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Críticas y disputa por el sello partidario: el caso Adorni reactivó la interna de la UCR en Diputados

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El caso Adorni reactivó la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Congreso. En Diputados, la caída de la sesión especial para tratar los proyectos de interpelación y moción de censura al jefe de gabinete profundizó las diferencias entre los radicales, dispersos en tres bloques, y reeditó una vieja disputa por el sello partidario.

Este jueves, la UCR se encaminaba a poner a prueba su unidad en el Senado donde, además del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, se iban a tratar sobre tablas otra tanda de pedidos de interpelación contra Adorni. La sesión se cayó por falta de quorum, pero en la bancada que conduce Eduardo Vischi señalaron a que sus diez legisladores bajaron al recinto y tenían previsto acompañar las iniciativas contra el funcionario.

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El martes pasado, la oposición no consiguió quorum para avanzar con la sesión especial en la que esperaban tratar los pedidos de interpelación y moción de censura contra el ministro coordinador de Javier Milei.

La convocatoria se cayó luego de que La Libertad Avanza (LLA) acordara con Pro, gobernadores aliados y el sector de la UCR que conduce la mendocina Pamela Verasay la convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales para la semana que viene. Los bloques dialoguistas consideraron que, convocada la comisión, la sesión especial había perdido su razón de ser.

Apenas un día después, en la previa del debate por el Súper RIGI, algunos bloques de la oposición buscaron insistir en el recinto con su arremetida contra Adorni. El Frente de Izquierda (FIT) pidió tratar la moción de censura y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) exigió que la comisión dictamine antes del martes, día en que el oficialismo convocó a la reunión. Ambas iniciativas fueron rechazadas por más de 120 votos, entre ellos, los del bloque de la UCR.

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La decisión de la bancada que responde a la mendocina Verasay -que responde al gobernador Alfredo Cornejo– de no dar quórum el martes desató la furia de sus pares radicales de Provincias Unidas y reactivó la batalla al interior del partido centenario. En el espacio no logran consensuar una postura nacional unificada en torno a Javier Milei, lo que, ya a fines del año pasado, generó una fuerte dispersión de sus diputados.

La diputada nacional Pamela Verasay preside el bloque de la UCR, que no dio quorum para la sesión especial convocada por la oposición

Actualmente, en la Cámara baja, el radicalismo está fragmentado en tres bloques: los más alineados con el oficialismo confluyen bajo la conducción de la mendocina, mientras que los más críticos suscribieron a Provincias Unidas, donde conviven con la Coalición Cívica, socialistas y peronistas disidentes. Karina Banfi, en tanto, armó el monobloque Adelante Buenos Aires, pero se alió a Pro.

Si te hacés llamar radical, tenés que estar hoy acá en esta sesión. ¿Qué les dieron para no venir? ¿Qué negociaron? Qué gran ocurrencia tienen algunos de afanarse el logo de la UCR para intentar tirar más de cien años de lucha y valores“, sostuvo el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas, luego de que se cayera la sesión especial del martes.

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Juliano había denunciado penalmente a Adorni por el aumento de su patrimonio y es uno de los cinco radicales de Provincias Unidas que bajaron al recinto para habilitar el debate. Ayer, junto a sus compañeros de bancada, presentaron una nota dirigida al titular de Diputados, Martín Menem para que se revise la utilización de la denominación UCR por parte del bloque que lidera Verasay, ya que el partido cerró en Mendoza un acuerdo electoral con LLA.

“La Cámara cuenta con diputados y diputadas nacionales, también afiliados a la Unión Cívica Radical, que no se sienten representados por las posiciones políticas, legislativas e institucionales adoptadas por dicho bloque parlamentario, las cuales se apartan de manera ostensible de los principios históricos, los valores democráticos y las tradiciones republicanas que caracterizaron a la UCR desde sus orígenes”, expresaron.

La nota que presentaron los diputados radicales de Provincias Unidas para que se revise el uso del nombre UCR por parte del bloque de Verasay

Según pudo saber , el documento fue redactado durante la sesión de este miércoles por la diputada Mariela Coletta y lleva también la firma de sus pares Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zingarán. Así, se reabrió una disputa inédita por el sello partidario, que comenzó en enero, cuando los mismos cinco diputados pidieron al presidente del Comité Nacional del partido, Leonel Chiarella, que obligara al bloque radical a cambiar su nombre. Hasta ahora, ese pedido no prosperó.

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“El radicalismo metropolitano es claro, sus autoridades, su plenario, sus comités, su militancia y sus diputados Martín Lousteau y Mariela Coletta no avalamos a Adorni”, sostuvo el presidente de la UCR porteña, Hernán Rossi.

En la bancada que conduce Verasay rechazan los embates contra su denominación y aseguran que su bloque cuenta con el aval de Chiarella quien, desde hace meses, busca hacer balance entre las distintas facciones que pujan por redefinir la identidad del partido. Descartan que el titular del Comité Nacional haga lugar ahora a los reclamos de Provincias Unidas, incluso cuando el también intendente de Venado Tuerto mantiene una posición diferente a la que ellos adoptaron esta semana.

“Personalmente, si hubiese tenido un funcionario así en mi gestión no dura ni un día y si me preguntás qué hubiese hecho si fuese diputado nacional, hubiese dado quorum”, aseguró Chiarella a . De todos modos, resaltó que, para la cúpula del partido, “lo más importante es que no haya impunidad” y no la modalidad elegida para avanzar con la rendición de cuentas ante el Congreso.

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Leonel Chiarella, presidente de la UCR Nacional, aclaró que, de ser diputado, hubiera dado quorum para la sesión especial convocada por la oposiciónPrensa UCR

Así, busca correr el foco de lo ocurrido el martes pasado. El principal responsable del blindaje al jefe de gabinete -asegura- es el propio Milei y no los legisladores. “Es importante destacar que la responsabilidad más importante es del Presidente de la Nación, quien sigue sosteniendo a Adorni, y tiene en sus manos todas las herramientas y la decisión para dar por cerrada esta etapa”, continuó.

Quien tampoco se presentó en la sesión del martes fue la vicegobernadora de Santa Fe y diputada nacional Gisela Scaglia. Aunque está afiliada a Pro, no pertenece al bloque amarillo que preside Cristian Ritondo y -según señalan fuentes parlamentarias y de la UCR- en el Congreso sigue los lineamientos del gobernador radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

La legisladora se encuentra en Estados Unidos por un viaje laboral, pero entre algunos radicales advierten que podría haber interrumpido su periplo para reforzar el apoyo a los pedidos de interpelación y que su ausencia es un síntoma de que Pullaro tampoco compartía del todo la convocatoria a la sesión especial. consultó en el entorno del mandatario, pero, al cierre de esta nota, no tuvo respuesta.

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Maximiliano Pullaro junto a la diputada nacional Gisela Scaglia, quien se ausentó de la sesión por un viaje laboral

La bonaerense Banfi, en tanto, hizo su juego propio. Aunque suele moverse en tándem con Pro, en esta ocasión se diferenció del sello amarillo y del bloque radical y bajó a dar quorum para tratar los pedidos de interpelación y censura. Fue un gesto político, en línea con la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción que viene promoviendo en la Cámara baja.

Según pudo saber , la diputada estuvo en contacto con Verasay y Ritondo -presidente del bloque Pro- durante el fin de semana, cuando les adelantó que se desmarcaría. Consideraba que las contradicciones entre los dichos del ministro coordinador en su informe en Diputados y sus declaraciones en la entrevista con José Del Río para LN+ habían echado por tierra la credibilidad del jefe de gabinete y la confianza de los legisladores con el principal interlocutor del Ejecutivo.

Pese a su diferenciación, evitó confrontar con Verasay -entiende la decisión del bloque de no querer acompañar al kirchnerismo por su “inhabilidad moral” para reclamar por casos de corrupción- y tuvo un rol crucial en la trastienda del llamado a comisión. Según reconstruyó este medio, fue una de las que advirtió que debía revocarse el carácter informativo de la reunión para que, de reunir la mayoría simple requerida, se pudieran dictaminar los proyectos para interpelar a Adorni.

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Fuerte emplazamiento de la Justicia: reclama al juez de Campana que envíe de manera “muy urgente” la causa de la mansión de la AFA

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La Justicia volvió a propinarle un nuevo revés a los supuestos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la causa en que se investiga a los dueños de la fastuosa quinta de Pilar, donde fueron encontrados en allanamientos 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

La Cámara en lo Penal Económico reclamó que el juez federal de Campana Adrián González Charbay envíe “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, como lo ordenó el tribunal hace 13 días, y además rechazó un recurso de los acusados para ir a la Cámara de Casación contra esa decisión.

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Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, tras siete meses de guerra judicial, decidieron el 12 de junio pasado sacarle el caso al juez González Charbay, donde querían estar los acusados, y dejarlo en manos de la justicia de la Capital Federal, especializada en lavado de dinero y evasión, en el juzgado penal económico N° 10 de Verónica Straccia.

El juez federal Adrián González Charvay

Pero el expediente sigue en Campana, por lo que pidieron a la jueza Straccia que se lo reclame a su colega federal González Charbay.

Los acusados en la causa, que son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión sin tener un pasar económico acorde, plantearon además un recurso para ir a la Cámara de Casación contra la decisión de sacarle el caso a Campana, que ahora fue rechazado.

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La Cámara en lo Penal Económico les cerró la vía de la Casación. Hornos y Robiglio les denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma Real Central que aparece como dueña de la propiedad de cinco hectáreas. Una tasación la valuó en 20 millones de dólares.

El cuadro de Pablo Toviggino en la quinta de Pilar

El tribunal impuso además las costas del recurso y encargó al juzgado de Straccia que requiera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana la causa, dado que el expediente aún no fue enviado a pesar de que pasaron 13 días desde la orden.

Pantano y Conte aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar. El lugar contaba con helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de autos de colección y de alta gama.

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Los investigadores sospechan que ninguno de los dos tiene el perfil patrimonial para haber adquirido ese bien y que actuaron como testaferros del tesorero de Toviggino. La empresa que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía escasa actividad y un capital social de apenas 300.000 pesos.

El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58 millones de pesos. Catorce días después, la firma adquirió la quinta. Entre los primeros indicios recabados figuraba una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se abonaban gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad.

Elementos encontrados en la quinta de Pilar que la ligan a Pablo TovigginoCollage

Hace siete meses que se discute qué juez debe investigar el caso. El expediente pasó por tres magistrados distintos: arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba y allanó la quinta; luego pasó al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.

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Finalmente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el caso al juzgado de González Charvay. Esa decisión fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 15 de mayo pasado a instancias del recurso del fiscal Carlos Cearras.

El voto mayoritario concluyó que el tribunal de San Martín carecía de jurisdicción para resolver la contienda y que las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiese investigado, en este caso el penal económico.

Así, el expediente regresó a la Cámara Penal Económica, que el 12 de junio pasado asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10, hoy a cargo de Straccia.

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La defensa intentó impugnar esa decisión por un recursos de casación, porque dijo que se afectó al juez natural, que hubo irregularidades en el procedimiento de inhibitoria, cuestionó “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”.

La Cámara rechazó todos esos planteos. Consideró que la resolución sobre competencia no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, dado que no puso fin al proceso, no ocasionó un perjuicio de imposible reparación ulterior ni impidió la continuación de la causa.

Las referencias a la presión mediática y a la “concentración capitalina”, en tanto, fueron calificadas como meras opiniones extrajurídicas sin entidad de agravio técnico. Hornos y Robiglio afirmaron que la Casación no es la vía legalmente prevista para impugnar resoluciones de esta naturaleza.

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Con la denegación de hoy, a la defensa de Pantano y Conte le resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es una vía de admisibilidad estricta y de éxito incierto, en particular porque la propia Casación, con la misma Sala I, ya dijo que la Cámara Penal Económica es la competente para resolver.

Si la defensa de Pantano lo intenta sería una chicana más para dilatar el avance de la causa, que ya lleva siete meses demorada sin que se investigue el fondo del delito de lavado de dinero y a quién pertenece la quinta que se sospecha está ligada a la AFA.

Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la investigación sobre el origen de los fondos con los que se adquirió la quinta y el rol que habrían cumplido Pantano y su madre en una maniobra que, según la hipótesis fiscal, integra un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.

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quinta de Pilar,,Hernán Cappiello,Conforme a

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Emiliano Yacobitti: “A partir de mañana el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar”

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Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar la ley de financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, analizó el escenario que se abre para las universidades públicas y advirtió que el principal desafío sigue siendo recuperar el poder adquisitivo de los docentes, uno de los sectores más golpeados por el ajuste presupuestario.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente universitario sostuvo que el conflicto excede la discusión judicial y recordó que la ley fue aprobada por el Congreso hace más de ocho meses. “Pasaron 247 días de dilaciones al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, señaló, al cuestionar la estrategia del Gobierno de recurrir a distintas instancias judiciales para postergar su aplicación.

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Según explicó, la decisión de la Corte deja firme la cautelar dictada en primera instancia y obliga al Ejecutivo a cumplirla mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En ese sentido, afirmó que la resolución tiene efectos concretos sobre el financiamiento del sistema universitario. “A partir de ahora el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar en cuanto a becas y salarios universitarios”, indicó, y explicó que el impacto económico de esa decisión supera ampliamente los aumentos acordados en las últimas paritarias.

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Para Yacobitti, sin embargo, la discusión de fondo pasa por la situación salarial de los docentes universitarios. “En estos dos años, el salario docente perdió la mitad de su poder adquisitivo”, aseguró, y advirtió que esa pérdida ya comenzó a reflejarse en una migración de profesores hacia el sector privado.

Como ejemplo, sostuvo que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva percibe hoy alrededor de 400.000 pesos con garantía salarial y contó que recientemente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, algunos docentes recibieron ofertas laborales con remuneraciones que cuadruplicaban ese ingreso.

El vicerrector consideró que el fallo judicial aporta previsibilidad para comenzar a revertir ese escenario, aunque insistió en que el objetivo debe ser terminar con un conflicto que, a su entender, consume energías que deberían destinarse a mejorar el sistema. “No podemos entrar a este período de cambios que está viviendo el mundo en una pelea todo el tiempo por el financiamiento”, afirmó.

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Yacobitti vinculó el fallo judicial con las movilizaciones en defensa de la universidad pública y el respaldo social al sistema universitario (Fotos: Juan Carlos Cardenas/Comunicación Senado)

También vinculó la resolución judicial con el respaldo social que recibieron las universidades públicas durante los últimos meses. A su juicio, la decisión de la Justicia no puede analizarse por separado de las multitudinarias movilizaciones que se realizaron en defensa del sistema universitario. “La sociedad las defendió porque funcionan”, sostuvo, y agregó que la universidad pública sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social del país, aun cuando todavía tiene desafíos pendientes.

Entre esos desafíos, destacó que cerca del 49% de los estudiantes que ingresan a primer año logra graduarse, un porcentaje que, según explicó, se encuentra en línea con el promedio de las universidades de la región. Además, defendió la capacidad de adaptación de la UBA y recordó que durante 2025 la institución creó nuevas carreras, como Biotecnología, y reformó más de treinta planes de estudio.

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Yacobitti evitó plantear una lógica de confrontación permanente y sostuvo que las universidades deben mantener canales de diálogo con cualquier administración. “Nosotros necesitamos trabajar con este gobierno, con el anterior y con el que venga”, afirmó. Sin embargo, cuestionó con dureza la estrategia oficial durante los últimos meses y sostuvo que existió “un doble ataque: uno en cuanto a la difamación y otro en cuanto al desfinanciamiento”.

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Yacobitti sostuvo que la ley de financiamiento universitario fue demorada durante 247 días por la estrategia judicial del Gobierno (Infobae en Vivo)

En ese marco, rechazó las acusaciones que distintos funcionarios realizaron sobre los salarios de las autoridades universitarias. “El ministro de Economía dijo que yo cobraba 18 millones de pesos. No llego a tres millones por mi sueldo en la universidad”, respondió, y agregó que, si existen irregularidades, deben ser investigadas, aunque advirtió que “el Gobierno recurrió a muchas cosas que no son ciertas”.

También desmintió las versiones oficiales sobre el supuesto costo que representan los estudiantes extranjeros. Explicó que quienes llegan a través de programas de intercambio abonan sus estudios y precisó que este año ingresaron a la UBA unos 70.000 estudiantes, de los cuales apenas el 4% no cuenta con residencia permanente. Además, recordó que los posgrados son arancelados y que los alumnos extranjeros pagan incluso más que los argentinos.

Hacia el final de la entrevista, Yacobitti insistió en que el debate sobre el financiamiento universitario debería dar paso a una discusión más amplia sobre el futuro de la educación superior. A su entender, el desafío no es únicamente garantizar recursos, sino consolidar un sistema que continúe formando profesionales, generando conocimiento y adaptándose a las transformaciones tecnológicas y productivas que atraviesa el mundo.

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emiliano yacobitti

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El Gobierno argentino dio detalles sobre la asistencia humanitaria que dará a Venezuela tras los terremotos

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El Gobierno confirmó este jueves que brindará una asistencia humanitaria a Venezuela que incluye médicos, ambulancias, un avión Hércules de la Fuerza Aérea, brigadas de búsqueda y rescate, luego de que ese país sufriera una de sus tragedias más devastadoras tras dos terremotos con un saldo de 188 muertos y más de 1500 heridos.

Durante la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier dio detalles sobre los recursos que puso a disposición del gobierno de Delcy Rodríguez, que afronta graves daños estructurales, con edificios y viviendas colapsadas en diversas ciudades.

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“Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar”, escribió a través de X.

Javier Milei y Delcy RodríguezCollage

Tras ello, enumeró los recursos que dio en forma de colaboración: en términos de personal médico y de asistencia, hay médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos -junto con ambulancias, enfermeros y auxiliares- y expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

También hay a disposición cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios.

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“Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército”, sumó.

La gestión libertaria ofreció un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

En paralelo, incluyó dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino; 134 carpas y 48 kits de cocina; y colchones, camillas y aires acondicionados.

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El comunicado publicado por el vocero presidencial Adrián RavierCaptura

“Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población“, indicó Ravier.

El rol del Ministerio de Defensa

En tanto, el Ministerio de Defensa anunció que la Armada Argentina desplegará desde este viernes “personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas”.

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La comunicación del Ministerio de Defensa

“Con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra se alistan para acompañar al pueblo venezolano”, destacó la cartera castrense desde las redes sociales.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, expresó que “ante la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano”, la cartera a su cargo “mantiene alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para brindar asistencia humanitaria, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la Agencia Federal de Emergencias”.

El posteo del ministro de Defensa

“El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados”, abundó.

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El Gobierno anunció el ofrecimiento de asistencia humanitaria el jueves por la noche, en una declaración donde también se solidarizó con Venezuela.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, señaló que la administración de Javier Milei se encuentra “atenta a la evolución de la situación” y manifestaron su “disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse”.

El avión Hércules C130H

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, dictó el escrito.

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Además, envió un mensaje a las víctimas y sus familias: “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”.

Para este jueves por la tarde, se contabilizaban 188 muertos, más de 1500 heridos y 200 atrapados en los escombros. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que al menos 25 de los fallecidos están en la capital. Las autoridades calculan que hay casi dos centenares de desaparecidos por la tragedia.




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