El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, en el marco del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguran que en el trámite ya realizado por el matrimonio, que es investigado en la Justicia por el incremento de su patrimonio, no hubo una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad. La explicación sobre el origen de fondos para la adquisición de los bienes de la pareja no se realizó por esta vía, aclararon.

El periodista Hugo Alconada Mon anticipó anoche que Angeletti adhirió el 31 de mayo a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Las fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron la información aunque rechazaron la versión de que se había amparado en el régimen de inocencia fiscal que permite exteriorizar bienes. Además precisaron que el jefe de Gabinete adoptó la misma estrategia impositiva.

“El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal”, argumentan.

“No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, afirman cerca de Adorni, desde donde agregan que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicarían, en parte, por tenencia de criptomonedas.

La declaración impositiva es privada, aunque la Justicia tiene la potestad de solicitar el levantamiento el secreto fiscal, tal como sucedió en el expediente judicial que investiga al matrimonio.

La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias por parte de Adorni y Bettina no significa, necesariamente, que vayan a sacar dólares del colchón. Uno de los beneficios de Régimen es que les calculará a ambos -en base a información existente en su base de datos— el impuesto a pagar. Pero el más importante que tendrían ambos, en caso de ser aceptados en el Régimen, es el “tapón fiscal”.

El mismo bloquearía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de poder revisarlos por periodos fiscales anteriores. Entre ellos, el 2025, que es donde el jefe de Gabinete y su esposa hicieron movimientos que la Justicia investiga por posibles inconsistencias. Aunque hay que destacar un dato: en 2025 no se podían sacar dólares del colchón, la Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en febrero. Si se lo conceden, ARCA no podrá mirar la ecuación patrimonial de sus bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024; y el año base de 2025.

El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”.

El avance de las causas y los próximos pasos

Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.

El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones prepara un estudio contable para definir si existió un incremento patrimonial injustificado y, en caso de detectar irregularidades, medir su magnitud. Ese análisis cruza ingresos, deudas, pagos relevantes para la compra de propiedades y gastos corrientes.

La revisión financiera estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Cuando la DAFI establezca una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.

Si recibe el requerimiento, Adorni podrá responder de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.

La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato. Si su descargo no desarma la hipótesis delictiva que impulsa el fiscal, el siguiente movimiento sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

La pesquisa patrimonial incluye además un foco específico sobre las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque los investigadores sospechan que podría haber más activos digitales y no descartan que algunos le pertenezcan sin estar registrados a su nombre.

La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. En ese expediente, Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, presidente de esa empresa. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de USD 7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia.

la causa por injurias,Paz Rodríguez Niell,Conforme a

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” le envió el martes 8 de junio una carta formal a la directora provincial de Prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Nadia Daciuk, en la que desmiente punto por punto los argumentos de la obra social bonaerense para no pagar una deuda que asciende a $8.278.254.990,97 en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora.

La misiva, firmada por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Sánchez, responde a una comunicación de IOMA en la que la Provincia de Buenos Aires informó que se niega a cancelar el saldo restante.

Esta mañana, desde el hospital nacional de pediatría emitieron un comunicado en tono similar: “El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirma y recuerda que las acreencias crecen “día a día con cada paciente que atendemos en el hospital” y que “los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”.

las autoridades nacionales también recordaron que “814 niños esperan prótesis de la Provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en ese hospital.

La carta del Garrahan

La carta llega en el marco de un conflicto que se arrastra desde 2017 y que, en las últimas semanas, se agudizó tras los dichos del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró públicamente que IOMA había saldado su deuda con el Garrahan con el pago de más de $1.230 millones, y afirmó que no mantiene obligaciones impagas con la institución pediátrica. La obra social provincial también planteó la necesidad de revisar el esquema de relación prestacional. Una auditoría interna de la obra social bonaerense puso en cuestión buena parte de los reclamos. Según advierten, el 85 por ciento de los montos exigidos carecía de respaldo documental, técnico o normativo, e incluso en muchos casos no estaba facturado formalmente.

El hospital nacional rechaza esa versión de manera categórica.

La posición del IOMA

En diálogo con Infobae, Homero Giles, el presidente de IOMA expresó: “Nosotros tenemos toda la documentación, los invitamos a auditar en conjunto con nosotros, a ver la documentación de todos esos débitos que hicimos, que está todo muy bien estudiado, armamos un equipo ad hoc para eso. Hay que armar un equipo para eso. Estuvimos meses auditando y estudiando toda la documentación y ese resultado llegamos”. Giles se refiere a los 1.200 millones de pesos saldados por la obra social al Garrahan y amplió: “Nuestra única finalidad es firmar un convenio nuevo con el Garrahan, ordenar la situación y si hay que corregir algún débito, desde ya que se corregirá. Para eso hay que armar una auditoría en conjunto. En la carta del Garrahan no contestan si quieren firmar convenio con nosotros o no. No contesta si van a venir a auditar en conjunto con nosotros, como lo invitamos en la nota nuestra”, y adelantó: “Nos vamos a comunicar nuevamente con el Garrahan a decir que simplemente queremos sentarnos a trabajar con ellos y firmar un convenio nuevo. Para nosotros la deuda está saldada. Pero si para ellos no, hay que sentarse a trabajar con nosotros y dejar la discusión política de lado que impone el gobierno nacional porque eso no tiene sentido con nosotros”.

La deuda según Nación

Fue la Gerencia de Finanzas y Contabilidad del Garrahan quien intimó a IOMA a saldar lo que se le adeuda. El documento -al que accedió Infobae- distingue dos tramos del pasivo. La deuda corriente, aún no judicializada, según las autoridades del hospital de pediatría, asciende a un capital actualizado de $7.732.955.812,05 más intereses por mora, y corresponde a las facturas N.º 158619, del 5 de febrero de 2025, hasta la N.º 165679, del 30 de abril de 2026, todas vencidas y plenamente exigibles.

El segundo tramo es la deuda judicializada: $545.299.178,92 más intereses, radicada en el Expediente N.º 9793-2025 ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 8, secretaría 16. Ese tramo incluye facturas que se remontan al 11 de septiembre de 2017 —factura N.º 112776— hasta la N.º 158275, del 10 de enero de 2025.

El total de ambos tramos supera los $8.278 millones y cubre servicios asistenciales prestados a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la fecha. “Dichos pacientes resultan plenamente identificables”, advierte el texto de la carta. También se informa que toda la documentación clínica y administrativa fue remitida al Instituto en tiempo y forma, con constancias de presentación y recepción. Al no haber existido rechazo formal alguno dentro de los plazos de auditoría y observación, las facturas “quedaron firmes, consentidas y exigibles”, señala el escrito.

Las “falsedades” que el Garrahan le atribuye a IOMA

La carta es explícita. El hospital califica de “FALSOS” —así, en mayúsculas— tres argumentos centrales de IOMA. Primero, que la obra social provincial tenga voluntad real de llegar a un acuerdo. Segundo, que la deuda no esté documentada o acreditada. Tercero, y el más directo, que IOMA la hubiera saldado.

“Son FALSOS la voluntad y los supuestos esfuerzos que usted manifiesta para tratar de acordar con nuestro Hospital un convenio ‘sobre bases razonables’ que otorgue ‘sustentabilidad a las prestaciones’”, reza el texto. Las reuniones y los intentos de llegar a un convenio resultaron, según el Garrahan, “infructuosos”, porque la Provincia de Buenos Aires “pretende condiciones de privilegio que perjudican a nuestro hospital”, a diferencia de lo que hacen los demás acreedores.

Sobre los pagos que IOMA sí realizó, el hospital es tajante: se trató de “pagos parciales, a cuenta de la deuda vencida acumulada”, que serán imputados a la cancelación de intereses devengados de las facturas vencidas, no al capital. “Lo único que ha hecho esporádicamente son pagos parciales”, afirma la misiva.

IOMA también cuestionó que el Garrahan factura valores “no contemplados en la codificación HPGF (Hospital Pediátrico de Gestión Descentralizada)” y que fueron “fijados unilateralmente”. El hospital rechaza ese argumento: se trata de prestaciones de altísima complejidad que no estaban registradas en esa codificación, y los aranceles aplicados “responden a los costos reales de atención de un hospital pediátrico de alta complejidad”. La carta agrega que resulta “improcedente” comparar esos valores con efectores de menor complejidad o con establecimientos destinados a la atención de población adulta.

Sobre los medicamentos

Uno de los puntos de disputa es el precio de los fármacos. IOMA sostuvo que los medicamentos facturados por el Garrahan superan los precios de plaza. El hospital lo niega en los mismos términos que usa para los otros cuestionamientos: “Es FALSO que los medicamentos superen los precios de plaza. Los mismos fueron facturados conforme los valores institucionales vigentes”.

Frente a ese conflicto recurrente, el Garrahan propone una solución concreta: que IOMA envíe “en TIEMPO Y FORMA la medicación de alto costo y prótesis que sus afiliados necesitan”, en lugar de cuestionar los valores una vez que el hospital ya los proveyó.

Sobre el día acompañante

Otro ítem que IOMA se niega a pagar es el denominado “Día Acompañante”. La respuesta del hospital apunta a la naturaleza misma de la institución: “Parece que desconoce que se trata de un hospital donde los pacientes son bebés, niños y adolescentes”. La carta precisa que el acompañante “es una prestación inherente a la atención pediátrica” y, por lo tanto, no puede ser objetada como si se tratara de un gasto accesorio o discrecional.

Sobre las prótesis, el Garrahan rechaza “por improcedente” el cuestionamiento de IOMA respecto de la supuesta falta de autorización previa para la provisión de prótesis e insumos críticos requeridos en intervenciones quirúrgicas. El hospital aclara que, en todos los casos en que una cirugía programada requiere una prótesis a cargo de la obra social, la institución comunica esa necesidad a través de los canales habilitados.

El problema, según la carta, es que la Provincia de Buenos Aires “nunca nos brindó respuesta” pese a las reiteradas gestiones. El texto califica esa conducta de “omisiva” e “incompatible con la urgencia que demandan las patologías tratadas en nuestros pacientes”. Ante esa falta de respuesta, el hospital se ve obligado a garantizar la continuidad asistencial por su cuenta, y por eso “ratificamos íntegramente la procedencia de los cargos efectuados por tales conceptos”.

El traslado de obligaciones al Estado nacional

La carta cierra con una acusación de fondo: IOMA pretende que el Garrahan le acepte condiciones de privilegio “a costa del financiamiento público nacional que recibe el Garrahan y, lo que es peor aún, en perjuicio de las personas sin cobertura”. “Con su accionar, usted intenta trasladar al Estado Nacional obligaciones propias”, afirma el documento.

El Garrahan es financiado en un 80% por el Estado nacional y en un 20% por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y atiende a más de 600.000 pacientes por año, en su mayoría de bajos recursos. La carta concluye que la deuda de IOMA “constituye una obligación cierta, líquida y exigible, cuyo pago es indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del principal hospital pediátrico de alta complejidad de la República Argentina”.

Hospital Garrahan,IOMA