ECONOMIA
Mora en récord: casi 30 proyectos de ley en el Congreso buscan rescatar a deudores y crece la alarma en los bancos
El aumento sostenido de la mora en el sistema financiero argentino motivó la presentación de casi 30 proyectos de ley en el Congreso que buscan implementar nuevas reglas para el rescate de los deudores. El fenómeno, que afecta tanto a los bancos como a los usuarios de otros productos de crédito, generó una reacción inmediata en el ámbito legislativo y encendió señales de alarma en las entidades que quieren evitar más regulaciones.
Durante los últimos meses, la situación de los deudores empeoró en todas las líneas de crédito al consumo. El incremento de los impagos, la antigüedad creciente de los saldos en mora y la dificultad para acceder a refinanciaciones convencionales llevaron a legisladores de distintos bloques a impulsar iniciativas que buscan modificar el régimen de defensa del consumidor y los procedimientos de reestructuración de pasivos.
Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Mónica Macha. También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.
Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.
En las iniciativas de los legisladores, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.
En las iniciativas de los legisladores, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses
El principio de “esfuerzo compartido” aparece en varias de las propuestas: tanto el deudor como el acreedor participan en la reestructuración, y el juez puede ordenar reducciones en el capital o los intereses si detecta otorgamiento irresponsable de crédito. Algunos procedimientos prevén instancias de conciliación obligatoria antes de llegar a la vía judicial y la protección especial de los hogares más vulnerables, en particular los encabezados por mujeres y aquellos con menores a cargo.
En paralelo, los proyectos establecen límites objetivos a la carga financiera, como la prohibición de que el pago de deudas supere el 30% de los ingresos familiares. También exigen a los bancos y emisores de tarjetas que evalúen la capacidad de pago de los solicitantes antes de conceder nuevos préstamos. La transparencia, la información clara sobre los costos y la prevención del sobreendeudamiento constituyen ejes centrales en los textos debatidos en el Parlamento.
El mecanismo de financiamiento de estos regímenes no prevé la utilización de fondos estatales. En cambio, los propios bancos y entidades financieras deben absorber el impacto de las quitas, condonaciones y reestructuraciones, en la medida en que ya cuentan con previsiones contables para cubrir créditos incobrables.
Algunos proyectos plantean la creación de fondos internos financiados por el sector, destinados a garantizar la sostenibilidad de los planes de regularización.
Algunos proyectos plantean la creación de fondos internos financiados por el sector
La reacción de las entidades bancarias no tardó en llegar. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.
Cesario sostuvo que las entidades ya implementaron alternativas para los deudores: “El sistema bancario en general, se ha adelantado a lo que hoy lo quieren hacer”.
Según Cesario, la mayor parte de las deudas en mora corresponde a créditos otorgados hace más de un año, con edades promedio de 14 a 16 meses.
El presidente de la ABA afirmó: “Al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”. En los hechos, los bancos contactaron a sus clientes por diversas vías para ofrecerles refinanciaciones a tasas cercanas a la inflación y, en los casos donde la cobranza resultó imposible, transfirieron los créditos incobrables a terceros.
Al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada (Cesario)
Fuentes del sector bancario explican que esperan una baja en el indicador de irregularidad para los próximos meses, como resultado de las políticas de refinanciación y la depuración de las carteras a través de la venta de deudas incobrables.
El Congreso afronta la presión de múltiples sectores sociales y políticos para avanzar con una solución integral al problema del sobreendeudamiento. Las entidades financieras mantienen su postura crítica, argumentando que la extensión de la regulación podría desalentar la oferta de nuevos créditos y afectar la estabilidad del sistema, mientras que en el Gobierno sostienen que es un problema que tiene que resolver el sector: “Para eso trabajan de bancos”, dijo el presidente Javier Milei en un programa periodístico.
Por eso, para las entidades financieras se vuelve poco menos que urgente encontrar soluciones para sus clientes en mora antes que una Ley del Congreso les imponga mecanismos que, según sus argumentos, terminarían volviendo antieconómico el crédito.
Corporate Events,South America / Central America,BUENOS AIRES
Todo el crédito al sector privado suma actualmente 14,9% del PBI
La cartera comercial representa apenas el 18% del saldo irregular
Lo que más afectó a la economía fue el freno del crédito
Corporate Events,South America / Central America
“Algunos indicadores anticipados dan cuenta de que habrían empezado a recuperar algo de lo perdido en agosto”
“Al Gobierno se le cerró el acceso al mercado en moneda extranjera y le resultará difícil emitir los USD 5.000 millones que proyectaba conseguir del mercado local”
“Los dólares que nos faltaban en nuestras cuentas se generaron en buena medida por una economía que no creció 3,2% como esperaba el mercado, sino que va a crecer por debajo del 2 por ciento”
- Qué tan eficaz sería la intervención en futuros de dólar en un eventual contexto de crisis cambiaria;
- Cómo reaccionaría el mercado ante una seguidilla de caídas en el stock de reservas del BCRA por ventas constantes de dólares del Tesoro; y,
- Cómo evolucionaría la tasa de interés y, en consecuencia, la actividad, el empleo, los ingresos y la opinión pública, durante el trayecto de suba del 25% del tipo de cambio hasta el techo de la banda, que es el punto en el cual el Central podría intervenir libremente según el esquema de bandas que se autoimpuso.
“Un tipo de cambio que se sostiene con una batería de restricciones no puede ser un tipo de cambio de equilibrio”
“El precio de los alimentos podría amortiguar las presiones, dado que los precios internacionales bajaron levemente en las últimas semanas”
ECONOMIA
Ingresos Brutos: la industria pone la mira en las provincias y busca impulsar un nuevo pacto fiscal en el año de elecciones
La discusión sobre los impuestos que afectan a la producción vuelve a ocupar un lugar central en la agenda empresaria. En momentos en que los gobiernos provinciales preparan sus proyectos de ley impositivos para 2027, la industria sigue de cerca las decisiones que tomarán las distintas jurisdicciones sobre Ingresos Brutos, uno de los tributos más cuestionados por el sector y el consenso de los economistas.
El escenario combina expectativas por posibles reducciones, dificultades fiscales en las provincias y un reclamo de coordinación que los industriales buscan instalar en todo el país.
La Unión Industrial Argentina (UIA) pretende aprovechar esta instancia de discusión tributaria para avanzar con una propuesta de reducción de la carga sobre la actividad manufacturera. El planteo tendrá un espacio destacado durante la Conferencia Industrial que la entidad realizará el próximo 3 de noviembre, donde uno de los ejes centrales será la cuestión impositiva y la necesidad de avanzar hacia un Pacto Fiscal Federal Industrial.
El objetivo es que las modificaciones no dependan exclusivamente de decisiones aisladas, sino que formen parte de una estrategia coordinada para reducir los impuestos
La iniciativa tomó impulso durante el Día de la Industria, el 2 de septiembre, cuando el presidente de la entidad, Martín Rappallini, planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo que involucre a los distintos niveles de gobierno. El objetivo es que las modificaciones no dependan exclusivamente de decisiones aisladas, sino que formen parte de una estrategia coordinada para reducir los impuestos que afectan a las empresas manufactureras.
En ese contexto, el reciente anuncio de Catamarca de avanzar hacia una alícuota del 0% de Ingresos Brutos para la industria despertó expectativas entre los empresarios. La UIA busca que otras provincias adopten medidas similares, aunque advierte que eliminar el impuesto no resulta suficiente si continúan vigentes los mecanismos de retención y percepción que generan saldos a favor de las compañías.
Consultado al respecto, Carlos Abeledo, jefe del Departamento de Política Tributaria de la central fabril, explicó que el sector pretende impulsar cambios en los tres niveles de gobierno.
“Queremos empezar a atacar fuertemente toda la carga tributaria que tiene la industria”, sostuvo. Según señaló, la entidad busca que la actividad industrial tenga prioridad por su capacidad de generación de empleo y su necesidad de competir.
Si no sacan los regímenes de recaudación, no alcanza con que ellos pongan en 0% la alícuota de Ingresos Brutos (Abeledo)
El especialista explicó que la organización pretende avanzar con una reducción progresiva de Ingresos Brutos hasta alcanzar una alícuota del 0%, pero también reclama la eliminación de los regímenes de recaudación. Según Abeledo, estos mecanismos provocan que las empresas acumulen saldos a favor que aumentan mes a mes y cuya devolución resulta difícil.
De acuerdo con los cálculos que mencionó, la alícuota nominal promedio del impuesto es del 1,5%, pero la carga que afrontan las empresas llega al 3,4% al considerar los regímenes de recaudación. La diferencia refleja, según su planteo, el problema financiero que generan las retenciones y percepciones sobre las compañías.
“Si no sacan los regímenes de recaudación, no alcanza con que ellos pongan en 0%”, advirtió Abeledo al referirse a las iniciativas provinciales. En algunas jurisdicciones existen mecanismos para compensar saldos a favor con otros impuestos, mientras que en otras es posible solicitar devoluciones, aunque el dirigente señaló que las posibilidades de recuperarlos son escasas.
Las provincias y las dificultades para reducir impuestos
El principal obstáculo para avanzar con las rebajas es la situación de las cuentas públicas provinciales. Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), advirtió que el deterioro de la recaudación limita considerablemente el margen para introducir modificaciones tributarias.
“El contexto de pérdida de recaudación, a mi criterio, va a limitar al extremo las posibilidades de bajas”, sostuvo. Según explicó, las provincias enfrentan situaciones de déficit o de superávit muy reducido, lo que dificulta resignar ingresos provenientes de uno de sus principales tributos.
En ese escenario, Argañaraz consideró más probable que las modificaciones surjan de un acuerdo entre varias jurisdicciones que de iniciativas individuales. A su entender, una transformación de mayor alcance debería incluir una reforma tributaria, una revisión de la distribución de la recaudación y cambios en la asignación de las responsabilidades de gasto.
El economista destacó que el impacto directo conjunto de Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre el precio de venta industrial, neto de IVA, alcanza el 2%, considerando promedios ponderados de todo el país. También dijo que durante los últimos tres años no se registraron cambios sensibles en la carga analizada.
El impacto directo conjunto de Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre el precio de venta industrial, neto de IVA, alcanza el 2 por ciento (Argañaraz)
La UIA, por su parte, sostiene que la discusión debe involucrar a las 24 jurisdicciones. Abeledo explicó que el funcionamiento del Convenio Multilateral, vigente desde 1977, y de los sistemas administrados por la Comisión Arbitral requiere una revisión para que las reducciones tributarias tengan efectos sobre las empresas que desarrollan actividades en distintas provincias.
“Queremos un pacto, sentarnos a la mesa para discutir este tema”, dijo el representante industrial. Como antecedentes mencionó el Pacto Federal de 1994 y el Consenso Fiscal de 2017, al que adhirieron 22 provincias, con excepción de La Pampa y San Luis.
El costo para el sector fabril
Uno de los argumentos centrales del reclamo industrial es el “efecto cascada” de Ingresos Brutos. A diferencia de otros tributos, el impuesto provincial grava la facturación en distintas etapas de la cadena de producción, lo que provoca una acumulación de carga tributaria a medida que los bienes atraviesan sucesivos procesos industriales.
Un relevamiento de la UIA sobre ocho impuestos —cinco nacionales, dos provinciales y uno municipal— ubicó a la Argentina en el primer lugar de presión tributaria entre los países analizados al incorporar el efecto de la informalidad. Abeledo señaló que ese fenómeno, que estimó cercano al 50%, incrementa la carga que soportan las empresas formales.
La comparación internacional de la entidad también identifica a la Argentina como el país con mayor carga de Ingresos Brutos y tasas municipales sobre la industria entre siete economías relevadas. El estudio destaca que las tasas municipales recaen sobre una base similar a la utilizada por el tributo provincial.
En el caso de Buenos Aires, un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) detectó que la carga de Ingresos Brutos supera a la de Santa Fe y Córdoba en ocho de las diez cadenas productivas estudiadas.
La carga de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires supera a la de Santa Fe y Córdoba en ocho de las diez cadenas productivas estudiadas (Uipba)
El relevamiento también encontró una asociación entre mayor presión tributaria y pérdida de empleo. En las cinco cadenas con mayor sobrecarga, el empleo industrial bonaerense cayó 11,6%, frente al 7,8% del resto del país. El estudio aclara que se trata de una asociación estadística y no de una relación causal comprobada.
Uno de los casos destacados es el de química básica, donde la presión tributaria teórica alcanza el 4,6% en Buenos Aires, frente al 0,9% de Santa Fe. En esa actividad, el empleo bonaerense retrocedió 9,8%, mientras que en el resto del país permaneció sin cambios.
El contexto industrial también aparece reflejado en las cifras de empleo y establecimientos. Entre mayo de 2023 y mayo de 2026, Buenos Aires perdió 41.975 puestos de trabajo industriales y registró una reducción de 1.306 unidades productivas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo utilizados por la Uipba.
La propuesta bonaerense y el costo fiscal
Frente a ese diagnóstico, la Uipba elaboró un esquema para reducir gradualmente Ingresos Brutos sobre la industria manufacturera sin afectar la recaudación total de la provincia.
La propuesta contempla una exención inmediata para micro y pequeñas industrias con facturación de hasta $3.200 millones, una reducción escalonada para empresas medianas hasta llegar al 0% en tres años y una disminución paulatina para las grandes compañías durante cinco años. Para estas últimas, el objetivo inicial consiste en igualar la alícuota de Córdoba, del 1,2%, y continuar posteriormente con nuevas reducciones.
El documento también propone tratamientos especiales para cadenas con un uso intensivo de insumos intermedios, como la automotriz, la metalmecánica y los hidrocarburos, además de eliminar alícuotas adicionales que afectan a determinados sectores manufactureros.
En materia de saldos a favor, plantea crear una cuenta única tributaria bonaerense por CUIT, que permita utilizar esos créditos para cancelar otros impuestos provinciales y reducir los fondos inmovilizados de las empresas.
Para compensar la menor recaudación industrial, el esquema incluye ampliar el padrón de contribuyentes, incorporar más agentes de retención y percepción y revisar determinados tratamientos tributarios del comercio (Uipba)
Para compensar la menor recaudación industrial, el esquema incluye ampliar el padrón de contribuyentes, incorporar más agentes de retención y percepción y revisar determinados tratamientos tributarios del comercio. Según las estimaciones de la Uipba, la aplicación conjunta de las medidas permitiría alcanzar un impacto fiscal neto del 0% durante los primeros tres años.
Un reclamo que también alcanza a Nación y municipios
Aunque Ingresos Brutos ocupa el centro de la discusión, la UIA pretende extender el acuerdo tributario a los otros niveles de gobierno.
En el plano nacional, la entidad propone ampliar el cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque. El objetivo es que las empresas puedan utilizar el 100% de lo abonado como pago a cuenta no solo de Ganancias, sino también del IVA y de las cargas sociales.
Otra iniciativa consiste en recuperar el mecanismo que permitía computar una parte de las contribuciones patronales como crédito fiscal del IVA, establecido originalmente por el Decreto 814 de 2001. Según Abeledo, ese beneficio se eliminó con la reforma de 2017 y se restableció posteriormente en niveles reducidos.
En el ámbito municipal, la UIA reclama establecer límites a las tasas de Seguridad e Higiene, que en muchos distritos se calculan sobre la facturación de las empresas. La propuesta apunta a reemplazar ese criterio por montos fijos.
Abeledo también planteó que una reducción de la presión tributaria podría acompañarse de medidas destinadas a mejorar la información fiscal, ampliar la formalización y favorecer nuevas inversiones productivas.
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