ECONOMIA
Mora en récord: casi 30 proyectos de ley en el Congreso buscan rescatar a deudores y crece la alarma en los bancos

El aumento sostenido de la mora en el sistema financiero argentino motivó la presentación de casi 30 proyectos de ley en el Congreso que buscan implementar nuevas reglas para el rescate de los deudores. El fenómeno, que afecta tanto a los bancos como a los usuarios de otros productos de crédito, generó una reacción inmediata en el ámbito legislativo y encendió señales de alarma en las entidades que quieren evitar más regulaciones.
Durante los últimos meses, la situación de los deudores empeoró en todas las líneas de crédito al consumo. El incremento de los impagos, la antigüedad creciente de los saldos en mora y la dificultad para acceder a refinanciaciones convencionales llevaron a legisladores de distintos bloques a impulsar iniciativas que buscan modificar el régimen de defensa del consumidor y los procedimientos de reestructuración de pasivos.
Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Mónica Macha. También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.
Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.
En las iniciativas de los legisladores, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.
En las iniciativas de los legisladores, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses
El principio de “esfuerzo compartido” aparece en varias de las propuestas: tanto el deudor como el acreedor participan en la reestructuración, y el juez puede ordenar reducciones en el capital o los intereses si detecta otorgamiento irresponsable de crédito. Algunos procedimientos prevén instancias de conciliación obligatoria antes de llegar a la vía judicial y la protección especial de los hogares más vulnerables, en particular los encabezados por mujeres y aquellos con menores a cargo.
En paralelo, los proyectos establecen límites objetivos a la carga financiera, como la prohibición de que el pago de deudas supere el 30% de los ingresos familiares. También exigen a los bancos y emisores de tarjetas que evalúen la capacidad de pago de los solicitantes antes de conceder nuevos préstamos. La transparencia, la información clara sobre los costos y la prevención del sobreendeudamiento constituyen ejes centrales en los textos debatidos en el Parlamento.
El mecanismo de financiamiento de estos regímenes no prevé la utilización de fondos estatales. En cambio, los propios bancos y entidades financieras deben absorber el impacto de las quitas, condonaciones y reestructuraciones, en la medida en que ya cuentan con previsiones contables para cubrir créditos incobrables.
Algunos proyectos plantean la creación de fondos internos financiados por el sector, destinados a garantizar la sostenibilidad de los planes de regularización.
Algunos proyectos plantean la creación de fondos internos financiados por el sector
La reacción de las entidades bancarias no tardó en llegar. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.
Cesario sostuvo que las entidades ya implementaron alternativas para los deudores: “El sistema bancario en general, se ha adelantado a lo que hoy lo quieren hacer”.

Según Cesario, la mayor parte de las deudas en mora corresponde a créditos otorgados hace más de un año, con edades promedio de 14 a 16 meses.
El presidente de la ABA afirmó: “Al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”. En los hechos, los bancos contactaron a sus clientes por diversas vías para ofrecerles refinanciaciones a tasas cercanas a la inflación y, en los casos donde la cobranza resultó imposible, transfirieron los créditos incobrables a terceros.
Al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada (Cesario)
Fuentes del sector bancario explican que esperan una baja en el indicador de irregularidad para los próximos meses, como resultado de las políticas de refinanciación y la depuración de las carteras a través de la venta de deudas incobrables.
El Congreso afronta la presión de múltiples sectores sociales y políticos para avanzar con una solución integral al problema del sobreendeudamiento. Las entidades financieras mantienen su postura crítica, argumentando que la extensión de la regulación podría desalentar la oferta de nuevos créditos y afectar la estabilidad del sistema, mientras que en el Gobierno sostienen que es un problema que tiene que resolver el sector: “Para eso trabajan de bancos”, dijo el presidente Javier Milei en un programa periodístico.
Por eso, para las entidades financieras se vuelve poco menos que urgente encontrar soluciones para sus clientes en mora antes que una Ley del Congreso les imponga mecanismos que, según sus argumentos, terminarían volviendo antieconómico el crédito.
Corporate Events,South America / Central America,BUENOS AIRES
ECONOMIA
De cuánto serán las AUH de ANSES en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en agosto de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. Este ajuste responde al mecanismo de movilidad mensual, que utiliza como referencia la inflación de dos meses antes, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El incremento a aplicar se basará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,9%. De esta forma, el valor de la AUH y otras asignaciones familiares, jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) volverán a modificarse de manera automática, siguiendo la fórmula vigente.
En agosto, el monto de la Asignación Universal por Hijo pasará a $150.861,93 por cada menor de 18 años, tras aplicarse el aumento del 1,9% sobre los valores de julio. Para la AUH por Discapacidad, el valor actualizado será de $490.731,57. Además, la Asignación Familiar por Hijo se establecerá en $75.258,78 y, en el caso de hijos con discapacidad, el monto será de $235.503,56.
La actualización automática de la AUH forma parte del esquema de movilidad mensual implementado por ANSES, que ajusta los haberes de acuerdo a la evolución de la inflación oficial. El objetivo principal es que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios registrado en la economía.
El mecanismo de pago establece que la ANSES abona habitualmente el 80% del importe mensual de la AUH y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH con la documentación obligatoria. De este modo, el monto efectivo que las familias reciben cada mes es, para agosto, de $120.689,54 por hijo para la AUH estándar y para la Asignación por Embarazo. En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor total asciende a $490.731,57, aunque también se le aplica la misma modalidad de retención.
El acceso al 20% retenido está sujeto a la presentación anual de la Libreta AUH, trámite que permite acreditar la escolaridad de los menores, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio. Una vez presentada esta documentación, ANSES libera el saldo correspondiente.
Además del haber mensual, las familias con hijos de hasta 3 años pueden recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia económica adicional destinada a garantizar la alimentación infantil. Este beneficio se suma a la AUH y busca reforzar la seguridad alimentaria de los niños en la primera infancia.
A partir de agosto, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $419.734,71, de acuerdo con el nuevo cálculo oficial. Aquellos que reciban el bono adicional de $70.000—en caso de que se confirme su continuidad— percibirán un total de $489.734,71 en el mes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para quienes perciben la jubilación máxima, el monto a cobrar en mano, descontando el aporte obligatorio a PAMI, será de $2.667.807 en agosto de 2026. Este valor refleja el ingreso neto tras la deducción previsional, representando el tope de haberes dentro del régimen general.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes requeridos para la jubilación, también tendrá un aumento en agosto de 2026.
Este beneficio, que equivale por ley al 80% de una jubilación mínima e incluye cobertura médica de PAMI y el acceso a Asignaciones Familiares, tendrá un monto base de $335.787,76, de acuerdo con la actualización dispuesta por ANSES tras la difusión del IPC de junio. Aquellos beneficiarios que accedan al bono extraordinario recibirán $405.787,76 durante ese mes.
El aumento de la PUAM se determina con el mismo mecanismo de movilidad que las jubilaciones, ajustándose por la inflación de dos meses antes para que los ingresos de los adultos mayores sigan el ritmo de los precios.
ECONOMIA
Los depósitos privados en dólares tocaron un récord tras el pago de deuda, pero un factor externo tensionó el riesgo país

Ningún día se parece al anterior. La guerra en Medio Oriente, que presiona al alza la inflación global, tiene la misma incidencia que los datos relacionados con las empresas de inteligencia artificial culpables de la rueda negativa de las Bolsas de Nueva York.
Estos datos se sumaron a las noticias adversas sobre el crecimiento de las solicitudes de desempleo y la tenue alza de 0,2% de los gastos del consumidor en Estados Unidos. El combo se transformó en una amenaza de suba de las tasas de interés, un tema que ayer se había esfumado tras conocerse el martes los buenos datos de inflación.
Sin embargo, la presidenta del Banco de la Reserva Federal del estado norteamericano de Dallas, Lorie Logan, derrumbó a los optimistas. Señaló que “unas tasas de interés ligeramente más altas equilibrarían mejor las perspectivas y los riesgos” para frenar la inflación y elevar el empleo.
Los inversores recordaron que la opción de aumento de tasas está en la mente de la mayoría de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto que se reunirá dentro de 11 días. No son pocos los que apuestan que de esa reunión de dos días que finaliza el 29 de julio, podría salir una suba de un cuarto de punto de las tasas de interés.
Con estos datos, el dólar se revalorizó, los bonos del Tesoro norteamericano siguieron pagando las tasas más altas de los últimos dos años, las Bolsas de Nueva York cayeron, el oro se derrumbó a USD 3.986 por onza y el petróleo se mantuvo por encima de los USD 80. Un escenario complicado e imprevisible porque varía diariamente; caídas y rebotes son una alarmante monotonía.
Este panorama es necesario para valorar el comportamiento de los activos argentinos que están bajo fuego cruzado. Sin el ajuste que se hizo, el país estaría en una situación de real emergencia y cerca del default. Tener un riesgo país que ayer subió apenas 5 unidades a 410 puntos básicos, mientras el índice de Emergentes caía 2,1% y el de Brasil, 1,5%, es un buen resultado.
Si se observa de forma más detenida, la confianza de los inversores locales está marcada en el récord de depósitos de privados que superó los USD 40.000 millones, el mayor nivel en 26 años, porque buena parte lo que cobraron por el pago de capital e intereses de los bonos que vencieron la semana pasada quedaron en bancos locales.
A esto hay que sumarle la buena licitación de ayer donde se captaron USD 150 millones por la segunda vuelta del AO29 y se rechazaron 126 millones de dólares. Estos bonos vencen después de las elecciones presidenciales y en plenos comicios de medio término. En la Argentina apostar a esa fecha es el largo plazo.
El mercado local registró una fuerte caída. El índice Merval retrocedió 3,2% en pesos y 3,6% en dólares, impulsado principalmente por los bancos, con bajas de hasta 5,3% como ocurrió con Supervielle. También se sumaron las pérdidas de las empresas energéticas, entre ellas Metrogas, que descendió 4,7%, e YPF, con una baja de 3,2%. Este comportamiento refleja que los inversores optan por realizar ganancias rápidas ante la volatilidad. Por eso, las acciones que lideraron las subas el miércoles fueron las que más retrocedieron ayer.
En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 684 millones y el Banco Central hizo otra notable compra de 230 millones de dólares. Esta vez no tuvo que salir del MLC para hacerse de dólares debido a que la oferta fue abrumadora. De hecho, el dólar mayorista cerró con una leve suba de $1,50 a 1.476 pesos.
En la plaza financiera, el MEP se mantuvo en $1.512 y el contado con liquidación (CCL) aumentó $6,63 (+0,4%) a 1.567 pesos. el “blue” cedió $5 y cerró a 1.525 pesos. El MEP sigue siendo el dólar libre más bajo.
Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini el banco Central acumula en la semana “USD 1.115 millones, que es un nivel propio de pico de cosecha gruesa, aunque a mediados de julio, la sospecha de esta remontada recae en la cuenta financiera. Según los datos del BCRA, se deduce que le habría vendido al Tesoro USD 920 millones el 8 de julio superando levemente el límite de USD 6.700 millones fijados para este año en el Programa Financiero. De modo que el resto de las compras de este año de la autoridad monetaria, pasarían a engrosar reservas si es que se cumple el programa”.
La contracara, para F2, fue “el resultado fiscal de junio que arrojó un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. El acumulado de 12 meses para el primario es el menor desde setiembre de 2024 y el acumulado del primer semestre es el menor desde 2024. No se ha alcanzado la meta del FMI, pero presumiblemente habrá waiver (perdón). Bajar la presión tributaria sin una respuesta del nivel de actividad hace que el desafío de sostener el resultado fiscal sea mayor para el Gobierno”.
Anoche en el overnite, había tensiones. Todos los índices de las Bolsas de Nueva York estaban operando en bajas definidas. El oro seguía sin detener su caída, mientras el dólar se revalorizaba ante las seis principales divisas del mundo. El petróleo no marcaba tendencia, pero el Brent cotizaba en 85 dólares.
La noticia que conmovía a los inversores era el fallido lanzamiento del Starship de SpaceX que se postergó unos días por fallas en los motores. Las acciones de la compañía caían 4% después del cierre y cotizaron a USD 126,77, 10 dólares menos que los USD 135 del lanzamiento y lejos del máximo de 176 dólares. Esta acción es un ejemplo del cambio de humor de los inversores. Estas variaciones se dieron en un mes calendario.
En este escenario, es difícil prever que sucederá hoy, pero los inversores siguen apostando a los bonos soberanos y a las tasas de interés en pesos a través de las LECAP que elevaron su rendimiento a más de 1,8% efectivo mensual, en línea con la inflación esperada.
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ECONOMIA
Más del 40% de los empleados del sector privado trabaja en la informalidad: cuáles son los sectores más afectados

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la cantidad total de asalariados en el sector privado creció casi 1% en el primer trimestre de este año en relación al mismo período del 2025, pero el aumento no se tradujo en más empleo registrado, sino en una expansión del trabajo no declarado. El fenómeno no es uniforme: hay ramas de actividad donde la informalidad supera ampliamente la mitad de los puestos de trabajo, mientras que en otras se mantiene en niveles relativamente bajos.
De acuerdo con el estudio de “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” del Indec, en los primeros tres meses de 2026 había 12.887.000 asalariados privados en el país, de los cuales 5.622.000 no estaban registrados. Eso equivale a una tasa de informalidad del 43,6%, un nivel que supera holgadamente la tercera parte del total de trabajadores asalariados privados y que representa un incremento de 1,1 punto porcentual respecto del 42,5% registrado un año antes.
El servicio doméstico continúa siendo, por lejos, la actividad con mayor proporción de trabajo no registrado dentro del sector privado. De los 1.731.000 asalariados que trabajan en hogares particulares, 1.261.000 lo hacen sin aportes ni cobertura social, mientras que apenas 470.000 están en blanco (72,8% de informalidad).
En la agricultura, la relación es similar: de un total de 865.000 asalariados, 521.000 no están registrados (60,2% de empleo en negro). Se trata de una de las ramas donde la informalidad estructural se mantiene estable desde hace años, sin variaciones significativas en el margen.
La construcción, por su parte, combina un alto nivel de informalidad con una de las pocas caídas del período: de los 930.000 asalariados del sector, 551.000 no están registrados, una cifra que retrocedió respecto de los 571.000 no registrados de un año atrás. Es el único de los sectores más informales donde la tasa bajó en la comparación interanual (60,2% en 2025 y 59,2% en 2026).
La comparación entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 muestra comportamientos dispares según la rama de actividad. En comercio, el sector con mayor cantidad absoluta de asalariados del país, la informalidad subió 1,9 punto porcentual, hasta 42,5%, con una suba de 66.000 trabajadores no registrados y una caída de 13.000 en los registrados en el último año.
La industria manufacturera perdió 42.000 puestos registrados en el último año, mientras que el empleo no registrado creció en 26.000. Como resultado, la tasa de informalidad del sector pasó de 30,8% a 32,6%, un aumento de 1,8 punto porcentual.
En sentido inverso, la construcción fue la única rama entre las de mayor informalidad donde la tasa bajó, con una reducción de 1,0 punto porcentual. Ahora bien, ese descenso convivió con una pérdida neta de 18.000 asalariados totales en el sector, producto de una caída de 20.000 trabajadores no registrados que no fue compensada por el leve aumento de 2.000 en los registrados.

Otras ramas con menor peso relativo en el total de asalariados mostraron subas más pronunciadas en los niveles de informalidad. La pesca pasó de una informalidad de 19,0% a 26,1%, con un salto de 7 puntos, mientras que la electricidad, gas y agua subió 3,9 puntos, hasta 15,8%. La explotación de minas y canteras también tuvo un incremento relevante, de 3,7 puntos, hasta 12,6%.
El servicio doméstico, pese a ser ya la rama con mayor informalidad, sumó otro punto y medio porcentual en el último año, al pasar de 71,3% a 72,8%. En términos absolutos, el sector incorporó 103.000 asalariados, de los cuales 100.000 corresponden a trabajo no registrado.
La cantidad total de asalariados privados del país aumentó en 91.000 personas entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Sin embargo, ese crecimiento estuvo impulsado exclusivamente por el empleo no registrado, que sumó 186.000 puestos, mientras que el empleo registrado retrocedió en 95.000 puestos en el mismo lapso.
De mantenerse esta dinámica, la composición del empleo asalariado privado seguirá desplazándose hacia la informalidad, incluso en un contexto de crecimiento neto del número total de trabajadores. El resultado combinado de ambos movimientos, la caída del empleo registrado y el alza del no registrado, fue el que llevó la tasa de informalidad general del sector privado del 42,5% al 43,6% en apenas un año.
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