El FMI consideró que bajar la inflación a un dígito en Argentina podría demorar entre tres y cuatro años adicionales. La advertencia surgió de los documentos vinculados a la segunda revisión del acuerdo con el país, difundidos este viernes.

El organismo planteó la necesidad de modificar la estrategia económica actual. Recomendó avanzar hacia un esquema de metas de inflación con mayor flexibilidad cambiaria.

«El proceso de bajar la inflación de dos o tres dígitos suele ser rápido, pero consolidarla en un solo dígito toma en promedio entre tres y cuatro años adicionales», señaló el FMI en el Staff Report.

La evaluación del Fondo contrastó directamente con los pronósticos de Javier Milei, quien aseguró en distintas oportunidades que la inflación se desaceleraría rápidamente y llegó a anticipar, a fines de marzo, que el índice comenzaría con cero a partir de agosto.

El diagnóstico del organismo fue más allá. El dólar todavía no se encuentra en situación de equilibrio, según el FMI.

Será necesario modificar el esquema económico actual. El objetivo es pasar gradualmente hacia un modelo de metas de inflación.

Por qué el FMI pide cambiar el esquema cambiario argentino

El Fondo advirtió sobre la necesidad de fortalecer la acumulación de reservas del Banco Central. También recomendó flexibilizar la política cambiaria.

El riesgo identificado es claro: una apreciación excesiva del peso que afecte la competitividad externa del país.

Según el organismo, el frente externo argentino continúa siendo vulnerable. Las reservas del Banco Central cubren apenas el 38% de la métrica considerada adecuada.

La situación se agrava con otro dato: la deuda pública externa equivale al 197% de las exportaciones del país.

Para mejorar esa fragilidad externa, el FMI remarcó la importancia de sostener «un tipo de cambio competitivo» y alertó sobre los riesgos del ingreso masivo de divisas provenientes de sectores como la energía y la minería, que podrían generar el denominado «mal holandés», fenómeno donde un fuerte flujo de dólares aprecia la moneda local y castiga la competitividad industrial.

El organismo sostuvo que «un tipo de cambio más flexible seguirá siendo fundamental para absorber los shocks externos». Esta flexibilidad debería acompañarse con mecanismos de ahorro de las ganancias extraordinarias del boom exportador.

La propuesta del FMI implicó abandonar el uso del tipo de cambio como ancla rígida para controlar precios. En su lugar, recomendó avanzar hacia una flotación más flexible.

En ese esquema, el dólar funcionaría como amortiguador frente a crisis externas, no como instrumento de control inflacionario.

El FMI insiste en eliminar las retenciones al campo

El organismo volvió a pronunciarse a favor de eliminar gradualmente los impuestos al comercio exterior. El foco está puesto especialmente en las retenciones al agro.

Según los cálculos del FMI, la eliminación total de esos tributos permitiría aumentar un 10% las exportaciones de granos y oleaginosas.

El impacto económico sería significativo. Se sumarían unos u$s5.000 millones anuales en exportaciones adicionales.

El organismo estimó además un incremento de 0,4% en el PBI como consecuencia directa de esa medida.

Las críticas del Fondo a la estrategia monetaria de Milei

El FMI también marcó diferencias con la política monetaria actual del Gobierno. Señaló que, con una inflación todavía en niveles de dos dígitos, sostener metas rígidas sobre agregados monetarios puede generar alta volatilidad.

Esa volatilidad afectaría tanto las tasas de interés como la actividad económica real del país.

Por ese motivo, el organismo recomendó avanzar gradualmente hacia un régimen de metas de inflación. Este esquema debería sustentarse en la tasa de interés de referencia.

Las recomendaciones del FMI en este punto generaron cuestionamientos entre economistas locales. Consideran que ese esquema suele ser más efectivo en contextos de inflación más baja.

También advierten sobre la necesidad de mantener un ancla cambiaria más fuerte mientras persistan niveles elevados de inflación.

Qué reforma tributaria propone el Fondo para Argentina

En materia impositiva, el FMI propuso una profunda reforma del sistema tributario argentino. El diagnóstico del organismo fue contundente.

El esquema actual es complejo, inestable y altamente distorsivo. Cuenta con más de 155 impuestos vigentes.

Existe además una fuerte dependencia de tributos vinculados al comercio exterior, las transacciones financieras y los Ingresos Brutos provinciales.

Entre las principales propuestas del organismo figuró ampliar la base del impuesto a las Ganancias para que al menos el 20% de los trabajadores formales tribute ese gravamen, revisar el régimen de Monotributo para evitar distorsiones y establecer una alícuota corporativa plana del 30%.

El FMI también sugirió eliminar exenciones impositivas y unificar alícuotas del IVA. Propuso además avanzar en una reforma fiscal provincial.

El cambio más ambicioso: reemplazar progresivamente Ingresos Brutos por un IVA dual provincial-federal. El plazo propuesto para esta transición es de diez años.

Según las estimaciones del organismo, una reforma integral podría generar recursos adicionales equivalentes al 3,3% del PBI.

Esos recursos surgirían de tres fuentes: ampliación de la base tributaria, reducción de beneficios fiscales y mayor recaudación de impuestos patrimoniales provinciales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último staff report, hizo referencia a la decisión del Gobierno de postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, en medio de la salida de su ex titular Marco Lavagna; y consideró que existen “deficiencias” en otras mediciones.

En ese marco, el organismo sostuvo que es necesario adoptar nuevas regulaciones para el instituto estadístico, en línea con las mejores prácticas internacionales.

“La calidad de los datos es, en términos generales, adecuada para las tareas de supervisión, aunque presenta algunas deficiencias”, indicó.

En primer lugar, el documento del Fondo apuntó que una mayor transparencia en el balance del BCRA y en la presentación de información financiera constituye un paso positivo hacia el fortalecimiento de las estadísticas monetarias y financieras, a medida que la autoridad monetaria avanza en la alineación de sus prácticas con las normas contables nacionales e internacionales.

“Las estadísticas fiscales también son adecuadas para la supervisión, aunque podría mejorarse la información sobre las operaciones ‘por debajo de la línea’ (pagos de intereses de bonos cupón cero)”, señaló el FMI.

En ese sentido, el reporte señaló que, si el componente real de los intereses capitalizados de los bonos cupón cero se registrara dentro del resultado fiscal (“por encima de la línea”), el déficit total ascendería a aproximadamente 0,8% del PBI.

En tanto, el FMI remarcó que “a pesar de que la cobertura es en general adecuada, persisten brechas en varias áreas que dificultan la supervisión”.

Mencionaron que “la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado desactualizada la metodología y menos representativa de la actual canasta de consumo”.

Cabe recordar que en febrero pasado se conoció que la actualización de las ponderaciones y categorías del IPC basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que le da mayor peso a los servicios como vivienda, transporte y comunicaciones y reduce la incidencia de alimentos, sería postergada hasta nuevo aviso.

De acuerdo al Fondo, las autoridades prevén publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté “firmemente consolidado”.

El staff report de agosto del año pasado estipulaba que la nueva medición entre en vigencia a fines de 2025, “con el objetivo de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”.

Además, en su Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA había admitido: “Se prevé que el nuevo IPC aumente significativamente la cantidad de precios relevados y de informantes, mejorando así su representatividad”.

En octubre del año pasado, el Indec había comunicado oficialmente que en enero se empezaría a aplicar el IPC actualizado. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió y la disputa con el Ejecutivo derivó en la salida de Lavagna a principios de febrero, más precisamente a 8 días de la publicación.

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de Caputo, aseguró que “el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024”.

Como referencia, con el nuevo IPC, la inflación de abril habría sido de 3% en lugar de 2,6%, como se informó oficialmente, según estimaciones de Equilibra. La diferencia responde al aumento de combustibles y el peso que este tiene en ambas mediciones.

En otro orden, el FMI remarcó que “las cuentas nacionales también presentan limitaciones en cuanto a granularidad y precisión, en parte debido al uso de un año base desactualizado”.

Las estadísticas del sector externo, a criterio del organismo, también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados fuera del comercio de bienes solo están disponibles trimestralmente y con un rezago de tres meses.

Por último, el FMI enfatizó: “El marco institucional que regula al INDEC necesita ser modernizado. El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de las autoridades destinados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo del boleto mínimo de colectivo en el AMBA se multiplicó hasta por 16 desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El estudio detalla que, para el caso de los colectivos, los incrementos nominales oscilaron entre 1.221% y 1.545%, dependiendo de la jurisdicción, mientras que la tarifa del subte registró la mayor suba: de $80 a $1.414, lo que significa un salto nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

El informe de CEPA sostiene que “las tarifas del transporte aumentaron muy por encima de la inflación general, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fue fijado sistemáticamente por debajo de ella”. De acuerdo con el relevamiento, el índice de precios al consumidor acumuló una suba del 303,5% en el mismo período, muy por debajo de las variaciones observadas en los valores de los boletos.

En el caso de los trenes metropolitanos, el incremento alcanzó un 741% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, con un salto de $33,29 a $280. A partir de mayo de 2026, la tarifa del tren metropolitano subió a $330, lo que representa una suba adicional del 17,9% respecto al mes anterior. CEPA remarca que, aun en el segmento ferroviario, los incrementos reales superaron con holgura la inflación, ya que el aumento real llegó al 119% en el período analizado.

El estudio revela que la brecha entre el costo del transporte y los ingresos de los hogares se amplió de manera notoria. Para quienes perciben el SMVM y utilizan combinaciones de colectivo y subte, el gasto mensual en transporte representó el 2,6% de su ingreso en diciembre de 2023 y llegó al 17,3% en abril de 2026. El documento explica: “El SMVM pasó de $156.000 en diciembre de 2023 a $357.800 en abril de 2026, indicando que es un incremento nominal del 129% que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 303,5% en el mismo período, implicando una caída real de aproximadamente 43% en el poder adquisitivo del salario mínimo”.

El informe también da cuenta del deterioro en la situación de los beneficiarios de la Beca Progresar. El monto de esta beca permanece congelado en $35.000 desde marzo de 2025, mientras que el valor del boleto sigue en alza. Según CEPA, el poder de compra de la beca se desplomó un 87%. En diciembre de 2023, el monto alcanzaba para costear 839 viajes en colectivo con descuento; en mayo de 2026, apenas cubre 111 boletos.

El reporte subraya la existencia de una brecha tarifaria federal cada vez más marcada, acentuada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras en el AMBA el boleto mínimo se ubica en $700, en ciudades como San Martín de los Andes trepa a $2.300 y en Rawson a $2.192, más de tres veces el valor metropolitano.

El análisis del CEPA señala que detrás de estos incrementos se encuentra el fuerte aumento en los costos operativos del sector. El precio del gasoil, uno de los insumos centrales, acumuló una suba del 536% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, superando en más de 230 puntos porcentuales la evolución general de los precios. Además, el presupuesto real del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) para 2026 tuvo una reducción del 17,5%, lo que compromete las inversiones necesarias para el mantenimiento y la renovación de la red.

El impacto de estos cambios no se limita a los bolsillos de los usuarios, sino que repercute en la demanda del sistema. La cantidad total de pasajeros transportados cayó un 12,9% interanual en febrero de 2026, con una baja del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos. El informe atribuye este descenso a la combinación de precios cada vez más elevados y la contracción económica, que se manifestó también en el cierre de más de 24.000 empresas en el mismo período.

CEPA advierte que el proceso de recomposición tarifaria podría no haber concluido. Según el informe, la vigencia de una fórmula de actualización mensual, el peso de los costos operativos y la volatilidad de los precios energéticos internacionales hacen probable que los aumentos continúen a lo largo de 2026. “Es probable que los aumentos continúen a lo largo de 2026”, señala el documento.

La coyuntura delineada por el informe expone un escenario donde la accesibilidad al transporte público se vuelve un desafío creciente para amplios sectores sociales del AMBA, en un contexto de salarios rezagados, subsidios recortados y costos operativos en alza.