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El Gobierno puso en marcha un plan de retiro voluntario para los trabajadores del INTA

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En el marco del proceso de ajuste dentro de la planta del Estado nacional, el Gobierno activó un nuevo plan de retiro voluntario en otro organismo de la estructura adminsitrativa. Anteriormente, el Ejecutivo uso en marcha un proceso similar para los trabajadores de la ANSES.

Esta madrugada, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó por resolución el Sistema de Retiro Voluntario para el personal durante el ejercicio 2026.

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Según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina, la medida comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes. De igual forma, aclararon que podría prórrogarse de manera única por 15 días más, si así lo solicita el propio consejo.

Este regimen responde a la definición establecida en el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (homologado por el Decreto Nº 214/06) que reconoce el retiro voluntario como causal explícita de terminación del vínculo de empleo para el personal comprendido en la Ley Nº 25.164. En la propuesta aprobada, solo podrán optar quienes pertenezcan a la planta permanente, según detalla la resolución firmada por Nicolás Bronzovich el 7 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial.

El cálculo económico que sustenta la iniciativa contempla los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. Es decir que, el monto indemnizatorio se determinará en función de la antigüedad y salario actualizado. “El incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026“, explicaron. El dato corresponde a la última estimación informada por la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración del INTA.

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El Gobierno ya había intentado disolver el INTA, pero no logró los acuerdos necesarios (INTA)

En línea con lo dispuesto, la Dirección General de Administración será la encargada de emitir actos resolutivos sobre las solicitudes presentadas por quienes deseen adherirse al sistema, en cumplimiento de la normativa que rige el régimen y de los procedimientos internos del organismo.

En el dictamen, además de la Dirección General de Administración, colaboraron la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Oficina Nacional de Empleo Público, ambas dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ninguno de estos organismos formuló objeciones al plan, según la documentación oficial reseñada en los considerandos publicados el 7 de mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina.

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Quiénes quedan excluidos

El régimen excluye a siete categorías de agentes. Quedan fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes revistan condición de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por motivos laborales, con excepción de las causas regidas por la Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo.

También están excluidos los agentes convocados como imputados o sumariados en procedimientos disciplinarios por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración, así como quienes estén sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial. Completan la lista quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o equivalentes, y quienes hubieran presentado renuncia con anterioridad.

Cálculo de la gratificación y topes según la edad del agente

El régimen de retiro voluntario del INTA otorga a quienes accedan una gratificación única extraordinaria de egreso calculada a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio —o fracción superior a tres meses— computado al 31 de mayo de 2026. Solo se contabilizan los años prestados como personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional conforme al artículo 8° de la Ley N° 25.164; quedan excluidos los períodos como becario, personal transitorio, contratado o no permanente, así como los servicios ya indemnizados por retiros voluntarios anteriores.

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El monto varía según la edad del agente. Hasta los 60 años se aplica la fórmula base sin restricción. Entre los 61 y los 63 años rige un tope de 24 haberes brutos; a partir de los 64, ese tope se reduce a 12 haberes brutos.

La base de cálculo comprende únicamente los conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes percibidos a esa fecha. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, los viáticos, la movilidad fija, la ayuda escolar, los reintegros de guardería y el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para los agentes en licencia extraordinaria sin goce de haberes, la base se determina sobre la última remuneración percibida antes del inicio de esa licencia, con las actualizaciones que correspondan al cargo. El pago se efectúa en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese.

Beneficios que se mantendrán tras la salida

La aprobación del retiro produce el cese de la relación de empleo público a partir del 15 de junio de 2026, en los términos del artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Hasta esa fecha, el agente debe continuar prestando servicios con normalidad.

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Quienes accedan al retiro quedan inhabilitados para reincorporarse al Sector Público Nacional —bajo cualquier modalidad de empleo, contratación o designación— por un plazo de cinco años desde la fecha de baja. La prohibición alcanza cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, funciones extraescalafonarias, asesorías de gabinete y contrataciones en programas financiados por organismos internacionales. El único supuesto exceptuado expresamente es el desempeño de cargos docentes en universidades nacionales.

El documento prevé dos beneficios que se extienden más allá del cese. Los hijos en edad preescolar que asistan a los servicios de guardería y jardín maternal del INTA —como el Área de Recreación y Cuidado Infantil (ACRI)— conservarán el acceso a esos establecimientos hasta el fin del ciclo lectivo 2026, aunque sin incluir reintegros de gastos posteriores a la fecha de baja. Además, los agentes quedan eximidos del deber de permanencia y de la obligación de devolver las sumas percibidas en el marco de los programas de perfeccionamiento y ayuda económica aprobados por las Resoluciones N° 743/12 y N° 251/19 del Consejo Directivo.

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Un senador peronista de Entre Ríos propuso crear un programa oficial para registrar ovnis

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“Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”, expresó el legislador entrerriano, Víctor Sanzberro, en la fundamentación de su propuesta legislativa para el avistamiento de ovnis.

La idea es que el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA) pueda “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Su implementación “se realizará optimizando los recursos existentes, sin que implique la creación de estructuras burocráticas gravosas”, agregó.

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Luego, señaló: “Entre Ríos posee una geografía particular con vastas extensiones de cielo y agua” que comprende los ríos Paraná y su delta y el Uruguay. Por ello “resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización”, argumentó.

Víctor Sanzberro propone la creación del Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (Instagram)

El articulado de la iniciativa contempla que la estructura estatal a crear “implementará un sistema digital y telefónico de recepción de denuncias que garantice la estricta confidencialidad y reserva de identidad de los informantes (pilotos, controladores, fuerzas de seguridad, navegantes y ciudadanos) para evitar cualquier estigma o perjuicio profesional”.

El programa tendrá una persona responsable designada por el Poder Ejecutivo. Estará acompañada por un consejo consultivo ad honoren integrado por siete personas.

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Los consejeros tendrán que reunir ciertas características. Deberán ser “investigadores con trayectoria reconocida en el estudio de estos fenómenos”. Los entrerrianos tendrán prioridad. Además, tendrá que sumarse a “representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática” y “expertos en aviación, seguridad aeroportuaria o náutica”. Su misión será la de “auditar los casos, otorgar rigor científico y asesorar técnicamente

Victoria, ciudad ufóloga

El senador representa al Departamento Victoria. La ciudad cabecera lleva el mismo nombre. Y es reconocida en el plano nacional e internacional por la comunidad de ufólogos y entusiastas.

La creencia es que la zona es un punto de atracción para naves del espacio exterior y habitantes de otros lugares del cosmos. Por eso Sanzberro propuso que sea sede del programa provincial.

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La localidad ya tiene un museo del ovni. Es parte del recorrido turístico. Sanzberro es consciente del lugar que ocupa su ciudad y lo destacó en su proyecto. “Victoria ya es un referente gracias al trabajo serio y sostenido de Silvia y Andrea Pérez Simondini junto al equipo de Visión OVNI”, señaló.

La ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, con sus grandes extensiones de agua y cielo abierto, ideal para eventuales avistamientos

En este marco, agregó, “cabe destacar la labor de CEFORA (Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina), organización que ha liderado la desclasificación de documentos oficiales mediante la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública”.

Este proceso “ha dado lugar a la creación de ALAS (América Latina para Aeroespacios Seguros), presidida por el piloto en actividad Pablo Ducau, aportando una perspectiva técnica esencial sobre la seguridad en la navegación aérea”, detalló.

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Luego, el legislador citó: “El contexto internacional nos marca el camino. El pasado 8 de mayo de 2026, el Gobierno de los Estados Unidos inició una desclasificación histórica de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). Países como Brasil, Chile y Uruguay ya cuentan con programas oficiales de seguimiento”.

En ese contexto “Entre Ríos tiene la oportunidad de ser vanguardia nacional en esta materia”, se entusiasmó.

El proyecto de Sanzberro quedó registrado con el número 15.702. Tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles 27. Fue remitido a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. El comité lo preside otro peronista: el médico Martín Oliva.

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El Consejo de la Magistratura dejó a un paso del juicio político al juez Gastón Salmain

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El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por corrupción judicial y acusado de haber ocultado que había sido echado del Poder Judicial en 2002 como empleado por ofrecer una coima, quedó a un paso del juicio político, luego de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara por unanimidad el dictamen que propone su jury. Ahora, la decisión deberá ser ratificada por el plenario del organismo.

El Consejo de la Magistratura, cuando se reunió para debatir el reglamento de selección de jueces

La decisión se tomó por unanimidad en la comisión de Acusación, con el voto de su titular, Alberto Maques, junto al senador Luis Juez, los diputados Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade y el abogado Cesar Grau.

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En la misma reunión, la comisión también votó por citar a una suerte de indagatoria (a tenor del artículo 20 del reglamento interno) al juez en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, acusado de acoso sexual y maltrato a empleados. El kirchnerismo fracasó en su intento por acusarlo también por censura previa al frenar a través de un fallo audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario Gastón Salmain, se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Está acusado en una causa en la que, junto al financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, se le imputa manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, a cambio de una coima de 200.000 dólares.

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Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. La semana pasada, Salmain se presentó en el Consejo de la Magistratura para dar su versión de los hechos.

“El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por mantener el salario y su cargo que defender su honor” dijo Luis Juez, luego de que fracasara un intento de la defensa del magistrado por apartarlo.

Y agregó: “No lo puedo creer. Lo escuché como abogado penal después de oir dura 40 años testimonios de delincuentes. Y dije: este hombre no puede ser juez federal”.

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“Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario para ponerlo en este aprieto judicial… Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios o picardías”, explicó el senador.

Tailhade pidió la palabra para acompañar el dictamen. “Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, una situación inverosímil”, subrayó.

Pero aclaró que su bloque no compartía el dictamen del juez por el segundo hecho: haber ocultado cuando concursó para juez federal que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por orden de la Corte Suprema y tras una causa penal.

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Según se determinó allí, Salmain -empleado de la seguridad social- le ofreció una coima a una empleada de la Cámara del fuero para manipular un sorteo y que una causa quedara bajo su órbita.

En su defensa, Salmain explicó que no estaba obligado a reportar ese antecedente porque había ocurrido hacía más de 10 años y que nadie le había preguntado.

A su turno, González comparó el caso con el del juez Marcelo Bailaque, otro magistrado federal de Rosario que está procesado también por hechos graves y que renunció cuando el Consejo de la Magistratura votó su juicio político.

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“En la comisión no juzgamos delitos, sino si un juez está en condiciones de tener un buen o mal desempeño… Si un juez que está procesado con prisión preventiva está en condiciones de ser juez”, señaló.

Todos los presentes votaron el inicio del procedimiento de remoción. Este dictamen será analizado en la próxima reunión del Plenario, donde se necesita el apoyo de dos tercios de los presentes para que un juez enfrente el jury.

Luego, la comisión resolvió citar por el artículo 20 al juez Maraniello, denunciado por sus empleados de abuso y maltrato.

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Pesa además en su contra la acusación de una joven que renunció tras relatar que sufrió abuso sexual.

Durante semanas, la comisión escuchó el testimonio de muchos de los denunciantes e incluso de los superiores del magistrado. En este caso, también el senador Juez fue el instructor del sumario, quien ratificó la gravedad de las acusaciones en su contra.

En la misma reunión, el diputado libertario Roca pidió desestimar las denuncias contra Maraniello que apuntaban al fallo que dictó para frenar la difusión de audios de Karina Milei.

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Tailhade recordó que el propio Roca había pedido en la última semana postergar una definición y ahora solicitaba el cierre, pero el diputado libertario afirmó que se trataba de una decisión judicial y por ello no se lo podía investigar.

“Somos militantes políticos, no nos asustamos de la defensa que deba hacer el consejero Roca. Acá se lo denunció por censura previa contra la prensa para no difundir audios de Karina Milei. Nosotros no tuvimos la suerte que tuvo la funcionaria en cuestión sobre los audios que se hizo sobre nuestra jefatura política… Tampoco se lo pedimos nuca a ningún juez. El objeto de la denuncia es censura previa y para nosotros tiene que investigarse”, dijo la kirchenrista Siley.

La propuesta de Tailhade, Grau y Siley perdió contra el voto de Roca, Juez, González y Maques.

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No obstante, eso no impidió votar por unanimidad la citación a Maraniello por las acusaciones hechas por sus empleados.




procesado por corrupción judicial,se presentó en el Consejo de la Magistratura,Hernán Cappiello,Consejo de la Magistratura,Conforme a,,Juicio. Quién es Eduardo Barcesat, el abogado acusado por Schoklender de integrar una “usina de denuncias contra Pro”,,Fútbol y política. El Gobierno quiere evitar que los ministros viajen al Mundial,,»En mora». El Gobierno apeló la cautelar para postergar las deudas con los prestadores de discapacidad de PAMI,Consejo de la Magistratura,,¡Los dólares o le corto un dedo! Trabajaban en el Consejo de la Magistratura e integraban una banda de secuestradores,,Qué dice el texto. El Consejo de la Magistratura avanza con un nuevo Código de Ética para los jueces,,Clave en los casos de corrupción. El Gobierno logró avanzar en el concurso para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal

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Juicio por la causa Cuadernos: declaró nuevamente la exmujer de Centeno y volvieron a mostrar los bolsos donde recolectaban las coimas

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Hilda Horovitz, expareja del remisero Oscar Centeno, terminó este jueves su declaración en el juicio oral por la causa Cuadernos luego de casi nueve horas de exposición repartidas en dos audiencias en los tribunales federales de Comodoro Py.

Durante su testimonio volvió a apuntar contra el chofer del exfuncionario Roberto Baratta, aseguró que la utilizó “como testaferro” y respondió preguntas sobre sus contactos con otros protagonistas del expediente.

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La mujer ya había declarado durante seis horas el martes pasado, jornada en la que se descompensó mientras escuchaba audios enviados a Baratta y a Miriam Quiroga, exintegrante del área de Ceremonial de la Casa Rosada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por esa razón, el Tribunal Oral Federal 7 resolvió continuar la audiencia este jueves.

En el inicio de su declaración, Horovitz había ratificado que Centeno puso bienes a su nombre y relató conversaciones vinculadas al trabajo que realizaba para Baratta.

Según contó, en una oportunidad le explicó cómo acomodar dinero dentro de bolsos. Cuando le preguntaron cómo sabía eso el remisero, respondió: “Lo habrá visto”.

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También fueron exhibidos bolsos vacíos que, según declaró, Centeno llevaba a la vivienda que compartían en Olivos al regresar de sus jornadas laborales.

Hilda Horovitz y Oscar Centeno, en una imagen de archivo.

En la audiencia de este jueves, el tramo final del testimonio estuvo centrado en preguntas de los jueces del Tribunal Oral Federal 7. El magistrado Germán Castelli le consultó sobre el vínculo entre Centeno y Baratta y acerca de los contactos que ella había tenido con el exfuncionario.

“Contacto nunca tuve. Si lo saludaba, lo saludaba a Centeno. Nosotros nos sentábamos en una mesa y ellos por otro lado. Era en el parque, al aire libre”, respondió Horovitz al recordar un bautismo al que asistieron en la casa de Baratta. Además, afirmó que consideraba que ambos eran “muy amigos”.

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Luego intervino el juez Fernando Canero, quien le preguntó por las quejas que, según ella, Centeno hacía sobre las “migajas” que recibía de Baratta. La testigo sostuvo que esos comentarios aparecían cuando su entonces pareja “estaba picado” o llegaba “chinchudo” a la casa.

Consultada sobre qué reclamaba concretamente Centeno y por qué entendía que debía recibir más dinero, respondió: “Eso pregúntele a Centeno”. Ante la insistencia del magistrado, agregó: “Decía que lo llevaba a las cuevas o a hacer cosas. A veces decía: ‘Y a mí viene y me tira migajas’”. Sin embargo, aclaró que nunca le explicó con precisión qué tareas realizaba para el exfuncionario.

Horovitz también justificó los pedidos de dinero que le hacía a Centeno y explicó que, tras la difusión pública del caso, había quedado sin trabajo.

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“Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, declaró.

En otro tramo de su exposición volvió a acusar al remisero de haberla utilizado como “testaferro” y recordó episodios de violencia. “Yo tenía que hacer algo, no lo iba a dejar a él arriba de los laureles con todo. Me usó como testaferro, hizo todo lo que hizo después de que me cagó a trompadas, me insultó y me agredió”, sostuvo.

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Además contó que en 2017 le había anticipado a Claudio Uberti, entonces su jefe en un ministerio, que pensaba denunciar a Centeno en Comodoro Py. Según relató, Uberti le respondió que se preparara para las consecuencias y poco después perdió su empleo. Uberti es actualmente uno de los arrepentidos de la causa.

“Yo doy la cara, no voy por atrás y te clavo un puñal. Doy la cara, pongo todo al frente. Acá estoy”, afirmó la mujer de 58 años mientras Centeno, presente en la sala, la observaba y tomaba notas.

Durante la audiencia también se reprodujeron audios y fotografías enviadas por Horovitz a Baratta. Entre las imágenes apareció un bolso con un billete de cien dólares que ella misma reconoció como falso y fotos de banditas elásticas. “Se las mandaba a Roberto Baratta”, dijo ante preguntas de la fiscal Fabiana León. También se exhibieron imágenes del frente del barrio privado donde vivía el ex funcionario.

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Hilda Horovitz se descompensó durante su declaración. (Foto: captura Youtube PJN)
Hilda Horovitz se descompensó durante su declaración. (Foto: captura Youtube PJN)

El abogado José Manuel Ubeira le preguntó por la fotografía del billete y la testigo respondió: “Era trucho. Había conseguido ese dólar trucho y se lo mandé a Baratta”.

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando las defensas hicieron escuchar distintos audios. “Estoy muy nerviosa”, advirtió antes de que se reprodujera un mensaje en el que se la escuchaba decir: “No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda”.

Horovitz reconoció el audio y confirmó que hablaba de Centeno, aunque dijo no recordar a quién se lo había enviado.

También se reprodujeron mensajes dirigidos a Miriam Quiroga, en los que reclamaba la devolución de documentos vinculados a Centeno. “Tenían cosas de Centeno y eran míos, que yo le había sacado a Centeno. Nunca me los devolvieron”, declaró. Según relató, cuando Quiroga le comentó a Baratta que ella reclamaba esos papeles, el ex funcionario respondió: “Perdelos”.

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En otra grabación, Horovitz le agradecía a Quiroga una salida con cena incluida: “Muy rico todo, muy lindo todo”. La testigo dijo no recordar ese encuentro en particular. En otro audio consultaba si podía reunirse con Baratta. “Yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto”, explicó.

Quiroga, considerada una testigo importante dentro del juicio, presentó un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal 7 para justificar su imposibilidad de asistir a declarar por razones de salud. Los jueces todavía no resolvieron el planteo.

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El juicio oral por el caso Cuadernos comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual y pasó a una modalidad semipresencial el 17 de marzo, cuando declaró la expresidenta Cristina Kirchner, acusada como presunta jefa de asociación ilícita y por cohecho.

Hasta el momento ya fueron indagados los 86 acusados del proceso. Muchos de ellos, especialmente los imputados colaboradores, optaron por guardar silencio y hacer uso de su derecho a no declarar. Entre esos casos estuvieron el propio Centeno, el financista Ernesto Clarens y empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Varias defensas cuestionaron esa situación y sostuvieron que no pudieron contrastar las confesiones que comprometieron a sus clientes.

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