El empresario Lázaro Báez, quien cumple una condena unificada a quince años de prisión por las causas conocidas como la “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, regresó esta mañana a su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, luego de que ayer fuera internado de urgencia por un cuadro de pulmonía.

El agravamiento del estado de salud de Báez encendió alarmas entre su familia y su equipo de defensa. En ese contexto, fuentes cercanas al extitular de Austral Construcciones confirmaron a que el juez Néstor Costabel, quien presidió el tribunal que lo condenó por lavado de dinero, lo visitó en el penal de Ezeiza para interiorizarse sobre su situación.

Cerca de Báez afirman que, en caso de que no reciba tratamiento médico inmediato, presentarán un habeas corpus, ya que el deterioro del empresario, -quien cumple una condena unificada a 15 años de prisión-, no es nuevo. El año pasado, mientras estaba detenido en Río Gallegos, su defensa había pedido urgente atención médica y denunció las condiciones de su detención.

En los últimos días, Báez, que es diabético, se habría complicado con un cuadro de hipertensión arterial y bronquitis. Volvió a sufrir hemorragias digestivas que podrían derivar de una patología intestinal.

La abogada Yanina Nicoletti, defensora de Báez, detalló a que desde hace dos meses el empresario no tiene tiras reactivas para medir la insulina y no recibe control cardiológico. Nicoletti, además, afirma que el empresario está continuamente con gripe y EPOC por la humedad de la celda. También alertó que reapareció un cuadro de sangrado intestinal, por el cual están reclamando controles desde febrero.

El parte médico emitido por el Hospital Penitenciario Central I describió a Báez como un paciente con múltiples patologías crónicas bajo tratamiento estable. Según el informe, el empresario, de 70 años, presenta antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo 2, asma bronquial alérgica, obesidad y una arritmia no filiada.

Al momento del examen, los médicos lo encontraron estable. Informaron que Báez estaba lúcido, orientado en persona, tiempo y espacio. También dijeron que era capaz de deambular por sus propios medios y con todos sus miembros movilizados. Se le realizó radiografía de tórax y le indicaron un tratamiento con antihistamínicos y corticoides a bajas dosis, por tres días.

El informe también menciona un episodio aislado de proctorragia leve -sangrado rectal- registrado aproximadamente una semana antes de la internación, aunque al momento de la evaluación el propio Báez negó sangrado activo o síntomas digestivos. En el mismo parte, le indicaron un turno para el 19 de junio para Gastroenterología bajo la modalidad de telemedicina.

El entorno más cercano del empresario considera que la situación es grave y reclama atención y seguimiento médico inmediato. Una de sus hijas viajaba a Buenos Aires, en tanto que le solicitaron a su defensa que avance en un pedido de habeas corpus para que zanje la demora en la atención médica requerida.

La visita del juez

Hoy, junto con el alta hospitalaria, Báez recibió en el penal la visita del juez Costabel, quien se presentó para interiorizarse personalmente del cuadro clínico del detenido. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes cercanas a Báez, el empresario le habría pedido al juez que le garanticen la atención médica y seguridad, y habría ido más lejos aún: le habría manifestado que lo quieren dejar morir en la cárcel. Según trascendió, el juez le habría asegurado que iba a tomar medidas.

Según refirieron desde el entorno del empresario, es la primera vez que Costabel lo visita en diez años que lleva detenido. El magistrado no solo es el juez de ejecución de la condena, sino también quien presidió el Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó en el marco del proceso conocido como la Ruta del Dinero K.

El año pasado, mientras estaba internado en la Unidad Penitenciaria 15 de Río Gallegos -hacia donde había sido trasladado desde El Calafate- fue internado de urgencia en el Hospital de la misma ciudad por una descompensación.

Cuando fue trasladado a Buenos Aires desde Río Gallegos, una de las razones fue que el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cuenta con el Hospital Penitenciario Central I y el Hospital Zonal de Ezeiza, donde podría ser asistido en caso de ser requerido. Allí es donde internaron a Báez el viernes por unas horas.

Cada hallazgo de dinero, drogas y equipos de espionaje en los allanamientos que llevaron a la detención de Facundo Leal, extitular de la empresa de satélites Arsat y del ente regulador de aeropuertos Orsna, produjo nuevas preguntas sobre su paso por organismos estratégicos del Estado. Mientras la investigación principal avanza en los tribunales de San Isidro, una nueva denuncia desembarcó ahora en Comodoro Py. Esta vez, el foco va más allá de Leal y abarca a quienes quedaron al frente del Orsna tras su salida.

Facundo Leal fue detenido el 27 de mayo. Los agentes encontraron cerca de US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína en su domicilio de Palermo. A la vez, en su casa de Mendoza encontraron otros US$1,7 millones.

Leal presidió ARSAT, la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales, a partir de 2022 y hasta 2024, en el gobierno de Alberto Fernández.

Luego fue designado en 2025 por el gobierno de Milei al frente del ORSNA, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, cargo que ejerció hasta enero de 2026. La investigación que terminó en los allanamientos había comenzado en torno a una denuncia por la desaparición de equipos de Arsat.

Ahora, una nueva denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano ante la Justicia Federal. La presentación apunta no sólo contra Leal sino también contra la actual presidenta del Orsna, Noelia Ruiz, del riñón de Santiago Caputo; la vicepresidenta Lucila Pagani; el funcionario Facundo Gaitán; y otras personas que eventualmente puedan ser identificadas durante la investigación.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi con intervención del fiscal Ramiro González.

La denuncia sostiene que la salida de Leal no implicó el desmantelamiento de una estructura de poder dentro del organismo, sino su continuidad bajo nuevas autoridades.

También plantea sospechas sobre el manejo del fideicomiso que financia gran parte de las obras aeroportuarias del país y sobre la relación entre funcionarios y contratistas.

Sin embargo, una revisión de la propia presentación permite advertir que algunas de las afirmaciones se apoyan en referencias genéricas de obras o de contratistas de la gestión de Leal, sin identificar hechos específicos que permitan corroborar de manera inmediata las acusaciones.

El punto central de la denuncia gira alrededor del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), una herramienta creada para financiar obras aeroportuarias mediante aportes provenientes de la concesión aeroportuaria.

Según Pagano, la capacidad del Orsna para intervenir en la certificación de obras y autorizar pagos convertiría al organismo en una estructura particularmente sensible frente a eventuales maniobras de corrupción.

La reconstrucción realizada por sobre el procedimiento formal muestra un esquema un poco más complejo.

Fuentes con conocimiento del sistema explicaron que las licitaciones, en realidad, son realizadas por Aeropuertos Argentina, la concesionaria de la operación que, en efecto, regula el Orsna.

Las obras surgen de programas previamente acordados y requieren validación del organismo que encabezó Leal en la primera etapa del gobierno de Javier Milei.

En el pasado trascendieron sospechas sobre la discrecionalidad en la aprobación final, ya que, si bien la propuesta de los proyectos corresponde a Aeropuertos Argentina, la decisión final la tiene el Orsna.

Sin embargo, una vez dispuesta la licitación, las ofertas atraviesan evaluaciones técnicas y económicas antes de una preadjudicación que es realizada por la empresa y posteriormente es remitida al organismo regulador para su validación.

Las preadjudicaciones suelen coincidir con las recomendaciones surgidas de las evaluaciones y, según distintas fuentes, no se han registrado antecedentes recientes de rechazos por parte del organismo regulador en las etapas finales.

La denuncia menciona como posibles beneficiarias a empresas que participaron en obras aeroportuarias en Río Grande, Tucumán y Río Gallegos, además de futuros proyectos en Ezeiza, Córdoba y Mendoza. Son, efectivamente, obras que transcurrieron o licitaciones que se armaron durante el período de Facundo Leal y Noelia Ruiz.

La propia cronología de algunos expedientes de las obras muestra que comenzaron varios meses antes del ingreso de Leal.

En el caso de Tucumán, por ejemplo, entre la apertura de ofertas, las instancias de precalificación, la evaluación y las aprobaciones posteriores transcurrieron períodos significativos antes de la adjudicación definitiva.

Algo similar ocurrió en procesos correspondientes a Río Grande y Río Gallegos. Esa secuencia de tiempos debilita la idea de un direccionamiento de la gestión de Leal.

Sin embargo, un aspecto que destaca la denuncia y en el que distintas fuentes coinciden es en que el área donde el ORSNA concentra mayor capacidad de decisión es la certificación necesaria para que el fideicomiso libere fondos. Es decir, el organismo no necesariamente define quién gana una licitación, pero sí interviene en la validación de los avances de obra que habilitan los desembolsos posteriores. En otras palabras, el ORSNA define el momento de pago.

La presentación también incorpora cuestionamientos sobre designaciones internas, niveles salariales, contrataciones de asesores y reorganizaciones dentro del organismo. En varios casos, las afirmaciones aparecen formuladas sobre la base de información periodística o testimonios atribuidos a fuentes reservadas. La denuncia solicita justamente que la Justicia requiera documentación oficial para verificar esos extremos.

La acusación fue presentada pocos días después de que el caso Leal comenzara a generar inquietud dentro del sistema aeroportuario y mientras continúan abiertas las investigaciones derivadas de los allanamientos realizados en San Isidro.

Por ahora, la denuncia abrió una nueva causa judicial por hechos distintos a los que investiga la Justicia Federal con asiento en San Isidro.