ECONOMIA
Las jubilaciones y la AUH aumentan en junio por segundo mes consecutivo por sobre la inflación

Los economistas coinciden en que la inflación es el peor de los impuestos no legislados, en particular cuando sigue un curso ascendente, porque es regresiva: afecta más la capacidad de compra de los sectores que perciben ingresos fijos, como asalariados, jubilados y pensionados, y de quienes cobran subsidios familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Para revertir ese efecto, el Gobierno de Javier Milei dispuso en abril de 2024, por decreto 274, que los haberes previsionales y la AUH se ajustaran por la variación de la inflación de dos meses antes, el último dato difundido por el Indec al momento de comenzar los pagos, con la convicción de que el plan de estabilización delinearía una trayectoria descendente, de modo que el factor de ajuste siempre resultara mayor que la variación presente del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esa dinámica entre la inflación y el factor de aumento de las jubilaciones y pensiones se cumplió ininterrumpidamente hasta mayo de 2025, cuando el clima de incertidumbre que se generó en la campaña por las elecciones de octubre determinó un giro en la confianza de los consumidores: el primero se aceleró y el segundo se desfasó negativamente.
A partir de abril de 2026, con la desaceleración de la inflación, los haberes de los jubilados y pensionados y el valor de la AUH volvieron a ajustarse por arriba de la variación presente de los precios: 2,9% vs 2,58%; mayo 3,38% vs estimado 2,1% y junio 2,58% vs 2% previsto por el consenso de los analistas. De ese modo, comenzaron a recuperar poder de compra:
Perceptores de la mínima con bono fijo en $70.000 (67,9% del total): mejoraron 0,74% estimado para mayo y 0,94% previsto para junio.
Perceptores sin bono (32,1% del total) y de AUH (4 millones de niños y 2,5 millones de receptores adultos reciben en junio $144.931 por hijo menor de 18 años, en el caso de los discapacitados el valor asciende a $471.914 mensuales): aumentaron 1,25% estimado para mayo y 1,27% previsto para junio.
Promedio ponderado previsional total: subió 0,93%, según la inflación prevista para mayo y 1,27% esperado para junio, en base a la suba de precios estimada por el consenso del mercado.
El promedio previsional subió 0,93%, según la inflación prevista para mayo y 1,27% esperado para junio, en base a la suba de precios estimada por el consenso del mercado
Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, el haber máximo en valores reales de los perceptores de la mínima, en junio alcanzó a $403.396, -que representan casi dos tercios del total; en su mayor parte ingresaron a través de planes especiales y moratorias para adultos mayores sin aportes- y de un bono fijo en $70.000 desde marzo de 2024, se registró en diciembre de 2023, primer mes de gestión.
En el tramo superior a la mínima -que comprende a poco más de un tercio del total de perceptores- el máximo se alcanzó en junio de 2025, con 110,8 puntos, con base 100 en noviembre de 2023, último mes del gobierno anterior.
En ambos segmentos, desde julio de 2025 hasta marzo de 2026, inclusive, los haberes de los jubilados y pensionados registraron un deterioro constante en su capacidad de compra: 6,2% en los de la mínima y 3% en los de escalas superiores. Hasta que el regreso de la desinflación en abril, consolidado en mayo y junio según el consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA), llevó a un nuevo punto de giro: la pérdida de poder adquisitivo de quienes cobran la mínima respecto del nivel heredado de la presidencia de Alberto Fernández se achicó a 9,5%, y la mejora del tramo siguiente subió a 9,7%, a 1% del máximo del período.
La pérdida de poder adquisitivo de quienes cobran la mínima respecto del nivel heredado de la presidencia de Alberto Fernández se achicó a 9,5%, y la mejora del tramo siguiente subió a 9,7 por ciento
El promedio ponderado de esos dos grandes tramos de ingresos de jubilados y pensionados arrojó una pérdida acumulada entre extremos desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza de 1,8 por ciento.
La ejecución presupuestaria de la Administración Central, base caja -esto es, efectivamente pagado en el mes-, muestra que, entre extremos de la gestión Milei, la partida previsional (incluye la liquidación de haberes y de sentencias judiciales en firme) subió 9,2% en valores reales, y la correspondiente a la AUH aumentó 132,9%, al duplicarse el beneficio en enero de 2024 como parte del programa de contención social frente a las medidas iniciales de orden monetario y fiscal.
Sin embargo, el resultado se torna negativo si se comparan los valores acumulados del primer cuatrimestre de 2026 (último dato informado por la Secretaría de Hacienda) con igual tramo del último año de presidencia de Alberto Fernández: en el caso de las jubilaciones y pensiones se redujo 15,7% y, en el segundo, el incremento real se acorta a 47,6 por ciento.
El sistema previsional argentino no se comporta como un régimen de reparto pleno. Aunque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) distribuye los aportes de asalariados y contribuciones patronales entre los beneficiarios, también depende de ingresos de planes de facilidades para deudores, rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (constituido tras la expropiación de los fondos de las AFJP) y recursos impositivos.
Un factor que restringe los recursos de Anses y el nivel promedio de haberes es que muchos trabajadores -sea asalariado o independiente- hacen sus aportes según parámetros máximos muy inferiores a los que corresponderían por sus ingresos reales
Desde los 90 se le asigna en forma específica una parte de los tributos que recauda la Nación: 11% de 93,73% del Impuesto al Valor Agregado (Ley 23.966), equivalente al 10,31% del IVA; 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (Ley 25.413); 100% del Impuesto a los Cigarrillos (Ley 25.239); 70% del Monotributo Impositivo (Ley 25.865); 28,69% de lo producido por los impuestos a las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diésel oil y kerosene (Ley 23.966); y, cuando existía, el 42% del impuesto PAIS.
Un factor que restringe los recursos de Anses y el nivel promedio de haberes es que muchos trabajadores -sea asalariado jerárquico o de actividades con remuneraciones muy superiores al promedio, monotributista o autónomo- hacen sus aportes según parámetros máximos muy inferiores a los que corresponderían por sus ingresos reales, lo que contrasta con la realidad de la mayoría de los empleados en relación de dependencia.
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ECONOMIA
Importación, tecnología eléctrica y nuevos mercados: cómo está cambiando el negocio de las fábricas y marcas de autos en Argentina

Este 16 de julio de 2026, además de ser el día después de la clasificación de la Selección Argentina a otra final de la Copa del mundo de fútbol, es un día que puede quedar marcado en la agenda del mercado automotor argentino por ser el del lanzamiento de una nueva marca producida en Oriente que llega de la mano de una terminal automotriz local.
Se trata de Leapmotor, un nuevo fabricante que forma parte de Stellantis a nivel mundial desde 2024, cuando el holding con mayor cantidad de marcas del mundo adquirió una participación accionaria de esta automotriz que le permite comercializar e incluso producir vehículos en todo el mundo salvo su país de origen.
La diferencia entre esta nueva marca china y las otras que llegaron para traer la tecnología de electrificación a Argentina desde el año pasado está en que es parte de un conglomerado de fabricantes occidentales históricos, que tienen filial argentina y producción regional de vehículos, como son Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS.

Este es el primer caso de una marca de ese país que entra a la Argentina a través de la gestión de una compañía automotriz instalada con producción local, pero el modelo de negocios en general es similar al que ya está funcionando con otros vehículos de ese mismo origen y que son importados por terminales argentinas como una solución para poder ofrecer en el mercado local, una tecnología de última generación con costos más bajos que si provinieran desde mercados occidentales.
El más representativo es el de Ford Territory, un modelo que se fabrica íntegramente en JMC, uno de los dos socios estratégicos de la marca americana en China (el otro es Changan), y que hoy es el tercer vehículo más vendido del mercado, el más vendido de Ford en el primer semestre, y el SUV con mayor demanda entre todos los modelos y segmentos.
Territory no es solo electrificada, de hecho, llegó con su primera generación que se renovó en 2024, y tiene dos de sus tres actuales modelos con motores de combustión interna además del híbrido. Incluso, en los próximos días se presentará una nueva versión y se espera que para 2027 también pueda llegar un híbrido enchufable.

El otro caso, paradójicamente, es también es de una automotriz americana, General Motors, que produce con SAIC dos modelos electrificados que llegaron el año pasado a Argentina. Son el Spark EUV, un SUV del segmento B 100% eléctrico, y el Chevrolet Captiva PHEV, un vehículo híbrido enchufable que se lanzó a la venta en enero de este año.
Si bien los tres son autos fabricados al 100% en su país de origen, lo que asemeja la situación a la de los nuevos Leapmotor B10 y C10, es que en todos los casos se trata de vehículos que tienen el respaldo de la marca que está por detrás, que es conocida por los usuarios argentinos, un modelo de negocio que ya están aplicando otros fabricantes y que se verá en 2027.

En ese camino de lograr un producto con tecnología electrificada, aunque no excluyentemente, está también Volkswagen, que ya anunció su inversión de USD 580 millones en la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, para fabricar la nueva generación de Volkswagen Amarok.
Esta será una pickup completamente nueva que llegará en el primer trimestre del año próximo, y que tiene la plataforma de otro vehículo oriental, Maxus T90, y que tendrá también una versión híbrida enchufable, sobre la cual los ingenieros de Argentina, Brasil e incluso Alemania, desarrollaron un vehículo capaz de adaptarse a la geografía y el uso de los países de Latinoamérica, hacia donde será exportada.
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ECONOMIA
Rechazo a la economía en clave “K”, reclamo empresarial y dudas por el FAL: lo que dejó el paso de Milei por la Bolsa

El presidente Javier Milei volvió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para brindar un discurso por el 172.º aniversario en el cual apuntó contra los que hablan de “economía en K” respecto al ritmo de crecimiento distinto entre sectores. A la par, y sin nombre ni apellidos como en otras oportunidades, se refirió los empresarios que hacen pactos con los políticos a quienes calificó de “parásitos protegidos” a los que se les terminó la joda.
Durante la exposición de más de una hora, Milei rechazó la noción de “economía K”. Esta tesis sostiene que algunos rubros vinculados al sector externo -agro, minería, energía- encabezan el crecimiento económico mientras que los segmentos vinculados al mercado local -industria, construcción y comercio- se mantienen estancados.
El mandatario profundizó los cuestionamientos al enfoque de ciertos economistas sobre el crecimiento y sostuvo que existe “mediocridad de economistas que andan con eso de la K: unos que crecen mucho, otros que crecen poco”. A la vez, subrayó la falta de comprensión sobre los procesos de crecimiento y el impacto del progreso tecnológico en la estructura productiva.

En esa línea, desplegó una dura crítica a la intervención estatal y a la protección de sectores ineficientes, al señalar que estas prácticas afectan al mercado y terminan perjudicando a los consumidores. “Cuando ustedes meten regulaciones para castigar a las lamparitas, el fabricante de velas se queda mirando el techo y en lugar de tratar de competir o de reconvertirse, va y le pide a un político corrupto que lo proteja. Bueno, se acabó la joda de los parásitos protegidos. Ahora van a tener que competir”, remarcó Milei ante empresarios que lo escuchaban en las primeras filas, entre los cuales estaban los miembros del G6.
Las palabras presidenciales generaron una reacción inmediata, diversos referentes admitieron malestar tras la larga exposición. Un empresario de peso, que pidió reserva de identidad a Infobae, señaló: “Habla de la economía en K, cuando el Gobierno debería lanzar medidas para los sectores que están en la ‘patita’ que son el comercio, la industria y la construcción”. Según la misma voz, existen negociaciones con el Gobierno para acordar políticas de reactivación el crédito, aunque remarcó que perciben resistencia oficial para avanzar en la implementación de esas iniciativas.
Entre los ejecutivos presentes, varios notaron un cambio en el tono presidencial respecto de presentaciones anteriores en la Bolsa. Un directivo que presenció el acto afirmó que Milei mostró un perfil diferente: “Ya está en campaña, dio un discurso distinto”. Consideró que la exposición resultó clara y más accesible que en ocasiones anteriores, a pesar de las referencias técnicas y los modelos económicos mencionados.
El foco posterior al discurso giró en torno a los proyectos que el Gobierno anunció que enviará al Congreso en los próximos días. Entre ellos, Milei incluyó la desregulación del mercado inmobiliario, del mercado de capitales y del sector de seguros. Una autoridad que participó en la redacción de los proyectos definió que el título VIII del proyecto que será de la desregulación del mercado de capitales “es una ley ómnibus en sí misma”, aunque evitó dar detalles sobre la letra chica hasta que la Casa Rosada realice el anuncio formal. Es dentro de los equipos técnicos y funcionarios creció la cautela por el riesgo de filtraciones y se reforzó la orden de mantener la disciplina en las comunicaciones mientras avanzan las negociaciones legislativas.

Más allá de los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso, persisten reservas sobre otras iniciativas económicas que el equipo liderado por Luis Caputo consideró estratégicas para el financiamiento privado. Entre ellas se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para facilitar la transición laboral y acompañar reformas estructurales.
En mayo, el Gobierno decidió postergar la puesta en marcha del FAL hasta el 1° de noviembre de 2026, alineado con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, por el costo fiscal y la caída de la recaudación. La Ley de Modernización permitió ese aplazamiento, pero dentro del oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que sea necesario retrasarlo nuevamente si no mejoran los ingresos fiscales. Para hacerlo, se requeriría una nueva ley del Congreso.
La cuestión de las iniciativas postergadas y el clima de espera frente a los proyectos enviados al Congreso expuso tensiones tanto en el oficialismo como en el sector empresario. Funcionarios y organismos reforzaron la consigna de evitar declaraciones fuera de micrófono hasta que la Casa Rosada oficialice los anuncios y la estrategia parlamentaria. Las fuentes consultadas admitieron que la prioridad es mantener el control de la información y evitar filtraciones en medio de negociaciones sensibles.
En el sector privado, la agenda se concentra en dos frentes: por un lado, aguardan definiciones sobre el contenido de los proyectos de desregulación; por otro, buscan avanzar en la negociación de medidas de alivio para el comercio, la industria y la construcción. Voceros empresarios señalaron que la ausencia de anuncios concretos sigue generando incertidumbre sobre la recuperación y la disposición del Gobierno para atender los reclamos de los sectores productivos.
ECONOMIA
El Gobierno y las empresas tendrán que competir para captar los dólares de los ahorristas en 2027

Con la reapertura de ayer, el Gobierno colocó USD 620 millones en la primera licitación del AO29, el nuevo bono que servirá para financiar los vencimientos de deuda que restan en 2026 y al mismo tiempo preparar un colchón para el año próximo.
Según el programa financiero presentado hace menos de dos semanas, el Tesoro se concentraría casi exclusivamente en la emisión de este título para financiarse en el mercado local. En total, se plantean colocaciones por USD 5.000 millones en 2027. El volumen luce posible pero al mismo tiempo ambicioso.
Este año el equipo económico planea colocar un total de USD 6.000 millones en bonos en el mercado local. De ese total ya consiguió USD 4.000 millones via el AO27 y AO28. Y ahora va USD 620 millones del AO29, por lo que se espera completar ese monto en sucesivas licitaciones, que se realizan de manera quincenal.
El signo de interrogación se plantea para el año próximo. ¿Conseguirá el Gobierno el financiamiento que busca en el mercado local? Al tratarse de un año electoral, no es tan sencilla la respuesta. Así como es razonable esperar que aumente la dolarización de portafolios por cobertura, también es lógico proyectar que la demanda por deuda del Tesoro disminuirá en un contexto de incertidumbre.
Este tipo de emisiones apunta a los dólares que los ahorristas tienen en el sistema bancario y que en un porcentaje importante no se encuentran directamente invertidos o lo están pero a tasas muy bajas.
El problema para el Ministerio de Economía es que no está solo en la búsqueda de este financiamiento con dólares ociosos. Además, empresas y bancos también acuden al mercado para financiarse en dólares MEP. Esto significa que se trata de colocaciones que pueden ser adquiridas directamente con dólares de los ahorristas, pero también es posible comprar dólares con pesos con el objetivo de suscribir estas emisiones.
A diferencia de lo que hizo este año, el plan presentado consiste en colocar USD 5.000 millones del mismo bono, el AO29. Esto implica necesariamente que el ahorrista deberá esperar hasta la próxima administración para recuperar el capital invertido. La apuesta tiene un elemento de incertidumbre, que está relacionado con la incertidumbre por el resultado de las elecciones y quién será el Presidente cuando toque pagar el nuevo título.
Por ese motivo este bono salió a una tasa levemente por debajo del 8,5% cuando el AO27, que vence el año que viene (cuando Javier Milei todavía sea presidente) y rinde apenas 5% anual en dólares.
El Gobierno fue a buscar al inversor minorista con un producto novedoso para este tipo de instrumento: paga intereses en dólares todos los meses, asimilándolo a los ingresos de un alquiler. Esto marca una diferencia relevante en relación a otros bonos emitidos por empresas o bancos, que en general pagan intereses en forma semestral.
La duda latente es si habrá profundidad suficiente el año próximo en el mercado tanto para la administración libertaria como para emisores privados. En un escenario de alta incertidumbre, si es que no hay un favorito claro para las elecciones, es muy probable que el riesgo país sufra un incremento.
En la práctica, esto implicaría un mayor costo de financiamiento para el Gobierno, que habrá que ver hasta dónde está dispuesto a convalidar.
Mientras tanto, la expectativa latente sigue siendo la posibilidad de reabrir el mercado internacional para conseguir financiamiento de largo plazo. Claro que esto no sucede desde el 2018, justo antes que se produjera la crisis cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por ahora, el riesgo país encontró una resistencia levemente por encima de los 400 puntos básicos. Y la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene arriba del 4,5% para los bonos a diez años. Por lo tanto, la posibilidad de una colocación internacional sigue latente, pero no parece factible la menos en los próximos 60 días.
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