POLITICA
La Cámara Federal porteña le asignó a la jueza Capuchetti todas las causas por los créditos del Banco Nación
La Cámara Federal porteña le asignó a la jueza María Eugenia Capuchetti todas las causas que investigan la asignación de créditos del Banco Nación. El mes pasado, se presentaron cuatro denuncias por la concesión de préstamos millonarios de la banca estatal a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). La letrada disputaba la competencia de esas causas con el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°4.
Se presentaron cuatro denuncias el mes pasado por el caso de la aprobación de créditos de la institución que conduce Darío Wasserman. Dos de ellas tramitaban en el juzgado de Capuchetti, mientras que las otras dos estaban a cargo de Lijo. Por tratarse de causas que investigan “los aspectos fácticos de un mismo suceso”, el camarista Eduardo Farah resolvió que todas confluyan en un mismo juzgado.
En este sentido, señaló que, la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña que refiere al supuesto de la denuncia repetida, corresponde que las causas se adjudiquen al juzgado que recibió la primera presentación judicial. Según detalla la resolución de Farah, la primera denuncia se presentó el 2 de abril por la mañana y recayó en el Juzgado de N°4, que controla Lijo. La segunda, presentada por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), corresponde a ese mismo día, pero alrededor de las 18 y fue remitida a la jueza Capuchetti.
Es decir, bajo el supuesto de la acordada citada, las causas deberían haber sido adjudicadas al juez Lijo. Sin embargo, el camarista argumentó que la primera denuncia -enviada por Daniel Sarwer-, carece de “un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica” y no cumple con requisitos mínimos como explicitar “circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución”, partícipes, damnificados y testigos del hecho que se pretende investigar.
“Ante los defectos que se observan en el escrito del nombrado, los que no fueron saneados luego por una ratificación, escrito complementario u otro acto de entidad similar, la adjudicación debe resolverse por la primera denuncia válida, que es la que dio origen a la causa nro. 1364/2026 del Juzgado nro. 5″, afirma Farah en la resolución. Al tomar la presentación de Frade como la primera denuncia, la competencia de todas las causas referidas a la asignación de créditos del Banco Nación quedó en manos de Capuchetti.
La diputada de la Coalición Cívica había acudido a la Justicia a principios de abril para que se investigue el otorgamiento de préstamos de la banca estatal a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). En el texto remitido, reclamaba una pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades que pudieran configurar delitos como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.
En la denuncia, Frade advierte que los montos aprobados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios o que, a priori, el banco no habría evaluado su capacidad de repago. “El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, planteó.
La dirigente del partido de Carrió asegura que, de corroborarse estas irregularidades, y teniendo en cuenta la participación de los involucrados en dependencias estatales, “estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”.
Entre los funcionarios señalados por el acceso a créditos millonarios del Banco Nación, destacan Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial.
La información difundida en redes sociales y que originó las denuncias surge de los registros del sitio web “¿Cuánto deben?“, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la plataforma permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas.
asignación de créditos del Banco Nación,había acudido a la Justicia,Banco Nación,Justicia Federal,Conforme a,,Análisis. Milei, entre la rebeldía de Bullrich y la resistencia universitaria,,El dilema Adorni. Así se divide el Gobierno ante la crisis del jefe de Gabinete,,Duro con la UBA. El Gobierno desafía la marcha universitaria: «La única ley que vamos a cumplir es la de Presupuesto»,Banco Nación,,Minuto a minuto. A cuánto cotizan el dólar oficial y blue este martes 12 de mayo,,Minuto a minuto. A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este viernes 8 de mayo,,Luego de 30 años. El Banco Nación regresó al mercado de capitales y recibió ofertas por encima de lo esperado
Tras siete años de gestión, el gobierno de Nayib Bukele ingresa en la cuenta regresiva hacia las elecciones generales de 2027 con una agenda que seguiría centrada en seguridad, turismo y megaproyectos de infraestructura, pero también tiene en sobre la mesa puntos clave como los ajustes fiscales y la reforma de pensiones pactados con el Fondo Monetario Internacional, además de una política social que busca exhibir resultados tangibles a la población.
Las prioridades del Ejecutivo, respaldado por una mayoría en la Asamblea Legislativa, se articulan en torno a consolidar un modelo que le permita la continuidad en las elecciones de febrero próximo.
El segundo mandato de Bukele, que inició el 1 de junio de 2024, cumple dos años este lunes, pero el mandatario buscará la reelección en los comicios generales del otro año.
Los salvadoreños acudirán a las primeras elecciones tras unas reformas constitucionales que ampliarán el período presidencial de 5 a 6 años, eliminan la segunda vuelta electoral y permiten la reelección presidencial indefinida. Además, unificaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Estos son algunos de los temas y áreas clave que seguirían en la agenda del Ejecutivo:
Régimen de excepción y endurecimiento penal
Desde marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha prorrogado de manera mensual el régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad.
Según reporta WOLA (The Washington Office on Latin America), este esquema ha facilitado el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros y se ha convertido en el eje de la estrategia política del Ejecutivo, la cual le ha permitido la reducción de los índices de homicidio y la desaparición de las pandillas de las calles. Esta es una medida que seguiría vigente tras los comicios.
Un símbolo visible de ese enfoque punitivo es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40,000 internos.
La administración de Bukele sostiene que el régimen es la clave para el “nuevo El Salvador”, mientras organizaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), cuestionan el modelo.
A eso se suma una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos graves, aunque su implementación requiere ajustes en el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, lo que mantiene el debate legislativo abierto sobre los alcances de la medida.
Megaproyectos de infraestructura y facilitación de comercio
Otros planes en curso que tiene el gobierno es el de Facilitación de Comercio 2026–2030 que fija como meta modernizar puertos, aeropuertos y carreteras, digitalizar trámites aduaneros y fortalecer la integración logística regional.
Entre los proyectos prioritarios destacan el Aeropuerto del Pacífico, la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la modernización del puerto de Acajutla, iniciativas que, según la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), buscan convertir al país en un nodo logístico y mostrar avances materiales de cara a la campaña electoral.
Política social y turismo como vitrinas de gestión
La política social se mantiene como un pilar de legitimidad, especialmente en el contexto electoral. El gobierno mantiene activos programas de reconstrucción escolar, entrega de dispositivos electrónicos y paquetes escolares gratuitos a más de un millón de estudiantes, formación técnica y empleo juvenil.
La inversión supera los 500 millones de dólares en infraestructura educativa y 800 millones en tecnología, según datos oficiales. En el área de juventud y empleo, el programa “Up Digital” ofrece formación en competencias tecnológicas y apoyo a emprendimientos.
Proyectos de vivienda de ayuda mutua y legalización de propiedades, articulados con estrategias de prevención de violencia, buscan mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. El Ministerio de Vivienda ejecuta articula estas iniciativas con estrategias de prevención de violencia y renovación urbana.
El turismo y la imagen internacional ocupan un lugar destacado en la agenda gubernamental. Bajo la marca “Surf City” y la promoción de eventos deportivos internacionales, el gobierno proyecta a El Salvador como un destino seguro y atractivo.
El Ministerio de Turismo apunta a superar los 4 millones de visitantes internacionales en 2026 y a posicionar la franja costera y la zona oriental como polos de desarrollo. El discurso oficial asocia la mejora en seguridad con el crecimiento del turismo y la llegada de inversiones, mientras organismos multilaterales financian parte de la infraestructura turística.
Ajuste fiscal, reforma de pensiones e incentivos a la inversión
En el plano económico, el Ejecutivo se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ejecutar un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2025 y 2027.
El ajuste prevé recortes en remuneraciones del sector público, bienes y servicios y transferencias a municipalidades. La reducción de recursos para gobiernos locales centraliza la capacidad de inversión en el Ejecutivo.
El gobierno sostiene que esta disciplina fiscal se logra sin aumentar impuestos directos, aunque ha incrementado la carga para entidades consideradas “agentes extranjeros”.
Uno de los componentes más sensibles de la agenda económica es la inminente reforma de pensiones. Técnicos del FMI alertaron sobre el riesgo de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria en 2027, lo que obliga al gobierno a preparar una reforma antes de esa fecha.
Entre algunas de las medidas en discusión figuran el aumento de la edad de jubilación y mayores aportes de trabajadores y empleadores. La administración de Bukele aún no ha presentado una propuesta oficial, pero el tema genera expectativa y preocupación en amplios sectores sociales.
En paralelo al ajuste, la administración impulsa un plan de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y promover sectores estratégicos.
Según la consultora Consortium Legal, la reciente reforma al Código Tributario exonera del impuesto sobre la renta a inversionistas extranjeros en el mercado de valores nacional. Otras medidas benefician a proyectos de innovación tecnológica y construcción vertical, en línea con el objetivo de posicionar a El Salvador como un nodo logístico y digital en la región.
Además están sobre la mesa los datos del FMI que muestran que la deuda del sector público de El Salvador se ubicó en torno al 85% del PIB en 2023, una carga que condiciona el margen fiscal en los años previos a 2027 y explica la centralidad del ajuste comprometido con el organismo lo que resta de 2026 y el próximo año.
Estas políticas buscan dinamizar la economía en un contexto de recorte del gasto social y restricciones presupuestarias que debe cumplir de cara al acuerdo con el FMI que culmina en junio de 2028.
El equilibrio entre disciplina fiscal, seguridad reforzada y expansión de la política social define el núcleo de la agenda de Nayib Bukele para 2027.
Según los compromisos detallados por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y la planificación de obras plasmada en documentos de la CAF, el gobierno enfrenta el reto de sostener la popularidad de sus políticas sin erosionar el bienestar de sectores clave.
Mientras tanto, la ejecución de megaproyectos y los programas sociales se convierten en herramientas centrales para fortalecer la narrativa del “nuevo El Salvador” y consolidar el proyecto político de cara a un ciclo electoral inédito.
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POLITICA
La Justicia revocó una cautelar sobre la Ley de Glaciares iniciada por kirchneristas en Santa Cruz
EL CALAFATE.- En un revés para el municipio de El Calafate y legisladores locales, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó de manera íntegra la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la nueva Ley de Glaciares (27.804) en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, consideró que no se encuentra acreditado un peligro de daño inminente que justifique frenar una norma dictada por el Congreso de la Nación.
El fallo, que puso el foco en el rigor técnico y la división de poderes, revocó la medida dictada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y si bien el tribunal dejó sin efecto la decisión del magistrado, subrayó que los glaciares en Santa Cruz no se encuentran desamparados, debido a la vigencia de “capas de protección” que le otorgan leyes provinciales y nacionales que preceden a la reforma cuestionada.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación celebraron el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia a través de sus redes sociales y consideraron que constituía un firme respaldo al Estado Nacional en defensa del “modelo argentino de federalismo de concertación ambiental, en el que la Nación fija el estándar básico de protección del ambiente y las provincias complementan, aplican y ejercen el poder de policía dentro de sus competencias”, según quedó plasmado entre los argumentos de la apelación presentada por los abogados del Estado Nacional en abril pasado.
La acción judicial fue tramitada bajo la carátula de amparo ambiental y era impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni; la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría; el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma argumentando que reduce los estándares de protección y habilitaría actividades industriales en zonas antes vedadas.
En un punto central del fallo, el tribunal de alzada se explayó sobre la “legitimación de los demandantes”. La Cámara rechazó que el intendente, la concejal y los legisladores pudieran actuar como “representantes del pueblo de toda la provincia”, argumentando que esa voz pertenece exclusivamente al Congreso de la Nación. No obstante, el tribunal les reconoció la aptitud para litigar pero únicamente en su carácter personal, como ciudadanos que habitan el territorio y tienen interés en un ambiente sano.
A pesar del levantamiento de la suspensión, el fallo advirtió que sobre la región se superponen distintas “capas de protección” que tornan jurídicamente imposible la habilitación inmediata de proyectos nocivos. El tribunal destacó que en Santa Cruz rige la Ley Provincial 3123 que desde hace 15 años mantiene estándares tuitivos prácticamente idénticos a la ley nacional anterior. Además, recordó que gran parte del área en disputa se encuentra bajo la protección de las leyes 19.292 y 22.351 de Parques Nacionales, que prohíben cualquier tipo de explotación económica más allá del turismo.
En otro aspecto fundamental del fallo, los camaristas le cuestionaron al juez de primera instancia haber ignorado las reglas básicas de los procesos colectivos, definidos en las Acordadas 32/14 y 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos reglamentos establecieron la creación del Registro Público de Procesos Colectivos para evitar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas.
En otro punto, la Cámara de Comodoro también cuestionó que la medida procura suspender una ley sancionada por el Congreso de la Nación, “lo cual exige extremar la prudencia con la que la cuestión debe ser evaluada”, aseguraron los jueces y recordaron que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido “que las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos”.
En su análisis, la Cámara de Comodoro Rivadavia detalló una serie de severas falencias técnicas en la resolución del magistrado de primera instancia, a la que consideró carente de un examen riguroso y con fundamentos “precarios” en tanto que se le cuestionó haber dictado la suspensión de la norma sin siquiera detallar las novedades introducidas por la nueva ley, ignorar el marco legal preexistente e incluso desconocer los límites territoriales de su propia jurisdicción.
“Ningún pasaje de la exposición fue dedicado a, por lo menos, enunciar cuáles fueron las novedades introducidas por la Ley 27.804 (la cual no luce ni siquiera mencionada)”, detallan los jueces y agregan la sentencia “no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad al que ha sido sometida y afirman que no contiene un examen riguroso de la problemática constitucional puesta en tela de juicio.
Tras conocerse el fallo desde la Procuración del Tesoro, litigantes en la causa aseguraron que continuarán ejerciendo la defensa judicial del Estado Nacional y de la plena vigencia de la Ley N° 27.804 frente a los distintos planteos promovidos “para impedir la aplicación de una norma debatida y debidamente sancionada por el Congreso de la Nación” y aseguraron a través de un comunicado: “El Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad, pero no reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente”.
pic.twitter.com/smUcIsdnQs,June 1, 2026,Mariela Arias,Conforme a
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Ley de Glaciares: la Justicia dejó sin efecto la sentencia que frenaba la reforma en Santa Cruz
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz, tras considerar que no se evidencia un daño ambiental inminente.
La acción de amparo colectivo había sido impulsada por el intendente de El Calafate y legisladores provinciales, quienes reclamaban la suspensión de la reforma por presuntos riesgos ambientales.
La Cámara, integrada por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, reconoció la legitimación de los accionantes en su carácter de “parte afectada”, al entender que el derecho a un ambiente sano ampara a todos los ciudadanos por igual, más allá de los cargos que ocupen. Sin embargo, rechazó que pudieran autoerigirse como representantes del pueblo de toda la provincia.
“Ni el Intendente de El Calafate, ni la Presidenta de su Concejo Deliberante o los legisladores que suscribieron el escrito de inicio, poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia en el sentido que aquí han pretendido”.
La sentencia criticó que el juez de primera instancia no examinó las novedades sustanciales introducidas por la Ley 27.804, sancionada por el Congreso semas atrás, que no habilita una desprotección “arbitraria” de los glaciares, sino que exige estudios técnico-científicos, audiencias públicas e intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) antes de cualquier modificación.
“El Juez Federal de Río Gallegos ni siquiera explicó los motivos por los que la nueva norma importaría un retroceso en materia ambiental, omitiendo referirse a la opinión técnica vertida por la Subsecretaría de Ambiente y las consultas cursadas por la OIT”, dijeron los camaristas en el fallo, al que tuvo acceso TN.
Un argumento central del fallo fue la existencia de “capas de protección” superpuestas en Santa Cruz. Al respecto, los jueces recordaron que gran parte de las zonas potencialmente afectadas tienen estatus de Parque Nacional, donde toda explotación económica ya se encuentra prohibida por leyes específicas.
Los camaristas también remarcaron la vigencia de la Ley Provincial 3.123, cuyos estándares de protección resultan “prácticamente idénticos” a la redacción original de la norma nacional. Según los jueces, este marco normativo local impide que la reforma federal habilite de forma inminente actividades contaminantes en la provincia.
El tribunal concluyó que el “peligro en la demora” invocado por los amparistas es “meramente conjetural y remoto”, ya que al no existir un “caso actual” de daño concreto, la validez de la ley debe debatirse en el marco del proceso principal, sin suspender anticipadamente sus efectos.
Las principales claves de los cambios en la ley de Glaciares
La reforma de la ley de Glaciares redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y al ambiente periglaciar que cumplan “funciones hídricas específicas”.
Cada provincia puede determinar qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Aunque establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.
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La reforma modifica, además, el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Este seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarlo cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.
En cuanto a las actividades prohibidas, se encuentran aquellas que puedan “alterar de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas de glaciares y ambientes periglaciales.
Esto incluye acciones que impliquen su destrucción, traslado o que afecten su avance, como la explotación de hidrocarburos, la instalación de industrias o la construcción de obras.
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