Los economistas coinciden en que la inflación es el peor de los impuestos no legislados, en particular cuando sigue un curso ascendente, porque es regresiva: afecta más la capacidad de compra de los sectores que perciben ingresos fijos, como asalariados, jubilados y pensionados, y de quienes cobran subsidios familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para revertir ese efecto, el Gobierno de Javier Milei dispuso en abril de 2024, por decreto 274, que los haberes previsionales y la AUH se ajustaran por la variación de la inflación de dos meses antes, el último dato difundido por el Indec al momento de comenzar los pagos, con la convicción de que el plan de estabilización delinearía una trayectoria descendente, de modo que el factor de ajuste siempre resultara mayor que la variación presente del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esa dinámica entre la inflación y el factor de aumento de las jubilaciones y pensiones se cumplió ininterrumpidamente hasta mayo de 2025, cuando el clima de incertidumbre que se generó en la campaña por las elecciones de octubre determinó un giro en la confianza de los consumidores: el primero se aceleró y el segundo se desfasó negativamente.

A partir de abril de 2026, con la desaceleración de la inflación, los haberes de los jubilados y pensionados y el valor de la AUH volvieron a ajustarse por arriba de la variación presente de los precios: 2,9% vs 2,58%; mayo 3,38% vs estimado 2,1% y junio 2,58% vs 2% previsto por el consenso de los analistas. De ese modo, comenzaron a recuperar poder de compra:

Perceptores de la mínima con bono fijo en $70.000 (67,9% del total): mejoraron 0,74% estimado para mayo y 0,94% previsto para junio.

Perceptores sin bono (32,1% del total) y de AUH (4 millones de niños y 2,5 millones de receptores adultos reciben en junio $144.931 por hijo menor de 18 años, en el caso de los discapacitados el valor asciende a $471.914 mensuales): aumentaron 1,25% estimado para mayo y 1,27% previsto para junio.

Promedio ponderado previsional total: subió 0,93%, según la inflación prevista para mayo y 1,27% esperado para junio, en base a la suba de precios estimada por el consenso del mercado.

Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, el haber máximo en valores reales de los perceptores de la mínima, en junio alcanzó a $403.396, -que representan casi dos tercios del total; en su mayor parte ingresaron a través de planes especiales y moratorias para adultos mayores sin aportes- y de un bono fijo en $70.000 desde marzo de 2024, se registró en diciembre de 2023, primer mes de gestión.

En el tramo superior a la mínima -que comprende a poco más de un tercio del total de perceptores- el máximo se alcanzó en junio de 2025, con 110,8 puntos, con base 100 en noviembre de 2023, último mes del gobierno anterior.

En ambos segmentos, desde julio de 2025 hasta marzo de 2026, inclusive, los haberes de los jubilados y pensionados registraron un deterioro constante en su capacidad de compra: 6,2% en los de la mínima y 3% en los de escalas superiores. Hasta que el regreso de la desinflación en abril, consolidado en mayo y junio según el consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA), llevó a un nuevo punto de giro: la pérdida de poder adquisitivo de quienes cobran la mínima respecto del nivel heredado de la presidencia de Alberto Fernández se achicó a 9,5%, y la mejora del tramo siguiente subió a 9,7%, a 1% del máximo del período.

El promedio ponderado de esos dos grandes tramos de ingresos de jubilados y pensionados arrojó una pérdida acumulada entre extremos desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza de 1,8 por ciento.

La ejecución presupuestaria de la Administración Central, base caja -esto es, efectivamente pagado en el mes-, muestra que, entre extremos de la gestión Milei, la partida previsional (incluye la liquidación de haberes y de sentencias judiciales en firme) subió 9,2% en valores reales, y la correspondiente a la AUH aumentó 132,9%, al duplicarse el beneficio en enero de 2024 como parte del programa de contención social frente a las medidas iniciales de orden monetario y fiscal.

Sin embargo, el resultado se torna negativo si se comparan los valores acumulados del primer cuatrimestre de 2026 (último dato informado por la Secretaría de Hacienda) con igual tramo del último año de presidencia de Alberto Fernández: en el caso de las jubilaciones y pensiones se redujo 15,7% y, en el segundo, el incremento real se acorta a 47,6 por ciento.

El sistema previsional argentino no se comporta como un régimen de reparto pleno. Aunque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) distribuye los aportes de asalariados y contribuciones patronales entre los beneficiarios, también depende de ingresos de planes de facilidades para deudores, rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (constituido tras la expropiación de los fondos de las AFJP) y recursos impositivos.

Desde los 90 se le asigna en forma específica una parte de los tributos que recauda la Nación: 11% de 93,73% del Impuesto al Valor Agregado (Ley 23.966), equivalente al 10,31% del IVA; 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (Ley 25.413); 100% del Impuesto a los Cigarrillos (Ley 25.239); 70% del Monotributo Impositivo (Ley 25.865); 28,69% de lo producido por los impuestos a las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diésel oil y kerosene (Ley 23.966); y, cuando existía, el 42% del impuesto PAIS.

Un factor que restringe los recursos de Anses y el nivel promedio de haberes es que muchos trabajadores -sea asalariado jerárquico o de actividades con remuneraciones muy superiores al promedio, monotributista o autónomo- hacen sus aportes según parámetros máximos muy inferiores a los que corresponderían por sus ingresos reales, lo que contrasta con la realidad de la mayoría de los empleados en relación de dependencia.