El presidente Javier Milei anunció formalmente este jueves a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía. El Presidente también anunció otra iniciativa, denominada “Grillete Fiscal”, que “apagará” (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, y adelantó reformas estructurales en el mercado de capitales y el régimen de seguros.

Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Infobae, todas estas iniciativas ingresarán al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo ya planea una o dos sesiones durante el mes de agosto en las que se tratarán la ampliación de la Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que enfrenta un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados a apoyar la ley que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros.

En tanto que el flamante proyecto de Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y los seguros quedarán para “más adelante”. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectadas”, explicó Milei durante la cadena nacional.

“Pueden ser dos sesiones, el 19 y el 26 de agosto, o una mega sesión, pero todo va a depender de lo que pase la semana que viene en el Senado (el jueves se debatirá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada)”, explicaron desde bloque oficialista en Diputados. De hecho, este martes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con jefes de bloques dialoguistas para negociar el cronograma legislativo y también para abrir el juego a que los aliados incluyan proyectos propios en las próximas sesiones.

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, dijo Milei para defender su proyecto.

En principio, la idea de dotar al Banco Central de una mayor autonomía goza de cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitará la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica han presentado proyectos en el pasado, durante gobiernos peronistas, para ponerle un límite a la financiación del Tesoro vía emisión monetaria (algunos todavía tienen estado parlamentario).

“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Sin embargo, todos los consultados por este medio aclararon que primero debían leer la letra chica del proyecto y hasta adelantaron algunas críticas en base al discurso de Milei. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”, el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC. Según explicó el propio Milei, se necesitarán dos tercios del Senado y de Diputados para el desplazamiento del presidente de la entidad y de los miembros del directorio, lo cual tornará extremadamente difícil su remoción tras un cambio de gobierno. No obstante, el Gobierno actual no tuvo que reunir ese amplio consenso político para designar a Santiago Bausili.

“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, argumentó el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Por otro lado, propuso completar la reforma de Milei con otras iniciativas: “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122. De lo contrario, cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque Provincias Unidas señalaron que es probable que la iniciativa del Gobierno tenga un apoyo mayoritario. Aunque en el ecléctico bloque donde pisan fuertes los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también aclararon que esperarán a conocer la letra chica del borrador.

Con esta base de apoyos, si el oficialismo logra sostener su alianza estratégica con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Neuquén, o con al menos la mitad de ellos, tendrá el camino despejado para la media sanción en Diputados.

El Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país y habilitar la expulsión de extranjeros que promuevan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra la Argentina.

Rápidamente, la medida presentada como respuesta a una supuesta “campaña anti-Argentina” despertó cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sobre la potestad del Presidente para modificar una ley a través de un DNU.

En dialogó con TN, Diego Armesto, abogado constitucionalista, aseguró que la medida es inconstitucional, ya que “el Decreto de Necesidad y Urgencia debe reunir los requisitos establecidos por la Corte Suprema, que son dos: que el Congreso no pueda reunirse y que la necesidad y urgencia sea tal que no pueda utilizarse el proceso de formación y sanción de la ley”.

“Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si estas circunstancias, ¿se dan en este caso? No“, agregó el profesional.

El debate por los “mensajes de odio”

Sobre el punto que habilita la expulsión o la restricción del acceso al país por un “mensaje de odio”, Armesto explicó la dificultad de determinar cuál sería un mensaje de este tipo: “Lo que pasa es que, al no existir un procedimiento establecido dentro del decreto para poder encuadrarlos; solo hay una palabra: odio. Es decir, a vos no te identifica la acción por la cual vos podés tachar que existe odio, entonces te desconfigura la acción y, principalmente, te desconfigura el verbo, porque el verbo es odiar. Entonces, yo tengo que aplicar el diccionario y tratar de encontrar qué quiere decir y qué es odio”.

“Entonces, ¿qué acción encuadra dentro de esa definición? ¿Quemar una camiseta de Messi, gritar en contra de Argentina? Bueno, ese es un problema grave que tiene y adolece el decreto”, reiteró Armesto.

En esa línea, el abogado constitucionalista Mariano Bär agregó que esa falta de definición choca con otras leyes: “Cuando está en juego la libertad de expresión, siempre se entra en tensión con otros derechos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo el ejercicio de la libertad de expresión donde yo puedo decir cualquier cosa de la política pública o de temas de agenda pública, respecto de personas particulares donde el escrutinio es más estricto”.

En esa línea, el letrado agregó que “sí hay una diferencia en que uno pueda tender a decir barbaridades de, por ejemplo, los políticos, sin que eso traiga una sanción aparejada. Eso es lo que entra en tensión. Pero, igual, habría que ver qué sería discursos de odio contra el pueblo argentino”.

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Ambos expertos coincidieron en la falta de precisiones sobre cómo se cumpliría la norma. “No sé. Por ejemplo, no sé si será la persona que te recibe en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en migraciones, van a resolver un reglamento de migraciones. La verdad, la norma no termina de resolver cómo se va a aplicar esto del odio. Esto es un un signo de interrogación”, dijo Armesto.

“Es un tema delicado de cómo se va a determinar que es un discurso de odio. Y si, por supuesto que choca con el derecho a expresarse libremente que tenemos todos en en el país. ¿Y cómo garantizar el cumplimiento? No lo sé. A través de de migraciones, pero no hay especificaciones», añadió Bär al respecto.

El abogado constitucionalista Félix Lonigro cuestionó el instrumento elegido por el Gobierno para modificar la legislación migratoria.

“Lo que es muy cuestionable es el instrumento. El Presidente, para poder meter mano en esta materia, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan enviar un proyecto de ley al Congreso y esperar su sanción. El Presidente no quiere esperar todo eso y entonces ejerce la facultad legislativa. Eso es inconstitucional por ausencia de circunstancias excepcionales“, afirmó en declaraciones a Clarín.

No obstante, Lonigro diferenció el mecanismo utilizado del contenido de la norma. A su entender, la incorporación de una causal para revocar la residencia de extranjeros que agredan al pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios resulta, en términos generales, “lógica” y “adecuada“.

Sin embargo, advirtió que la aplicación de esa sanción plantea otro problema constitucional, ya que la decisión queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo que depende del Poder Ejecutivo.

“Debería ser un juez quien evalúe si se produjo esa ofensa antiargentina o no“, sostuvo el constitucionalista. En ese sentido, consideró que una medida de esa naturaleza requiere control judicial para garantizar el debido proceso.

Javier Milei, Migraciones, Gobierno

La cordobesa Natalia de la Sota se está moviendo en clave electoral y nacional. Sus apariciones, cada vez más frecuentes, con dirigentes de renombre de la oposición, están asociadas a su voluntad de acercarse a la estructura nacional del peronismo. Un armado que hoy se identifica con el sello de Fuerza Patria, aunque la marca, después de tantas internas, ya haya quedado un poco obsoleta.

Ayer a la mañana la legisladora nacional sumó un nuevo encuentro que visibiliza sus intenciones y su voluntad de cara al 2027. Se reunió con el intendente de La Plata y hombre importante en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Julio Alak. La conversación se dio en el municipio y sirvió para que ambos adviertan que el camino político que quieren seguir está emparentado. Un futuro juntos. Ese es el anhelo.

De la Sota quiere ser parte de un proyecto nacional del peronismo el año que viene. Por eso se lanzó a recorrer distintas provincias del país y trabaja para acercar posiciones con dirigentes del mismo campo político. La idea de jugar por la gobernación de Córdoba está latente, pero es un plan B dentro de su hoja de ruta. Trabaja para jugar en la liga mayor y en consonancia con la mayoría de las vertientes del peronismo.

Pocas semanas atrás se reunió en Córdoba con Juan Manuel Olmos, que forma parte de la mesa chica PJ Federal, y en la Ciudad de Buenos Aires con Leandro Santoro, que fue el último candidato de peronismo en territorio porteño y que está asociado al esquema del titular de la Auditoria General de la Nación (AGN) en el mismo lugar.

Alak está al lado de Axel Kicillof y promociona su candidatura a presidente. Y, además, es uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre con historia en el peronismo y con buena relación con las distintas terminales del espacio. Incluso con las que están enfrentadas, como es el caso del kicillofismo y el cristinismo.

La llegada de De la Sota a esos dirigentes tiene que ver con su voluntad de pensar en un 2027 en unidad con la mayor parte de las vertientes justicialistas. La legisladora entiende que debe haber una “nueva síntesis” en el espacio y que la dirigencia tiene que dar la discusión para modernizar las propuestas políticas, económicas y sociales del PJ. Ese es un trabajo que se va haciendo en el camino hasta la elección, motivo por el que los márgenes se acortan.

Además, considera que la interna bonaerense está limitando el accionar y el crecimiento del peronismo en todo el país. Es decir, que funciona como una suerte de dique para un armado federal. Los temas que impulsan dirigentes de las provincias como Sergio Uñac o los que integran el PJ Federal se chocan con una pared cuando la agenda nacional es invadida por la guerrilla del kirchnerismo en el conurbano.

Para los meses que vienen la diputada cordobesa tiene en agenda dos visitas. Una es al interior de Santa Fe y la otra es a una provincia de la Patagonia. Pueden incorporarse más paradas porque la vocación es subir el perfil, consolidar un discurso y mostrarse como una opción hacia adentro y hacia afuera del esquema justicialista. Tiene que ser una cara conocida para el votante.

La cordobesa va a todos lados va acompañada de dos laderos: el legislador provincial y pareja De la Sota, Bernardo Knipscheer y el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez. Son los nombres que expanden las gestiones políticas y aceitan el trabajo de relaciones diario.

En el 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández era un hervidero y se definían las listas para la elección, Sergio Massa propuso que De la Sota sea su candidata a vicepresidenta. No tuvo consenso interno y su intención se diluyó cuando el entonces presidente pidió por Agustín Rossi, que ocupaba la Jefatura de Gabinete. A partir de ahí su nombre se asoció y se empezó a acercar a la estructura del peronismo nacional.

De la Sota va a poner sobre la mesa los casi nueve puntos que sacó en Córdoba en la elección legislativa del año pasado como un capital importante para la propuesta justicialista del 2027. La provincia que conduce Martín Llaryora ha sido esquiva para el peronismo nacional en los últimos comicios. Y cualquier opción que quiera ser competiviva el año que viene tiene que tener un anclaje legítimo y medianamente voluminoso en el segundo distitro electoral más importante del país.

El gobernador cordobés muy probablemente desdoble la elección provincial y ponga el foco exclusivamente en esos comicios. Llaryora busca su reelección y, por ahora, se muestra ajeno a cualquier armado nacional. Incluso, tiene diálogos abiertos con la Casa Rosada que le ponen un signo de interrogación a su jugada política electoral del año que viene.

En ese campo minado, De la Sota tiene capacidad de construir su perfil, con las limitaciones que le impone el poder del peronismo cordobés en una provincia donde ese espacio tiene una gran legitimidad. También tiene el margen de aglutinar una parte importante del voto kirchnerista, que siempre ronda los cinco puntos, y de absorber, por el costado ciego, a los desencantados de un proceso político que lleva más de dos décadas al frente a la provincia y casi el mismo tiempo distanciado del peronismo nacional.

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