CÓRDOBA.– Pese al estrés financiero que atraviesan las provincias, todos los gobernadores cumplieron en tiempo y forma con el pago del medio aguinaldo. El dato no alcanza para disimular un escenario más complejo: las administraciones provinciales cerraron el primer semestre con sus cuentas en tensión, condicionadas por la caída de los recursos nacionales, una recuperación económica heterogénea y presiones salariales en las negociaciones de cara al resto del año.

El pago del aguinaldo se convirtió en una prueba para las finanzas provinciales y municipales. Ninguna dejó de cumplir aunque varias realizaron esfuerzos extraordinarios para reunir los fondos, incluyendo pedidos de adelantos de asistencia financiera a la Nación.

Buenos Aires fue una de las provincias que más sintió esa presión. La Provincia pagó el aguinaldo en fecha, pero la situación de algunos de los 135 municipios mostró un panorama más delicado. Azul resolvió pagar el medio aguinaldo en dos veces, mientras que Villa Gesell y Monte Hermoso solicitaron asistencia financiera a la Provincia para poder cumplir con sus compromisos salariales.

En paralelo, Axel Kicillof cerró la negociación con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), luego del segundo paro del año. Los gremios aceptaron la propuesta de una suba acumulada del 7% (5% en julio y 2% en agosto). El acuerdo descomprimió la tensión con los docentes, aunque no eliminó el desafío central que es sostener la actualización de los salarios públicos en un contexto de menores ingresos.

También en La Rioja el gobernador Ricardo Quintela reconoció dificultades para pagar el aguinaldo. Admitió que la caída de los ingresos había complicado la disponibilidad de recursos y estableció un cronograma que fue del 18 al 23 de junio.

En Tierra del Fuego, Gustavo Melella logró despejar las versiones que anticipaban dificultades para afrontar el medio aguinaldo, pero continúa el foco de tensión en las paritarias para el segundo semestre, especialmente en educación y salud.

El neuquino Rolando Figueroa, aunque más holgado financieramente que sus pares por las regalías hidrocarburíferas, no está exento de los reclamos salariales. Convocó a ATE, UPCN y al gremio de trabajadores viales a discutir la pauta del segundo semestre. Los sindicatos quieren más que la actualización automática por inflación.

Tampoco en Mendoza, donde Alfredo Cornejo depositó el medio aguinaldo el 19 de junio, se cerró la discusión salarial. Hay negociaciones abiertas con ATE, que reclama un piso salarial superior y el blanqueo de trabajadores contratados, y con los profesionales de la salud nucleados en Ampros. En cambio, ya acordó con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el gremio de Vialidad Provincial y los funcionarios judiciales, que aceptaron un incremento de 11% en dos tramos.

El sanjuanino Marcelo Orrego negocia con los gremios docentes. En su última propuesta elevó del 4% al 6% la oferta salarial. Hay cuarto intermedio hasta el 13 de este mes.

En Santa Cruz, Claudio Vidal recién en la última semana firmó el acuerdo por la paritaria docente con un incremento salarial acumulativo del 17,8% entre junio y noviembre. En cambio, sigue abierto el conflicto salarial con la Policía y el personal del Servicio Penitenciario.

Ruidos en municipios

En Catamarca, Raúl Jalil cumplió con los estatales provinciales, pero debió poner en marcha un plan mixto, de subsidios y créditos, para que los municipios pudieran pagar sueldos y aguinaldo. Su par tucumano, Osvaldo Jaldo, otro “dialoguista”, subrayó el esfuerzo realizado para cumplir.

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, en Córdoba y Santa Fe respectivamente, cumplieron con los tiempos del aguinaldo, pero en ambas provincias hubo municipios que registraron inconvenientes. En la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini depositó los recursos el 3 de este mes; la demora se debió a la dificultad para reunir los $70.000 millones necesarios; hubo medidas de fuerza de los trabajadores.

Pullaro retomó las negociaciones salariales para definir los incrementos del segundo semestre; la discusión se centra en establecer nuevas pautas tras el vencimiento del acuerdo anterior, que otorgó un aumento semestral del 12,5%.

En Chubut, el ministro de Economía Gustavo Paz admitió que se trabajó para reunir los fondos necesarios pero la Provincia pagó sin retrasos. Lo mismo sucedió en Salta, donde el titular de Finanzas, Roberto Dib Ashur, también aseguró que la administración provincial podía afrontar el pago del aguinaldo y asistir a los municipios que necesitaran apoyo.

En Misiones, Hugo Passalacqua, al momento de pagar el aguinaldo tomó una medida de cara al aumento de la morosidad: dispuso que el medio aguinaldo no sufriera deducciones por códigos de descuento para preservar el ingreso.

Leandro Zdero, en Chaco, también cumplió con el pago. Su administración ratificó hace unos días un nuevo convenio con la Nación que le permitirá acceder a un anticipo financiero de $50.000 millones.

En el caso de Santiago del Estero, Elías Suárez no solo pagó el aguinaldo sino que cumplió con la segunda cuota del bono de $1,2 millones otorgado en mayo. Desde su administración remarcaron que todas esas obligaciones fueron afrontadas con recursos propios.

Un trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea había advertido el resquebrajamiento de las finanzas provinciales. Si los gobernadores hubieran mantenido durante el primer semestre el mismo nivel de gasto real que tenían un año atrás, el resultado fiscal consolidado habría pasado de un superávit equivalente al 1% del gasto total a un déficit del 2%.

Las situaciones más comprometidas aparecen en Tierra del Fuego, Chaco, Chubut y Buenos Aires, mientras que otras jurisdicciones que habían mostrado equilibrio también comienzan a enfrentar mayores dificultades.

Con la colaboración de Leonel Rodríguez, María José Lucesole, Sofía Sandoval, Pablo Mannino, Germán de los Santos, Martín Boer y Sol Agusti.

Al presidente Javier Milei lo desvela que el superávit fiscal tenga fuerza de ley en la Argentina. Por eso, el nuevo paquete de reformas que el Gobierno mandará al Congreso no solo incluirá un proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central sino que también, dentro de los parámetros que quiere fijar el oficialismo en materia de reglas fiscales, se va a agregar una propuesta de shutdown, pero con una adaptación a la argentina.

El Presidente trabaja en la propuesta con sus ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; y de Economía, Luis Caputo; y también con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Tan entusiasmado está con su paquete antidéficit Milei que en la reunión de Gabinete organizada tras el tedeum por el 9 de Julio, el Presidente retomó el tema frente al pleno de sus funcionarios.

Según pudo saber a través de distintas fuentes al tanto de las primeras conversaciones sobre el shutdown local, el proyecto tendrá un «espíritu fiscalista» y se activaría cuando el Estado entra en déficit, con una serie de pasos previos.

“En Estados Unidos el foco es más institucional, acá es para blindar el superávit”, define una fuente del oficialismo.

En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando no hay acuerdo político entre Ejecutivo y Legislativo y, por ende, el presupuesto no consigue ser aprobado por el Congreso.

“Nuestro objetivo es que aquí el instrumento sirva para impedir a toda costa que haya déficit, que es el gran problema de la Argentina”, dice una fuente del oficialismo, para trazar diferencias.

En Estados Unidos, el cierre del Estado se activa cuando el Congreso no llega a un entendimiento para aprobar el presupuesto antes del inicio del siguiente año fiscal. Entonces, se restringen las actividades y servicios de agencias federales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores. El desencadenante es político. No tiene relación con el déficit. De hecho, la economía de los Estados Unidos hace 25 años que no tiene superávit fiscal.

Mientras que en los Estados Unidos el mecanismo busca forzar un acuerdo por el presupuesto, la estrategia libertaria es diferente. “Con proyectos como este se busca mantener el superávit fiscal con mecanismos legales; Milei trae esto a la mesa para evitar que en el futuro venga alguien y diga ‘emitimos’”, explica otra fuente conocedora de la discusión en torno al proyecto. Un funcionario lo definió de la siguiente manera: “Antes de que haya déficit, el Estado cierra”.

Milei lo puso en palabras durante una entrevista con radio El Observador: “Lo que estoy haciendo es mandar una reforma que cambie la decadencia argentina desde las instituciones. Esto requiere una regla fiscal, el shutdown: usted hace un Presupuesto, nosotros por ley [lo hacemos] con déficit cero. Cuando se agota el Presupuesto, automáticamente se apaga el Estado. Si usted se agotó todas las partidas, se queda sin plata, no puede operar más, hasta que tenga una ampliación”.

En las charlas iniciales al respecto de cómo funcionaría el shutdown a la argentina, en el Gobierno prevén incluir dentro del texto que tanto las jubilaciones, como los programas sociales, los pagos de deuda y los gastos en seguridad y defensa sean esenciales. Por lo tanto, no se verían afectados por el cierre de la administración pública en caso de tener que activarse el mecanismo.

En la Casa Rosada barajan incluir dentro del texto un proceso previo al shutdown que permita darle la oportunidad al Congreso para definir qué partidas se pueden bajar antes de activar el cierre.

Si el Poder Legislativo no las define, ahí sí se fijarían los gastos esenciales y se cortarían el resto de los movimientos.

Este shutdown —explican voces que conocen del proyecto— complementará el paquete completo que incluye la reforma de la carta orgánica del Banco Central y las penas para quienes emitan en la Argentina.

Por ahora, en la Casa Rosada planean mandar el shutdown como un texto individual, pero en tándem con el resto de las iniciativas para preservar el equilibrio fiscal.

“El shutdown se suma a las reglas fiscales y a los cambios en la carta orgánica del Banco Central, que busca devolverle a la entidad el mandato de defensa del valor de la moneda”, refieren fuentes libertarias.

De momento, el shutdown está en una etapa de discusión, porque no empezó a escribirse el texto. La forma de instrumentarlo es parte importante de las idas y vueltas con sus ministros abocados al tema.

Hay fuentes de la Casa Rosada que ya prevén que, para habilitar el shutdown, se deba también incluir una modificación de la ley de administración financiera vigente.

El año pasado, el Presidente ya había mandado al Congreso el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el que quiso blindar el equilibrio fiscal mediante sanciones penales. Pero no tuvo eco en el Legislativo y quedó en la nada.

Cuando fuentes de la Casa Rosada son consultadas al respecto, se muestran más esperanzadas de que, con la actual conformación del Congreso y la sintonía con los aliados, el tratamiento de este paquete reformulado consiga avanzar.

Hasta ahora en el Gobierno no definieron una fecha para enviar estas iniciativas. Algunos miembros del Ejecutivo admiten que el proyecto de shutdown está en ciernes.

“Hay que ver la letra chica; ya hubo reuniones y se está conversando”, agregan los que saben.