ECONOMIA
La batalla contra el contrabando reaviva la disputa entre empresas y plataformas como Mercado Libre: qué hace el Gobierno

A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.
La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).
Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.
En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.
En sectores como el de celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según remarcó Afarte
Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.
También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.
Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.

Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.
Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.
Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.
El comercio electrónico es un facilitador del acceso a más oferta, más competencia y mejores experiencias para los consumidores (CACE)
Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.
Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.

La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.
También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.
Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.
Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.
Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.

En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.
El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.
Cuando una empresa presenta una denuncia por una publicación sospechosa, el organismo recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis. Ello puede terminar en la suspensión de la publicación (Gobierno)
Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.
Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.

El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.
Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.
“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.
Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.
La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.
El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
Más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales (Afarte)
El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.
“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.
En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.
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ECONOMIA
El actual modelo económico requiere otras preguntas

En las últimas décadas, gran parte de la política económica argentina se orientó a estimular la demanda agregada mediante expansión del gasto público, aumento del consumo, atraso cambiario, subsidios, emisión monetaria y crédito barato. Esos estímulos generaron efectos relativamente rápidos sobre el nivel de actividad y el empleo, pero terminaron siendo macroeconómicamente inconsistentes y derivaron en inflación, crisis cambiarias y estancamiento.
El programa económico actual partió de una lógica distinta: más que impulsar la demanda en el corto plazo, buscó modificar los incentivos sobre la oferta agregada a través de la estabilización macroeconómica, la recomposición de precios relativos, la reducción de distorsiones y regulaciones, y la creación de condiciones para elevar inversión, productividad y capacidad productiva.
Evaluar el éxito del programa exclusivamente por la evolución coyuntural del consumo o del nivel de actividad puede conducir a diagnósticos apresurados, precisamente porque el objetivo es transformar los incentivos que determinan decisiones de inversión de largo plazo, y los efectos relevantes tienden a aparecer más lentamente que en los modelos basados en expansión de la demanda.
En el fondo de esta cuestión está la dificultad histórica de Argentina para sostener procesos de estabilización macroeconómica. El freno no fue el desconocimiento técnico, sino los conflictos distributivos y políticos: grupos sociales, económicos y corporativos intentaron evitar asumir el costo del ajuste fiscal y trasladarlo a otros sectores. Esa “guerra de desgaste” postergó reformas aun cuando la insostenibilidad del modelo existente resultó evidente.

Desde esta perspectiva, es sencillo entender cómo Argentina convivió durante años con déficits fiscales persistentes, inflación elevada, emisión monetaria, volatilidad cambiaria y controles crecientes, mientras sucesivos gobiernos evitaron implementar un ajuste profundo por la dificultad política de definir quién debía absorber sus costos.
El programa de estabilización impulsado por el gobierno actual puede interpretarse como el desenlace de ese proceso. La magnitud de los desequilibrios acumulados, el agotamiento del régimen económico previo y la ausencia prolongada de crecimiento terminaron habilitando políticamente un ajuste que durante años se consideró inviable.
Estabilizar no alcanza: cuándo llega a la economía real
La estabilización es un objetivo intermedio de la política económica, no un fin en sí mismo. Por eso, el interrogante central es si esa estabilización podrá generar las condiciones necesarias para que la economía vuelva a crecer de manera sostenida.
El interrogante central es si esa estabilización podrá generar las condiciones necesarias para que la economía vuelva a crecer de manera sostenida
En una primera etapa, el éxito de un programa orientado a estabilizar se evalúa sobre todo con variables nominales: inflación, tipo de cambio y reservas internacionales. Sin embargo, la estabilización solo adquiere legitimidad social duradera si luego se traduce en mejoras de variables reales como inversión, empleo, salario real y consumo.

La lógica económica detrás de este enfoque es simple. Cuando los agentes perciben que la estabilidad es sostenible, aumenta la previsibilidad y mejoran los incentivos para invertir, ahorrar, producir y asumir riesgos de largo plazo. Esto es lo que subyace detrás de la denominada “teoría del derrame”: la estabilidad macroeconómica y la mejora de incentivos terminan generando más crecimiento, más productividad, más inversión y, eventualmente, mayores niveles de bienestar para el conjunto de la sociedad.
Aparecen, sin embargo, varios interrogantes:
- Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que los beneficios de la estabilización comiencen a percibirse en el consumo, que sigue siendo, por lejos, el principal componente del PBI argentino (más del 70% en 2025). No existe una respuesta clara y la experiencia internacional es poco concluyente, porque los procesos de estabilización suelen ser heterogéneos.
- Cuánto crecimiento puede esperarse. Los datos recientes mostraron señales alentadoras, pero todavía insuficientes para hablar de una recuperación plenamente consolidada. En términos desestacionalizados, el EMAE de marzo alcanzó un máximo histórico y se ubicó por encima de los picos registrados tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como durante la presidencia de Alberto Fernández. Sin embargo, al observar la dinámica más reciente, el ritmo de expansión aparece bastante más moderado: el nivel de actividad se encuentra apenas alrededor de un 2% por encima del registrado en febrero del año pasado. Los datos reflejaron, así, una dualidad: una economía que estabilizó ciertas variables nominales y recuperó parte del terreno perdido, pero con un crecimiento todavía heterogéneo y lejos de generar una mejora generalizada y rápida sobre consumo y empleo.
- ¿Cuál será el motor del crecimiento argentino? Los modelos macroeconómicos más básicos muestran que el crecimiento puede explicarse por aumentos de la demanda agregada o por aumentos de la oferta agregada.

En el corto plazo, el crecimiento suele responder a una recuperación de la demanda. En horizontes más largos, el crecimiento sostenible depende principalmente de la capacidad de aumentar la oferta agregada, es decir, de expandir la capacidad productiva de la economía. Allí aparece el desafío estructural.
Para aumentar la oferta agregada es necesario incrementar el stock de capital, incorporar tecnología, mejorar la productividad y elevar la eficiencia del sistema económico. Con el mismo capital y la misma tecnología, la capacidad productiva difícilmente pueda expandirse de manera significativa.
Para aumentar la oferta agregada es necesario incrementar el stock de capital, incorporar tecnología, mejorar la productividad y elevar la eficiencia del sistema económico
Salvo, claro, que un país tenga la fortuna de descubrir y explotar recursos naturales altamente demandados a nivel global. Y eso es lo que hoy comienza a ocurrir en Argentina con sectores como la energía y la minería, que podrían transformarse en los principales vectores de expansión en los próximos años. Los aumentos de las cantidades exportadas aportan la prueba necesaria.
vez el principal desafío analítico del presente argentino consista en entender que la economía podría estar atravesando un cambio casi inédito. Esto obliga a discutir no solo cuánto crecerá la economía en los próximos meses, sino, sobre todo, si Argentina logrará construir las condiciones macroeconómicas, institucionales y productivas necesarias para sostener el crecimiento durante la próxima década.
El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de mayo del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral
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ECONOMIA
SpaceX despegó en Wall Street e inauguró formalmente la era de la economía espacial

Las acciones de SpaceX subieron cerca de 20% el viernes en su primera jornada en el mercado, en el debut bursátil más grande de la historia.
El mercado dio a la empresa de Elon Musk un valor de USD 2,1 billones, convirtiendo a una neonata bursátil en una de las diez mayores empresas más grandes del mundo por valor de mercado, detrás de Nvidia, Apple, Alphabet (la empresa madre de Google), Microsoft y Amazon, y peleando cabeza a cabeza con la taiwanesa TSMC, la mayor fabricante de chips del mundo.
El precio de cierre de la acción rozó los USD 161 y, durante la jornada, el volumen negociado superó los USD 80.000 millones. La demanda de acciones de la empresa de servicios espaciales fundada por Elon Musk más que triplicó la cantidad de acciones ofrecidas. En la lista se anotaron fondos de inversión, fondos de riqueza soberana e inversores minoristas, que recibieron entre 20% y 25% de la colocación total.
El éxito de SpaceX podría alentar la próxima oferta pública inicial de empresas como Anthropic y OpenAI, lo que completaría lanzamientos bursátiles por cerca de USD 200.000 millones en pocas semanas, a lo sumo meses. Además, elevó a más de un billón de dólares la fortuna personal de Elon Musk, que tiene una participación del 42% en SpaceX y, con la parte de Tesla que ya tenía, se consolidó por amplio margen como la persona más rica del mundo.

Pero además de impulsar la fortuna personal de su creador, el lanzamiento de SpaceX puede ser la campana de largada de la “economía del espacio” o del “capitalismo espacial”, como lo llamó el historiador e investigador alemán Rainer Zitelman en un libro sobre el tema y, en particular, sobre la forma en que la compañía de Musk hizo resurgir el interés y la posibilidad de los lanzamientos y aventuras espaciales.
Son esas expectativas las que están detrás del extraordinario evento bursátil. Si fuera por los números, estos dicen que SpaceX cerró 2025 con ingresos por poco menos de USD 19.000 millones y pérdidas por casi USD 5.000 millones.
Según un análisis de la revista inglesa The Economist, la apuesta de quienes invierten en SpaceX se apoya en tres pilares: el potencial de ganancias en la industria espacial, el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) como motor de negocios y la confianza en el liderazgo de Musk, quien retiene el control total de la compañía mediante una estructura corporativa diseñada a su medida.
En los últimos años, mediante un sistemático y obsesivo énfasis en la reducción de costos y el principio de reutilización de los cohetes de lanzamiento, como el Falcon 9, SpaceX se consolidó como el número uno del mundo en lanzamientos espaciales, al más bajo costo por kilo de carga útil, métrica básica del emergente “capitalismo espacial”. En los últimos dos años, SpaceX ha hecho más lanzamientos más allá de la órbita baja terrestre que la NASA, que China y que Rusia.
Musk dice que su ambición es llegar a Marte e iniciar allí la etapa de la humanidad como “especie multiplanetaria”, pero de momento el valor asignado a SpaceX tiene que ver con los planes de desplegar una nueva constelación de satélites más grande, funcional y valiosa que la actual, con la cual captar demanda de capacidad de cómputo para Inteligencia Artificial (IA), terreno en el que se esperan inversiones por hasta USD 800.000 millones en centros de datos por parte de los “hyperscalers” tecnológicos.
En el espacio, la energía solar es más abundante y, por caso, la minería en los asteroides abre nuevas posibilidades, pues en esos cuerpos los “minerales críticos” no están enterrados bajo capas consolidadas a través de millones de años, como en la Tierra, sino a nivel superficial.
REUTERS/Mike Blake/File Photo
En su libro, Zitelman describe una ventaja decisiva de SpaceX y Elon Musk sobre sus competidores: la nave Starship. “El nombre es algo confuso, ya que se refiere tanto al cohete propulsor Super Heavy de primera etapa como a la nave espacial Starship, que se erige como segunda etapa del cohete”, precisa el autor, quien recuerda que el Saturno V, que llevó a los primeros humanos a la Luna en 1969, fue el cohete más grande y potente hasta la fecha y, con una altura cercana a los 110 metros, era apenas más pequeño que los últimos prototipos de Starship, que miden 124 y 126 metros en las versiones V2 y V3. Esta última versión fue lanzada exitosamente a fines de mayo, implicó una inversión de USD 15.000 millones y es una de las claves del éxito de la misión Artemis.
En la parte superior, el Saturno V tenía una combinación de casi 14 metros de largo formada por el módulo de servicio Apolo, el módulo de mando y la torre de escape. En cambio, la Starship actual, “la nave”, mide 52 metros de altura, y todo el sistema, incluidos los propulsores, tiene un peso de lanzamiento de alrededor de 5.000 toneladas, unas 1,7 veces el peso del Saturno V, que pesaba 2.950 toneladas.
Según Musk, las futuras versiones de Starship podrán transportar hasta 100 personas a Marte en cada vuelo y serán mucho más cómodas que la cápsula Apolo, que tenía un espacio interior muy limitado (por cierto, el desafío es muy diferente: llegar a Marte demandará a quienes lo hagan convivir entre 7 y 9 meses en una cápsula, contra los 5 días de llegar a la Luna). Pero lo económicamente decisivo es que que mientras el Saturno se usó una sola vez, Musk dedicó los últimos 20 años a lograr que sus cohetes sean reutilizables y lo demostró con el Falcon 9, que realizó y decenas decenas de lanzamientos más allá de la órbita baja terrestre.
Sobre las oportunidades que abre la nueva economía espacial, Morgan Stanley publicó una nota en la que el analista Adam Jonas destacó 14 acciones de empresas vinculadas al sector espacial. Según Jonas, la economía espacial podría triplicarse y superar el billón de dólares hacia 2040, impulsada por satélites dedicados a tecnologías de comunicación, como internet y banda ancha para consumidores.

En ese contexto, sugiere considerar empresas emergentes con potencial de captar estas oportunidades, como Rocket Lab, que opera servicios integrales de lanzamiento y gestión orbital, y AST SpaceMobile, que desarrolla una red de banda ancha satelital para cubrir zonas fuera del alcance de las torres tradicionales. Otras empresas incluidas en esa lista son la minera Freeport-McMoRan (cobre y oro), y otras vinculadas al desarrollo de materiales o componentes críticos, como Materion, Corning, Linde, Air Products, Rockwell, Alcoa, así como empresas vinculadas a las telecomunicaciones o chips, como Nvidia y Broadcom, y empresas propiamente espaciales como Gilat Satellites Network y Amazon, por su proyecto Kuiper de satélites de órbita baja.
Todos orbitando en torno al, al menos provisional, astro del nuevo sistema: SpaceX, la neonata bursátil que en su primer día pasó a ser una de las diez mayores empresas del mundo.
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ECONOMIA
Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía: “El esquema previsional actual es insostenible”

El ancla fiscal es uno de los pilares del programa económico del Gobierno y, para el ministro Luis Caputo y su viceministro José Luis Daza, constituyó “un cambio estructural en la política fiscal y monetaria en la República Argentina”. En su visión, “lo que está ocurriendo en Argentina no es un ajuste cíclico, no es un cambio de políticas, sino un cambio del sistema económico en el cual opera la sociedad, e involucra a todas las áreas de la economía, que trasciende las políticas fiscal y monetaria”. Por eso, consideraron que “la economía ya cambió”.
Infobae entrevistó a Pablo Guidotti, secretario de Hacienda y viceministro de Economía de la Nación entre agosto de 1996 y diciembre de 1999, profesor pleno en la Universidad Torcuato Di Tella, y socio de Tenac Asset Management, para analizar la ejecución del Presupuesto 2026 y los desafíos del gobierno de Javier Milei para lo que resta de la gestión y ante un eventual segundo mandato presidencial.
— Si tuviera que definir el programa económico en una frase, ¿Cuál es hoy el objetivo prioritario: desinflación, solvencia fiscal, reservas o actividad?
— Creo que todos estos son objetivos del programa económico, con prioridades e instrumentos distintos. En primer lugar, preservar la solvencia fiscal aparece hoy como el objetivo central del programa, lo que permite avanzar en la disminución progresiva de la inflación. Desde diciembre del año pasado el Gobierno incorporó la acumulación de reservas internacionales como otro objetivo central, lo que me parece que contribuye y contribuirá a una menor volatilidad frente a shocks externos y domésticos.
“La acumulación de reservas internacionales como otro objetivo central, lo que me parece que contribuye y contribuirá a una menor volatilidad frente a shocks externos y domésticos”
El crecimiento económico también es un elemento importante del programa y el instrumento utilizado son las reformas estructurales (como la reforma laboral, la apertura económica y la desregulación) y el RIGI para promover un ambiente propicio para inversiones de largo plazo.
— ¿El ajuste fiscal actual es consistente con el programa macro completo (tipo de cambio, política monetaria, tarifas y financiamiento en pesos) o ve contradicciones?
— Creo que es consistente con el programa macro; diría más: es la columna vertebral.
— ¿El ajuste de las finanzas públicas cree que recayó sobre la sociedad con ingresos fijos, al quitar subsidios a las tarifas de los servicios públicos, o tuvo más relevancia la eliminación del “gasto político” en trabajadores ñoquis, pago de obras que no se ejecutaban, discrecionalidades en uso de los recursos, entre otros?
— Lo importante es que el ajuste de las finanzas públicas argentinas se produjo por reducción de gastos, en muchos casos asociados con la política y con grupos que habían tomado control de recursos públicos para su beneficio.

Los economistas italianos Alberto Alesina, Francesco Giavazzi y Carlo Favero analizaron en un libro, dentro de la OCDE, cómo la austeridad fiscal afectaba la actividad y el crecimiento económico. Encontraron que los ajustes producidos por reducción de gasto se asociaron a una mejora en la actividad económica, mientras que los ajustes producidos vía suba de impuestos tendieron a ser recesivos. Esta lección es importante para Argentina y creo que el Gobierno está enfocado en reducir y hacer más eficiente el gasto público y destinar las mejoras a mantener el equilibrio fiscal y luego a bajar la presión impositiva.
“El Gobierno está enfocado en reducir y hacer más eficiente el gasto público y destinar las mejoras a mantener el equilibrio fiscal y luego a bajar la presión impositiva”
También es cierto que en este proceso hubo que sincerar las tarifas de los servicios públicos, lo que en el corto plazo afectó a los consumidores.
— Del superávit/ajuste reciente, ¿qué parte considera permanente y cuál responde a factores transitorios como licuación, postergación de pagos o atraso tarifario?
— En líneas generales, el equilibrio fiscal que se logró es sostenible y tiene un fuerte respaldo político por parte del presidente, algo nuevo para la historia argentina. En el manejo de corto plazo siempre pueden existir postergaciones o atrasos transitorios, pero no alteran de manera sustantiva la sustentabilidad del equilibrio fiscal.
— ¿Cuál considera es el indicador que mejor resume la “calidad” del ajuste fiscal: resultado primario, financiero, gasto real, deuda flotante, pagos postergados u otro?
— Normalmente la variable que se utiliza es el resultado primario, pero en nuestro caso miraría mucho la evolución del gasto público, una variable que creció de manera extravagante durante los años del populismo kirchnerista.

— ¿El nivel actual de gasto primario es compatible con una desinflación sostenible? ¿Qué supuesto “crítico” no puede fallar para que cierre?
— Con la historia reciente de crisis sucesivas que tuvo la Argentina, el ancla fiscal es esencial para lograr una desinflación sostenible. Además, también son importantes la política monetaria y cambiaria y la formación de expectativas. En este sentido, la inestabilidad política es un factor importante. Por ello, creo que el Gobierno tiene que seguir poniendo énfasis en la acumulación de reservas internacionales y lograr cuanto antes la normalización de su ingreso al mercado internacional de capitales.
— ¿Cuáles son las rigideces del gasto que más condicionan al Gobierno y qué margen real ve para modificarlas?
— Creo que la rigidez más importante es la que proviene de la seguridad social. Durante años se destruyó sistemáticamente el sistema de seguridad social, a través de la confiscación de los ahorros previsionales de la población y a través de la incorporación masiva de beneficiarios del sistema que nunca aportaron al sistema. Esto generó una fuerte licuación de las jubilaciones y, lo que es grave, se destruyó la correspondencia entre aportes y beneficio previsional. Cuando eso ocurre, se incentiva fuertemente el trabajo informal, que es lo que sucedió en el país. Modificar esta situación es difícil en un plazo corto.
“El Gobierno tiene que seguir poniendo énfasis en la acumulación de reservas internacionales y lograr cuanto antes la normalización de su ingreso al mercado internacional de capitales”
En algún momento habrá que encarar una reforma previsional que corrija los descalabros del pasado y reponga una correspondencia adecuada entre aportes al sistema y haberes jubilatorios.
— ¿Si las tarifas quedan atrasadas más tiempo, qué se rompe primero: el resultado fiscal, la inflación o el tipo de cambio real?
— Creo que la normalización completa de las tarifas es algo manejable en el tiempo, sopesando el impacto fiscal por un lado y el impacto sobre los ingresos de los consumidores por el otro. No veo a la normalización tarifaria impactando sobre el tipo de cambio real de manera significativa. Los efectos sobre la inflación hay que verlos como transitorios y no deben requerir cambios en la postura de política monetaria.

— ¿Cómo evalúa la sostenibilidad de la deuda pública bajo distintos escenarios de crecimiento, inflación y tipo de cambio?
— La deuda pública argentina es sostenible. En particular, excluyendo la deuda intrasector público, la deuda pública hoy representa alrededor del 44% del PBI. Además, de este total, la deuda con el sector privado ya está en niveles del 26% del PBI, lo que es positivo. La deuda con organismos multilaterales, el FMI en particular, representa un 17% del PBI aproximadamente. Son números positivos, especialmente en un contexto donde se logró el equilibrio fiscal.
“El principal problema de Argentina es que, debido a su pasado, todavía no se normalizó un acceso normal al mercado internacional de capitales”
El principal problema de Argentina es que, debido a su pasado, todavía no se normalizó un acceso normal al mercado internacional de capitales y, de esa forma, despejar cualquier duda que pueda tener el mercado sobre la sustentabilidad a futuro, ya que las necesidades de financiamiento aumentan significativamente a partir del año próximo.
— ¿La carga de intereses es manejable sin crecimiento sostenido del PBI?
— No tengo preocupación sobre la carga de intereses y creo que la economía argentina va a crecer de la mano de un clima económico previsible y las inversiones que están empezando a consolidarse.

— ¿Qué tan vulnerable es el financiamiento en pesos ante un shock de expectativas? ¿Qué evento cree que podría gatillarlo?
— La falta de acceso al mercado de capitales indujo un crecimiento del mercado de deuda local en los últimos años y esto estuvo acompañado por una madurez de la deuda doméstica en pesos que es más corta de lo deseable. El Gobierno está haciendo esfuerzos para alargarla, pero el proceso es lento en la medida en que no se normalice el acceso al mercado internacional.
— En un escenario de estrés de rollover, ¿cuál sería el canal dominante: suba de tasas, ampliación de la brecha, emisión o ajuste fiscal adicional?
— En un escenario de estrés de rollover, lo inmediato se manifiesta en una suba de tasas de interés y en inestabilidad cambiaria, como ocurrió en 2025. Por eso es importante acumular reservas y restablecer el acceso al mercado internacional durante 2026, lo antes posible. Estas dos políticas son las más importantes para evitar que vuelva a resurgir la inestabilidad que se vio el año pasado.
— ¿El esquema previsional actual es sostenible con haberes que quedan rezagados frente al salario medio? ¿Qué corrección ve inevitable?
— El esquema previsional actual es insostenible y genera incentivos muy nocivos para la economía. Es inevitable enfrentar el problema, pero hay que reconocer que la polarización política hace muy difícil una discusión seria.
“Un sistema tributario moderno se basa en dos impuestos clave: Ganancias e IVA. Para poder avanzar en una reforma tributaria es necesario discutir una nueva Ley de Coparticipación”
Por eso creo que la continuidad de las políticas presentes en otro período electoral va a ser clave para avanzar con estas reformas y bajar de manera contundente el índice de riesgo país.
— ¿Una reforma tributaria integral es fiscalmente viable en el corto plazo? ¿Qué impuesto tocaría primero y cuál no tocaría?
— La reforma tributaria es otra reforma necesaria y difícil. Un sistema tributario moderno se basa en dos impuestos clave: Ganancias e IVA. Para poder avanzar en una reforma tributaria es necesario discutir una nueva Ley de Coparticipación adoptando el criterio de que todos los recursos tengan la misma distribución, de modo que la coparticipación sea independiente de la estructura tributaria. Hoy eso no es así.

Otro tema central es atacar el rol de los tributos provinciales, como Ingresos Brutos, y la voracidad fiscal de los municipios. Todos estos temas hacen muy compleja la discusión.
— ¿Cuál es el shock más peligroso para la estabilidad fiscal en los próximos 12 meses y qué dato le confirmaría que el programa está funcionando?
— Sin duda el shock más peligroso es la incertidumbre política. La continuidad de las políticas que se están aplicando es central para no volver a las andadas como país.
Fotos: Jaime Olivos
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