INTERNACIONAL
Dos hermanos reciben 15 años de cárcel por delitos contra menores en Panamá

La Justicia panameña dictó nuevas condenas en distintos casos penales que incluyen delitos sexuales, homicidios, robo agravado y femicidio, tras procesos en los que el Ministerio Público logró sustentar con pruebas periciales, testimoniales y documentales la responsabilidad penal de los implicados.
Las decisiones se producen en medio de una agenda judicial activa que abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en diversas regiones del país.
En uno de los casos más graves, dos hombres que son hermanos fueron condenados a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual y privación de libertad, tras un juicio oral de tres días en el que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó evidencias contundentes.
Los hechos ocurrieron en 2024, en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, donde los condenados, mediante intimidación, abusaron de una menor de edad y además retuvieron contra su voluntad a dos menores dentro de una residencia.
Durante el proceso, el tribunal de juicio oral valoró pruebas materiales, documentales y testimoniales, lo que permitió emitir un fallo condenatorio contra ambos imputados.

La privación de libertad de las víctimas, sumada a la violencia ejercida, fue determinante para establecer la gravedad de la conducta penal. Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por sancionar delitos contra la integridad de menores, considerados de alta prioridad dentro del sistema judicial.
En otro proceso, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, logró una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre identificado como alias “Chombolín”, hallado culpable de homicidio doloso agravado.
El tribunal también impuso una pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la condena principal.
El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2023, en el corregimiento de Las Mañanitas, específicamente en el Sector 20, donde el sentenciado, en complicidad con un menor de edad, realizó disparos con arma de fuego contra la víctima, provocándole la muerte.
La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal mediante testimonios y peritajes, consolidando el caso ante el tribunal.
En una causa distinta, relacionada con delitos contra el patrimonio, la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una sentencia de 15 años de prisión para un hombre por robo agravado, en hechos ocurridos el 5 de junio de 2021 en el corregimiento de Betania.

El fallo se produjo luego de audiencias realizadas los días 19 y 25 de marzo de 2026, donde se expuso la teoría del caso y se presentaron múltiples elementos probatorios.
De acuerdo con la investigación, el condenado actuó junto a dos personas no identificadas, quienes ingresaron a una residencia en Villa Cáceres y, mediante amenaza con arma de fuego, despojaron a las víctimas de celulares y dinero en efectivo. Además de la pena principal, el tribunal impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por seis años, una vez cumplida la condena.
Finalmente, en la provincia de Darién, la Fiscalía Regional logró una condena de 30 años de prisión por el delito de femicidio, tras demostrar la culpabilidad de un hombre en perjuicio de su pareja sentimental.
El hecho ocurrió la noche del 16 de noviembre de 2024, en el distrito de Chepigana, donde el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.
En este caso, el Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas documentales, periciales y testimoniales, que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

La violencia de género y el vínculo entre víctima y victimario fueron elementos clave en la tipificación del delito como femicidio, uno de los crímenes más severamente sancionados por la legislación panameña.
A la fecha, se han registrado 158 homicidios en el país. Según las autoridades panameñas, 76% de esos casos guarda relación con estructuras vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales reflejan que la mayor cantidad de homicidios en 2026 se concentra en el distrito de Panamá, con 58 casos; seguido de San Miguelito, con 28; Colón, con 23; y Arraiján, con 13.
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El Gobierno de Guatemala recibe dos embarcaciones con etanol para probar la gasolina E10

Guatemala ya recibió dos embarcaciones con etanol para las pruebas técnicas de la gasolina E10, una mezcla de 10 % de biocombustible y 90 % de gasolina que el Gobierno prevé comenzar a comercializar el 21 de agosto tras completar mediciones, calibraciones y controles de calidad en toda la cadena de suministro.
El plan oficial fija una etapa técnica entre el 30 de junio y el 21 de agosto de 2026. En ese período, el Ministerio de Energía y Minas verificará almacenamiento, mezclas, trazabilidad, abastecimiento, monitoreo y funcionamiento coordinado de los sistemas antes de una operación estabilizada.
Durante una citación en el Congreso de la República, el Ministerio de Energía y Minas informó que el producto recién llegado servirá para pruebas previas a la comercialización. El subdirector de Comercialización de Hidrocarburos Guillermo Xoy explicó que ese etanol permitirá realizar mediciones, calibraciones y comprobar el funcionamiento de los equipos que harán la mezcla en las terminales de despacho.
Xoy también indicó que actualmente no existen despachos de gasolina con etanol. La distribución solo podrá comenzar cuando se superen las pruebas de laboratorio.

El punto central del programa es que la gasolina E10 combina 90 % de gasolina y 10 % de etanol. La implementación fue presentada el 4 de junio por el viceministro del Área Energética Luis Mérida como parte del proceso de modernización de los combustibles en el país.
El Ministerio de Energía y Minas reformó el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante para habilitar una etapa técnica de acondicionamiento antes de la implementación en estaciones de servicio. Según la cartera, ese cambio no modifica la fecha de inicio del procedimiento de seguridad de suministro, que sigue fijada para el 30 de junio de 2026.
De acuerdo con el ministerio, la modificación debe publicarse en el Diario de Centro América y abre formalmente el período técnico que va del 30 de junio al 21 de agosto de 2026. Mérida sostuvo que la reforma busca “flexibilizar la norma técnica para la implementación del etanol en las gasolinas”.
El viceministro rechazó que la reforma implique una postergación del programa. En la conferencia del 4 de junio afirmó: “No se detiene ni se pospone”, y agregó que desde el 30 de junio comenzará la operativización de la mezcla con todos los actores de la cadena para comprobar que cada etapa funcione y garantice la calidad del suministro al consumidor final.
Según el reglamento citado por el ministerio, el artículo 21 regula tanto el porcentaje de mezcla como la seguridad del suministro. Esa disposición establece que el MEM definirá cada año el porcentaje aplicable con base en criterios técnicos y económicos evaluados por la dirección competente.
Mérida explicó que las empresas importadoras realizaron inversiones para adecuar su infraestructura a la nueva mezcla. Los trabajos incluyeron ampliación de capacidad de almacenamiento, instalación de equipos especializados y actualización de sistemas informáticos para ejecutar las calibraciones necesarias en la distribución.
Según el funcionario, las autoridades supervisaron esos avances y consideran que los preparativos están en una fase avanzada. Añadió que el proceso también involucró a distribuidores y propietarios de estaciones de servicio, que deben verificar el estado de sus tanques de almacenamiento para recibir y comercializar la nueva gasolina.
El ministerio reiteró que supervisará la cadena de comercialización desde el ingreso del biocombustible hasta su distribución final. El objetivo, según la cartera, es garantizar que el producto llegue a los consumidores con las especificaciones técnicas establecidas.
La discusión también llegó a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso, presidida por el diputado Randy Coc, que convocó una citación para conocer los posibles efectos de la implementación del combustible E10 en el parque vehicular de Guatemala. En la actividad participaron autoridades del MEM, del MARN y representantes de la Asociación de Importadores de Motocicletas.
El presidente de esa asociación, William Portillo, pidió que la implementación del E10 no sea obligatoria. Sostuvo que, aunque las motocicletas pueden operar con este combustible, su uso continuo podría reducir la vida útil de los motores, y advirtió que la falta de pruebas específicas para las condiciones del país podría derivar en daños mecánicos en un corto plazo.
Frente a esos señalamientos, Mérida afirmó que la cartera trabaja para garantizar la calidad del etanol y de las mezclas que se distribuirán en el país. El viceministro del MARN Edwin Castellanos añadió que el uso del etanol reduce emisiones de gases contaminantes y disminuye la presencia de compuestos tóxicos con potencial cancerígeno para la población.
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