POLITICA
Sin quórum y con acusaciones cruzadas: cómo el Gobierno frenó la sesión en el Senado y evitó que avance el pedido de interpelación a Adorni
La figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar expuesta en el Senado. La falta de quórum impidió avanzar con la sesión y reconfiguró las alternativas para discutir su continuidad en el Gobierno. En ese marco, las estrategias parlamentarias se concentrarán en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto.
La semana próxima se tratarán los dos proyectos presentados que piden la interpelación de Adorni. Ni el PJ ni La Libertad Avanza buscaron sesionar este jueves. Los antecedentes de las dos reuniones de Labor Parlamentaria, donde no hubo acuerdo sobre las mayorías necesarias para habilitar el tratamiento de la interpelación del ministro (según el artículo 101 de la Constitución Nacional), sumados a los desacuerdos entre Adorni y la senadora Patricia Bullrich sobre la presencia del funcionario el próximo 2 de julio para brindar un informe de gestión, tensaron el clima político en la Cámara alta.
“Nosotros, primero, pedimos por nota la presencia del jefe de Gabinete para el 2 de julio para realizar su interpelación y una moción de censura y, si nos da el número, su remoción del cargo. Ahora, el oficialismo viene con una interpretación torcida y dice que se necesitan dos tercios de los votos para convocar al Jefe de Gabinete”, dijo en la previa el senador José Mayans, quien junto a su bloque esperó que el oficialismo lograra reunir las mayorías en el recinto.
La postura libertaria
El oficialismo en el Senado desactivó los intentos de la bancada justicialista de Mayans de interpelar a Adorni con una moción de censura. La maniobra generó confusión en el recinto, que tuvo un pico de 22 legisladores sentados en sus bancas.
El cordobés Luis Juez y la neuquina Julieta Corroza, de la fuerza provincial del gobernador Rolando Figueroa, fueron los primeros en llegar al recinto. Solo algunos libertarios ocuparon sus lugares, al igual que espacios provinciales como los renovadores de Misiones, los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, y la cordobesa Alejandra Vigo.
Desde el palco siguió las alternativas el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt, quien fue el organizador esta semana de las reuniones de senadores libertarios con el jefe de Gabinete y con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. En esas reuniones estuvo ausente Bullrich.
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La bancada de Convicción Federal, de Carolina Moisés, y Flavia Royón, de Primero los Salteños, con terminal en el gobernador Gustavo Sáenz, permaneció de pie frente a sus bancas. Desde Provincias Unidas, Alejandra Vigo calificó la jornada como una “jornada bochornosa. Nuevo manoseo institucional en el Senado”, según publicó, interpretando que la situación buscó dilatar la interpelación de Adorni, a la cual ella acompaña.
Bullrich dialogó con distintos sectores mientras transcurrían los minutos, aunque los legisladores justicialistas de Mayans nunca ingresaron. En el estrado principal, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA), pidió en dos oportunidades que los senadores ocuparan sus bancas para verificar si había quórum.
Los radicales Maximiliano Abad y Carolina Losada entraron y salieron del recinto al Salón Rosado, contiguo a las bancas, en busca de explicaciones. Eduardo Vischi, titular del bloque, permaneció sentado junto a Daniel Kroneberger y Flavio Fama, hasta que se levantó para dialogar con Bullrich.
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Para ese momento ya estaba claro que la sesión caería por falta de quórum, lo que Abdala confirmó tras cumplirse los 30 minutos de tolerancia sin que se ocuparan las bancas. De esa manera, la situación del jefe de Gabinete quedó blindada por una semana más. Sin embargo, el oficialismo también perdió la posibilidad de avanzar con otro punto del temario: el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Minutos después, Bullrich sostuvo que “ellos (por el justicialismo) tendrían que haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar. No se sentaron, no vinieron y no dieron quórum, y si ellos no dan quórum, ¿por qué tendríamos que darlo nosotros?”, planteó la senadora y jefa del bloque libertario.
La legisladora también cuestionó las intenciones del kirchnerismo: “Porque vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grandes de la historia hablando de corrupción. Aquí no ganó Adorni, ellos querían venir a socavar al Gobierno, independientemente de Adorni”.
Lo cierto es que Bullrich nunca se sentó en su banca. Sí lo hicieron otros libertarios como Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch.
La convocatoria a la comisión
Mientras se esperaba la resolución, desde la Dirección de Comunicaciones del Senado se publicó la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto (La Libertad Avanza), para el 1 de julio a las 15, con el objetivo de tratar los pedidos de interpelación del PJ y del senador Martín Goerling Lara (PRO).
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Denuncia del PRO
“Aquí hubo un acuerdo entre La Libertad Avanza y los K. Es una tomada de pelo a la sociedad, hace 15 días que vienen hablando de Adorni. Terminaron cubriéndose entre ellos”, señaló el presidente del bloque del PRO, quien adelantó a TN que, ante la confirmación de la ausencia del ministro coordinador el próximo 2 de julio para brindar el informe de gestión, solicitará fijar una nueva fecha para que concurra al Senado a informar sobre la marcha del Gobierno.
Para los radicales, “el Senado no puede seguir paralizado”, expresaron en un comunicado firmado por Eduardo Vischi. Agregaron que bajaron al recinto y que “la agenda legislativa no puede seguir paralizada por disputas políticas ajenas a las urgencias del país”.
El bloque justicialista
Mayans y el resto de la bancada se trasladaron al Salón de las Provincias y ofrecieron una conferencia de prensa. Responsabilizaron al oficialismo por la falta de quórum: “Ellos convocaron a la sesión”, afirmaron los legisladores.
Mayans insistió además en las mayorías necesarias para aprobar la moción de censura contra el jefe de Gabinete: “Es una vergüenza defender una interpretación tan retorcida de la Constitución para salvar a (Manuel) Adorni. La Carta Magna es clara en su artículo 101 y establece que tanto para interpelar, como para aplicar una sanción de censura y para desplazar del cargo al jefe de Gabinete se necesita una mayoría absoluta de cada Cámara, que en el caso del Senado es de 37 de sus integrantes”, planteó. Ese mismo criterio, anticipó, lo llevarán el miércoles a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Senado, Manuel Adorni
POLITICA
Fuerte emplazamiento de la Justicia: reclama al juez de Campana que envíe de manera “muy urgente” la causa de la mansión de la AFA
La Justicia volvió a propinarle un nuevo revés a los supuestos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la causa en que se investiga a los dueños de la fastuosa quinta de Pilar, donde fueron encontrados en allanamientos 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
La Cámara en lo Penal Económico reclamó que el juez federal de Campana Adrián González Charbay envíe “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, como lo ordenó el tribunal hace 13 días, y además rechazó un recurso de los acusados para ir a la Cámara de Casación contra esa decisión.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, tras siete meses de guerra judicial, decidieron el 12 de junio pasado sacarle el caso al juez González Charbay, donde querían estar los acusados, y dejarlo en manos de la justicia de la Capital Federal, especializada en lavado de dinero y evasión, en el juzgado penal económico N° 10 de Verónica Straccia.
Pero el expediente sigue en Campana, por lo que pidieron a la jueza Straccia que se lo reclame a su colega federal González Charbay.
Los acusados en la causa, que son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión sin tener un pasar económico acorde, plantearon además un recurso para ir a la Cámara de Casación contra la decisión de sacarle el caso a Campana, que ahora fue rechazado.
La Cámara en lo Penal Económico les cerró la vía de la Casación. Hornos y Robiglio les denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma Real Central que aparece como dueña de la propiedad de cinco hectáreas. Una tasación la valuó en 20 millones de dólares.
El tribunal impuso además las costas del recurso y encargó al juzgado de Straccia que requiera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana la causa, dado que el expediente aún no fue enviado a pesar de que pasaron 13 días desde la orden.
Pantano y Conte aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar. El lugar contaba con helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de autos de colección y de alta gama.
Los investigadores sospechan que ninguno de los dos tiene el perfil patrimonial para haber adquirido ese bien y que actuaron como testaferros del tesorero de Toviggino. La empresa que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía escasa actividad y un capital social de apenas 300.000 pesos.
El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58 millones de pesos. Catorce días después, la firma adquirió la quinta. Entre los primeros indicios recabados figuraba una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se abonaban gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad.
Hace siete meses que se discute qué juez debe investigar el caso. El expediente pasó por tres magistrados distintos: arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba y allanó la quinta; luego pasó al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.
Finalmente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el caso al juzgado de González Charvay. Esa decisión fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 15 de mayo pasado a instancias del recurso del fiscal Carlos Cearras.
El voto mayoritario concluyó que el tribunal de San Martín carecía de jurisdicción para resolver la contienda y que las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiese investigado, en este caso el penal económico.
Así, el expediente regresó a la Cámara Penal Económica, que el 12 de junio pasado asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10, hoy a cargo de Straccia.
La defensa intentó impugnar esa decisión por un recursos de casación, porque dijo que se afectó al juez natural, que hubo irregularidades en el procedimiento de inhibitoria, cuestionó “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”.
La Cámara rechazó todos esos planteos. Consideró que la resolución sobre competencia no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, dado que no puso fin al proceso, no ocasionó un perjuicio de imposible reparación ulterior ni impidió la continuación de la causa.
Las referencias a la presión mediática y a la “concentración capitalina”, en tanto, fueron calificadas como meras opiniones extrajurídicas sin entidad de agravio técnico. Hornos y Robiglio afirmaron que la Casación no es la vía legalmente prevista para impugnar resoluciones de esta naturaleza.
Con la denegación de hoy, a la defensa de Pantano y Conte le resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es una vía de admisibilidad estricta y de éxito incierto, en particular porque la propia Casación, con la misma Sala I, ya dijo que la Cámara Penal Económica es la competente para resolver.
Si la defensa de Pantano lo intenta sería una chicana más para dilatar el avance de la causa, que ya lleva siete meses demorada sin que se investigue el fondo del delito de lavado de dinero y a quién pertenece la quinta que se sospecha está ligada a la AFA.
Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la investigación sobre el origen de los fondos con los que se adquirió la quinta y el rol que habrían cumplido Pantano y su madre en una maniobra que, según la hipótesis fiscal, integra un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.
quinta de Pilar,,Hernán Cappiello,Conforme a
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Emiliano Yacobitti: “A partir de mañana el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar”
Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar la ley de financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, analizó el escenario que se abre para las universidades públicas y advirtió que el principal desafío sigue siendo recuperar el poder adquisitivo de los docentes, uno de los sectores más golpeados por el ajuste presupuestario.
Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente universitario sostuvo que el conflicto excede la discusión judicial y recordó que la ley fue aprobada por el Congreso hace más de ocho meses. “Pasaron 247 días de dilaciones al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, señaló, al cuestionar la estrategia del Gobierno de recurrir a distintas instancias judiciales para postergar su aplicación.
Según explicó, la decisión de la Corte deja firme la cautelar dictada en primera instancia y obliga al Ejecutivo a cumplirla mientras se resuelve la cuestión de fondo.
En ese sentido, afirmó que la resolución tiene efectos concretos sobre el financiamiento del sistema universitario. “A partir de ahora el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar en cuanto a becas y salarios universitarios”, indicó, y explicó que el impacto económico de esa decisión supera ampliamente los aumentos acordados en las últimas paritarias.
Para Yacobitti, sin embargo, la discusión de fondo pasa por la situación salarial de los docentes universitarios. “En estos dos años, el salario docente perdió la mitad de su poder adquisitivo”, aseguró, y advirtió que esa pérdida ya comenzó a reflejarse en una migración de profesores hacia el sector privado.
Como ejemplo, sostuvo que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva percibe hoy alrededor de 400.000 pesos con garantía salarial y contó que recientemente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, algunos docentes recibieron ofertas laborales con remuneraciones que cuadruplicaban ese ingreso.
El vicerrector consideró que el fallo judicial aporta previsibilidad para comenzar a revertir ese escenario, aunque insistió en que el objetivo debe ser terminar con un conflicto que, a su entender, consume energías que deberían destinarse a mejorar el sistema. “No podemos entrar a este período de cambios que está viviendo el mundo en una pelea todo el tiempo por el financiamiento”, afirmó.
También vinculó la resolución judicial con el respaldo social que recibieron las universidades públicas durante los últimos meses. A su juicio, la decisión de la Justicia no puede analizarse por separado de las multitudinarias movilizaciones que se realizaron en defensa del sistema universitario. “La sociedad las defendió porque funcionan”, sostuvo, y agregó que la universidad pública sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social del país, aun cuando todavía tiene desafíos pendientes.
Entre esos desafíos, destacó que cerca del 49% de los estudiantes que ingresan a primer año logra graduarse, un porcentaje que, según explicó, se encuentra en línea con el promedio de las universidades de la región. Además, defendió la capacidad de adaptación de la UBA y recordó que durante 2025 la institución creó nuevas carreras, como Biotecnología, y reformó más de treinta planes de estudio.
Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Yacobitti evitó plantear una lógica de confrontación permanente y sostuvo que las universidades deben mantener canales de diálogo con cualquier administración. “Nosotros necesitamos trabajar con este gobierno, con el anterior y con el que venga”, afirmó. Sin embargo, cuestionó con dureza la estrategia oficial durante los últimos meses y sostuvo que existió “un doble ataque: uno en cuanto a la difamación y otro en cuanto al desfinanciamiento”.
En ese marco, rechazó las acusaciones que distintos funcionarios realizaron sobre los salarios de las autoridades universitarias. “El ministro de Economía dijo que yo cobraba 18 millones de pesos. No llego a tres millones por mi sueldo en la universidad”, respondió, y agregó que, si existen irregularidades, deben ser investigadas, aunque advirtió que “el Gobierno recurrió a muchas cosas que no son ciertas”.
También desmintió las versiones oficiales sobre el supuesto costo que representan los estudiantes extranjeros. Explicó que quienes llegan a través de programas de intercambio abonan sus estudios y precisó que este año ingresaron a la UBA unos 70.000 estudiantes, de los cuales apenas el 4% no cuenta con residencia permanente. Además, recordó que los posgrados son arancelados y que los alumnos extranjeros pagan incluso más que los argentinos.
Hacia el final de la entrevista, Yacobitti insistió en que el debate sobre el financiamiento universitario debería dar paso a una discusión más amplia sobre el futuro de la educación superior. A su entender, el desafío no es únicamente garantizar recursos, sino consolidar un sistema que continúe formando profesionales, generando conocimiento y adaptándose a las transformaciones tecnológicas y productivas que atraviesa el mundo.
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El Gobierno argentino dio detalles sobre la asistencia humanitaria que dará a Venezuela tras los terremotos
El Gobierno confirmó este jueves que brindará una asistencia humanitaria a Venezuela que incluye médicos, ambulancias, un avión Hércules de la Fuerza Aérea, brigadas de búsqueda y rescate, luego de que ese país sufriera una de sus tragedias más devastadoras tras dos terremotos con un saldo de 188 muertos y más de 1500 heridos.
Durante la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier dio detalles sobre los recursos que puso a disposición del gobierno de Delcy Rodríguez, que afronta graves daños estructurales, con edificios y viviendas colapsadas en diversas ciudades.
“Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar”, escribió a través de X.
Tras ello, enumeró los recursos que dio en forma de colaboración: en términos de personal médico y de asistencia, hay médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos -junto con ambulancias, enfermeros y auxiliares- y expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.
También hay a disposición cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios.
“Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército”, sumó.
La gestión libertaria ofreció un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
En paralelo, incluyó dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino; 134 carpas y 48 kits de cocina; y colchones, camillas y aires acondicionados.
“Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población“, indicó Ravier.
El rol del Ministerio de Defensa
En tanto, el Ministerio de Defensa anunció que la Armada Argentina desplegará desde este viernes “personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas”.
“Con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra se alistan para acompañar al pueblo venezolano”, destacó la cartera castrense desde las redes sociales.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, expresó que “ante la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano”, la cartera a su cargo “mantiene alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para brindar asistencia humanitaria, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la Agencia Federal de Emergencias”.
“El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados”, abundó.
El Gobierno anunció el ofrecimiento de asistencia humanitaria el jueves por la noche, en una declaración donde también se solidarizó con Venezuela.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, señaló que la administración de Javier Milei se encuentra “atenta a la evolución de la situación” y manifestaron su “disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse”.
“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, dictó el escrito.
Además, envió un mensaje a las víctimas y sus familias: “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”.
Para este jueves por la tarde, se contabilizaban 188 muertos, más de 1500 heridos y 200 atrapados en los escombros. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que al menos 25 de los fallecidos están en la capital. Las autoridades calculan que hay casi dos centenares de desaparecidos por la tragedia.
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