Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2025, el empleo privado formal en Argentina creció apenas 96.052 puestos de trabajo a nivel nacional. Detrás de ese número se esconde un dato que revela la magnitud de la transformación productiva que atraviesa el país: Neuquén explicó por sí sola el 60,8% de ese crecimiento neto. Ninguna otra provincia se acerca a ese protagonismo.

Los datos surgen de estadísticas del Ministerio de Capital Humano en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En ese período, Neuquén pasó de 90.642 a 149.028 trabajadores registrados en el sector privado, una ganancia neta de 58.386 puestos. El dato forma parte de un análisis del economista jefe de PwC Argentina, José María Segura, quien en la edición de abril de la publicación Economic GPS señaló que “Neuquén es quizás el caso más elocuente” del proceso de cambio estructural que experimenta la economía argentina.

Segura precisó que, en 15 años, la provincia patagónica “explicó el 58% del crecimiento neto del empleo privado registrado a nivel nacional”. La leve diferencia con el 60,8% que arrojan las estadísticas mencionadas se debe a las diferentes metodologías de cálculo utilizados, pero ambos números apuntan en la misma dirección: ninguna jurisdicción del país generó empleo formal a una escala remotamente comparable a la de Neuquén.

La explicación central del fenómeno neuquino está en el desarrollo de Vaca Muerta, que convirtió a la provincia en el corazón de la producción de petróleo y gas no convencional de Argentina. El boom de inversiones asociado a ese fenómeno traccionó la demanda de empleo en la provincia de forma sostenida durante más de una década.

Segura enmarca este proceso en una transformación más profunda de la estructura productiva del país. Según su análisis, “la minería, la energía —impulsada por el desarrollo de petróleo y gas no convencional—, el agro y los servicios financieros consolidan su rol como motores de actividad”, mientras que sectores históricamente ligados a la demanda interna “muestran un rezago”. El mapa del empleo, escribe, “se está redibujando a lo largo de la cordillera, lejos de los centros urbanos tradicionales”.

El contraste con otras provincias es marcado. Buenos Aires, la jurisdicción con mayor cantidad de trabajadores registrados del país, sumó 37.572 puestos en el mismo período, con una variación de apenas 1,9%. Santa Fe incorporó 13.882 empleos y Córdoba, 12.822. Río Negro, que también tiene exposición a la actividad energética por su cercanía con Neuquén, sumó 13.120 puestos y explica el 13,7% del crecimiento total.

En el otro extremo, nueve provincias registraron caídas absolutas en el empleo privado formal durante el período: CABA perdió 42.941 puestos, Santa Cruz 9.020 y San Luis 5.512. También cayeron San Juan (-5.492 empleos), Chubut (-3.513), Formosa (-4.077), La Rioja (-1.958), Tierra del Fuego (-2.361) y Tucumán (-495).

El análisis de Segura advierte que esta redistribución geográfica del empleo no es neutral. Los datos de desocupación por aglomerado del cuarto trimestre de 2025 muestran que las ciudades vinculadas a la energía y la minería registran tasas de desempleo sensiblemente menores al promedio nacional, mientras que los aglomerados donde se concentra la actividad industrial y de la construcción —en particular el AMBA y su cordón urbano— “muestran un deterioro relativo”.

Este proceso no solo enfrenta restricciones económicas, sino también geográficas y sociales. Como señala el economista, el desplazamiento entre sectores “implica que familias enteras consideren relocalizarse, con todo lo que eso supone en términos de arraigo, infraestructura y calidad de vida”. Y hay indicios de que esa tensión ya opera en la práctica: en ciertas zonas y sectores, “las empresas enfrentan dificultades para cubrir posiciones calificadas y evalúan recurrir a trabajadores del exterior para sostener sus proyectos”.

La objeción más frecuente al modelo económico actual es su capacidad para generar empleo masivo. Sin embargo, José María Segura indicó que “no debería abstraerse del análisis la creación de empleo indirecto que, por ejemplo, conlleva la construcción de infraestructura asociada”.

El economista de PwC agrega una variable que el debate público suele ignorar: la demografía. La tasa de natalidad en Argentina viene cayendo de forma sostenida, los hogares sin hijos menores ya son mayoría y el promedio de hijos por mujer se ubica por debajo del nivel de reemplazo poblacional. En ese escenario, la presión sobre el mercado laboral para absorber nueva oferta de trabajadores sería menor que en el pasado.

Para Segura, el caso neuquino es la mejor evidencia de que el mercado, con tiempo, tiende a equilibrarse. “La evidencia sugiere que con el tiempo el mercado ajusta”, escribe, aunque advierte que “el factor clave aquí es el tiempo y la paciencia o no que tenga la sociedad para transitar el proceso”.

En esa línea, el análisis concluye que el desafío principal de Argentina no es tanto la cantidad de empleos que el nuevo modelo productivo puede generar, sino la capacidad del sistema educativo, institucional y territorial de “formar el capital humano y favorecer los flujos migratorios que esa transformación demanda”. La Argentina que viene, según Segura, “parecería tener menos un problema de empleo que un problema de empleabilidad”.

La transición económica que atraviesa Argentina bajo la presidencia de Javier Milei no puede entenderse únicamente como un cambio de políticas: es, en esencia, un cambio de modelo económico. Y como toda mutación de este tipo, implica costos inevitables en el corto plazo, aun cuando prometa beneficios más estructurales en el mediano y largo plazo.

Durante años, el funcionamiento de la economía estuvo sostenido por un entramado de controles, subsidios y distorsiones de precios relativos. En ese contexto, muchas decisiones a nivel microeconómico -desde la fijación de precios hasta la asignación de capital- no respondían a señales genuinas del mercado, sino a incentivos artificiales. Empresas rentables en ese entorno no necesariamente lo eran por eficiencia, sino por capacidad de adaptarse a regulaciones, aprovechar brechas o capturar transferencias implícitas.

El actual programa apunta a corregir ese andamiaje: equilibrio fiscal, menor emisión monetaria, desregulación y liberalización de precios. Pero ese sinceramiento tiene un correlato inmediato: expone fragilidades acumuladas.

Aquí aparece el núcleo del problema: la macroeconomía puede ordenarse relativamente rápido en términos conceptuales, pero la microeconomía necesita tiempo y capital para adaptarse.

Un caso concreto ayuda a ilustrarlo. Pensemos en una pyme industrial que durante años operó con energía subsidiada, acceso intermitente a importaciones y una demanda interna sostenida artificialmente por políticas expansivas. En el nuevo esquema, enfrenta tarifas más altas, costos financieros más elevados en términos reales, apertura parcial a la competencia externa y un consumidor con menor poder adquisitivo. El resultado inmediato no es eficiencia automática, sino tensión: caída de márgenes, necesidad de inversión y riesgo de salida del mercado.

Este fenómeno no es nuevo en la historia económica. Rudigger Dornbusch, el economista del MIT, al analizar programas de estabilización en América Latina, señalaba que los costos de transición suelen ser subestimados políticamente y sobreestimados socialmente en su duración. Es decir, el ajuste duele más de lo esperado al principio, pero también puede generar condiciones para una recuperación más sólida si se sostiene en el tiempo.

El punto crítico, entonces, no es negar el costo, sino entender su naturaleza. No se trata solo de un “ajuste” en el sentido clásico. Es una reasignación de recursos. Sectores menos productivos pierden peso, mientras que aquellos con mayor eficiencia potencial -o capacidad de adaptarse- encuentran nuevas oportunidades.

En ese marco, la promesa de una macroeconomía más estable no debe subestimarse. La previsibilidad, si se sostiene, tiene efectos profundos: permite planificar inversiones, reducir el horizonte de incertidumbre y reconstruir el crédito. Los precios, al reflejar condiciones reales, mejoran la asignación de recursos. Y la competencia, lejos de ser únicamente una amenaza, se convierte en un mecanismo de disciplina y mejora continua.

Hay una tensión evidente: los beneficios de la estabilidad son graduales, mientras que los costos del ajuste son inmediatos. Esa asimetría define el clima económico y social de la transición.

La respuesta no pasa únicamente por la reducción de costos -una estrategia defensiva y limitada-, sino por un cambio más profundo en la lógica empresarial. Replantear modelos de negocio, invertir en productividad, incorporar tecnología y diferenciarse en términos de valor agregado dejan de ser opciones para convertirse en condiciones de supervivencia.

También implica un cambio cultural: pasar de una economía donde el éxito muchas veces dependía de “leer” al Estado, a otra donde depende de entender al cliente y competir en calidad y eficiencia.

En definitiva, la transición actual expone una verdad: no todas las estructuras económicas heredadas son sostenibles en un entorno de mayor disciplina macroeconómica. El desafío no es evitar ese proceso, sino gestionarlo.

Si el programa logra sostener estabilidad, el terreno que emerja será más exigente, pero también más fértil para quienes logren adaptarse. La historia muestra que las economías que logran atravesar estas transiciones no son las que evitan el costo, sino las que consiguen transformarlo en una inversión hacia un nuevo equilibrio.

La pregunta, entonces, no es si el costo existe -porque es evidente-, sino quiénes estarán en condiciones de capitalizar las oportunidades cuando ese costo deje de ser transición y pase a ser pasado.

El autor es Analista económico y director de Focus Market

Javier Milei asumió la presidencia en un momento en que Argentina debía redefinir tanto su modelo económico como su inserción internacional. La economía nacional experimentó profundas transformaciones en los últimos dos años, ubicándose en la antesala de un posible ciclo expansivo de largo plazo, basado en fundamentos sólidos que no se observaban desde finales del siglo XIX.

El nuevo Gobierno implementó un programa de cinco anclas: fiscal, monetaria, cambiaria, política y geopolítica, orientadas por una corriente cultural emergente -sobre todo entre los jóvenes- que articula la conciencia de que todo gasto estatal se financia mediante impuestos, deuda o inflación.

Argentina es el único país que llegó a desarrollarse para luego abandonar ese sendero al adoptar el colectivismo de corte corporativista. A diferencia de otros intentos del siglo pasado por romper el ciclo de decadencia, el proceso actual se apoya en bases robustas: superávit fiscal, inversiones canalizadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y la desarticulación del esquema corporativista instaurado en los últimos 80 años.

A fines de 2023, el país enfrentaba una inflación superior al 200% y un déficit fiscal consolidado equivalente al 15% del PBI (5% Nación, 10% en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)). Las reservas netas eran negativas, el déficit comercial y energético era persistente y la economía se encontraba en virtual default comercial; el 54% de la población estaba bajo la línea de pobreza, y el sistema de precios -distorsionado por brechas, controles y regulaciones- había colapsado.

Tras dos años de gestión de Javier Milei, los indicadores exhiben notables mejoras: el PBI alcanzó niveles récord, la inflación bajó al 33%, los precios y las importaciones se liberalizaron, el país recuperó superávit comercial y energético, la pobreza disminuyó al 28%, el gasto público fue ajustado en un tercio hasta lograr el equilibrio fiscal, se eliminaron impuestos, la deuda pública consolidada bajó, y las reservas del BCRA comienzan a repuntar.

Todo esto se logró sin afectar los derechos de propiedad, a diferencia de lo registrado durante la expansión económica inicial de la convertibilidad y la poscrisis de 2002.

En un escenario internacional signado por las mayores tensiones geopolíticas desde la Guerra Fría, Argentina avanzó en su posicionamiento como proveedor principal de alimentos, hidrocarburos y minerales estratégicos para el mundo, y logró distanciarse de focos regionales de conflicto.

La llegada de Milei marcó el retorno a una economía de mercado y, en simultáneo, el inicio de un cambio drástico de la política exterior argentina. El apoyo expreso del presidente argentino a Donald Trump precedió el renacimiento de la relación bilateral y un firme respaldo estadounidense, que se materializó en año electoral bajo el compromiso: “Whatever it takes to support Argentina”. Esto se tradujo en un swap por USD 20.000 millones, que logró frenar la corrida cambiaria previa a la elección.

Sumado a esto, Argentina concretó acuerdos comerciales y de inversión, reafirmando su intención de ocupar un papel principal como aliado y socio de Occidente. El quiebre con el eje anterior fue evidente: en 2005, el presidente Néstor Kirchner rechazó públicamente el “ALCArajo”, cerrando al país al comercio internacional y alejándolo de los aliados históricos.

Ya en 2012 y 2013, las relaciones exteriores se volcaron a negociar con Venezuela, Angola e Irán, y en años recientes se buscaron vacunas en Cuba y se ofreció a Rusia una vía de apertura a Latinoamérica previo a la invasión de Ucrania.

Con Milei, Argentina restauró rápidamente los vínculos con sus aliados tradicionales, firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa, activó inversiones millonarias en el marco del RIGI y recibió asistencia financiera de Organismos Multilaterales y financiamiento directo estadounidense.

La alianza renovada con Occidente consolidó el papel destacado del país en la seguridad energética, alimentaria y de minerales estratégicos, con la estabilidad macroeconómica y el RIGI impulsando el salto exportador, respaldado por la coyuntura geopolítica global.

El tipo de cambio continúa bajo presión a la baja, con el BCRA interviniendo para mantenerlo cerca de $1.350 y acumulando compras superiores a USD 6.000 millones en lo que va del año. La volatilidad del mercado cambiario es mínima y las perspectivas siguen estables: el superávit fiscal, el auge exportador, el ingreso de divisas impulsado por el RIGI y la decisión política de capitalización del BCRA contribuyen al escenario favorable.

De acuerdo con el programa monetario oficial, este año el BCRA planea adquirir entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, con margen para hacerlo sin generar presiones inflacionarias, ya que los pesos emitidos se absorben vía superávit fiscal, deuda en moneda local o mayor demanda de dinero.

En paralelo, el BCRA ha reducido de manera importante las tasas de interés: la Tasa de referencia descendió al 22% nominal anual, desde el 38% a comienzos del año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, para 2026 se proyecta un crecimiento superior al 3% en el PBI, luego de un alza del 4,4% en 2023. Se trata del primer bienio de crecimiento consecutivo desde 2011, descontando el rebote poscuarentena.

El crecimiento actual se apoya en la recuperación de la demanda de dinero, evidenciada por la baja del dólar, las tasas y el riesgo país, factores que resultan en una mejora del nivel de actividad. Se espera que las exportaciones alcancen USD 100.000 millones este año, impulsadas por cosechas récord y producción petrolera en máximos históricos, a lo que se suma el efecto de los altos precios internacionales en un contexto de crisis en Medio Oriente.

Históricamente, el agro fue el único motor exportador relevante del país, pero el auge de los hidrocarburos y la minería proyecta que, para 2033, ambos sectores podrían generar superávits por USD 65.000 millones, cifra equiparable al desempeño tradicional del campo.

Los proyectos presentados en el marco del RIGI superan los USD 97.000 millones, de los cuales ya se aprobaron más de USD 27.000 millones, principalmente en el sector energético. A esto se suma la reciente modificación de la Ley de Glaciares, aprobada por el poder legislativo nacional, que permite destrabar inversiones en minería por más de USD 40.000 millones.

El principal reto para el resto del mandato de Javier Milei radica en dos frentes: reducir la inflación mensual por debajo del 1% y alcanzar un riesgo país inferior a los 400 puntos básicos.

Ambos objetivos son clave para fortalecer la demanda de dinero y permitir una baja sostenida en las tasas de interés que incentive la expansión del crédito. Las condiciones monetarias actuales, con un rezago monetario que tiende a corregirse tras la fuerte caída en la demanda de dinero durante el período electoral de 2025, refuerzan las perspectivas de lograr la meta inflacionaria.

Por el lado del índice de riesgo país, el resultado de las próximas elecciones será determinante. Argentina todavía paga una prima que responde a su historial crediticio, más que a los fundamentos macroeconómicos presentes. Sin embargo, la menor oferta de bonos en el mercado, consecuencia del equilibrio fiscal y de las compras de dólares por parte del BCRA, coadyuva a la reducción del índice de riesgo país.

La deuda neta del Estado, descontando tenencias intra-sector público, representa el 43% del PBI y los vencimientos en moneda extranjera con privados no superan el 2% del PBI al año. Aunque el volumen no es elevado, el desafío es atenderlos sin emitir deuda internacional. El Gobierno buscará afrontarlos mediante superávit fiscal y externo, compras de dólares, colocaciones en el mercado local, Organismos Multilaterales, repos y privatizaciones, acelerando también así la disminución del índice de riesgo país.

En el plano fiscal, si continúan el crecimiento económico y las políticas de reducción del gasto (la denominada “motosierra”), el Ejecutivo tendría espacio para seguir bajando y eliminando impuestos -en especial, las retenciones-, otorgando así un impulso adicional al campo y las economías regionales.

El turno electoral de 2027 será determinante, en un contexto donde el oficialismo ostenta los logros económicos y la oposición se muestra fragmentada ante el peso del fracaso inflacionario reciente.

Con la convalidación política del superávit fiscal en las urnas, Argentina entraría en una etapa muy sólida de crecimiento, quebrando casi un siglo de decadencia.

El autor es Economista