El aumento sostenido de la mora en el sistema financiero argentino motivó la presentación de casi 30 proyectos de ley en el Congreso que buscan implementar nuevas reglas para el rescate de los deudores. El fenómeno, que afecta tanto a los bancos como a los usuarios de otros productos de crédito, generó una reacción inmediata en el ámbito legislativo y encendió señales de alarma en las entidades que quieren evitar más regulaciones.

Durante los últimos meses, la situación de los deudores empeoró en todas las líneas de crédito al consumo. El incremento de los impagos, la antigüedad creciente de los saldos en mora y la dificultad para acceder a refinanciaciones convencionales llevaron a legisladores de distintos bloques a impulsar iniciativas que buscan modificar el régimen de defensa del consumidor y los procedimientos de reestructuración de pasivos.

Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Mónica Macha. También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.

Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.

En las iniciativas de los legisladores, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

El principio de “esfuerzo compartido” aparece en varias de las propuestas: tanto el deudor como el acreedor participan en la reestructuración, y el juez puede ordenar reducciones en el capital o los intereses si detecta otorgamiento irresponsable de crédito. Algunos procedimientos prevén instancias de conciliación obligatoria antes de llegar a la vía judicial y la protección especial de los hogares más vulnerables, en particular los encabezados por mujeres y aquellos con menores a cargo.

En paralelo, los proyectos establecen límites objetivos a la carga financiera, como la prohibición de que el pago de deudas supere el 30% de los ingresos familiares. También exigen a los bancos y emisores de tarjetas que evalúen la capacidad de pago de los solicitantes antes de conceder nuevos préstamos. La transparencia, la información clara sobre los costos y la prevención del sobreendeudamiento constituyen ejes centrales en los textos debatidos en el Parlamento.

El mecanismo de financiamiento de estos regímenes no prevé la utilización de fondos estatales. En cambio, los propios bancos y entidades financieras deben absorber el impacto de las quitas, condonaciones y reestructuraciones, en la medida en que ya cuentan con previsiones contables para cubrir créditos incobrables.

Algunos proyectos plantean la creación de fondos internos financiados por el sector, destinados a garantizar la sostenibilidad de los planes de regularización.

La reacción de las entidades bancarias no tardó en llegar. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

Cesario sostuvo que las entidades ya implementaron alternativas para los deudores: “El sistema bancario en general, se ha adelantado a lo que hoy lo quieren hacer”.

Según Cesario, la mayor parte de las deudas en mora corresponde a créditos otorgados hace más de un año, con edades promedio de 14 a 16 meses.

El presidente de la ABA afirmó: “Al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”. En los hechos, los bancos contactaron a sus clientes por diversas vías para ofrecerles refinanciaciones a tasas cercanas a la inflación y, en los casos donde la cobranza resultó imposible, transfirieron los créditos incobrables a terceros.

Fuentes del sector bancario explican que esperan una baja en el indicador de irregularidad para los próximos meses, como resultado de las políticas de refinanciación y la depuración de las carteras a través de la venta de deudas incobrables.

El Congreso afronta la presión de múltiples sectores sociales y políticos para avanzar con una solución integral al problema del sobreendeudamiento. Las entidades financieras mantienen su postura crítica, argumentando que la extensión de la regulación podría desalentar la oferta de nuevos créditos y afectar la estabilidad del sistema, mientras que en el Gobierno sostienen que es un problema que tiene que resolver el sector: “Para eso trabajan de bancos”, dijo el presidente Javier Milei en un programa periodístico.

Por eso, para las entidades financieras se vuelve poco menos que urgente encontrar soluciones para sus clientes en mora antes que una Ley del Congreso les imponga mecanismos que, según sus argumentos, terminarían volviendo antieconómico el crédito.