La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la medida cautelar solicitada por el juez Martín Irurzun, con la que buscaba permanecer en su cargo en la estratégica Cámara Federal, más allá de los 75 años.

Al magistrado, que cumple la edad límite el 18 de julio próximo, solo le queda reclamar ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la jubilación.

El Gobierno decidió no enviar al Senado el pliego de Irurzun para darle una reválida a su acuerdo por cinco años más, y quiere la vacante en la Cámara Federal para colocar a otro magistrado.

Esta sería la tercera vacante a disposición del Gobierno en el tribunal, que es clave para los casos de corrupción. Los otros dos camaristas a reemplazar son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.

Irurzun reclamó suspender los efectos del artículo de la Constitución Nacional, que impone el límite de 75 años para el ejercicio de la magistratura.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la decisión del juez de primera instancia, quien había desestimado la acción preventiva por considerar que no existía “verosimilitud en el derecho” en el reclamo del magistrado.

Los camaristas María Claudia Caputi y Luis María Márquez se apoyaron en la doctrina sentada por la Corte en el fallo Schiffrin del año 2017, que respaldó el cambio realizado en la reforma constitucional de 1994 que exige un nuevo nombramiento del Senado para los jueces al alcanzar el tope de 75 años.

Irurzun argumentó que, como cambió la composición de la Corte, hoy no contaría con la misma mayoría que en 2017 y el máximo tribunal podría cambiar de criterio.

“La mayoría alcanzada en el precedente Schiffrin ha desaparecido con el cese en funciones del doctor Juan Carlos Maqueda”, dijo Iruruzun, y por eso planteó que “se ha extinguido” ese estándar.

Sin embargo, los camaristas en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvieron que no se puede suponer que la Corte hubiera cambiado de postura solo por el cambio en su composición.

Los camaristas subrayaron que “basarse en conjeturas hipotéticas sobre cómo votarían los nuevos integrantes no constituye un factor jurídico suficiente para apartarse de la jurisprudencia que actualmente se encuentra vigente”.

El representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola, y la consejera jueza Alejandra Provítola pidieron revisar con “consultores técnicos” la corrección del concurso judicial más importante que tiene en sus manos el Consejo de la Magistratura, el destinado a cubrir tres vacantes en la poderosa Cámara Federal de Casación Penal.

Se trata de una medida super excepcional vinculada a la conformación del principal tribunal penal del país, que solo tiene por encima la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De los camaristas que lo integran depende la decisión final en las causas de corrupción de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, los actuales y los del pasado.

En el Gobierno, a pesar de que el asunto es impulsado por Viola, que es el número dos del Ministerio de Justicia, le ven poco futuro a la iniciativa, lo mismo que entre los jueces del Consejo de la Magistratura. “Viola se equivocó”, dijo una fuente oficial a .

Los mejor posicionados hasta ahora en ese concurso son los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Leonel Guillermo Gómez Barbella.

López Iñiguez sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y aplicó condenas a exfuncionarios del kirchnerismo como Amado Boudou (caso Ciccone) y Julio De Vido (tragedia de Once).

Michilini también sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán y condenó al exsecretario de Obras Públicas José López por enriquecimiento ilícito en la causa de los bolsos con nueve millones de dólares; además, votó por la condena a Boudou por la inscripción irregular de un Honda cupé y rechazó en disidencia el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro. Condenó a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la venta de La Rural.

Gómez Barbella, como fiscal, pidió la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y de Bartolomé Mitre, que era el director de , en la causa por la venta de Papel Prensa.

Tres concursantes impugnaron sus calificaciones en ese concurso y los consejeros Viola y Provítola pidieron activar una revisión técnica de la corrección de sus exámenes.

Se trata de un recurso previsto en el reglamento, pero que fue usado en muy pocas ocasiones. Una recalificación del concurso podría redibujar el mapa de las ternas.

Los cargos en juego

Se trata del Concurso N° 475, destinado a cubrir las vocalías 8, 9 y 10 de la Cámara Federal de Casación Penal. Los concursantes que pidieron revisar sus exámenes son la camarista federal de Salta Mariana Inés Catalano, con apoyos en la Corte Suprema; Luciano Homero Lauria, juez federal de Santa Fe, con apoyos en un sector del Gobierno; y Mariano Jorge Cartolano, designado por este Gobierno como director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.

En el orden de mérito provisorio del Concurso 475 quedaron Catalano en el número 22, con 131,25 puntos (45 de examen + 86,25 de antecedentes); Lauría en el número 31, con 119,95 puntos (45 de examen + 74,95 de antecedentes) y Cartolano en el puesto 34, con 110 puntos (54 de examen + 56 de antecedentes).

Catalano y Lauría están debajo del piso de 50 en el examen. El artículo 44 exige ese umbral para integrar ternas -por eso, una recalificación los habilitaría-, mientras que Cartolano ya cumple ambos mínimos (50 de examen y 100 totales), pero su problema es la posición, en el lugar 34 sobre 43.

Viola y Provítola son la subcomisión sorteada para evaluar las impugnaciones del concurso y en ese carácter pidieron la intervención de especialistas externos que analicen las correcciones.

En la próxima reunión de la Comisión de Selección se dará ingreso a la nota con el planteo de revisión, que cuenta con la oposición de los concursantes mejor calificados.

El mecanismo que invocan está previsto en el artículo 39 del Reglamento de Concursos. Dice que cuando las observaciones apuntan a las calificaciones de la prueba de oposición, la subcomisión, o cualquier consejero de la Comisión de Selección, puede proponer la designación de cuatro consultores técnicos de la especialidad para que dictaminen, con los casos y los exámenes a la vista, si la corrección del jurado se ajustó a las pautas reglamentarias. Los especialistas se eligen por sorteo.

La prueba de oposición del concurso 475 se tomó el 11 de mayo de 2022, con 44 postulantes presentes de los 95 inscriptos.

El orden de mérito provisorio quedó encabezado por María Gabriela López Iñiguez, jueza del Tribunal Oral Federal N° 8, con 166,75 puntos; seguida por José Antonio Michilini, del TOF N° 1, con 165,95; y el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella, con 154,50.

Completan los primeros diez lugares Fernando Machado Pelloni (153,90), el académico Marcelo Ferrante (152), Fernando Bellido (150,35), el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller (150); el juez en lo penal económico Diego Amarante (149,50), Nicolás Schiavo (146,50) y la jueza de ejecución penal Jimena Monsalve (143,45).

El plan para no nombrar

En paralelo, camaristas de la propia Casación le acercaron al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un proyecto para reducir el tribunal de 13 a 9 miembros y dejar las vacantes sin cubrir, iniciativa que congelaría el concurso por vía legislativa, pero esta idea no avanzó.

Una recalificación favorable no llevaría a los impugnantes al podio, pero los colocaría en la carrera. Y en el caso de Catalano, por tratarse de un concurso de tres vacantes, rige el cupo de género —cada terna debe incluir al menos a una mujer— y hoy, además de López Iñiguez, las únicas mujeres con examen aprobado en zona de convocatoria son Jimena Monsalve y la defensora oficial Pamela Bisserier.

Aún es prematuro saber si la iniciativa puede prosperar. El representante del Poder Ejecutivo la impulsa, la consejera Jimena de la Torre la apoya, pero no hay consenso entre los jueces y más bien hay desconfianza porque implica abrir una caja de sorpresas. Se avecina una discusión. Los consejeros más cercanos al kirchnerismo rechazan la idea.

La opinión de los consultores técnicos no es vinculante, pues la decisión final sobre las calificaciones corresponde a la Comisión de Selección. Integran esta comisión María Fernanda Vázquez, De la Torre, Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Provítola, Gonzalo Gabriel Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Viola.

Sobrevuela el debate el antecedente incómodo del Concurso 140 para jueces federales de Comodoro Py 2002, donde se revisaron calificaciones después de la corrección original ante las sospechas de trampa. El proceso terminó con impugnaciones en el Senado por presuntas irregularidades y una causa penal, que concluyó con una absolución.