El presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, que integra el Consejo de la Magistratura anunció que irá por la reelección en su cargo, por lo que planteó un recurso en la Justicia, pero la decisión ya generó la oposición de sus aliados, de adversarios y del kirchnerismo en el organismo que nombra y remueve magistrados.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por 20 representantes de los estamentos de jueces, de abogados, de académicos y de legisladores. Lo preside el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La renovación de los mandatos está prevista para el 20 de octubre y el calendario electoral arranca 60 días antes.

Se vencen este año los cuatro mandatos de los jueces. Barroetaveña planteó a la justicia la posibilidad de su reelección y lo acompañaría en caso de ser admitido el planteo, la jueza civil Agustina Díaz Cordero, su colega en el Consejo de la Magistratura e integrante de la lista Bordó, .

De los otros dos escaños de jueces en el Consejo, ya dijeron que no se van a postular a la reelección Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial, y Alberto Lugones, camarista de San Martín, de la agrupación Celeste. En este espacio ya asoman las candidaturas del juez del tribunal oral Walter Venditti y del juez federal Alejo Ramos Padilla, ambos por la lista Celeste, mas cercana al peronismo.

Barroetaveña planteó el mes pasado ante la Justicia Contencioso Administrativo, en el juzgado de Enrique Lavié Pico, una acción declarativa de certeza para que avalen su postulación a la reelección.

Dice Barroetaveña que existe incertidumbre sobre si rige lo normado en la ley original de creación del Consejo de la Magistratura, que permitía la reelección, o si hay que acatar la ley nueva, más reciente, que exige el intervalo de un período para postularse.

El conflicto, dijo el juez, se dio porque la Corte Suprema de Justicia en el fallo Colegio volvió a la ley original del Consejo, que prevé una integración de 20 miembros y al presidente de la Corte como presidente del Consejo.

Y con ello volvió a entrar en vigor la cláusula de reelección de consejeros. Quienes se oponen argumentan que el fallo Colegio de la Corte no volvió a convalidar ese artículo, sino solo los aspectos vinculados con la integración y la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura.

La oposición a la reelección se da, incluso, en la propia lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que reúne a los jueces federales y nacionales de todo el país.

El presidente de la asociación, el juez Andrés Basso, además de oponerse a la reelección, se postula él mismo para integrar el Consejo de la Magistratura, como una manera de encarnar los valores históricos de la lista Bordó. La agrupación controla la Asociación de Jueces desde hace dos décadas.

Basso cuenta con apoyo de delegados de las sedes de la Asociación de Magistrados del interior. Las diferencias entre los jueces no son personales, sino que refleja diferentes miradas sobre esta práctica, que unos censuran y otros defienden.

Ya se pronunciaron contra este intento reeleccionista la agrupación Será Justicia y Fores, una asociación civil preocupada por la transparencia judicial. Además, también lo hizo el kirchnerismo.

La asociación civil Será Justicia se presentó como Amicus Curiae ante el juzgado de Lavie Pico para exigir el rechazo tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada por Barroetaveña.

El escrito está firmado por Inés Arias, María Eugenia Talerico, Raúl Daniel Aguirre Saravia, Guillermo Lipera, Diego Calvo Suárez y Valeria Biagoni Perrella. Sostienen que el planteo no constituye una controversia electoral, sino que plantea una cuestión de trascendencia institucional.

“Admitir la interpretación que pretende para su reelección el juez Barroetaveña implicaría alterar las reglas de alternancia previstas por el legislador y abrir un precedente que permitiría la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional”, dijo Será Justicia.

El escrito sostiene, además, que la sentencia de la Corte Suprema en el caso “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” nunca declaró inválido el régimen legal sobre la duración de mandatos y reelección de los consejeros, sino únicamente aspectos vinculados con la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

“La independencia judicial también se protege respetando las reglas de alternancia y los límites temporales previstos por la ley”, señalaron; por eso pidió que se rechace tanto la acción principal como la medida cautelar.

Fores, en tanto, advirtió que la ley “impide la reelección inmediata de los consejeros» y dijo que el respeto de las reglas institucionales es un requisito indispensable para preservar la independencia judicial.

La entidad recordó que el artículo 3 de la ley 24.937 establece que los consejeros duran cuatro años en sus cargos y solo pueden ser reelectos con intervalo de un período. Asimismo, destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no declaró la inconstitucionalidad de esa disposición ni se pronunció específicamente sobre el régimen de reelección de los consejeros.

También sostuvo que, mientras el Congreso de la Nación no modifique la ley vigente o la Corte Suprema resuelva expresamente sobre esta cuestión, corresponde aplicar la normativa en vigor.

El presidente de Fores, Pablo Pirovano, dijo que “las instituciones se fortalecen cuando las reglas son claras y se aplican con independencia de las personas involucradas».

El kirchnerismo también se pronunció en contra: Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura, donde señalan que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas.

La Corte mira este proceso. Eventualmente debería pronunciarse si el asunto llega a sus estrados. Pero lo que ve no les gusta a los jueces del máximo tribunal. Ricardo Lorenzetti está en desacuerdo con la posibilidad de la reelección, Carlos Rosenkrantz no se pronunció y Rosatti tampoco. Sobrevuela el desagrado en el Palacio de Justicia.

Si le dan la razón a los jueces, es probable que los abogados intenten también esta vía para ser reelectos. Se eligen cuatro consejeros abogados para el período 2026-2030, con al menos dos mujeres, al menos dos abogados de la matrícula federal del interior y uno de la Ciudad de Buenos Aires. Los cargos que se renuevan son los que hoy ocupan Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital no se pronunció, pero entre los integrantes de su consejo directivo hay abogados que integran agrupaciones que ya plantearon su objeción a la reelección.

El influyente Daniel Angelici, operador judicial que controla la justicia porteña, aspira a poner un pie en el Consejo avalando a un postulante en la elección.

La convocatoria del estamento de jueces debería salir a más tardar hacia mediados de septiembre. La composición de los postulantes debería ser dos jueces de cámara, dos de primera instancia, haber paridad de género y al menos un magistrado federal del interior del país.

Entre los legisladores, los mandatos vencen con el resto del período 2022-2026, en noviembre. Los ocho consejeros del estamento político (cuatro senadores y cuatro diputados) no surgen de comicios sino de designación por los presidentes de cada Cámara a propuesta de los bloques.

El Gobierno ya cuenta con dos consejeros propios sobre los 20 que integran el Consejo; uno de ellos es Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo en el organismo y viceministro de Justicia.

Además sumó al diputado Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza por Córdoba, que juró el 18 de diciembre de 2025, en reemplazo de la radical Roxana Reyes, cuyo mandato legislativo venció.

Fue una designación de Martín Menem a propuesta de Karina Milei. A eso hay que sumarle los aliados dialoguistas dentro del estamento político como los senadores Eduardo Vischi (UCR) y Luis Juez (Frente Cívico), que votan cerca del Gobierno, y el diputado Álvaro González (Pro, larretista).

Con ellos, el oficialismo y sus afines suman cinco de los nueve del sector político (8 legisladores + PEN). Enfrente, el kirchnerismo retiene 4 legisladores: los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, y los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

Los académicos ya resolvieron su elección, pues golpeó primero Diego Molea, un histórico rector de la Universidad de Lomas de Zamora, que fue electo personalmente consejero. Hasta ahora incidía en el Consejo pero vía otros consejeros académicos.

Las palabras “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”, de Jean Monnet, nos muestran con absoluta claridad que los hombres y las mujeres estamos de paso, son las instituciones del país las que perduran. Por eso debemos tener la capacidad de reconocer que, en un sistema republicano de gobierno como el que nos rige, los servidores públicos somos transitorios, son las instituciones las que permanecen, y por eso nuestro compromiso debe ser siempre propiciar más y mejor institucionalidad.

Y aquí cobra especial relevancia destacar la importancia que el Poder Judicial tiene en un Estado de Derecho, ya que es el poder contramayoritario que está llamado por la Constitución nacional para ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica e inevitable tensión, pero ese diseño constitucional garantiza justamente que la Justicia pueda ejercer esa función de contrapeso y control en un sistema republicano.

En este sentido, corresponde traer a colación un postulado que es inmanente para un eficiente y adecuado servicio de administración de justicia y es la necesidad de garantizar la independencia judicial. Debe dejarse de lado toda invocación de la independencia judicial como una consigna vacía o abstracta.

En primer lugar, una Justicia independiente es aquella capaz de decidir con autonomía, que asegure a las personas que tendrán la garantía de contar con magistrados capaces de resolver sus reclamos, al margen de toda injerencia o presión de los poderes políticos o fácticos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y, en especial, en la Justicia.

Y, en segundo lugar, cabe destacar una cuestión estrechamente vinculada con la independencia judicial: la necesidad de una real autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no es posible un modelo serio de independencia cuando la Justicia debe someterse a la dependencia económica del poder administrador para obtener los recursos que requiere su normal funcionamiento.

Pero resulta necesario reflexionar sobre las causales de la crisis de credibilidad que están atravesando las instituciones republicanas en su conjunto. En el caso del sistema judicial, las causas son múltiples, algunas propias y otras exógenas, y por eso es imperioso, en primer término, actuar con madurez institucional y responsabilidad para resolver nuestros propios problemas.

Esta discusión es crucial y es una deuda frente a la sociedad, con la que se debe recuperar el vínculo, para mostrar una Justicia más cercana, en palabras de nuestro papa Francisco, porque ello es esencial para la convivencia democrática.

También es necesario alertar que, aprovechando esa crisis de credibilidad, existe una muy preocupante tendencia en numerosos países de la región a cuestionar y esmerilar la función esencial que el Poder Judicial y los ministerios públicos cumplen en un Estado de Derecho. Se trata de una propensión creciente que busca impugnar el sistema de garantías que rodea el ejercicio de la función judicial y que, permeando en diferentes ámbitos, va instalándose mediáticamente como un discurso que crea sentido y propone alternativas presentadas como democratizadoras, pero que, en realidad, solo buscan limitar la independencia judicial.

Se trata de un sutil proceso de erosión institucional, que busca debilitar las bases mismas de nuestro sistema de Justicia. Y aquí cabe pensar -hacia adentro y hacia afuera- a quienes beneficia un Poder Judicial y ministerios públicos débiles.

Por eso, en los tiempos actuales, profundamente alterados por la revolución que inexorablemente provoca la IA, con sus innegables beneficios, pero también con el riesgo que significa que los datos sensibles de las personas se concentren en pocas corporaciones privadas, en las que reina un ámbito de opacidad en todo lo atinente a los sesgos de sus algoritmos; en tiempos en los cuales las redes sociales nos imponen sus reglas y patrones para la convivencia ciudadana, implantándose la “cultura de lo efímero” y del “descarte”; allí es cuando más debemos bregar y luchar por tener instituciones fuertes, con plena vigencia de la división de poderes, y especialmente que se resguarde la independencia judicial.

Porque debemos tener muy presente que el fracaso de los países siempre proviene del fracaso de sus instituciones.

El autor es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y juez federal de Cámara.