Aunque el gobierno se atiene al discurso de que su prioridad sigue siendo bajar la inflación a partir del equilibrio fiscal y la no emisión monetaria, la debilidad de los indicadores de actividad económica, puntuados por anuncios de cierres de empresas, suspensiones y despidos, lo ha ido llevando a anunciar medidas para intentar revertir el clima negativo y hasta de desesperanza que se cierne sobre vastos sectores de la economía.

Milei ha dicho por un lado que no tomaría medidas que vayan en contra de la teoría económica, pero por otro destacó la experiencia internacional de su ministro de Economia, Luis Caputo, como “trader” sometido a la presión de los resultados y que por lo tanto “no se come ni una”, basado en una orientación práctica, basada en resultados, y no en alguna teoría o escuela en particular.

Lo cierto es que en economía argentina hoy conviven sectores con coyunturas y perspectivas muy diversas.

De un lado, aquellos en crecimiento como el campo y la agroindustria, el sector energético y producción de petróleo y gas “no convencional” con epicentro en Vaca Muerta, e inversiones mineras que se acelerarán en los próximos meses tanto por las exigencias normativas en el caso de los proyectos ya aprobados para el RIGI (deben concretar el 20% de la inversión comprometida en el primer año de su ingreso al régimen) como por la aceleración de decisiones a partir de los cambios a la Ley de Glaciares.

Del otro, la mayoría de los sectores industriales, la construcción, el comercio y hasta el turismo, que generan la mayor parte del empleo privado, enfrentan una demanda débil, costos que no ceden y una competitividad cada vez más recortada entre un tipo de cambio que marchó a la zaga de la inflación, encareciendo en dólares a Argentina, y la apertura de la economía.

En este contexto, el anuncio del Súper RIGI es al menos el octavo anuncio o medida oficial para contrarrestar las malas noticias del frente productivo, del consumo. el empleo y los ingresos, a saber:

Como señaló en un reciente análisis Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, desde marzo rige una suerte de “corredor de tasas” de interés, en que el BCRA define piso y techo entre 20 y el 25% anual para las operaciones de cortísimo plazo, por ahora sin mayores resultados.

“El crédito al sector privado todavía no ha reaccionado, con variaciones negativas en términos reales tanto en marzo como abril”, señaló Vasconcelos. El “corredor”, dijo, debería mantenerse en el tiempo y “para que no sea una expresión de voluntarismo, es clave que el mercado de futuros del dólar no desafíe el rumbo de esta política”.

Por ahora los indicadores de ventas de bienes de consumo no salieron de la meseta en la que se instalaron a mediados de 2025 y la recaudación impositiva, su reflejo, podría “llevar la política fiscal a terreno procíclico, con recorte de gastos discrecionales y complicaciones financieras para las empresas proveedoras del estado, por la creciente masa de deuda flotante”, advirtió el economista.

A mediados de abril el BCRA flexibilizó una norma sobre los encajes bancarios para permitir una baja de tasas. Lo hizo mediante una adecuación de las normas de efectivo mínimo (concretamente, redujo el límite de integración diaria al 65% y eliminó restricciones de plazos para los bonos utilizados como encajes) con el objetivo de generar mayor liquidez, estimada en unos $2,8 billones (equivalentes a unos USD 2.000 millones) a través de los bancos comerciales.

En marzo, en la apertura de la edición aniversario de Expoagro 2026 edición YPF Agro, el BNA lanzó una línea de financiamiento integral orientada a renovar el parque de maquinaria, adquirir insumos estratégicos e invertir en capital de trabajo. Ni bien inaugurada ExpoAgro, el BNA anunció allí su nueva línea de créditos a tasa 0% en dólares y 19% en pesos, destinada a la compra de maquinaria nueva y usada, utilitarios, insumos estratégicos y la renovación tecnológica. La propuesta fue presentada por el propio titular del Nación, Darío Wasserman y el gerente general, Gastón Álvarez.

El esquema de financiamiento para la compra de maquinaria agroindustrial nueva prevé líneas con desembolso único, plazos de hasta 60 meses y hasta el 100% de financiamiento del valor del bien, con una tasa nominal del 19% en pesos (menor a la inflación esperada por la población y el consenso del merado) y del 0% en dólares. Solo en el primer día, la entidad recibió solicitudes de crédito por $30 billones

A partir del 6 de abril y con el objetivo de reactivar la actividad y facilitar el acceso al crédito en un contexto marcado por las dificultades financieras para las empresas, el Banco Nación puso en marcha nuevas líneas de financiamiento para pymes con tasas reducidas.

La tasa nominal anual de estos préstamos es del 25%, varios puntos por debajo del actual ritmo de inflación anual y una reducción muy significativa respecto del 38% que regía previamente. Además, la entidad ofrece la posibilidad de descontar cheques a 30 días a una tasa del 23%, dos puntos menos que la anterior. Ambas iniciativas cuentan con un cupo de $1 billón y buscan fortalecer la capacidad productiva y la inversión de este segmento clave para la economía nacional.

En línea con su decisión de desregular y privatizar acciones antes cumplidas por el Estado que pudieran ser asumidas presumiblemente con mayor eficiencia y asumiendo riesgos por parte del sector privado, el gobierno había anunciado que a partir de este año la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para paliar la insuficiencia de gas durante los meses de consumo residencial pico del invierno dejaría de estar en manos de Enarsa, una ingente consumidora de subsidios del Estado, para pasar a manos privadas.

Sin embargo , ante la paridad de ofertas de Naturgy y Trafigura para hacerse cargo de la operación y en medio de una coyuntura internacional marcada por precios elevados y menor disponibilidad, debido a la Guerra en Medio Oriente, finalmente decidió que este año la operación siga a cargo de Enarsa. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la decisión obedeió “a la suba y volatilidad del precio internacional” y a que “no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema, justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL”.

La medida, oficializada mediante la Resolución 111/2026 del área energética, busca ofrecer previsibilidad frente a condiciones energéticas cambiantes por el conflicto en Medio Oriente, aún cuando Argentina registró en el primer trimestre del año un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor del que se tenga registro para ese período. El alivio se suma al descuento general del 50% que ya estaba vigente. Así, durante mayo los hogares beneficiarios recibirán una reducción total del 75% sobre su consumo base (50% base + 25% extraordinario).

El primero de abril, a un mes del inicio de la Guerra en Medio Oriente y cuando los precios locales de los combustibles ya habían aumentado en promedio un 23%, pero los precios internacionales seguían sin estabilizarse, alcanzando incluso nuevos récords, YPF anunció su decisión de no trasladar al surtidor por 45 días el aumento del precio actuando así como una suerte de “amortiguador”, en reacción a la baja del consumo que tuvo lugar, en particular, en el interior del país.

Tras este período, que expira el próximo viernes, 15 de mayo, la empresa encabezada por Horacio Marín decidirá la política de precios a seguir. Uno de los insumos de esa decisión será una reunión que el titular de la petrolera de mayoría estatal mantendrá este lunes con otros referentes del sector petrolero.

Desde Los Ángeles, donde participó de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, el miércoles el presidente Javier Milei anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de Super RIGI (en referencia al vigente Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) y ya de regreso a la Argentina escribió que enviará al Congreso “una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”. A posteriori, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en rueda de prensa que la Argentina compite con países que le llevan “décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva” y que el proyecto buscará generar condiciones favorables a la instalación y desarrollo de industrias que hoy no existen o existen muy limitadamente en el país, como la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena del valor del uranio, amén de -a partir de la abundancia de gas- aumentar la producción local de fertilizantes.

El Súper RIGI, adelantó Caputo, tendrá diferencias concretas con el sistema vigente: la tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas beneficiadas será del 15%, frente al 25% del RIGI actual y se permitirá deducir el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero, esto es un ritmo más rápido que el RIGI ya vigente, por el que —entre iniciativas aprobadas y en evaluación— ya aprobó planes de inversión por más de USD 27.000 millones y tiene 22 proyectos pendientes de aprobación por casi USD 68.000 millones más.

Habrá que ver si las empresas ya acogidas al RIGI hacen fila para pedir el mismo trato. Además, según el rango de inversión al que apunte, podría dejar sin incentivos a los planes de inversión de entre USD 9 y USD 200 millones, pues entre USD 150.000 y 9 millones ya existe el Mini RIGI y para los auperiores a USD 200 millones el RIGI a secas.