La causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un dato que abre nuevas líneas de investigación: según información extraída del teléfono de la titular de la inmobiliaria Rucci, el departamento de Caballito que adquirió el jefe de Gabinete ya estaba refaccionado y “a estrenar” antes de concretarse la operación.

La Justicia busca determinar entonces si quien realizó esas obras fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación hipotecaria.

De acuerdo con los registros que analiza el fiscal federal Gerardo Pollicita, el inmueble fue vendido originalmente en mal estado por el exfutbolista Hugo Morales. El propio Morales había declarado que la propiedad requería arreglos y que, ante la falta de interesados, aceptó una oferta menor a la inicial.

“Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, explicó días atrás.

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La cronología reconstruida en el expediente marca que Morales puso a la venta el departamento y recibió una oferta de dos jóvenes por US$200 mil, monto que finalmente aceptó. El día de la escritura, según consta en la causa, estaban presentes dos mujeres —las jubiladas que luego financiarían la compra— junto a esos dos compradores, identificados como Feijoo y otra persona de apellido Miano.

Siempre según la reconstrucción judicial, el departamento fue transferido en esas condiciones, con necesidad de refacción. Sin embargo, tiempo después, Feijoo habría ofrecido la propiedad a la inmobiliaria con nuevas imágenes que mostraban el inmueble completamente renovado. Para cuando Adorni concretó la compra, el departamento estaba “impecable” y listo para habitar.

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El dato que ahora analiza la Justicia es el margen económico de esa operación. Adorni declaró haber adquirido la propiedad por US$230 mil, apenas US$30 mil más que el valor pagado previamente. Esa diferencia es la que genera dudas en el expediente: si el inmueble fue refaccionado de manera integral, el costo de las obras debería reflejarse en el precio final. “¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?”, es una de las preguntas que surge de la documentación incorporada.

La operación, además, tuvo características particulares. Según consta en la causa, Adorni aportó US$30 mil al momento de la compra, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras —las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— mediante una hipoteca sin intereses, con plazo de devolución de un año. Ambas mujeres declararon no conocer al funcionario.

En paralelo, el fiscal también puso el foco en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. En base a distintos registros, la Justicia contabiliza una serie de gastos en dólares realizados en los últimos años que busca contrastar con sus ingresos como funcionario, cuyo salario se mantuvo congelado hasta enero de este año.

Entre esos movimientos figuran los US$30 mil abonados al momento de la hipoteca del departamento de la calle Miró; otros US$20 mil vinculados a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá; US$30 mil destinados a la cancelación parcial de una hipoteca previa; US$7600 correspondientes a un vuelo a Punta del Este; US$5000 por la tasa de ingreso al country; y US$5154 por el pasaje aéreo de su esposa, Bettina Angeletti. “A la Justicia hay una cuenta que no le cierra”, sintetizan fuentes del caso sobre el análisis integral de esos gastos.

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En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo autorizó nuevas medidas de prueba solicitadas por Pollicita, que incluyen pedidos de información a organismos públicos y privados. Entre ellas, se destacan oficios al Registro Automotor por un vehículo que poseía Adorni; a la ANSES para reconstruir la historia laboral de una de las prestamistas; al Instituto de Vivienda de la Ciudad por un crédito vinculado a un inmueble de su esposa; y a YPF para determinar si percibió remuneraciones como miembro del directorio.

También se requirió información a ARBA sobre el lote en Indio Cuá, al Banco Galicia por los resúmenes completos de tarjetas de crédito del matrimonio, y a la Comisión Nacional de Valores por eventuales operaciones bursátiles. A su vez, se libraron oficios a aerolíneas internacionales para precisar detalles sobre pasajes aéreos: quién los compró, cómo se pagaron y a través de qué canal.

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En paralelo, la Justicia citó a declarar como testigos a la escribana que intervino en una de las operaciones inmobiliarias y al representante de la firma que habría abonado pasajes del funcionario, quienes deberán presentarse con documentación respaldatoria.

Mientras avanzan estas medidas, este miércoles prestaban declaración en Comodoro Py las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito.

Manuel Adorni

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Con un ramillete de dudas y algunos guiños desde lo constitucional y administrativo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado consumó esta tarde la segunda ronda de expositores para la ley libertaria que busca blindar el derecho a la propiedad privada, defendida la semana pasada en la Cámara alta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La iniciativa en cuestión modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y el criticado régimen de manejo del fuego sancionado durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. Otro punto importante y temido desde una parte de la oposición apunta a los juicios sumarísimos para desalojos.

Entre los primeros lotes de disertantes apareció el exdiputado cristinista Santiago Igon, que hizo un ping pong con los senadores peronistas para fustigar el texto en debate hasta que la filo radical Edith Terenzi (Chubut) le recordó, delante de todo el plenario, que fue un vacunado vip en los inicios de la era Covid. Un verdadero papelón.

Al lado de Igon estuvo Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET. Tras una consulta sobre la extranjerización, señaló: “Son 13 millones de hectáreas. Es el equivalente a la provincia de Santa Fe y se va acelerar”. Por las dudas, aclaró que los datos son oficiales del Gobierno y están a la vista de cualquier ciudadano.

Más curiosa fue la mención a “paraísos fiscales” que suman más volumen en la Argentina que “en su lugar de origen”, como “Luxemburgo o Andorra”. No olvidó poner la lupa en las fronteras y mencionó focos de “contrabando, tráfico de cosas ilegales, trata de personas” y “narcotráfico”, lo cual lleva a una situación “grave en términos de defensa y geopolítica”.

Después fue el turno de los abogados Daniel Sabsay -constitucionalista- y Mariano Marcucci -derecho administrativo-, quienes dejaron de lado la cuestión política -que sí fueron a impregnar otros invitados- y mostraron, de manera concisa, el “semáforo” del articulado, según su capítulo.

El primero agradeció, pese a no compartir muchas visiones de Sturzenegger, el llamado a exponer que le realizó la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Este gesto, que debería ser menor y habitual, no se veía hacía tiempo en el Senado.

Tras ello, se refirió a “orientar una reducción de las restricciones regulatorias y la agilización procedimientos”, aunque direccionó la mira hacia la “protección del medio ambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa del problema habitacional, en el actual contexto económico”. Y añadió: “Se habla de villa miseria. Pensé que estaba superado ese término. Da un tono de qué es lo que se persigue”.

Por su parte, Marcucci manifestó que se “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado”, con la posibilidad de “producir prueba”, junto a la favorecer la “garantía de los particulares”. Retomó Sabsay para resaltar que no encontraba “mayores inconvenientes” sobre tierras rurales, “pero hay que ver cómo se va a reglamentar, ya que es como un marco muy general”; y para mostrarse “muy de acuerdo en desalojos” de “falsos mapuches” que se hicieron de tierras “de manera tan violenta, donde se han producido muertes”, aunque remarcó la necesidad de “evitar afectaciones en el debido proceso y la defensa en juicio, que son aspectos primordiales”.

“Se debería acompañar una política de vivienda con una ley complementaria”, puntualizó el constitucionalista. Y concluyó con “dos áreas críticas” en la iniciativa en cuanto al registro socio urbano y la “protección ambiental” en la ley de manejo de fuego “que debería ser revisada”.

Las reflexiones de Sabsay llevaron a las senadoras cristinistas Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, experimentadas y veloces a la hora de interpretar su discurso, a preguntarle si estar “en contra” de varios capítulos del proyecto implicaba no modificar nada sobre la ley de fuego y registro socio urbano. En el sentido contrario fue Bullrich. El abogado zigzagueó con cintura a ambos bandos. Algunas palabras quedaron fuera del registro de los micrófonos.

Un momento con mayor tensión fue el de la ministra de Ambiente de Axel Kicillof, la camporista Daniel Vilar. “La ley de manejo del fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, sino que intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo”. “Con ella libre -en referencia a la hoy condenada Cristina Kirchner-, se defendería esto”, cerró.

Bullrich no se la dejó pasar. “La señora llegó hasta la Corte Suprema de justicia y no respetan eso. Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo. Se sumó la titular de Legislación General y pastora evangélica libertaria, Nadia Márquez.

A esta altura, la neuquina pareció tomar las riendas del plenario, ante un Agustín Coto -también oficialista y presidente de Asuntos Constitucionales, cabecera del debate- que miraba el celular o hacia otros lados del salón Azul y evitaba cruzarse con la oposición K. El fueguino se ofuscó con su compañera y le espetó: “Dejame terminar de hablar. Si no, es imposible”.

Después de oír duros relatos sobre los recientes incendios en el sur del país y el sablazo de fondos desde la Casa Rosada, el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, contó: “En los incendios en mi provincia -Corrientes, habían sacado el manejo de plan de fuego del Ministerio de Seguridad -post macrismo- y se lo dieron a -el exministro de Ambiente del Frente de Todos, Juan- Cabandié. No aparecían insumos, había un fondo fiduciario y no aparecieron nunca. Recién lo hicieron en marzo, después de tres meses. Ni siquiera cuidaron el parque nacional en Corrientes“.

“Hoy, que tanto se critica a este gobierno, que no es mi gobierno, se lo critica muchas veces por errores que han cometido ustedes”, sentenció. Sí pidió prestar atención sobre el Renabap -barrios populares-, ya que nadie sabe de dónde saldrán los recursos si se traspasaran -con el proyecto- las decisiones a provincias y municipios. En esa línea, expresó: “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”.

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