Investing.com — Las acciones de cayeron un 8,21% durante la sesión de hoy para cotizar a 98,74 dólares, después de que anunciara el lanzamiento de Amazon Supply Chain Services, una nueva oferta que abre la infraestructura logística del gigante tecnológico directamente a empresas externas y lo pone en competencia directa con UPS en transporte marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario.

Amazon anunció el lunes 04.05.2026 el lanzamiento de Amazon Supply Chain Services, abriendo su red logística —que incluye 80.000 remolques, 24.000 contenedores intermodales y 100 aviones— a empresas más allá de sus propias operaciones. Este movimiento es particularmente perjudicial para UPS dado que Amazon ya está reduciendo los paquetes que envía a través de UPS en más del 50% para mediados de 2026, y ahora Amazon está apuntando activamente a los mismos transportistas externos que UPS ha estado contando para reemplazar ese volumen perdido.

El anuncio de Amazon agrava un panorama difícil para UPS tras sus resultados del primer trimestre de 2026. Aunque UPS superó las estimaciones pro forma, los beneficios calculados bajo GAAP fueron de 1,02 dólares por acción, una caída de más del 27% interanual. El margen operativo nacional del 4,0% ha sido el principal impulsor de la confianza bajista, aunque se vio afectado por 350 millones de dólares en costes de transición únicos relacionados con el cierre de 50 instalaciones. En los días posteriores a los resultados, el precio objetivo de UPS se redujo a 123 dólares desde 125 dólares en UBS, a 111 dólares desde 113 dólares en Evercore ISI, y Morgan Stanley mantuvo su calificación de Venta sobre la acción.

El mercado en general ofreció poco respaldo a UPS hoy. El S&P 500 estuvo esencialmente plano en -0,04%, el Dow Jones bajó ligeramente -0,41%, y el Nasdaq fue ligeramente positivo en +0,02%, lo que subraya que la fuerte caída de hoy en UPS fue impulsada por fuerzas específicas de la empresa y del sector en lugar de ventas macro. Las tensiones geopolíticas de Wall Street también jugaron un papel menor, con informes contradictorios sobre un buque de guerra estadounidense cerca del Estrecho de Ormuz añadiendo un tono de inquietud. FedEx, el competidor directo más cercano de UPS, también enfrentó la misma amenaza competitiva de Amazon.

En conjunto, el lanzamiento de Amazon Supply Chain Services golpeó el corazón de la tesis de recuperación de UPS. UPS está camino de alcanzar su objetivo de reducción de costes de 3.000 millones de dólares para el año, impulsado por acciones estratégicas como reducir el volumen de Amazon y cerrar edificios, pero con Amazon ahora cortejando activamente a los mismos transportistas externos que UPS necesita para llenar ese vacío, los inversores están reevaluando si la historia de recuperación del segundo semestre de 2026 puede materializarse como se prometió, enviando la acción a un mínimo de sesión de 98,53 dólares, muy por debajo de su máximo de 52 semanas de 122,41 dólares.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

El economista Ramiro Castiñeira, vocero de la Fundación Faro, sostuvo en diálogo con Infobae en vivo que la situación actual de la Argentina debe entenderse como parte de un proceso de transición, luego de años de políticas que, según su mirada, alejaron al país de estándares internacionales. Señaló que no se está abriendo la economía sino que alejándola del modelo cubano.

“Cualquiera se da cuenta de que, si durante décadas se coqueteó con ser Cuba, en dos años la Argentina no se va a convertir en Suiza”, afirmó. En ese marco, cuestionó la caracterización del rumbo económico reciente como un experimento, cuando “el experimento era justamente copiar a Cuba”.

Para el economista, integrante del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de la Nación, ese camino previo resulta desacertado porque implica desconocer el funcionamiento de “occidente democrático, capitalista y civilizado”.

Castiñeira rechazó la idea de que el país esté atravesando una apertura económica en sentido clásico. “La Argentina no está abriendo la economía. La Argentina está ‘descubanizando’ la economía”, sostuvo. En su análisis, las restricciones al acceso de bienes y al comercio exterior son rasgos propios de regímenes como los de Cuba o Venezuela.

Castiñeira también vinculó ese diagnóstico con lo que definió como un deterioro institucional. Señaló que la ausencia de estadísticas públicas confiables durante dos presidencias en democracia constituye un fenómeno “propio de una dictadura”.

A eso sumó la reiteración de medidas que, a su juicio, implicaron expropiaciones, como la confiscación de depósitos bancarios en 2001 y 2002, y la posterior estatización del sistema previsional. “Es el Estado sacándole todo el dinero al sector privado desde los bancos, dos veces en menos de una década”, enfatizó.

Asimismo, criticó la “destrucción del sistema de precios”, ejemplificada —según dijo— en la coexistencia de múltiples tipos de cambio para una misma moneda. “En cualquier país hay un solo tipo de cambio; en Argentina hay 14 tipos de cambio. Directamente te venden según tu cara”.

En relación con el acceso al mercado cambiario, remarcó que las restricciones recientes también reflejan ese modelo. A diferencia de otros países donde se imponen por la fuerza, señaló que en Argentina “de manera democrática se votaban gobiernos que excluían a la población del mercado cambiario para luego hacer negociados con los dólares”.

Respecto de los reclamos de sectores industriales, Castiñeira fue crítico de las políticas proteccionistas. Afirmó que “ningún productor puede armar su negocio en base a quitarle derechos al consumidor” y subrayó que el rol del Estado no es “inclinar la cancha”, sino garantizar reglas claras, el respeto por la propiedad privada y los acuerdos entre privados. En esa línea, advirtió que cuando el Estado se aparta de ese rol “destruye los mercados”.

Cuestionó, además, la existencia de sectores altamente protegidos que, según su visión, buscan sostenerse mediante el cierre de la economía. Consideró que no se puede pretender que los consumidores queden obligados a comprar ciertos productos por falta de alternativas.

Por otra parte, planteó que “la baja de impuestos hay que hacerla sí o sí en todos los sectores de la economía”. Según explicó, el aumento de la presión tributaria es consecuencia del exceso de gasto público, por lo que “la única manera de bajar impuestos es bajar el gasto”.

En ese sentido, consideró que existe una creciente conciencia social sobre el problema: “La sociedad entendió que el exceso de Estado fue más allá de sus funciones básicas, que son respetar la propiedad privada, la vida, la institucionalidad y la moneda”.

Castiñeira advirtió que los cambios en materia tributaria ya se observan dentro del propio Mercosur y remarcó el caso de Paraguay como ejemplo. Señaló que ese país aplica un IVA del 10% y un impuesto a las ganancias también del 10%, en contraste con Argentina, donde esas alícuotas alcanzan el 21% y el 35%, respectivamente.

Además, destacó que en Paraguay el impuesto a las Ganancias es plenamente deducible y mencionó la vigencia de la Ley de Maquila, que establece una carga impositiva del 1% para aquellas empresas que exportan al menos el 90% de su producción.

En ese contexto, sostuvo que algunos países de la región “ya se dieron cuenta” de que el motor de la economía es el sector privado.

Por último, Castiñeira sostuvo que el Estado no debe intervenir en la formación de precios bajo ninguna circunstancia. Según afirmó, esa premisa abarca todos los ámbitos de la economía, desde los salarios hasta bienes de consumo como la ropa, e incluso la tasa de interés.

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Hace algunos días, los medios de comunicación hicieron referencia a un informe del Banco Provincia que estimaba cuánto debería transferir al Tesoro Nacional, en 2026, el Banco Central (BCRA) de dividendos de 2025. Si bien esto técnicamente es justificable, avanzar en esa dirección sería desaconsejable. De hecho, el accionista del BCRA es el Gobierno; por lo que puede hacerlo, como cualquier otra entidad que le transfiere sus ganancias a sus dueños. Además, durante muchas décadas el BCRA le depositó dividendos en las cuentas a los distintos gobiernos, aun cuando sólo tenía pérdidas.

El problema es que necesitamos que el BCRA se capitalice para seguir ganando solidez y, justamente, eso se logra más rápidamente si no distribuye dividendos. De hecho, en 2025, se hizo dicha transferencia que terminó financiando el pago de deuda del Gobierno en detrimento de las posibilidades del BCRA de, por ejemplo, acumular reservas. Además, como todo banco central tiene un solo instrumento para operar, la política monetaria; por supuesto, suponiendo un mercado de cambios único y libre. Así que tiene una restricción a la hora de fijarse objetivos. Con una bala se le puede dar solo a un blanco. Si se intenta pegarle a más, lo más probable es que no logre darle a ninguno.

Por ejemplo, a principios de año, el BCRA anunció que lo que pudiera emitir por la suba de la demanda de pesos, o sea, sin generar inflación futura, lo usaría para comprar reservas propias. Pues bien, al transferirle ganancias al Gobierno, lo que hace es depositárselas en una cuenta dentro de dicha institución. El problema es que, si el Tesoro usa esos recursos, el BCRA tendrá que emitir para dárselos. Por ende, a olvidarse de aprovechar esa suba de la demanda de pesos de la gente para comprar divisas; porque ya se la habrá usado para financiar al Gobierno.

Incluso, esto pasaría si el Tesoro usa esos recursos para comprarle al BCRA divisas; ya que este último las compra emitiendo pesos o endeudándose, lo cual significa una mayor futura oferta de moneda local. Así que, por ahora, sería sumamente desaconsejable que se transfieran dividendos de la autoridad monetaria al Tesoro.

Por otro lado, en pos de fijarse prioridades, cabría preguntarse si no sería mejor aprovechar el aumento de la demanda de pesos que se espera para resolver otro problema más urgente. Es decir, las medidas de aumento de encajes y sobre su forma de integración que tomó el BCRA para enfrentar la liquidación de las LEFIs a mediados de 2025 y, luego, para compensar la fuerte baja de la demanda de dinero durante la creciente incertidumbre prelectoral. Esas políticas podían ser justificables en una situación de emergencia y de corrida; pero dejaron de serlo una vez conocidos los resultados de los comicios. Dado que fueron favorables a la consolidación del rumbo económico y permitieron superar la crisis de confianza.

El problema es que, al aumentar las exigencias de encajes, queda una menor proporción de depósitos para poder prestar. Así que aumentará las tasas de los créditos; ya que habrá que cobrar sobre un menor monto los intereses que se deben pagar a los que pusieron sus ahorros en los bancos y otros gastos que tienen las entidades financieras. Dicho costo de intermediación aumentó por la volatilidad en las tasas de interés que generó el restringir la posibilidad de los bancos de actuar contracíclicamente a la demanda intramensual de pesos de la gente.

Cuando cobran el sueldo, las personas demandan más dinero y, entonces, los bancos tratan de integrar menos encajes, para no tener que pagar tasas más altas. Saben que, luego, eso que se atesoró se irá usando para las compras diarias y volverá a los bancos, permitiéndoles sumar más encajes para cumplir con la exigencia promedio que le pide el BCRA. Si tienen restricciones para hacerlo, se los obliga a competir por esos fondos con tasas altas cuando la gente los demanda y, luego, le sobrarán recursos cuando los pesos vuelvan a los bancos, provocando una baja en las tasas de interés. Dicha volatilidad implica un riesgo en el costo del fondeo que las entidades financieras tendrán que cobrarle al que tome sus créditos.

Lo malo es que un costo de intermediación financiera alto implica tasas más altas para los tomadores, desincentivándolos a endeudarse. Por ende, los bancos no necesitan tomar tantos ahorros y bajan las tasas de interés a los depositantes, desalentándolos a colocar sus ahorros en el sistema financiero. Esto es malo, porque hace que haya menos recursos para que se transforme en crédito. De hecho, es lo que estamos viendo; ya que, a pesar de haberse superado satisfactoriamente la incertidumbre electoral, los depósitos están aumentando muy lentamente. Hoy las tasas que se pagan son negativas, si se las compara con la inflación esperada.

Lamentablemente, dichas medidas han provocado tasas tan altas que aumentaron la mora de los bancos y gestaron una menor disponibilidad de crédito para el sector privado. Esto complota contra la velocidad de recuperación de la economía, que todos estamos deseando sea rápida. Cabe reconocer que el BCRA ha ido bajando los encajes y los mínimos diarios de integración diaria. Solo sugiero que sea una prioridad aprovechar el aumento de la demanda de pesos para volver, cuanto antes, a la situación previa a las medidas de emergencia del segundo semestre de 2025. Seguramente, eso implicará que inicialmente le quede al BCRA poco margen de emisión para comprar divisas propias. Sin embargo, cuanto mayor sea el ritmo de reactivación y de mejora del bienestar de la gente, más se recuperará su demanda de moneda local para atesorar. Entonces, podrá comprar más reservas para sí que si se mantienen los comentados factores desaceleradores de la recuperación del crédito interno y de la economía.

El autor es economista y director de la Fundación “Libertad y Progreso”