POLITICA
El Gobierno busca recuperar la iniciativa en Diputados y avanza con el super-RIGI y la ley de lobby
El Gobierno buscará hoy recuperar la iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados con el avance de dos proyectos que considera estratégicos: la ley de lobby y el denominado super-RIGI.
La agenda legislativa comenzará a las 11 con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. Más tarde, a las 14, se reunirá el plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia para debatir el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (super-RIGI), orientado a industrias tecnológicas y de innovación.
La intención del oficialismo es volver a convocar ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejar los proyectos listos para ser tratados en una sesión prevista para el 24 de junio. En esa misma jornada también se debatiría la iniciativa que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.
La fecha forma parte del cronograma de trabajo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comunicó la semana pasada a los jefes de los principales bloques parlamentarios.
La apuesta por una ley de lobby
Con el proyecto sobre gestión de intereses, el Gobierno busca establecer un marco regulatorio para las actividades de lobby ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de transparentar los contactos destinados a promover intereses sectoriales o influir en la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso.
La iniciativa propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse los lobistas. Además, exige la presentación de declaraciones juradas en las que se identifiquen los intereses representados, los clientes y los beneficiarios de cada gestión.
También establece que los registros deberán incluir la fecha, la hora y la modalidad de cada contacto, la dependencia en la que se realizó la reunión, el beneficiario o cliente involucrado y un resumen de los temas abordados.
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El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas. Las multas podrán alcanzar los 500 salarios mínimos y, en los casos más graves, derivar en la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby.
Asimismo, prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes incurran en representación clandestina de intereses extranjeros, además de una inhabilitación especial por un plazo equivalente al doble de la condena.
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La iniciativa también impone obligaciones a los funcionarios públicos. Tanto integrantes del Gobierno nacional como legisladores deberán informar las audiencias que mantengan con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.
De acuerdo con el oficialismo, el proyecto podría reunir respaldo suficiente para obtener media sanción debido a las coincidencias existentes con sectores de la oposición dialoguista respecto de la necesidad de otorgar mayor transparencia a una actividad que históricamente se desarrolló con escasa regulación en la Argentina.
El oficialismo avanza con el super-RIGI
La otra iniciativa que comenzará a debatirse este miércoles es el llamado super-RIGI, un esquema de incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos e industriales que no habían sido contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado dentro de la Ley Bases.
Fueron invitados a exponer el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.
El proyecto apunta a atraer inversiones de gran escala vinculadas con la industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; la producción de baterías; el desarrollo de energías renovables, incluido el hidrógeno verde; la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares; reactores nucleares pequeños y medianos; semiconductores; inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos.
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Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán alcanzar un mínimo de US$ 1000 millones, muy por encima de los US$ 200 millones exigidos por el RIGI original.
A cambio, las empresas obtendrían estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período de 30 años. El régimen tendría una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.
A diferencia del RIGI vigente, el nuevo esquema excluye proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura. Tampoco permite incorporar ampliaciones de emprendimientos ya existentes.
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Entre los beneficios previstos figura una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, un sistema de amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales.
Además, los quebrantos podrían deducirse sin límite temporal. Los dividendos tributarían una alícuota del 7%, que se reduciría al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen.
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El proyecto también contempla la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.
En materia cambiaria, establece una disponibilidad progresiva de las divisas provenientes de exportaciones. A partir del tercer año, los inversores adheridos podrían disponer del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
Diputados, RIGI, La Libertad Avanza
POLITICA
El Hospital Garrahan le reclama al IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, una deuda de $8.278 millones
El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” le envió el martes 8 de junio una carta formal a la directora provincial de Prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Nadia Daciuk, en la que desmiente punto por punto los argumentos de la obra social bonaerense para no pagar una deuda que asciende a $8.278.254.990,97 en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora.
La misiva, firmada por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Sánchez, responde a una comunicación de IOMA en la que la Provincia de Buenos Aires informó que se niega a cancelar el saldo restante.
Esta mañana, desde el hospital nacional de pediatría emitieron un comunicado en tono similar: “El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirma y recuerda que las acreencias crecen “día a día con cada paciente que atendemos en el hospital” y que “los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”.
las autoridades nacionales también recordaron que “814 niños esperan prótesis de la Provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en ese hospital.
La carta del Garrahan
La carta llega en el marco de un conflicto que se arrastra desde 2017 y que, en las últimas semanas, se agudizó tras los dichos del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró públicamente que IOMA había saldado su deuda con el Garrahan con el pago de más de $1.230 millones, y afirmó que no mantiene obligaciones impagas con la institución pediátrica. La obra social provincial también planteó la necesidad de revisar el esquema de relación prestacional. Una auditoría interna de la obra social bonaerense puso en cuestión buena parte de los reclamos. Según advierten, el 85 por ciento de los montos exigidos carecía de respaldo documental, técnico o normativo, e incluso en muchos casos no estaba facturado formalmente.
El hospital nacional rechaza esa versión de manera categórica.
La posición del IOMA
En diálogo con Infobae, Homero Giles, el presidente de IOMA expresó: “Nosotros tenemos toda la documentación, los invitamos a auditar en conjunto con nosotros, a ver la documentación de todos esos débitos que hicimos, que está todo muy bien estudiado, armamos un equipo ad hoc para eso. Hay que armar un equipo para eso. Estuvimos meses auditando y estudiando toda la documentación y ese resultado llegamos”. Giles se refiere a los 1.200 millones de pesos saldados por la obra social al Garrahan y amplió: “Nuestra única finalidad es firmar un convenio nuevo con el Garrahan, ordenar la situación y si hay que corregir algún débito, desde ya que se corregirá. Para eso hay que armar una auditoría en conjunto. En la carta del Garrahan no contestan si quieren firmar convenio con nosotros o no. No contesta si van a venir a auditar en conjunto con nosotros, como lo invitamos en la nota nuestra”, y adelantó: “Nos vamos a comunicar nuevamente con el Garrahan a decir que simplemente queremos sentarnos a trabajar con ellos y firmar un convenio nuevo. Para nosotros la deuda está saldada. Pero si para ellos no, hay que sentarse a trabajar con nosotros y dejar la discusión política de lado que impone el gobierno nacional porque eso no tiene sentido con nosotros”.
La deuda según Nación
Fue la Gerencia de Finanzas y Contabilidad del Garrahan quien intimó a IOMA a saldar lo que se le adeuda. El documento -al que accedió Infobae- distingue dos tramos del pasivo. La deuda corriente, aún no judicializada, según las autoridades del hospital de pediatría, asciende a un capital actualizado de $7.732.955.812,05 más intereses por mora, y corresponde a las facturas N.º 158619, del 5 de febrero de 2025, hasta la N.º 165679, del 30 de abril de 2026, todas vencidas y plenamente exigibles.
El segundo tramo es la deuda judicializada: $545.299.178,92 más intereses, radicada en el Expediente N.º 9793-2025 ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 8, secretaría 16. Ese tramo incluye facturas que se remontan al 11 de septiembre de 2017 —factura N.º 112776— hasta la N.º 158275, del 10 de enero de 2025.
El total de ambos tramos supera los $8.278 millones y cubre servicios asistenciales prestados a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la fecha. “Dichos pacientes resultan plenamente identificables”, advierte el texto de la carta. También se informa que toda la documentación clínica y administrativa fue remitida al Instituto en tiempo y forma, con constancias de presentación y recepción. Al no haber existido rechazo formal alguno dentro de los plazos de auditoría y observación, las facturas “quedaron firmes, consentidas y exigibles”, señala el escrito.
Las “falsedades” que el Garrahan le atribuye a IOMA
La carta es explícita. El hospital califica de “FALSOS” —así, en mayúsculas— tres argumentos centrales de IOMA. Primero, que la obra social provincial tenga voluntad real de llegar a un acuerdo. Segundo, que la deuda no esté documentada o acreditada. Tercero, y el más directo, que IOMA la hubiera saldado.
“Son FALSOS la voluntad y los supuestos esfuerzos que usted manifiesta para tratar de acordar con nuestro Hospital un convenio ‘sobre bases razonables’ que otorgue ‘sustentabilidad a las prestaciones’”, reza el texto. Las reuniones y los intentos de llegar a un convenio resultaron, según el Garrahan, “infructuosos”, porque la Provincia de Buenos Aires “pretende condiciones de privilegio que perjudican a nuestro hospital”, a diferencia de lo que hacen los demás acreedores.
Sobre los pagos que IOMA sí realizó, el hospital es tajante: se trató de “pagos parciales, a cuenta de la deuda vencida acumulada”, que serán imputados a la cancelación de intereses devengados de las facturas vencidas, no al capital. “Lo único que ha hecho esporádicamente son pagos parciales”, afirma la misiva.
IOMA también cuestionó que el Garrahan factura valores “no contemplados en la codificación HPGF (Hospital Pediátrico de Gestión Descentralizada)” y que fueron “fijados unilateralmente”. El hospital rechaza ese argumento: se trata de prestaciones de altísima complejidad que no estaban registradas en esa codificación, y los aranceles aplicados “responden a los costos reales de atención de un hospital pediátrico de alta complejidad”. La carta agrega que resulta “improcedente” comparar esos valores con efectores de menor complejidad o con establecimientos destinados a la atención de población adulta.
Sobre los medicamentos
Uno de los puntos de disputa es el precio de los fármacos. IOMA sostuvo que los medicamentos facturados por el Garrahan superan los precios de plaza. El hospital lo niega en los mismos términos que usa para los otros cuestionamientos: “Es FALSO que los medicamentos superen los precios de plaza. Los mismos fueron facturados conforme los valores institucionales vigentes”.
Frente a ese conflicto recurrente, el Garrahan propone una solución concreta: que IOMA envíe “en TIEMPO Y FORMA la medicación de alto costo y prótesis que sus afiliados necesitan”, en lugar de cuestionar los valores una vez que el hospital ya los proveyó.
Sobre el día acompañante
Otro ítem que IOMA se niega a pagar es el denominado “Día Acompañante”. La respuesta del hospital apunta a la naturaleza misma de la institución: “Parece que desconoce que se trata de un hospital donde los pacientes son bebés, niños y adolescentes”. La carta precisa que el acompañante “es una prestación inherente a la atención pediátrica” y, por lo tanto, no puede ser objetada como si se tratara de un gasto accesorio o discrecional.
Sobre las prótesis, el Garrahan rechaza “por improcedente” el cuestionamiento de IOMA respecto de la supuesta falta de autorización previa para la provisión de prótesis e insumos críticos requeridos en intervenciones quirúrgicas. El hospital aclara que, en todos los casos en que una cirugía programada requiere una prótesis a cargo de la obra social, la institución comunica esa necesidad a través de los canales habilitados.
El problema, según la carta, es que la Provincia de Buenos Aires “nunca nos brindó respuesta” pese a las reiteradas gestiones. El texto califica esa conducta de “omisiva” e “incompatible con la urgencia que demandan las patologías tratadas en nuestros pacientes”. Ante esa falta de respuesta, el hospital se ve obligado a garantizar la continuidad asistencial por su cuenta, y por eso “ratificamos íntegramente la procedencia de los cargos efectuados por tales conceptos”.
El traslado de obligaciones al Estado nacional
La carta cierra con una acusación de fondo: IOMA pretende que el Garrahan le acepte condiciones de privilegio “a costa del financiamiento público nacional que recibe el Garrahan y, lo que es peor aún, en perjuicio de las personas sin cobertura”. “Con su accionar, usted intenta trasladar al Estado Nacional obligaciones propias”, afirma el documento.
El Garrahan es financiado en un 80% por el Estado nacional y en un 20% por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y atiende a más de 600.000 pacientes por año, en su mayoría de bajos recursos. La carta concluye que la deuda de IOMA “constituye una obligación cierta, líquida y exigible, cuyo pago es indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del principal hospital pediátrico de alta complejidad de la República Argentina”.
Hospital Garrahan,IOMA
POLITICA
Coimas en la Andis: Diego Spagnuolo busca frenar el peritaje de los audios y se niega a facilitar una muestra de su voz
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se niega a facilitar una muestra de su voz para el peritaje que ordenó la Justicia sobre los audios que se le atribuyen e hicieron nacer el caso en el que se investigan presuntos sobornos y sobreprecios.
Además, el exnúmero uno del organismo -que está procesado junto a otra veintena de personas involucradas en una gran trama de irregularidades- solicita que las grabaciones sean apartadas del expediente y se suspenda la realización del peritaje.
Fue a contramano de presentaciones suyas previas, en las que había reclamado que se verificara la autenticidad de esos registros mediante peritajes acústicos e informáticos.
En el nuevo escrito, presentado ayer por uno de sus abogados, Spagnuolo, que hasta la revelación del caso era muy cercano a los hermanos Milei, pidió suspender el trámite -ordenado hace dos semanas por el juez Ariel Lijo- y señaló que la Justicia no puede forzarlo a aportar un registro de su propia voz porque no está obligado a colaborar con la acusación. En suma, piensa que ese aporte podría autoincriminarlo.
“Los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba y, ante esa posibilidad, la garantía contra la autoincriminación opera como obstáculo legal inamovible”, señala el escrito.
“Especialmente porque su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable/perjudicial respecto de la acusación que soporta”, agrega Spagnuolo en su presentación.
A comienzos de mes, el juez Lijo había ordenado peritar los audios que dieron lugar a la investigación, en respuesta a un pedido puntual de la Cámara Federal.
En un intento por hacer caer toda la causa -que avanzó con medidas, procesamientos y una segunda ronda de indagatorias—, las defensas apuntaron sus cañones contra los audios atribuidos a Spagnuolo porque, a contramano de lo que hasta ahora dijo la Justicia, consideran que son la piedra angular de todo el expediente.
En aquellas grabaciones, cuyo origen no está claro, una voz que sería la de Spagnuolo describe un sistema de coimas al interior de la agencia Andis, de la cual el funcionario era el máximo responsable.
En su presentación de ayer, uno de los abogados de Spagnuolo, Pablo Parera, volvió a asegurar que los audios en cuestión fueron manipulados, porque, en lo que parece ser una conversación entre al menos dos personas, se escucha una sola voz.
Evita, en cambio, sostener que los audios fueron intervenidos con inteligencia artificial, como sí había advertido la defensa en otras oportunidades.
La presentación implica un giro en la postura de Spagnuolo. Al comienzo de la causa, en sus apelaciones de octubre de 2025, el exfuncionario criticó que el juez no hubiera cumplido con la “obligación elemental” de verificar el origen y la validez de los registros mediante peritajes acústicos e informáticos antes de avanzar con otras medidas.
En esa línea, presentó luego un peritaje privado realizado por una empresa alemana, en el que se indicaba una posibilidad de “trazas de voz sintética con una probabilidad del 65% en ciertos fragmentos”.
La causa
La Cámara Federal revisa por estas horas la primera ronda de procesamientos que dictó el primer juez al frente de la causa, Sebastián Casanello.
Entre exfuncionarios y empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos para el organismo, alcanza a un total de 19 personas.
Además de Spagnuolo, a la cabeza del presunto sistema de sobreprecios y retornos, en la acusación del fiscal Franco Picardi se encuentran Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo, el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian, que habría tenido injerencia y Miguel Ángel Calvete, quien se habría movido como un “director paraestatal” del organismo, dando órdenes.
A su vez, desde fines de abril se lleva a cabo una segunda ronda de indagatorias impulsada por el fiscal que incluye cinco ampliaciones y alcanza a otras 24 personas nuevas, vinculadas en su mayoría a las empresas que habrían participado del sistema de direccionamiento y sobreprecios.
que ordenó la Justicia,una gran trama de irregularidades,ordenado hace dos semanas por el juez Ariel Lijo,los audios,Federico González del Solar,Conforme a,,Crisis. Karina Milei llevó a Pettovello a una cena con diputados y alimentó versiones sobre el eventual reemplazo de Adorni,,Bienes e ingresos. Adorni solicitó ingresar al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal,,Antes de la declaración jurada. La esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de “inocencia fiscal”
POLITICA
Adorni presentará hoy su declaración jurada y el Gobierno se prepara para salir a defenderlo ante las críticas
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto presentar este miércoles su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y luego de que trascendiera que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias que funciona bajo la llamada Ley de Inocencia Fiscal.
La presentación será seguida de cerca por la Casa Rosada. Diversas fuentes del Gobierno confirmaron a TN que la declaración jurada será presentada en las últimas horas de este miércoles y que es probable que el funcionario realice alguna expresión pública una vez formalizado el trámite. En Balcarce 50 preparan además una estrategia de comunicación para respaldarlo y contrarrestar las críticas por su situación patrimonial.
En el Gobierno intentan separar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias de una eventual regularización de bienes no declarados. Cerca del jefe de Gabinete aseguran que ni Adorni ni Angeletti utilizarán el mecanismo para blanquear activos, sino para acceder a una modalidad más simple de presentación de Ganancias. Según esa explicación, el régimen permite ver la declaración precargada por ARCA, revisarla, corregirla si corresponde y pagar el impuesto que surja.
En ARCA sostienen que la precarga de la declaración jurada es inmediata. Esa característica aparece como uno de los argumentos centrales de la defensa oficial: el contribuyente puede conocer rápidamente qué información tiene cargada el fisco, prestar conformidad o pedir rectificaciones. En el entorno de Adorni afirman, además, que venían trabajando en una rectificatoria desde 2020, dato que usan para presentar el movimiento como parte de un ordenamiento fiscal y no como una reacción aislada frente al avance de la causa judicial.
La explicación oficial apunta a marcar una diferencia técnica. Estar dentro del régimen simplificado de Ganancias no implica necesariamente usar la Inocencia Fiscal para exteriorizar bienes. El esquema funciona bajo el paraguas de esa ley, pero la adhesión puede responder también a una búsqueda de simplificación administrativa. En el caso de Adorni, el argumento que repiten en el Ejecutivo es que el trámite no supone por sí mismo la admisión de fondos ocultos ni de activos no declarados.
Noticia que está siendo actualizada.-
Manuel Adorni, declaración jurada, Gobierno
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