Pocas horas después de que el presidente Rodrigo Paz llamara una vez más al diálogo para bajar la tensión y frenar las protestas que desde hace tres semanas acorralan al gobierno y sobre todo a la población de varias ciudades de Bolivia, un grupo de manifestantes volvió a marchar al centro de La Paz, donde la policía los dispersó con gases lacrimógenos, en una nueva batalla similar a la que ya se vivió aquí varios días la semana pasada.

En el día 25 de movilizaciones, sectores campesinos y sindicales marcharon desde la vecina ciudad de El Alto hacia el centro de La Paz, pese al gigantesco cordón policial que impedía el paso alrededor de las sedes del Ejecutivo y del Legislativo, para exigir la renuncia del presidente.

Mientras gran parte del país pide al gobierno que busque una solución pacífica a la crisis política y social, otra vez las cuadras que rodean la histórica Plaza Murillo y la sede del Gobierno volvieron a ser por un rato escenario de guerra.

Mineros, campesinos y trabajadores de fábrica, muchos de ellos liderados por la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), comenzaron a partir de las 9 de mañana desde El Alto, a unos 20 kilómetros de La Paz, desafiando los pedidos del gobierno de desescalar el conflicto que ya genera un enorme malestar en gran parte de la población que sufre la escasez de bienes esenciales debido a los cortes de ruta.

Con banderas de Bolivia y la Whipala tradicional de los pueblos originarios, los manifestantes -los mismos que desde comienzos de mayo bloquean el camino desde El Alto e impiden el paso de camiones con combustible, alimentos y oxígeno para los hospitales- desfilaron por calles y avenidas de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Aunque la marcha estaba anunciada desde el fin de semana, muchos aquí confiaban en que las protestas comenzarían a debilitarse, en medio de la mesa de diálogo que estableció el presidente de centro Rodrigo Paz con distintas organizaciones campesinas y de trabajadores. Pero los grupos más combativos no parecen dispuestos a ceder.

«¿Qué queremos? !Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!», gritaban los manifestantes, que detonaron petardos mientras bajaban hacia La Paz. Cuando quisieron llegar hasta la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio Quemado, antigua sede de la presidencia, chocaron con el cerco policial. La batalla se extendió a lo largo de varias cuadras.

Poco antes, la policía había cortado el tránsito en un amplio perímetro desde la Avenida 16 de Julio (El Prado como lo llaman aquí), y cientos de personas se alejaban de la zona, en una escena casi calcada de las que se vivieron aquí desde el lunes pasado, cuando la violencia se desmadró y generó gran alarma no sólo en Bolivia sino a nivel regional.

Los enfrentamientos, como el viernes pasado en el mismo lugar, duraron poco más de una hora. Luego de las corridas y las detonaciones que se oían a varias cuadras de distancia, el centro de la ciudad parecía volver a vaciarse. Pero en todas las avenidas se nota una fuerte presencia policial.

En un acto en la ciudad de Sucre, que este lunes 25 de Mayo celebraba una fecha histórica, el presidente, que lleva apenas seis meses en el poder, volvió a tender la mano a los grupos más moderados que le exigen que cumpla con sus promesas de campaña.

Después de un fin de semana de herméticas reuniones con organizaciones sociales, con la mediación de la Iglesia Católica, Paz insistió en dialogar con los sectores movilizados para buscar una salida al conflicto. Especialmente, para que levanten los piquetes. El operativo militar y policial enviado el sábado para liberar las rutas terminó en enfrentamientos y fracaso.

Paz dijo que Bolivia «no necesita el conflicto» y que hay que dialogar, «pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina», problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz.

«No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados», agregó en su discurso en Sucre, a primera hora de la mañana, antes de los enfrentamientos del mediodía en La Paz.

La ola de protestas se desató a comienzos de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de rutas que ya son más de 50 en distintos puntos del país, en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la política económica de Paz, que acusan de neoliberal.

Los bloqueos provocaron un grave desabastecimiento de combustibles, que este lunes era bien claro en La Paz: no sólo siguen las largas filas en las estaciones de servicio -muchas están directamente cerradas porque no tienen nafta ni diésel- sino que circulan muchos menos transportes. Además, durante días fue una odisea conseguir pollo, carne, huevos y algunos vegetales.

Poco a poco los alimentos comenzaron a llegar, aunque en cantidades menores a las habituales, lo que ha disparado los precios. Consumidores y comerciantes se quejan desde hace días y reclaman al gobierno una solución, porque están causando graves daños a los pequeños y medianos vendedores, además de los problemas para las familias.

El oxígeno medicinal que empezaba a escasear en los hospitales poco a poco está llegando y ha bajado un poco la preocupación. Pero lo que siente aquí en las calles, en los medios y entre diferentes analistas políticos con los que conversó Clarín, es el hartazgo con esta situación y un creciente malestar con un gobierno al que se percibe débil.

Desde varios sectores de la derecha reclaman al presidente que decrete un estado de excepción, pero el gobierno se niega por temor a atizar aún más el fuego.

«Este gobierno ha cometido muchas fallas desde que asumió. No ha habido suficiente transparencia sobre sus planes. La gente se aguantó la quita de los subsidios a los combustibles, y el aumento de los precios a más del doble. Pero luego esa venta de gasolina sucia fue terrible», señaló a esta enviada el sociólogo y analista político Ricardo Paz Ballivian.

Se refería a la distribución por parte del Estado de un combustible de mala calidad -o contaminado, según se está investigando- que destruyó los motores de cientos de vehículos, en particular las camionetas de transporte público.

Eso desató la furia de muchos trabajadores. «Y las reivindicaciones legítimas se han encontrado con sectores políticos sediciosos, que han alimentado este fuego. Son minorías con una gran capacidad de violencia», agregó el analista.

¿Cómo se sale de esta encrucijada? «Es posible que el gobierno tenga que hacer muchas concesiones y que salga muy debilitado», interpretó Paz Ballivian.

alistas, políticos y ciudadanos de a pie apuestan a que las protestas vayan bajando su intensidad. Pero no resultará sencillo apaciguar en el corto plazo la furia contenida.