones se siente autorizado a gobernar sin contrapesos institucionales ni necesidad de consensos.

Advirtió también, en su famoso documento de trabajo de 1992 que lleva ese nombre, que esta concentración del poder debilita la rendición de cuentas y genera crisis de gobernabilidad sistémicas y cíclicas, un diagnóstico que sigue describiendo con alarmante vigencia nuestra realidad.

Esta oscilación pendular, aunque más no sea en apariencia, rinde -a veces- frutos electorales en el corto plazo, pero destruye el tejido social y productivo en el largo plazo, lo cual nos ha transformado en un país totalmente imprevisible. En este escenario, la necesidad de un consenso suprapartidario que dote de estabilidad al sistema no es una utopía cívica, sino una urgencia institucional y económica de supervivencia como nación y democracia.

A tal efecto, resulta vital revisar el pasado nacional para encontrar momentos históricos similares. Así llegamos a 1852 cuando, tras décadas de cruentas guerras civiles, las diferentes fuerzas políticas de entonces entendieron que, para sentar las bases del desarrollo de la nación, era imperioso fijar reglas de juego comunes y acatar una ley fundamental, por lo cual suscribieron el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos.

Es decir, la previsibilidad exige blindar las instituciones de los vaivenes de las urnas. La propiedad privada, el respeto a la letra de la Constitución Nacional y la fijación de reglas macroeconómicas sanas no pueden ser variables sujetas al capricho de la administración de turno y a cómo interprete la emergencia del momento, como ha sucedido hasta la fecha, avasallando siempre derechos y garantías consagradas en la Carta Magna e incrementando el poder del gobierno.

En este punto, las ideas de Juan Bautista Alberdi cobran una actualidad apabullante. En sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, el padre de nuestra Constitución sentó los cimientos de nuestra histórica prosperidad -que duró aproximadamente 50 años- al ligar indisolublemente la ley escrita con el progreso material.

Alberdi sostuvo que “la Constitución debe ser el instrumento de la riqueza y el bienestar de la Nación”, advirtiendo que los derechos de propiedad y las libertades económicas debían ser absolutos e inviolables -obviamente con lógicas limitaciones- si se pretendía atraer capitales y poblar el suelo argentino.

Romper ese mandato constitucional ha quebrado el motor del desarrollo, lo cual ha tenido un altísimo precio para toda la sociedad. Al efecto, es bueno recordar que, como he sostenido en el pasado, para atraer inversiones competimos con el resto de los países del globo, y siendo actualmente el país una “oveja negra mundial” no resultamos para nada atractivos (ejemplos: nuestra calificación de mercado “standalone” y la escasa inversión extranjera directa así lo demuestran).

En sintonía con esta mirada, Douglass North, Premio Nobel de Economía y pionero del institucionalismo, demostró de manera empírica que el éxito o el fracaso económico de las sociedades depende de sus “reglas del juego”.

North explicaba que las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre para dar estructura a la interacción humana, y que el crecimiento sostenido ocurre únicamente cuando estas reglas reducen la incertidumbre y bajan los costos de transacción.

Para North, si un país no cuenta con instituciones formales fuertes que aseguren que los contratos se cumplan y que el Estado no confiscará la renta de los particulares, el capital simplemente huye.

Del mismo modo opinaron los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su célebre obra “Por qué fracasan los países”, donde reforzaron esta tesis al demostrar que la seguridad jurídica es el único incentivo real para la inversión y la innovación tecnológica.

El contrapuesto de ello lo encontramos en lo que Carlos Santiago Nino postulaba en su obra “Un país al margen de la ley”, donde resaltó que nuestra tendencia es a la anomia, esto es, el desprecio por las normas jurídicas y los acuerdos básicos, lo cual ha tenido, y continúa teniendo, un costo económico directo que pagamos con estancamiento y pobreza.

Sin un pacto político que garantice que las reglas del juego no cambiarán a mitad del partido, cualquier intento de reforma macroeconómica estará condenado a la transitoriedad.

Superar la grieta no significa uniformidad de pensamiento ni la eliminación del debate; significa delimitar un terreno de juego compartido donde la institucionalidad, la estabilidad fiscal, la independencia monetaria y el respeto a las libertades individuales sean innegociables, gobierne quien gobierne.

La dirigencia política actual se enfrenta al mismo dilema que aquellos representantes de 1852: continuar la disputa facciosa hasta el agotamiento mutuo o sentar las bases de una gobernabilidad de largo plazo y del crecimiento.

El futuro de la vigencia del Estado de derecho, la producción, el empleo y una moneda sana dependen de la capacidad de firmar, de una vez por todas, un nuevo Acuerdo de San Nicolás para el siglo XXI.

El autor es Abogado constitucionalista y asesor de empresas