POLITICA
El Gobierno puso en marcha un plan de retiro voluntario para los trabajadores del INTA

En el marco del proceso de ajuste dentro de la planta del Estado nacional, el Gobierno activó un nuevo plan de retiro voluntario en otro organismo de la estructura adminsitrativa. Anteriormente, el Ejecutivo uso en marcha un proceso similar para los trabajadores de la ANSES.
Esta madrugada, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó por resolución el Sistema de Retiro Voluntario para el personal durante el ejercicio 2026.
Según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina, la medida comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes. De igual forma, aclararon que podría prórrogarse de manera única por 15 días más, si así lo solicita el propio consejo.
Este regimen responde a la definición establecida en el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (homologado por el Decreto Nº 214/06) que reconoce el retiro voluntario como causal explícita de terminación del vínculo de empleo para el personal comprendido en la Ley Nº 25.164. En la propuesta aprobada, solo podrán optar quienes pertenezcan a la planta permanente, según detalla la resolución firmada por Nicolás Bronzovich el 7 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial.
El cálculo económico que sustenta la iniciativa contempla los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. Es decir que, el monto indemnizatorio se determinará en función de la antigüedad y salario actualizado. “El incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026“, explicaron. El dato corresponde a la última estimación informada por la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración del INTA.

En línea con lo dispuesto, la Dirección General de Administración será la encargada de emitir actos resolutivos sobre las solicitudes presentadas por quienes deseen adherirse al sistema, en cumplimiento de la normativa que rige el régimen y de los procedimientos internos del organismo.
En el dictamen, además de la Dirección General de Administración, colaboraron la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Oficina Nacional de Empleo Público, ambas dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ninguno de estos organismos formuló objeciones al plan, según la documentación oficial reseñada en los considerandos publicados el 7 de mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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Quiénes quedan excluidos
El régimen excluye a siete categorías de agentes. Quedan fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes revistan condición de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por motivos laborales, con excepción de las causas regidas por la Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo.
También están excluidos los agentes convocados como imputados o sumariados en procedimientos disciplinarios por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración, así como quienes estén sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial. Completan la lista quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o equivalentes, y quienes hubieran presentado renuncia con anterioridad.
Cálculo de la gratificación y topes según la edad del agente
El régimen de retiro voluntario del INTA otorga a quienes accedan una gratificación única extraordinaria de egreso calculada a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio —o fracción superior a tres meses— computado al 31 de mayo de 2026. Solo se contabilizan los años prestados como personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional conforme al artículo 8° de la Ley N° 25.164; quedan excluidos los períodos como becario, personal transitorio, contratado o no permanente, así como los servicios ya indemnizados por retiros voluntarios anteriores.
El monto varía según la edad del agente. Hasta los 60 años se aplica la fórmula base sin restricción. Entre los 61 y los 63 años rige un tope de 24 haberes brutos; a partir de los 64, ese tope se reduce a 12 haberes brutos.
La base de cálculo comprende únicamente los conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes percibidos a esa fecha. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, los viáticos, la movilidad fija, la ayuda escolar, los reintegros de guardería y el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para los agentes en licencia extraordinaria sin goce de haberes, la base se determina sobre la última remuneración percibida antes del inicio de esa licencia, con las actualizaciones que correspondan al cargo. El pago se efectúa en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese.
Beneficios que se mantendrán tras la salida
La aprobación del retiro produce el cese de la relación de empleo público a partir del 15 de junio de 2026, en los términos del artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Hasta esa fecha, el agente debe continuar prestando servicios con normalidad.
Quienes accedan al retiro quedan inhabilitados para reincorporarse al Sector Público Nacional —bajo cualquier modalidad de empleo, contratación o designación— por un plazo de cinco años desde la fecha de baja. La prohibición alcanza cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, funciones extraescalafonarias, asesorías de gabinete y contrataciones en programas financiados por organismos internacionales. El único supuesto exceptuado expresamente es el desempeño de cargos docentes en universidades nacionales.
El documento prevé dos beneficios que se extienden más allá del cese. Los hijos en edad preescolar que asistan a los servicios de guardería y jardín maternal del INTA —como el Área de Recreación y Cuidado Infantil (ACRI)— conservarán el acceso a esos establecimientos hasta el fin del ciclo lectivo 2026, aunque sin incluir reintegros de gastos posteriores a la fecha de baja. Además, los agentes quedan eximidos del deber de permanencia y de la obligación de devolver las sumas percibidas en el marco de los programas de perfeccionamiento y ayuda económica aprobados por las Resoluciones N° 743/12 y N° 251/19 del Consejo Directivo.
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POLITICA
Jorge Macri y LLA buscan desregular las VTV en la Ciudad, un negocio que concentran empresarios bajo la mira judicial

La Libertad Avanza (LLA) y Pro empiezan a moverse en sintonía en la Legislatura porteña. Luego de que el bloque violeta acompañara la ampliación presupuestaria impulsada por Jorge Macri, ahora ambos partidos trabajan en conjunto para desregular el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad.
La Legislatura porteña tiene previsto tratar, este jueves, un proyecto presentado por LLA para ampliar los plazos de revisión de los vehículos particulares, liberar el esquema de precios y ampliar el rango de prestadores que pueden brindar este servicio. Hasta ahora, cuatro firmas, ligadas a empresarios apuntados en la investigación contra Jorge D’Onofrio por el presunto cobro de coimas en la provincia de Buenos Aires, monopolizaban el negocio.
“Desde LLA CABA presentamos un proyecto para que tengas la libertad de hacer la VTV en cualquier taller habilitado: cerca de tu casa, de forma simple, rápida y generando más trabajo. Hagamos que la ciudad avance a la velocidad de la Nación”, anunció Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario y alfil de Karina Milei en la ciudad.
La iniciativa pretende alinear a la Ciudad con la resolución que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el mes pasado para poner fin al monopolio de las plantas verificadoras. El objetivo es abrir el negocio a talleres privados que cuenten con equipamiento específico y acrediten capacidad técnica y personal calificado para realizar las inspecciones.
Actualmente, la Ciudad funciona bajo un esquema cerrado -con apenas siete sedes habilitadas para realizar la VTV- que controlan un reducido grupo de empresas. Según reconstruyó , son solo cuatro empresas las que que están autorizadas para realizar la revisión de vehículos particulares en el terruño de Jorge Macri.
Se trata, en todos los casos, de compañías que también ofrecen el mismo servicio en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof ya anticipó que no prevé avanzar con la desregulación que impulsan desde Casa Rosada. Algunos de sus directivos están siendo investigados en la causa contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por el direccionamiento de la licitación de las VTV en ese distrito.
El proyecto sobre las VTV que se debatirá en la Legislatura cuenta -según indicaron fuentes parlamentarias a – con el apoyo de LLA, el bloque oficialista Vamos por más (Pro y la Coalición Cívica) y la Unión Cívica Radical (UCR).
El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, en cambio, rechaza la iniciativa: se oponen a que cada proveedor determine el valor del servicio -sin precio máximo de referencia- y las dificultades que se generan para fiscalizar que la verificación esté correctamente hecha. “Si bien estamos de acuerdo con la desconcentración y la descentralización, el criterio de cercanía no puede ir en desmedro de garantizar la seguridad vial”, aseguraron en el bloque.
Las empresas detrás de las VTV
De las siete sedes habilitadas para realizar la VTV en la ciudad de Buenos Aires, cuatro se encuentran el barrio porteño de Barracas. Una de ellas está a cargo de la firma Werniger Sud SA, perteneciente al grupo TUV SUD Atisae. La empresa administra el taller oficial de Herrera 1995, en el barrio porteño de Barracas.
Según registros oficiales del 2023, la compañía está presidida por Germán Jorge Neuss, fundador de Neuss Capital. El empresario, al igual que sus hermanos Patricio y Juan Neuss, mantienen un estrecho vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Según el sitio web de Werniger SUD, la empresa también realiza revisiones en la provincia de Buenos Aires, donde cuenta con cuatro talleres autorizados en las localidades de Solano, Bernal, Berazategui y Avellaneda. Es decir, incluso si la Legislatura porteña avanzara con la desregulación en la capital federal, la firma aún conservaría su protagonismo en el negocio de las VTV bonaerenses.
Algo similar sucede con la compañía Applus Iteuve Argentina SA, que administra otras dos plantas verificadoras de Barracas: una en Vélez Sarsfield 566 y otra en Santa María del Buen Ayre 1001. En tanto, en el distrito que conduce Kicillof, y según datos de su página web, concentra bajo su órbita 19 centros que ofrecen este servicio.
Según registros oficiales, la firma está a cargo del empresario Aitor Retes Aguado. El empresario ejerce desde 2015 como vicepresidente de la Comisión Internacional de Inspección de Vehículos, una asociación internacional especializada en seguridad vial.
Según información del Gobierno de la Ciudad, las otras cuatro terminales de verificación habilitadas en la Capital Federal están en manos de SGS Argentina SA y VTV Metropolitana-VTV Norte. La primera gestiona los centros habilitados en Tronador 115 (Paternal) y Osvaldo Cruz 1711 (Barracas), mientras que la segunda gestiona las sedes de 27 de febrero 5483 (Pompeya) y Donado 973 (Villa Ortúzar).
Al igual que las otras dos firmas que tallan en el distrito de Pro, también están autorizadas a realizar las VTV en la provincia de Buenos Aires.
SGS Argentina está, hoy a cargo de Federico Schroer, pero hasta mediados del año pasado -según consigna en el perfil de Linkedin de sus autoridades- estuvo a cargo de Germán Leandro Rebolo. VTV Norte, por su lado, está a cargo del empresario Martín Hernán Serrano, quien también ejerce como presidente de la Cámara Argentina de Empresas Verificadoras de Automotores.
Tanto Neuss y Retes Aguado como Rebolo y Serrano quedaron bajo la lupa judicial luego de que se abriera una investigación contra el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio por el direccionamiento del servicio de VTV en la provincia de Buenos Aires.
La semana pasada, el fiscal Álvaro Garganta solicitó que se eleve a juicio la causa por corrupción que investiga al exfuncionario. En el documento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, el fiscal pidió la citación del exministro y los cuatro empresarios mencionados, investigados en calidad de “autores de cohecho activo y como partícipes necesarios de la negociación incompatible”.
acompañara la ampliación presupuestaria,@LLA_CABA,pic.twitter.com/vHYAeCQLvn,June 10, 2026,abrir el negocio a talleres privados,anticipó que no prevé avanzar con la desregulación,el sitio web de Werniger SUD,página web,registros oficiales,perfil de Linkedin de sus autoridades,solicitó que se eleve a juicio la causa,Abigail Contreiras Martínez,Jorge Macri,VTV,Legislatura Porteña,Conforme a,Jorge Macri,,»No te quiero ver más por acá”. Jorge Macri reforzó los controles policiales para impedir que los “trapitos” actúen en las calles,,LN+. Jorge Macri resaltó la «Operación Muro» y apuntó contra Kicillof: «Debería festejar los controles»,,»No vamos a pedir perdón». La ciudad blindó sus accesos con la provincia de Buenos Aires sobre la General Paz
POLITICA
La Justicia resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió este miércoles mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La decisión, a la que tuvo acceso TN, está firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, y se apoyó en los informes trimestrales de los organismos de control y ratificó la modalidad que la exmandataria cumple desde junio de 2025.
Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.
“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención», se lee en el fallo.
Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.
El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.
Según el documento, la expresidenta se ausentó para cumplir con sus turnos médicos en la Clínica Cecchi, por cuestiones odontológicas, y al Sanatorio Otamendi para realizarse chequeos luego de la operación su atravesó. Todas estas salidas, especificó la Justicia, fueron realizadas “sin inconvenientes y de acuerdo con las pautas establecidas”.
En cuanto al monitoreo electrónico, los informes señalaron que las únicas alertas registradas correspondieron a salidas autorizadas y que “no se haya visto interrumpido en momento alguno el control de su geolocalización”.
Además, se indicó que continúa con su tratamiento por la falta de glándula tiroides, recibió vacunas en el domicilio y mantiene la medicación diaria correspondiente.
El banderazo que generó una advertencia
La resolución también abordó el episodio del banderazo organizado por la militancia que generó una advertencia formal del juez. Giménez Uriburu reconoció que esa situación “justificó la advertencia formal impartida por el suscripto”, pero aclaró que, analizada junto con el resto de los antecedentes, “no posee entidad suficiente para alterar, por sí mismo, la conclusión a que conducen los informes producidos por los organismos de control”.
“Desde luego, la conclusión precedente no desconoce la relevancia del episodio acaecido el 14 de junio pasado ni minimiza los reparos que mereció la conducta entonces desplegada por la nombrada, circunstancias que motivaron la intimación oportunamente cursada”.
Pero este episodio, profundizó el magistrado, se trata de “una incidencia que merece ser considerada y tenida especialmente presente hacia el futuro, pero no alcanza a desvirtuar el cuadro general de cumplimiento”.
Leé también: Los aliados del Gobierno redoblan la presión en el Senado y piden la salida de Manuel Adorni
En este marco, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente con el deber de permanencia en el domicilio”, así como con las obligaciones vinculadas a su estado de salud, las visitas y el acceso a los espacios de la vivienda.
Por todo eso, el tribunal resolvió “mantener la modalidad de prisión domiciliaria para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta”.
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POLITICA
Tras un nuevo foco de conflicto, en el PJ exigen unidad pese a las diferencias para no dañar el armado opositor

“Lo que está pasando es increíble. Si nos llega a ganar Milei de nuevo, hay que cagar a palos a todos”, dijo, liberado de prejuicio y con fastidio contenido, un intendente peronismo del conurbano con larga trayectoria política. Coloquial y directo, expresó el hartazgo que muchos sienten sobre la interna bonaerense sin fin. Pero, sobre todo, dio cuenta de la necesidad de determinar con las tensiones permanentes que giran alrededor de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
El nuevo capítulo de la interna del PJ Bonaerense se generó por unas declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iáñez, que es cercana a Andrés “Cuervo” Larroque y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce el Gobernador. En el cristinismo molestó sobremanera que, durante un acto, dijera que “Cristina está jodiendo bastante las pelotas” y que “quiere ordenar desde un balcón”.
Lo tomaron con una falta de respeto a la ex presidenta. No solo desde lo político, sino también desde lo personal. Y lo linkearon con la decisión de Kicillof no visitar a CFK en San José 1111 durante los últimos nueve meses. Es parte de un conflicto en el que nadie el olvida ni perdona. Solo la necesidad de la unidad política puede dejar a un costado esos resquemores.
“Tenemos que ser más vivos. Dejar de decir cosas que generen conflictos y discutir cómo nos vamos a ordenar para el año que viene”, se sinceró un diputado provincial cercano a Kicillof. “Los pibes de La Cámpora están sobrevictimizando a CFK. No es la única presa de la historia del peronismo”, aclaró un funcionario del gobierno provincial con varios años de recorrido en el conurbano. Posturas sueltas que, cuando se amalgaman, dan cuenta de la actualidad del peronismo.

Dos de las caras más visibles que subieron a la nube de las redes la necesidad de la unidad para enfrentar a Javier Milei son los hermanos Malena y Sebastián Galmarini, ambos parte del Frente Renovador que conduce Sergio Massa, quien hace tiempo considera que, al final del camino, no existirá otra opción que no sea ordenarse.
“La unidad del campo nacional y popular es lo único que nos sacará de esta pesadilla. La unidad es la mayor esperanza de las y los argentinos que sufren. Unidad en la diversidad, trabajar sobre las coincidencias y respeto por las diferencias. “Para un peronista nos hay nada mejor que otro peronista”“, escribió la ex titular de Aysa.
Su hermano, actual diputado nacional, planteó: “Es un grave error no comprender la importancia de la unidad del peronismo para ganarle a Milei en 2027. Aún con los muchos matices que podamos tener, no vamos a responder pavadas, ni agresiones, pero alguien debería explicarle que estas cosas parecen direccionadas a ayudar al desgobierno que está destruyendo a los argentinos”.
La aparición del video de Berenice Iañez rompió una seguidilla de señales positivas que habían surgido en las últimas semanas respecto a un posible diálogo entre Kicillof y Máximo Kirchner. Ambos, con sus pretensiones y condiciones en el medio, estaban dispuestos a entablar un diálogo con fines políticos que, inevitablemente, iba a estar cruzado por lo personal.

Kirchner considera que Kicillof debe ser el que dé el primer paso para tratar de dar de baja el conflicto y el Gobernador está dispuesto a hablar de temas puntuales como la re-reelecciones de los intendentes bonaerenses, el desdoblamiento o las PASO. Con los matices existentes, lo primordial es ambos casos es la voluntad de sentarse frente a frente después de ocho meses de distanciamiento y silencio, solo interrumpido por las conversaciones operativas para organizar el funeral del Indio Solari.
En el peronismo hay un hartazgo generalizado sobre las divisiones internas. “Esta chica les dio motivos para que critiquen a Axel. A veces parecen cosas adrede”, dijo, aflijido, un dirigente importante del MDF. Dentro del esquema que conduce Kicillof hay dirigentes que entienden que la mejor forma de cuidar al Gobernador es enfocarse en la construcción de un programa político y no en la discusión sobre el pasado, que Iañez trajo a colación durante su ruidosa intervención.
“No es una interna inventada. Pasaron un umbral. Si tocan a Axel o Massa, cualquiera de los que está abajo va a defenderlos. Lo que hicimos nosotros fue lo lógico”, precisó un dirigente de peso dentro del esquema de La Cámpora. Lo cierto es que la interna agotó a todos y que las conversaciones para una reunión que acerque posturas, están estancadas.
Este sábado es posible que una parte del PJ Bonaerense y el MDF esté presente en el acto que el cristinismo hará en Parque Lezama para conmemorar el año de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Los presentes y los ausentes marcarán el pulso de un acto donde el orador principal será Máximo Kirchner.
Lo más importante que remarcan el peronismo por estas horas es que la unidad programática y de la estructura política será determinante para consolidar una alternativa a Milei. Si la interna sigue y las grietas se agrandan, esa opción será imposibles de llevar a cabo y el principal partido de la oposición le dejará el camino allanado al Presidente. Claro está que, si eso sucede, habrá nombres propios que pagarán el costo de la incapacidad para sellar acuerdos. Lo básico en el mundo de la política.
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