La Bancaria va al paro contra dos entidades: Banco Central y el Banco Hipotecario. La medida de fuerza será el próximo miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público.
El sindicato que conduce Sergio Palazzo endurece su postura ante lo que considera decisiones unilaterales de ambas entidades. La protesta responde a una serie de cierres de estructuras operativas y recortes de personal que, según el gremio, afectan tanto el empleo como el funcionamiento del sistema financiero.
«Convocamos a un paro nacional en rechazo a las decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades», señaló La Bancaria en un comunicado oficial. El documento apunta directamente contra políticas que califican como «arbitrarias e inaceptables».
La medida se enmarca en un plan gremial que viene escalando desde hace semanas. El sindicato ya había advertido sobre posibles acciones directas si no obtenía respuestas concretas.
El principal punto de conflicto con el Banco Central es el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que la entidad tiene distribuidas en el país. La decisión ya está en marcha y genera alarma en el sector.
Según La Bancaria, esta medida podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. Pero el impacto va más allá de lo laboral, según sostiene el gremio.
«Representa un vaciamiento de funciones esenciales que afecta gravemente las economías regionales», advirtió el sindicato. La entidad gremial sostiene que el cierre de estas tesorerías tendrá un claro impacto social en las provincias donde el BCRA opera como articulador del sistema financiero local.
Las tesorerías regionales cumplen funciones operativas clave en el interior del país. Su cierre obligaría a centralizar operaciones en Buenos Aires, con demoras y complicaciones logísticas.
En paralelo, el Banco Hipotecario enfrenta denuncias por un proceso de ajuste sistemático que incluye cierre de sucursales y desvinculaciones de personal en todo el país.
«Denunciamos el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados», afirmó La Bancaria. El gremio rechaza «toda desvinculación y cualquier política de achique».
El sindicato sostiene que estas medidas deterioran las condiciones laborales de quienes siguen en sus puestos. También advierte sobre el impacto en la atención al público, especialmente en localidades del interior.
La entidad crediticia no emitió declaraciones públicas sobre las acusaciones. Tampoco se conocen cifras oficiales sobre la cantidad de sucursales afectadas o el número de despidos.
La Bancaria acusa a las autoridades de ambas entidades de mantener una «posición intransigente» pese a gestiones formales y medidas de protesta previas.
«Han optado por mantener su posición sin voluntad de revisión», señaló el comunicado sindical. El gremio califica esta postura como «irresponsable» y advierte que profundiza el conflicto.
El sindicato mantiene el estado de alerta y no descarta profundizar el plan de acción gremial con medidas directas si no obtiene respuestas en los próximos días. «No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajuste», advirtió Palazzo.
El escenario bancario argentino atraviesa una etapa de cambios profundos. La expansión de las plataformas digitales y la reducción de la atención presencial modificaron la estructura tradicional de las entidades. En ese contexto, el anuncio del Banco Santander sobre el cierre de decenas de sucursales en el mes de febrero encendió la alarma entre los trabajadores y en varias comunidades del interior.
Según confirmó la entidad en su momento, el plan contempla la baja de más de 40 puntos de atención en toda la Argentina. Desde la Asociación Bancaria denunciaron que el ajuste podría afectar a más de 500 personas, entre personal propio y trabajadores tercerizados que dependen de cada sede.
Apenas se conoció la noticia, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización y señaló que el proceso no comenzó ahora, sino que se arrastra desde el año pasado. Actualmente, el conflicto se halla bajo análisis en la Secretaría de Trabajo.
Según los representantes sindicales, el recorte habría incluido además un nuevo paquete de más de 30 sucursales adicionales. La conducción del banco sostiene que el uso creciente de aplicaciones móviles, home banking y billeteras virtuales redujo la necesidad de atención en mostrador. Pese a ello, desde el gremio interpretan la medida como una estrategia de rentabilidad.
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Las pequeñas y medianas empresas que recurren al mercado de capitales para financiarse enfrentaron en septiembre un leve encarecimiento de las tasas, aunque con una mejora en los plazos de las operaciones.
Según el último Índice de Financiamiento PyME (IFP), elaborado por VetaCap, la tasa promedio ponderada alcanzó el 26,84% nominal anual (TNA), mientras que el volumen nominal negociado llegó a $656.000 millones, un 7% más que en agosto.
El relevamiento contabilizó 36.862 operaciones y mostró que el plazo promedio de vencimiento se extendió a 74,3 días, 3,1 días por encima del mes anterior.
Los datos reflejan el comportamiento de las empresas que se financiaron a través de los principales instrumentos del Mercado Argentino de Valores (MAV), entre ellos cheques de pago diferido (CPD), pagarés y Facturas de Crédito Electrónicas (FCE).
La tasa de septiembre registró un incremento de 0,75 puntos porcentuales respecto del 26,09% de agosto y acumuló tres meses consecutivos de subas. Sin embargo, en la comparación interanual se ubicó 24,36 puntos porcentuales por debajo del 51,20% registrado en septiembre de 2025.
Las condiciones de acceso al crédito varían según el instrumento y las garantías utilizadas. En septiembre, el segmento avalado concentró el 54,3% del volumen negociado y registró una tasa promedio del 25,73% TNA, luego de una suba mensual de 1,16 puntos porcentuales.
En este segmento, las operaciones cuentan con avales de sociedades de garantía recíproca (SGR), fondos de garantía públicos u otras entidades financieras.
Los avales permiten acceder a condiciones de tasa diferentes de las que se observan en operaciones sin garantía, aunque su contratación también implica costos que deben considerarse para evaluar el costo financiero total.
Por su parte, el segmento no garantizado registró una tasa promedio del 29,23% TNA, con una baja de 0,03 puntos porcentuales frente a agosto. Este segmento representó el 33,4% del volumen total y tuvo un plazo promedio de 63,8 días, frente a los 88,2 días del segmento avalado.
La diferencia de tasas entre los cheques de pago diferido avalados y los no garantizados, para operaciones de entre 60 y 120 días, se redujo a 4,98 puntos porcentuales, el nivel más bajo desde noviembre de 2022.
No obstante, el indicador no descuenta el costo de contratar un aval y compara operaciones que pueden diferir en términos de riesgo, plazo y características de las empresas.
Otros segmentos también mostraron variaciones. Las operaciones con garantía del MAV registraron una tasa del 24,92% TNA, con un aumento de 1,22 puntos porcentuales, mientras que las Facturas de Crédito Electrónicas se negociaron a una tasa promedio del 25,29%, 0,37 puntos por encima de agosto.
El aumento del volumen negociado y la extensión de los plazos fueron dos de los principales movimientos del mercado durante septiembre. Las operaciones sumaron $656.000 millones a valores nominales, frente a los $613.000 millones aproximados del mes anterior, y el plazo promedio ponderado alcanzó los 74,3 días.
Aun así, el financiamiento continuó concentrado en el corto plazo: las operaciones de hasta 90 días reunieron el 69% del volumen total. Esta composición muestra que los instrumentos de vencimiento más próximo mantienen un peso predominante en el mercado de financiamiento PyME.
En términos reales, el informe estimó un indicador de financiamiento de +3,68%, a partir de una tasa efectiva anual (TEA) del 29,95% y una inflación mensual del 1,9%, anualizada al 25,34%. Se trata de un escenario estimado que supone la repetición de la inflación mensual durante doce meses, por lo que no representa necesariamente el costo real que finalmente afrontaron las empresas.
Vetacap también incorporó información sobre operaciones en moneda extranjera, con tres subíndices: hard dollar, que se paga en dólares, y dólar linked, cuyos pagos se realizan en pesos según tipos de cambio de referencia.
En septiembre, los tres segmentos registraron una tasa mediana del 7% TNA para operaciones de hasta un año. En el caso del hard dollar, el indicador bajó desde el 7,25% de agosto, mientras que en las dos modalidades dólar linked se mantuvo sin cambios.
Las tasas ponderadas por monto fueron del 7,62% para hard dollar, del 6,91% para dólar linked A3500 y del 7,94% para dólar linked Banco Nación. Estas alternativas presentan condiciones de pago y exposición cambiaria diferentes, por lo que sus tasas no son directamente comparables con las de las operaciones en pesos.
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