POLITICA
Emergencia en discapacidad: Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno
El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.
La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.
Pero el antecedente reciente no es auspicioso: la emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario, no solo unificó a la oposición sino que también le hizo perder al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026. Se trata de dos debates sensibles que ahora vuelven a escena.
El movimiento, además, expone tensiones internas. Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei -según coinciden fuentes oficiales- atraviesa un punto de fricción difícil de revertir.
En ese esquema, la avanzada sobre discapacidad vuelve a mostrar las diferencias de estrategia entre el ala “caputista”, que empuja reformas sin contemplaciones, y el sector alineado con la secretaria general, que busca administrar los tiempos políticos.
El año pasado, Martín Menem intentó evitar el costo de una derrota en el recinto. Propuso otorgar un aumento a los prestadores -cuyos aranceles estaban congelados- para desactivar el frente legislativo, pero finalmente se avanzó en otra dirección. El resultado fue adverso y, como presidente de la Cámara de Diputados, terminó gestionando las consecuencias de una discusión mal calibrada.
Ahora, el primer filtro estará en el Senado. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya empiezan a aflorar. En el entorno de Menem habían anticipado que el tema volvería este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos sobre las pensiones. El proyecto, sin embargo, va más allá y reabre el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones.
El margen político es estrecho. Solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR acompañó al oficialismo en los intentos previos de frenar aumentos e indexaciones para prestadores. En paralelo, sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas de funcionarios de alto rango a empresarios proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, agrega ruido a una discusión de por sí sensible. Allí figuran, entre otros mencionados, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En ese contexto, organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto puede volver a escalar.
El texto, firmado por Lugones, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamenta los cambios sobre la base de que la ley vigente amplió el universo de beneficiarios y flexibilizó condiciones “sin tener en consideración los recursos públicos disponibles”.
El primer cambio fuerte está en el acceso a las pensiones. Se mantiene el monto -equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio-, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar. En los hechos, esto reduce el universo de beneficiarios y deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial.
En esa misma línea, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal. A diferencia del régimen actual, que permitía trabajar dentro de ciertos límites de ingresos, el nuevo esquema establece incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.
El segundo eje apunta al sistema de prestaciones. El proyecto elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.
El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.
Este punto impacta directamente en el funcionamiento del sistema solidario. Hoy, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas funciona como sostén del nomenclador único: es decir, garantiza valores homogéneos para todas las prestaciones y ayuda a cubrir los costos, especialmente en las entidades con menor capacidad financiera.
Al desregular los aranceles y eliminar el nomenclador, los valores dejarán de ser comunes y pasarán a definirse en negociaciones individuales entre prepagas u obras sociales y prestadores. En ese esquema, las grandes prepagas -con mayor volumen de aportes- quedarían en mejor posición para negociar directamente, mientras que las obras sociales más pequeñas, que se beneficiaban del sistema solidario, podrían tener dificultades para afrontar los costos de algunos servicios.
En la práctica, el cambio tiende a fragmentar el sistema y a debilitar el mecanismo de redistribución que hasta ahora permitía equilibrar las diferencias entre entidades.
El proyecto también endurece los controles. Establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.
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POLITICA
Irán declaró “organizaciones terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas: qué implica la decisión
Irán declaró este miércoles organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en represalia por la decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar esa misma calificación a los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar ideológico de la República Islámica.
La Cancillería iraní invocó una ley aprobada en 2019 que habilita al país a responder contra Estados que adopten medidas de este tipo.
También calificó la decisión argentina como un acto “hostil” y responsabilizó al Gobierno por las consecuencias que puedan derivarse de la medida.
Donald Trump descartó una nueva ofensiva contra Irán, pero advirtió que podría volver a atacar si no hay un acuerdo
La inclusión de los Guardianes de la Revolución en el registro argentino de organizaciones terroristas habilita el congelamiento de sus activos en el país, impide sus operaciones en el sistema financiero y obliga a reportar movimientos vinculados a la organización ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Buenos Aires justificó la designación por los vínculos de ese cuerpo con Hezbollah, señalado por su participación en los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
La escalada se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno argentino: en enero declaró terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de los Guardianes de la Revolución, y en abril expulsó al principal representante diplomático iraní en el país.
Javier Milei supervisó el operativo de seguridad durante la visita del papa León XIV
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Fuerza Aérea Argentina,Irán,IRÁN MILEI,Javier Milei
A partir de las seis, comenzó la previa de la misa del papa León XIV en Luján. Alrededor de las 6.30, ingresó una nutrida delegación política conformada por intendentes bonaerenses, legisladores, exministros, sindicalistas, un gobernador y funcionarios de Axel Kicillof.
Sergio Massa estuvo entre esos dirigentes que ingresaron para ubicarse en las sillas cercanas al escenario y altar ubicado frente a la Basílica de Luján, al igual que el senador Eduardo de Pedro. En ese mismo primer grupo, se apiñaron en el ingreso intendentes como el vecinalista Jaime Méndez (San Miguel) o peronistas como Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariano Casacallares (Almirante Brown), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Fernando Gray (Esteban Echeverría), el local Leonardo Boto, o Nicolás Mantegazza (San Vicente). El exgobernador Felipe Solá estuvo también en ese grupo que llegó pasadas alrededor de las 6.30 a las butacas frente al escenario. También hubo sindicalistas, entre los que se vieron a Héctor y Rodolfo Daer (sanidad y alimentación, respectivamente), y Roberto Baradel (Suteba), entre otros.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y Sergio Ziliotto, de La Pampa, fueron los únicos mandatarios provinciales de los que invitó Kicillof que dieron el presente. Jalili ingresó junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y una delegación de vicegobernadores.
Entre los funcionarios de Kicillof, se sentaron en las sillas frente al escenario Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Silvina Batakis (Hábitat), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Estela Díaz (Mujeres) y Daniela Vilar, entre otros.
La Cámpora tuvo una delegación visible que ingresó después, con Máximo Kirchner como principal rostro del grupo. Varios voluntarios que colaboran en la organización de la misa papal le pidieron fotos. Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Horacio Pietragalla y Juliana Di Tullio estaban en ese grupo.
Unos minutos más tarde, Kicillof apareció por la entrada del Museo Colonial e Histórico Udaondo y pidió “escucharlo al Papa”. Subrayó “lo que el Papa dice, no lo que hacen los demás con lo que el Papa dice”.
“Hoy no quiero hacer polémicas, uno se siente identificado con lo que dice el Papa”, resaltó el gobernador, que recordó que el Sumo Pontífice enfatizó en temas como las universidades y la discapacidad. También muy solicitado por voluntarios para fotos y por la requisitoria periodística, le llevó más de media hora ingresar al sector de las sillas, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.
También se los vio a Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, referentes de la defensa de los derechos humanos.
La delegación del gobierno nacional llegó a las 9, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, acompañado por el diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Axel Kicillof (foto 1); Máximo Kirchner, Penacca, Tignanelli y Pietragalla (foto 2)
Carlos Bianco (foto 1) y los fieles se esperan la misa del Papa León XlV en Luján (foto 2)
Edición fotográfica: Fernanda Corbani
Javier Fuego Simondet,Soledad Aznarez,LA NACION,Política
POLITICA
Argentina terminó su defensa en el Tribunal del Mar: pidió que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas y llamó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales
La Argentina finalizó su alegato en la segunda audiencia que se celebra en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la sede de Hamburgo, donde ratificó su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, y llamó a las autoridades británicas a reanudar las negociaciones bilaterales.
Tras el choque de posiciones que se registraron ayer, el cierre estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. Entre otros puntos, sostuvo que cuatro condiciones quedaron demostradas a lo largo de las audiencias: la competencia prima facie del Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la plausibilidad de los derechos argentinos en disputa, el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a esos derechos (la soberanía de los recursos naturales) y la urgencia que justifica la intervención de ITLOS antes de que el tribunal arbitral esté constituido.
El embajador sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Antes de retirarse, Oyarzabal reafirmó la disposición de Argentina a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido y a celebrar arreglos provisionales de carácter práctico mientras la controversia permanezca sin resolver. A su vez, reservó el tramo final de su intervención para cuestionar de forma explícita el comportamiento del equipo británico durante el proceso. En este punto, señaló que el Reino Unido optó por no presentar una memoria escrita en plazo, que intentó modificar su prueba documental minutos antes de la última jornada de audiencias y que excedió el tiempo asignado por más de quince minutos. Advirtió además que las declaraciones testimoniales presentadas por Londres eran, en rigor, alegatos de personas con un interés directo en el resultado del caso, y no prueba de hechos.
Ante la posibilidad de que el equipo británico introdujera argumentos nuevos en su turno de réplica vespertino, Oyarzábal se reservó el derecho de solicitar autorización al Tribunal para responder por escrito, dado que Argentina ya no tendría oportunidad de hacerlo oralmente.
Tras esta segunda ronda de audiencias, el tribunal deberá emitir su decisión, que podría conocerse pronto, inclusive esta misma semana.
La jornada del martes dejó en evidencia la brecha irreconciliable entre los dos países. Argentina pidió la paralización inmediata de Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires con atención y entusiasmo y, según supo Infobae, ayer compartió un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. Un importante especialista, con nexos en la Cancillería, analizó la jornada de ayer: “El Reino Unido para mí se dedicó a embarrar la cancha y generar caos. Y esto es una estrategia tan antigua como el arte de la guerra de Sun Tzu. Jurídicamente no han tirado nada que nosotros no hayamos previsto”.
Además de Oyarzabal, la delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integran la comitiva funcionarios del Ministerio de Economía, la Cancillería y Procuración del Tesoro de la Nación; y los asesores Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM y Agustín Giustiniani.
La delegación británica está compuesta, además de la fiscal general Ellie Reeves, por los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto a funcionarios del gobierno ilegal de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago. Un dato de color: los CEOs de las dos empresas operadoras del proyecto -Ian Ramsay, de Navitas Petroleum, y Samuel Moody, de Rockhopper Exploration- siguen los alegatos en persona desde la sala de audiencias, junto a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.
Otro dato de color. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde Leicestershire rumbo a las Malvinas, según confirmó el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. Llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos en Hamburgo.
Los cinco ejes que dividen a Argentina y el Reino Unido
La primera jornada dejó en claro que el enfrentamiento entre ambos países no se reduce -únicamente- a la disputa de soberanía. Hay cinco puntos concretos en los que las posiciones son irreconciliables.
1. Jurisdicción del tribunal
Argentina sostiene que la controversia concierne obligaciones específicas de la Convemar —no la soberanía en sí— y que el TIDM tiene competencia para intervenir. El Reino Unido responde que, detrás de cada argumento argentino, subyace la misma pregunta: quién es soberano sobre las islas. Y esa pregunta, sostiene Londres, está fuera del alcance de la Convemar y del TIDM. “Argentina no puede ignorar la realidad: el fundamento mismo de su demanda descansa en la afirmación de su soberanía”, afirmó Reeves.
2. Explotación unilateral de recursos en área en disputa
Buenos Aires argumenta que la resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Londres replica que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional. “Se realizan perforaciones desde 1998. Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente”, señaló uno de los letrados británicos.
3. Autodeterminación versus soberanía permanente sobre recursos
El Reino Unido invoca el derecho a la autodeterminación de los isleños —ratificado en el referéndum de 2013, con el 99,8% de votos a favor de seguir siendo territorio británico— para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. Argentina traza una distinción: reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó Oyarzábal, quien añadió que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas”.
4. Urgencia
Argentina advierte que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. El Reino Unido fija fechas concretas para desarmar ese argumento: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de actuar. “No existe ningún fundamento que permita a este tribunal dictar medidas provisionales en esta etapa”, sostuvo la defensa británica.
5. Riesgo ambiental
Argentina alerta sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subraya que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido señala que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.
Lo que tiene en cuenta el tribunal
Para dictar medidas provisionales, el Tribunal del Mar debe verificar que se cumplan tres requisitos. Primero, que el tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar —el foro donde se resolverá el fondo del caso— tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia. Segundo, que existe urgencia real. Tercero, que los derechos que Argentina busca proteger son plausibles tanto en los hechos como en el derecho.
El Reino Unido cuestionó la estrategia procesal argentina y concentró su defensa del martes en el primero de esos puntos. Reeves sostuvo que la demanda es, en esencia, una controversia sobre soberanía territorial, materia que queda fuera de la Convemar. “Este tribunal no tiene jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía”, afirmó la fiscal general. Michael Wood, otro de los abogados británicos, reforzó ese argumento al señalar que ningún participante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar esperó que una disputa de soberanía territorial quedara cubierta por el mecanismo de solución de controversias de la Convemar.
La posición argentina rechaza esa caracterización. Oyarzábal subrayó ante el tribunal que Buenos Aires no pide que se resuelva la disputa de soberanía, sino que se preserven los derechos argentinos sobre la plataforma continental mientras esa controversia se tramita en otro foro. “Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina”, explicó Kohen en su exposición.
El argumento se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. Para Argentina, autorizar y avanzar con Sea Lion viola directamente esa última resolución. La delegación argentina también respondió al argumento del referéndum de 2013, invocado por el Reino Unido para sostener el derecho a la autodeterminación de los isleños.
Sobre la urgencia, la presentación argentina precisó un dato técnico que refuerza su argumento: el Fleet Status Report de Noble Corporation, la empresa propietaria de la plataforma de perforación, confirmó que la semisumergible Noble Endeavour comenzaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027. Para Argentina, eso demuestra que los trabajos preparatorios ya están en curso y que el daño comenzaría antes de que el tribunal arbitral pudiera brindar protección efectiva.
El Reino Unido presentó un argumento específico: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027, y la extracción efectiva de hidrocarburos no se producirá antes de 2028. Para entonces, según Londres, el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de intervenir.
Argentina, en cambio, advirtió que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que incluso una vez constituido el tribunal arbitral, este no estaría en condiciones de brindar protección efectiva de inmediato. Oyarzábal recordó además que “lo que está en juego no puede ser restituido: los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.
Tres escenarios posibles antes del fallo
El gobierno argentino analiza tres desenlaces. En el primero, el TIDM acepta el planteo en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad, lo que paralizaría Sea Lion hasta que el tribunal arbitral adopte su decisión. En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina, con un alcance que dependerá de cada punto sometido a consideración. En el tercero, el más improbable según especialistas, el TIDM rechaza el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.
Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está ubicado a unas 107 millas náuticas (198 kilómetros) al norte de las islas, en un bloque de 541 km². El proyecto prevé una fase de producción de 35 años con 23 pozos, con inicio de perforaciones previsto para los primeros meses de 2027.
Según el estatuto y el reglamento del tribunal, la decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse aproximadamente un mes después de la presentación argentina. Ese plazo vence el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el TIDM extienda la resolución hasta el lunes siguiente.
Ante la consulta de Infobae, un especialista que conoce en detalle los argumentos argentinos sostuvo: “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado o las que les pidieron los Estados solicitantes. A veces dio distintas, pero siempre dio medidas; yo creo que realmente estamos muy bien”.
Un importante funcionario de la Cancillería analizó que un fallo favorable tendría un efecto político concreto: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia con la Argentina por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, afirmó.
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