El mercado de desarrollo de software atraviesa una transformación impulsada por la capacidad de la inteligencia artificial para generar código de manera automatizada. En este contexto, se observa una tendencia en la toma de decisiones corporativas que podríamos denominar “parálisis por expectativa deflacionaria”. Este fenómeno ocurre cuando las empresas postergan la ejecución de proyectos bajo la premisa de que la tecnología reducirá los costos de desarrollo en el futuro inmediato. Sin embargo, este análisis omite el cálculo del costo mensual de mantener procesos manuales y la ausencia de captura de datos durante el periodo de espera.

La discusión sobre la inversión tecnológica debe desplazarse desde el precio del contrato hacia el costo de oportunidad de no implementar la solución. Mientras el costo marginal de creación de software desciende, la brecha competitiva para quienes optan por la espera aumenta. La ejecución inmediata permite la acumulación de datos, el aprendizaje operativo y la iteración de procesos, factores que otorgan una ventaja en el mercado que no se recupera mediante ahorros en el presupuesto de programación.

La integración de herramientas de asistencia de código ha dejado en evidencia la fragilidad del modelo de facturación basado en horas hombre. Este sistema tradicional confunde el esfuerzo con el valor generado, creando una distorsión de incentivos. Si un equipo técnico resuelve en tres días una tarea que anteriormente requería tres semanas, el modelo de horas penaliza la eficiencia del proveedor y reduce su ingreso. Por el contrario, si el proveedor extiende los tiempos para mantener su facturación, se produce un quiebre en la confianza con el cliente.

La transición hacia la facturación por resultados y por impacto representa la evolución necesaria en la industria. El enfoque debe situarse en la resolución de problemas, la eliminación de procesos ineficientes y la generación de ventajas para el negocio. En Argentina, este cambio enfrenta la resistencia de estructuras de control basadas en planillas de tiempo, lo que genera una brecha entre la capacidad de la tecnología y los modelos de negocio vigentes.

Una alternativa a los esquemas tradicionales es la implementación de modelos de valor compartido, donde los honorarios del proveedor se vinculan directamente al aumento de ventas o a los ahorros generados por el software. Este enfoque alinea los intereses de ambas partes, transformando la relación de proveedor-cliente en una sociedad con riesgo compartido. Bajo este esquema, si el software no produce los resultados proyectados, el cobro diferencial no se ejecuta.

La viabilidad de este modelo depende de la existencia de métricas claras y de la disposición de las empresas a transparentar sus datos financieros. En el entorno local, existe una falta de hábito en la medición del impacto real de la tecnología en los resultados operativos. Por tanto, la labor inicial del consultor tecnológico consiste en asistir al cliente en la construcción de capacidades de medición antes de formalizar el vínculo contractual. Este rigor en la definición del problema permite una selección de proyectos con alta probabilidad de retorno de inversión.

Ante el temor a la obsolescencia técnica, surgen los contratos de evolución continua o modelos de suscripción de desarrollo. Bajo esta modalidad, el cliente no adquiere un producto estático, sino un activo vivo que recibe actualizaciones permanentes de acuerdo con los avances de la tecnología. Este sistema previene la necesidad de ejecutar reingenierías completas cada pocos años, garantizando la vigencia de la herramienta en el tiempo.

A pesar de su lógica técnica, la adopción de este modelo en mercados con alta inflación y volatilidad económica encuentra obstáculos estructurales. La resistencia a compromisos financieros de largo plazo es una respuesta a la incertidumbre del horizonte económico. Frente a esto, la estrategia de implementación sugerida es iniciar con proyectos de alcance definido que demuestren valor inmediato, permitiendo que la transición hacia una suscripción sea una consecuencia natural de los resultados obtenidos en la primera fase de trabajo.

La democratización de la generación de código a través de la inteligencia artificial ha convertido a la programación estándar en una mercancía con precio a la baja. Las organizaciones que operan exclusivamente como fábricas de código enfrentan la competencia de herramientas automatizadas que operan sin interrupciones y con costos mínimos. El valor en el mercado actual se ha desplazado desde el volumen de líneas de código hacia la capacidad de diagnóstico y diseño estratégico.

La función crítica de las empresas de desarrollo hoy es la arquitectura de valor. Esto implica identificar el problema de fondo del negocio, algo que, a menudo, no coincide con los requerimientos expresados en el documento inicial del cliente. “La inteligencia artificial no ha reducido el valor del pensamiento estratégico, sino que lo ha encarecido al volver escasa la capacidad de discernir qué código es necesario generar y cuál debe omitirse para evitar deuda técnica.” En este sentido, la arquitectura define la capacidad de escala de un sistema y su alineación con los objetivos de largo plazo de la organización.

El juicio técnico y la dirección estratégica de la arquitectura son factores diferenciales en un entorno donde el costo de los materiales básicos de construcción de software colapsa. Al igual que en la construcción civil, cuando los materiales se abaratan, la calidad final depende del diseño estructural. La capacidad de cerrar la brecha entre lo que el cliente solicita y lo que su operación requiere exige un entendimiento profundo tanto de la tecnología como del negocio.

En este nuevo escenario, el riesgo para las empresas que deciden esperar a la herramienta perfecta es perder su posición competitiva frente a actores regionales. Mientras se postergan decisiones en busca de menores costos, competidores en mercados como México, Brasil o Colombia ejecutan soluciones con las herramientas disponibles, acumulando un aprendizaje organizacional que no se puede adquirir mediante presupuesto.

Argentina cuenta con ventajas competitivas en términos de talento e ingenio para operar en condiciones de escasez. No obstante, la inacción compromete la relevancia regional y la capacidad de atraer inversión. La ejecución rápida y la aplicación de criterio sobre la tecnología disponible superan en términos de eficiencia a la búsqueda de la perfección técnica proyectada a futuro. Aceptar que la velocidad de implementación es un factor determinante permite a las organizaciones capturar valor en el presente y consolidar su posición en un mercado en constante aceleración.

En definitiva, la tecnología disponible hoy, bien aplicada, siempre le ganará a la tecnología perfecta de mañana que nunca se implementó. Tal como dijo Marc Benioff: “Faster is better than perfect!” (¡Rápido es mejor que perfecto!)

El autor es Co-Founder y CEO de The App Master

KPMG Argentina reunió a más de 150 ejecutivos y especialistas en el “Tax & Legal Leadership Summit 2026”, realizado el 28 de mayo en el Hotel Hilton, donde funcionarios del Ministerio de Economía y referentes del sector privado coincidieron en que una futura reforma tributaria buscará bajar la presión impositiva, reducir tributos distorsivos y dar previsibilidad a la inversión, según informó KPMG en un comunicado difundido en Buenos Aires el 5 de junio.

El orador de cierre del encuentro fue el economista Ricardo Arriazu, uno de los especialistas más escuchados por el Gobierno de Javier Milei.

Arriazu habló de estadísticas macroeconómicas, perspectivas del comercio exterior y otras variables, augurando un importante flujo de divisas ingresando a partir de este año, que viene por exportaciones de la agroindustria y el sector energético, y que le dará a la economía del país un importante soporte de financiamiento. “El saldo de los últimos 12 meses de la balanza comercial está muy por encima de mis proyecciones. Yo tenía un superávit para este año de 13.500 millones de dólares que era mejor que del año pasado. Ahora estoy en 20.000 millones con superávit en cuenta corriente”, dijo.

Arriazu estimó que este año se crecerá un promedio base de 3,5%, aunque señaló que la variación hacia arriba o hacia debajo de ese porcentaje dependerá de si los argentinos compran más o menos dólares. “En este momento lo que se necesita es que la economía real mejore. Si mejora, la oportunidad argentina es fabulosa. Para 2030 vamos a estar exportando -sólo de energía- más de 30 mil millones de dólares. Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, concluyó“, expresó.

Uno de los datos más concretos del encuentro surgió de la última encuesta anual de impuestos de KPMG Argentina, presentada por Fernando Quiroga Lafargue, socio de Tax&Legal: según ese relevamiento, realizado entre más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes, Ingresos Brutos fue señalado como el impuesto que más encarece los precios de bienes y servicios, con una incidencia superior al 60%, frente al 54% del año anterior.

Quiroga Lafargue sostuvo, según KPMG, que “Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que encarece de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente”. También afirmó: “Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”.

El encuentro reunió a ejecutivos y profesionales de impuestos de compañías que operan en la Argentina. La apertura estuvo a cargo de Rodolfo Canese, socio de Tax de KPMG Argentina, quien planteó que la toma de decisiones empresariales exige integrar información laboral, fiscal y financiera en un contexto en el que “cada vez hay más actores que influyen en los negocios”.

El panel de apertura estuvo dedicado a los “Lineamientos para una reforma fiscal Argentina” y contó con la participación de Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, y Juan José Imirizaldu, director nacional de Impuestos, ambos del Ministerio de Economía. Los dos funcionarios explicaron el funcionamiento de sus áreas y ratificaron que el Gobierno estudia modificaciones al esquema vigente con la intención de consensuar una reforma de fondo que impulse la actividad económica y las inversiones.

Balestrini afirmó: “En poco tiempo hicimos una reducción drástica de los derechos de exportación y también de importación”. La funcionaria agregó que el objetivo oficial es que “el sistema tributario no interfiera en quien decida invertir en el país y al mismo tiempo que la rentabilidad de una actividad no dependa de su tratamiento fiscal”.

Sobre la reforma en estudio, Balestrini señaló que el trabajo apunta a “no generar dispensas sino a revertir inequidades”. También resumió el enfoque oficial con esta definición: “Se busca disminuir la presión tributaria, eliminando gradualmente el efecto de impuestos distorsivos, pero siempre con el sentido de la responsabilidad en el cuidado de los recursos públicos y del equilibrio fiscal”.

La subsecretaria remarcó además la necesidad de mantener un vínculo fluido entre el sector público y el privado para diseñar normas “eficientes y efectivas” alineadas con los objetivos económicos del país, según KPMG.

Imirizaldu expuso sobre el avance de convenios internacionales destinados a eliminar la doble imposición. Indicó que ya hubo aprobación parlamentaria de acuerdos con Turquía, China y Austria, y que el Ministerio de Economía trabaja en esa misma línea para alcanzar tratados con Estados Unidos, India, República Checa y Uruguay.

El director nacional de Impuestos afirmó que esos tratados aportan “certeza, seguridad jurídica y previsibilidad para las inversiones” al definir cómo se pagarán los impuestos en cada jurisdicción. También destacó la aprobación en el Congreso del Instrumento Multilateral, conocido como MLI, que actualiza los convenios ya suscriptos y vigentes bajo parámetros internacionales de transparencia y con cláusulas destinadas a evitar abusos.

La conferencia de cierre, a cargo de Quiroga Lafargue, se tituló “Claves fiscales 2026: qué dicen los datos y hacia dónde vamos”. Allí se presentaron los resultados del relevamiento que volvió a ubicar a Ingresos Brutos en el centro de la discusión sobre costos, competitividad y diseño de una eventual reforma fiscal.

El mercado argentino de teléfonos celulares enfrenta subas inminentes en los precios, impulsadas por factores globales y locales que confluyen en un contexto desafiante para fabricantes, distribuidores y consumidores. La presión sobre los costos se intensificó en los últimos meses, principalmente por el encarecimiento de insumos estratégicos como las memorias DRAM y NAND, mientras que la eliminación de aranceles a la importación y la reducción de impuestos internos ayudaron pero no lograron traducirse en una baja sostenida para el público.

La dinámica de los precios en el segmento de la tecnología de consumo viene marcada por la evolución del mercado internacional de componentes. Según fuentes del sector, la cotización de las memorias y otros semiconductores trepó entre 150% y 200% en Argentina desde diciembre. Este salto afecta especialmente a los dispositivos de entrada de gama, donde los chips tienen mayor incidencia en el costo final. En equipos cuyo valor ronda los USD 100, la memoria llegó a representar entre 30% y 40% del costo antes del aumento; en la actualidad, cada chip puede costar entre 130 y 170 dólares, superando el precio total del propio teléfono.

Las empresas del sector reconocen que este fenómeno ejerce una presión directa sobre el “piso” de los precios. En otras palabras, los celulares de menor precio son los que más rápido reflejan el impacto de la suba de insumos, mientras que los modelos premium logran amortiguar el efecto gracias a la incorporación de componentes de mayor valor, como pantallas, cámaras y sensores. Las compañías evalúan estrategias para contener el traslado de estos aumentos, priorizando la fabricación de modelos con menos RAM y enfocándose en segmentos de mayor margen.

El contexto global aporta elementos adicionales que explican la situación. El crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA) llevó a los grandes fabricantes de chips a priorizar la producción destinada a datacenters, por su mayor rentabilidad. Según fuentes del sector, este año alrededor del 70% de la fabricación mundial estará orientada a cubrir la demanda de centros de datos, lo que dejó a la industria electrónica con una oferta limitada y costos más altos. El estrés en la cadena de suministros global también incide, debido a factores como las restricciones en rutas aéreas, aumentos en el precio del petróleo y demoras logísticas.

En la Argentina, la situación se agrava por la debilidad del consumo interno y la competencia del contrabando, que limita el margen de maniobra para aplicar incrementos de precios. Las fuentes consultadas advierten que el traslado de la suba de insumos a los valores de venta no será lineal ni inmediato. El ajuste dependerá de la política comercial de cada marca, la estructura impositiva futura y la evolución de la cadena de suministro. La decisión sobre cuándo y en qué medida trasladar el aumento global al mercado local quedará sujeta a múltiples variables.

El sector recuerda que en los últimos meses la Argentina experimentó una baja progresiva de aranceles a la importación de celulares, con una reducción del 16% al 8% y la eliminación total en enero, además de una disminución de los impuestos internos del 19% al 9,5%. Este alivio tributario buscó generar mayor competencia y facilitar una baja de precios, aunque la suba internacional de semiconductores y memorias contrarrestó ese efecto. En la práctica, los precios locales apenas se movieron 20% en lo que va del año, si se compara con mayo de 2025, cuando aún impactaba el costo de los stocks importados bajo el régimen anterior. Las fuentes aclaran que, descontando ese efecto, la suba habría sido mayor.

Las empresas que ensamblan dispositivos en Tierra del Fuego y las que importan productos terminados implementaron recortes de producción y ajustes de inventarios. El mercado argentino de celulares terminó 2025 con unas 6,2 millones de unidades vendidas, pero la previsión para 2026 apunta a un descenso hasta las 5,3 millones. El primer trimestre de 2026 se ubicó entre los peores registros de la última década, con menos de un millón de unidades comercializadas, lo que representó una caída interanual del 16%. Las fuentes sectoriales anticipan que el mercado podría tardar varios años en recuperar los volúmenes previos, incluso en un escenario de recuperación gradual a partir de 2027.

El impacto sobre la oferta también se vio en la configuración de los modelos disponibles. Ante el encarecimiento de las memorias, los fabricantes priorizan líneas que requieren menos capacidad de almacenamiento o que permiten al usuario ampliar el espacio con tarjetas micro USB o servicios en la nube. Además, las compañías evalúan lanzar productos premium, donde el peso del chip se diluye en relación a otros componentes de mayor valor, para obtener mejores márgenes y amortiguar el costo de los insumos.

Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) descartaron una suba inmediata del 30% en los precios al consumidor, aunque reconocieron que los insumos continúan en alza y que las listas de precios evolucionan en línea con esa tendencia. “No hay mucho margen para ajustar hacia arriba”, señalaron, y advirtieron que incrementos desmedidos sólo potenciarían el contrabando y agravarían el golpe sobre un consumo ya deteriorado.

Desde el sector enfatizan que el mayor incremento se concentra en el costo de los semiconductores, con un promedio estimado de 30% en insumos clave, pero aclaran que el traslado al precio final dependerá de la estrategia de cada marca, la coyuntura impositiva y las condiciones de la cadena logística global. “El supply chain global está completo y absolutamente estresado”, resumió un directivo del área de abastecimiento, aludiendo a las dificultades para el transporte internacional y la volatilidad de los costos asociados.

En el plano internacional, las consultoras IDC y Counterpoint Research proyectan una caída histórica en las ventas de smartphones durante 2026, con descensos cercanos al 13% en la cantidad de unidades a nivel mundial. IDC ajustó sus previsiones y ahora estima que el volumen global oscilará entre 1.100 y 1.200 millones de celulares, el nivel más bajo en más de diez años. Counterpoint Research coincide en el diagnóstico y prevé una baja del 12% en la cantidad de unidades para este año.

El informe de IDC señala que, a fines de 2025, el mercado global se mantenía estable, con una caída marginal del 0,9%. Sin embargo, el cambio de escenario se profundizó en los últimos meses por el redireccionamiento de la producción de semiconductores hacia la infraestructura de IA y por la reconfiguración de las cadenas de suministro internacionales. El impacto afecta tanto a fabricantes de equipos terminados como a proveedores de componentes, y se refleja en los precios y en la disponibilidad de productos en todo el mundo.

La situación de la Argentina se inserta en este marco global, pero suma particularidades propias. El debilitamiento del poder de compra local y la constante presencia del contrabando limitan la posibilidad de trasladar toda la suba de costos al consumidor final. Las fuentes consultadas admiten que el futuro del mercado dependerá de la evolución de la demanda interna, la política impositiva y la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno cambiante.

En las conversaciones con fabricantes y distribuidores, surge una coincidencia: el segmento de celulares más económicos será el más afectado por el encarecimiento de los insumos, mientras que los modelos de gama alta podrán absorber parcialmente la suba. Las estrategias para mitigar el impacto abarcan desde el ajuste de inventarios hasta la focalización en productos con mayor valor agregado y la búsqueda de alternativas para ampliar el almacenamiento sin encarecer el dispositivo.

La competencia con el contrabando constituye un freno relevante para el traslado de los aumentos. En la medida que los precios oficiales suban, la brecha con los productos ingresados irregularmente puede ampliarse, generando distorsiones adicionales en el mercado y dificultando la recuperación del sector formal.

Las fuentes del sector insisten en que el traslado del incremento global al consumidor argentino no será automático ni uniforme. La magnitud y el momento de la suba dependerán de múltiples factores, y las empresas evalúan caso por caso la mejor forma de contener el impacto. Algunas firmas, como Samsung, fabrican internamente parte de sus propios semiconductores, lo que podría otorgarles una ventaja relativa en el acceso y costo de estos insumos, aunque la tendencia general apunta a un encarecimiento sostenido en la industria.

Los datos de ventas y la evolución de los precios en el primer semestre de 2026 delinean un escenario complejo para los próximos meses, con perspectivas de recuperación moderada a partir de 2027, aunque sin garantías de regresar a los niveles previos en el corto plazo.